Por Cocky de la Torre
El ciudadano de origen venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera es el propietario de CTU Security, una firma de seguridad con base en la ciudad estadounidense de Miami, encargada de la contratación de varios de los mercenarios colombianos implicados en el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse.
Algunos de los colombianos arrestados en Puerto Príncipe, capital de Haití, tras el complot magnicida, confesaron haber sido contratados a través de CTU Security, prometiéndoles salarios de entre $2.700 y $3.000 mensuales supuestamente para brindar seguridad altas personalidades en la isla.
CTU Security posee permisos en los Estados Unidos para el manejo de armas de fuego y para prestar servicios de seguridad. La compañía funge también como proveedora de artículos militares y policiales, incluidos, chalecos antibalas, repuestos y municiones.
Antonio Enmanuel Intriago Valera, al que algunos identifican como "Tony" Intriago ha permanecido en los Estados Unidos desde el año 2009. Según personas familiarizadas con el asunto, el propietario de CTU Security, ha formado una amistad cercana con Abelardo De La Espriella, abogado colombiano que nunca ha ocultado sus cercanas relaciones con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y con su pupilo, el actual presidente de Colombia, Iván Duque. Puede agregarse a esto los rumores acerca de la vinculación de miembros del Gobierno colombiano con varios de los mercenarios que actuaron en la operación magnicida en Haití.
No obstante, el Gobierno de Duque ha marcado distancia con los colombianos implicados en el asesinato de Moïse y en su defensa, se ha asegurado que varios de ellos habían llegado a Haití luego de registrarse el magnicidio, que habían llegado engañados a la isla, así como otras versiones contradictorias, en donde se señala que fueron los mercenarios quienes lograron supuestamente salvarle la vida a la primera dama de Haití y a sus hijos.
La conexión de Intriago con el abogado Abelardo De La Espriella lleva también hasta el empresario colombiano, arrestado en el país africano de Cabo Verde en el año 2020 y pedido en extradición por los Estados Unidos, Alex Saab, de quien De La Espriella ha sido abogado, aunque tras la caída en desgracia de Saab, algunos han supuesto que el abogado a fungido de testigo contra su cliente. De La Espriella también es próximo al expresidente panameño Ricardo Martinelli.
|
| Abelardo De La Espriella junto a Ricardo Martinelli |
|
| Abelardo De La Espriella junto a Ricardo Martinelli |
En el círculo de relaciones del jurista colombiano figura también el estadounidense Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami, quién en 2020 admitió su culpabilidad ante un tribunal federal de Nueva York y reconoció haber recibido comisiones por lavar tres millones de dólares de Alex Saab. Bagley colaboraría hoy con la justicia de los Estados Unidos en el caso contra Saab, algunos suponen que por propia recomendación de De La Espriella.
El profesor es experto en lavado de dinero en América Latina y ha realizado trabajos de consultoría para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para el Gobierno de los Estados Unidos (Departamento de Estado, Departamento de Defensa, Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones y la Administración de Control de Drogas), y para varios gobiernos de Colombia, Ecuador, Bolivia Panamá y México en temas de narcotráfico, lavado de activos y seguridad pública.
Según revelaciones de la investigación contra Bagley, Saab lo había contratado como consultor para inversiones en Latinoamérica y para ayudar a uno de los hijos del empresario a atender asuntos relacionados con su estatus migratorio en los Estados Unidos.
Pero Bagley no solo estuvo al servicio de Alex Saab, sino también del expresidente panameño Ricardo Martinelli, sobre quien emitió valoraciones positivas que lo hacían percibir como un perseguido político, cuando una corte de Miami estudiaba en el año 2017 su extradición a Panamá, donde la justicia esperaba para procesarlo por haber ordenado espionaje y escuchas telefónicas ilegales contra opositores a su Gobierno, mientras ejercía el cargo de presidente.
Tanto Bagley como otro hombre, Alfred Santamaría, enviaron cartas al magistrado Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de Miami, a favor de Martinelli. Santamaría catalogó en su carta al expresidente como "un hombre íntegro y de altos principios". Bagley señalaba en su escrito que la oposición panameña perseguía a Martinelli por su cooperación con el Gobierno estadounidense en la lucha contra el narcotráfico.
En su paso por la presidencia de Panamá, Martinelli había bloqueado el proyecto de interconexión eléctrica de las Américas, para interconectar a países de América Central con energía renovable, pues según sus críticos dañaba negocios de generación de energía mediante combustibles fósiles con los que el mandatario estaba vinculado.
Alfred Santamaría fue candidato a la alcaldía del condado de Miami- Dade en 2016 y hoy según ha dicho el periodista colombiano Gonzalo Guillén, es uno de los implicados en el caso de los mercenarios que asesinaron a Moïse en Haití.
Guillén comentó: "En marzo pasado, Alfred Santamaría (implicado en el caso sicarial de Haití) publicó esta foto suya dentro de la que el asesinado narcotraficante alias Job llamaba “Casa de Nariño”. Para los que no lo saben, allí trabajan Duque y Rafael Guarín, primo hermano de uno de los sicarios."
En marzo pasado, Alfred Santamaría (implicado en el caso sicarial de Haití) publicó esta foto suya dentro de la que el asesinado narcotraficante alias Job llamaba “Casa de Nari”. Para los que no lo saben, allí trabajan Duque y Rafael Guarín, primo hermano de uno de los sicarios. pic.twitter.com/fWZGoLW9DR
— Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) July 10, 2021
En 2015 se realizó en Miami, en la elegante residencia de José Ramón y Leonor Santamaría, el Festival de Latino Americanos Unidos, que otorgó el premio Grande Dame a la congresista Ileana Ros-Lehtinen y a la publicista Aida Levitan.
Llama la atención que en el evento estuvieron presentes Alfred Santamaría y Tony Intriago, quienes posaron en una misma fotografía junto a Ros-Lehtinen, como lo reseñara el periódico estadounidense Diario Las Américas.
Aquí, Tony Intriago (cabeza de la empresa de garaje de Miami que contrata soldados-sicarios) con Alfred Santamaría. pic.twitter.com/brJCLhLqYU
— Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) July 10, 2021
Alfred Santamaría ha tenido acceso al presidente colombiano Iván Duque, con quien también ha llegado a fotografiarse en la Casa de Nariño, sede de la presidencia de Colombia.
|
| Iván Duque estrecha la mano de Alfred Santamaría |
Y en esta fitografía, tomada en la Casa de Nari, vemos al mequetrefe con Alfred Santamaría.
— Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) July 10, 2021
¿Alguien cree que el magnicidio de Haití tomó por sorpresa a #Matarife y sus secuaces? pic.twitter.com/DjVFTfY7d4
Y, lo que faltaba: #matarife informa que son “delicadas” las hipótesis sobre los soldados-sicarios descubiertos en Haití y contratados por las redes uribistas de Mismi.
— Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) July 11, 2021
Él sí sabe por qué son delicadas. Es autoridad en la materia. pic.twitter.com/0ZxwWau8nC
La relación de Santamaría con el uribismo es tan innegable que el 4 de julio pasado fue uno de quienes desearon públicamente en Twitter un feliz cumpleaños al expresidente Álvaro Uribe.
Jefe de seguridad haitiano sospechoso
Informaciones sugieren que Dimitri Hérard, jefe de seguridad del presidente Moïse, pudiera estar comprometido en el crimen. Diferentes hipótesis apuntan a que el presidente haitiano fue torturado para obligarlo a firmar una carta de renuncia o para que confesar a donde se hallaba oculto dinero de transacciones petroleras efectuadas por Haití mediante la alianza de Petrocaribe.
 |
| Dimitri Hérard |
Hérard será interrogado sobre una serie de visitas que hizo a Colombia, coincidiendo con las etapas de preparación del magnicidio, informó el medio colombiano Semana.
El ya ex jefe de seguridad, Dimitri Hérard, tendrá que explicar a la Policía haitiana sus constantes viajes a Ecuador, siempre con escala en Bogotá. El último viaje comenzó el pasado 22 de mayo, regresando Hérard a la capital colombiana el 29 de mayo, cinco días antes de la partida de la mayoría de los militares retirados colombianos hacia Haití.
Según un reporte de RT, fue durante aquella estancia de Hérard en el continente cuando se concretaron los últimos detalles del ataque. Semana señaló que los contactos se realizaron mediante WhatsApp.
Los investigadores del magnicidio, perpetrado la madrugada del 7 de julio, ya han expresado suspicacias por el hecho de que ningún miembro del servicio de seguridad resultara dañado en el ataque, mientras que a Moïse lo torturaron antes de asesinarlo. También resultó herida su esposa.
Asimismo, el centro investigador estadounidense Center for Economic and Policy Research sostiene, citado por Semana, que funcionarios norteamericanos habrían recabado información de la implicación de Hérard en el tráfico de armas.
El interrogatorio de Hérard ha sido fijado para los días 13 y 14 de julio, precisó el medio colombiano.
Otras hipótesis
Otra de las hipótesis sugiere que debido a presiones recibidas desde algunos países como los Estados Unidos, el mandatario había decidido que Haití continuara acudiendo a Petrocaribe para abastecerse de energía y no a compañías eléctricas privadas, sobre cuyos propietarios también han recaído sospechas de su posible vinculación con la autoría intelectual del crimen.
Para poder esclarecer el magnicidio de Haití es necesario determinar qué colombianos tienen intereses en el negocio de la energía eléctrica en ese país. El presidente asesinado estaba enfrentado a las mafias de ese sector.
— Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) July 11, 2021
Dimitri Hérard, como jefe de seguridad de Moïse, viajó en varias ocasiones a Ecuador y Colombia, se presume que para reunirse con representantes de ambos gobiernos.
Al igual que Colombia, el tema de los mercenarios tampoco resulta desconocido para Panamá. Mientras el país centroamericano era gobernado por Martinelli, funcionarios de la Policía Nacional panameña y exmilitares colombianos recibieron entrenamiento especial para trabajar a las órdenes de contratistas privadas de seguridad en países en conflicto, como Blackwater, hoy conocida como Academi y otras firmas.
Con la salida de Gustavo Pérez de la Comandancia de la Policía Nacional (PN) de Panamá, después del gobierno de Ricardo Martinelli, comenzaron a conocerse una serie de acciones que se ejecutaban casi en la clandestinidad y sin la aparente aprobación del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, confirmando las sospechas de la ciudadanía panameña acerca de la remilitarización de este ente de seguridad pública.
Entrenamiento de mercenarios en Panamá
La creación de las fuerzas de élite (cuatro unidades en total y los ‘Panacomandos’ que integraron efectivos de diferentes estamentos) con ayuda internacional en la preparación de agentes para operaciones especiales, comandos junglas, anfibias y otras de combate al terrorismo, fue solo una parte del ‘juego’.
Entre las revelaciones se tenía que uno de estos grupos de élite, la Unidad de Fuerzas Especiales (UFEC), al mando del subcomisionado Sisinio Núñez, para ser específicos, tenía algún nivel de compromiso con el reclutamiento de agentes para brindar servicios —a través de un grupo especial privado de origen estadounidense— de custodia de bienes e instalaciones sensitivas en Abu Dabi, la capital del emirato árabe homónimo.
A inicios del 2010, un capitán y un teniente asignados a la UFEC (con las iniciales R.V. y J.G.) salieron de la unidad especializada de ‘‘licencia sin sueldo’’ con la misión de reclutar a un personal especial en Panamá para integrar una fuerza paramilitar de mercenarios que, junto a ex combatientes de Colombia y Sudáfrica, se encargaría de defender oleoductos y rascacielos de ataques terroristas y de sofocar revueltas internas. El proyecto se identificó como ‘‘Thor’’ y funcionaba en la oficina 106 del Edificio Doschester, en la vía España, de Ciudad de Panamá.
Estos grupos estarían pagados por Blackwater, Hoy Academi, empresa privada de origen estadounidense que ofrece, entre otras prestaciones, servicios de seguridad a nivel nacional e internacional, entrenamiento militar y asistencia en situaciones trágicas. Uno de sus fundadores y cara visible de Blackwater es Erik Prince. Prince, de ideología católica y republicana, se muestra orgulloso de su empresa y se presenta como un ferviente luchador contra el terrorismo internacional.
Los panameños reclutados (unos 65 hombres en total) salieron de las filas de la Fuerza Pública, otros eran civiles y el resto jubilados de las desaparecidas Fuerzas de Defensa de Manuel Antonio Noriega. Los mismos datos obtenidos dan cuenta de que el ‘‘ala panameña de Blackwater’’ utilizó por semanas enteras las instalaciones para práctica de tiro y armamento de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFEC) que operaba en la Academia de Policía (ACAPOL), ubicada en Gamboa.
El capitán J.V., en licencia sin sueldo, siempre estuvo en Panamá y fungía como reclutador. Hacía las pruebas físicas y de tiro en Gamboa, según se explicó. Por otro lado, se conoció que entre los compromisos del teniente J.G. con el exdirector de la Policía Nacional de Panamá, Gustavo Pérez, tras recibir el entrenamiento de Blackwater en especialidades de paracaidismo y como francotirador, era retornar al país para transmitirle a los ‘‘comandos’’ de la UFEC los conocimientos adquiridos en los Emiratos Árabes Unidos.
“El teniente regresó y no retornó”, revelaron fuentes consultadas. La salida de Pérez de la Policía complicó las cosas. Ya no se podía seguir aprobando las licencias sin sueldo ni seguir utilizando los polígonos de ACAPOL ni las armas de la UFEC para esos fines.
El otro gran revés para el Proyecto Thor, como en muchas otras cosas en Panamá, hubo ‘‘juega vivo’’. ‘La razón por la cual dejaron de enviar unidades a Emiratos era que les hacían un contrato por 2,500 dólares, cuando en realidad el pago era de 6,000. Las unidades se percataron de eso y renovaron sus contratos directo con los Emiratos’, reveló uno de los oficiales que aplicó para viajar a Medio Oriente.
El tema de los mercenarios salidos de Panamá provocó revuelo en el país centroamericano, pues algunos de los funcionarios entrenados no volvieron al país. Pese a que las autoridades acordaron investigar el asunto y se dijo acerca de una imputación, no se supo más de un caso, que dejó la sensación de que Martinelli conocía sobre el entrenamiento de los mercenarios destinados a Emiratos Árabes Unidos y que hoy se hallarían esparcidos tanto por Centroamérica como por otras regiones del mundo.
Un caso similar en Venezuela
Venezuela tampoco escapa al tema de los mercenarios. Juan José Rendón, más conocido como J.J. Rendón, estratega político venezolano y quien fuese responsable del Comité de Estrategia del líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, admitió en el mes de mayo de 2020 haber firmado un contrato con un representante de la contratista militar Silvercorp USA, Jordan Goudreau, al que pagó 50.000 dólares, para que llevara a cabo un ataque que terminara con la detención de varios funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro.
No obstante, el fallido operativo, bautizado "Operación Gedeón", en la que participaron un grupo de militares disidentes venezolanos que se encontraban en el exilio desde enero de 2019, fue repelido por fuerzas leales a Maduro.
JJ Rendón y Alfred Santamaría aparecieron juntos en una fotografía difundida en las redes sociales en 2020 en el marco de la "XVII Cumbre Latinoamericana de Marketing Político y Gobernanza", ahora conocida como "Cumbre Latinoamericana Democracia y Desarrollo", realizada en el Dade County Auditorium en alianza con el condado de Miami Dade.
 |
| Al fondo, en el lado derecho de la imagen, Alfred Santamaría y J.J. Rendón |
Con JJ Rendón y otros. https://t.co/f1PDUMNb74
— Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) July 10, 2021
Al igual que CTU Security, Silvercorp USA, tiene su sede en el estado estadounidense de Florida.
En 2014 J.J. Rendón renunció como estratega de la campaña a la reelección del para entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos, tras un escándalo por la supuesta mediación para la entrega de siete narcotraficantes en 2010, por la que se habrían pagado $12 millones.
Todo sucedió luego de que trascendiera la declaración en los Estados Unidos del narcotraficante Javier Antonio Calle Serna, en la que afirmó a fiscales colombianos que entre 2010 y 2011 él y otros 6 narcotraficantes pagaron 12 millones de dólares para una mediación ante el Gobierno de Colombia que les permitiera beneficios en un eventual sometimiento a la justicia.
Según Calle Serna, el dinero habría sido pagado a J.J. Rendón y al exasesor presidencial Germán Chica. Ambos negaron la acusación pero admitieron haberse reunido con los abogados de los narcotraficantes y haber presentado la propuesta al presidente Santos sin cobrar por la gestión.
Desde el año 2019, Cliver Alcalá, un militar venezolano en retiro, hoy preso en los Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcotráfico, se dedicó a coordinar un plan militar para derrocar a Maduro con ayuda de asesores estadounidenses y el apoyo de la empresa Silvercorp USA. Antes de su arresto en Colombia y su extradición a suelo estadounidense Cliver Alcalá admitió que tanto Rendón, como Juan Guaidó habían firmado el contrato con Silvercorp USA, con el propósito de enviar mercenarios desde Colombia hasta Venezuela para intentar capturar a miembros del Gobierno de Maduro.
Lester Toledo, líder de Voluntad Popular, fue quien presentó a Goudreau con Alcalá. Un grupo de 300 militares venezolanos se entrenaron en la frontera colombiana para ejecutar parte de la operación, pero los planes se vieron frustrados luego de que la policía colombiana decomisara un arsenal de armas de guerra y seguidamente se pidiera la extradición de Alcalá por parte del Gobierno de Venezuela y por parte del Gobierno de los Estados Unidos.
Con información del periodista colombiano Gonzalo Guillén.
0 Comentarios