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Auditor de PDVSA es acosado por negarse a manipular investigaciones vinculadas a ODEBRECHT, CAMIMPEG y el empresario Manuel Chinchilla


Se trata de un caso denunciado por la periodista venezolana Maibort Petit en la web El Tiempo Latino, quien ha denunciado cómo un contratista es acosado por negarse a falsear una investigación de corrupción en la industria petrolera de Venezuela

Por haberse negado apoyar varios esquemas de corrupción, denunciarlos en sus informes y no manipular las investigaciones sobre las múltiples irregularidades ocurridas en la empresa mixta Petrourdaneta con sus socios Odebrecht y la compañía anónima militar CAMIMPEG, la actual cúpula de PDVSA Occidente persigue a uno de los auditores del equipo que firmó los reportes de auditoría de la petrolera venezolana.

Diego Armando Nava Negrette asegura que fue testigo de varios casos de corrupción de PDVSA y que ha sido perseguido por grupos armados vinculados al régimen de Venezuela desde 2017, luego de haber participado en una investigación interna de la petrolera estatal que buscaba esclarecer las irregularidades en las operaciones de CAMIMPEG, su socio, Southem Procurement Services (SPS), Odebrecht y las asignaciones que en conjunto entregó PDVSA a las mencionadas firmas asociadas a Petrourdaneta.

El ex-funcionario de PDVSA denunció lo siguiente: "he recibido llamadas amenazantes desde un número telefónico de una cárcel venezolana, de una persona que se identifica como miembro de un colectivo".

Comenta que sus superiores lo han querido "chantajear con el trabajo de investigación sobre los casos de corrupción ocurridos en Petrourdaneta con las empresas Odebrecht y CAMIMPEG, donde realmente quieren que todo lo relacionado al robo de los activos del Estado sean sumados a las personas que ya están detenidas, entre ellas, al expresidente de la petrolera, Eulogio del Pino". Asimismo, aparecen los nombres de los siguientes exfuncionarios: Orlando Chacín, Yamelis de López, Luis Carlos Zapata Leal, Gustavo Malavé y Lioner Valdéz.

De acuerdo al relato de Nava Negrette, las autoridades de PDVSA habrían manipulado los elementos de la investigación de lo que pasaba en PDVSA bajo la presidencia de Eulogio del Pino y su equipo, para hacerlos aparecer como los únicos culpables de lo ocurrido, inclusive después de casi tres años que tiene el general Manuel Quevedo como máximo jefe de Petróleos de Venezuela."Ellos no quieren asumir que encontraron una producción en más de un millón y medio de barriles diario y hoy a duras penas llegan a 700 mbd", acotó.

Dijo que fue citado en 2017 como testigo por uno de sus informes de auditoría, de un caso donde hay detenidos pero que sigue abierto.

El ex-auditor de PDVSA Occidente sostiene que cuando estaba realizando las investigaciones —apegadas a las normas internas de PDVSA— descubrió las irregularidades ocurridas en tres empresas mixtas, una de ellas asociada estuvo asociada con la Constructora brasileña Odebrecht hasta 2017, y posteriormente, pasó a estar asociada con la empresa estatal militar CAMIMPEG.

De acuerdo a lo investigado por Nava Negrette en ese caso están involucrados el gobernador, alcaldes de la zona, militares y el director de PDVSA Occidente, José Luis Araujo. Este funcionario estuvo vinculado con una empresa mixta cuando se perdieron más de 60 mil barriles de crudo y una cantidad enorme de millones de dólares. Posterior a ese evento, Araujo habría sido ascendido. Este caso aún no está resuelto, acotó.

La empresa petrolera militar CAMIMPEG

CAMIMPEG es socio de PDVSA en la empresa mixta Petrourdaneta desde el año 2017 —según el convenio— PDVSA entregó 400 millones de dólares con el compromiso de subir la producción a 40 mil barriles diarios.

La averiguación realizada por los auditores, señala que la producción de Petrourdaneta ha bajado paulatinamente desde 2017 a 2019, "tanto que actualmente está en dos mil barriles, las instalaciones están deterioradas y abandonadas. Definitivamente ellos son los responsables y los resultados los atacan directamente".

En marzo de 2017, el 40 por ciento de Petrourdaneta —que correspondía a la Constructora brasileña Odebrecht— fue asignado a la Compañía Anónima Militar de Industria Mineras, Petrolíferas y de Gas, CAMIMPEG, presidida por el Mayor General, Alexander Hernández Quintana. Este procedimiento fue ordenado por el entonces presidente de PDVSA, Eulogio del Pino.

La alianza Petrourdaneta-CAMIMPEG constaba con una primera fase de ejecución de proyectos conjuntos que se ejecutarían en un lapso de 24 meses, y preveía "una inversión de 400 millones de dólares con el objetivo de incrementar la producción del Campo Urdaneta en el Lago de Maracaibo, en 400 mil barriles por día", según explicó Eulogio del Pino en una nota de prensa reseñada por el portal de noticias gubernamental Agencia Venezolana de Noticias (AVN) del 24 de marzo de 2017.

"Para desarrollar el objetivo de incrementar la producción del Campo Urdaneta y después que las empresas estadounidenses de servicios Halliburton y Schlumberger redujeron al mínimo sus funciones en 2016, tras una deuda no cancelada de PDVSA, CAMIMPEG firmó para encargarse de esa área", dice el reporte de auditoría del caso denunciado.

Petrourdaneta S.A. es una empresa mixta creada el 19 de octubre de 2011 a través del Decreto 8.527, publicado en la gaceta Oficial Nro. 39.781 para la explotación, de condensados y gas.

Petrourdaneta S.A. está ubicada al oeste de la ciudad de Maracaibo, y conformada por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) con un nivel accionario de 60 % y la empresa brasileña Odebrecht, la poseía el 40 por ciento restante. La empresa se encarga de la explotación de los campos La Paz, Mara Este y Mara Oeste y el área de la ciudad de la Concepción en Maracaibo, estado Zulia.

Para desarrollar el objetivo de incrementar la producción del Campo Urdaneta, —después que las empresas Halliburton y Schlumberger redujeron al mínimo sus funciones 2016, tras una deud no cancelada— CAMIMPEG firmó contratos con la empresa Procurement Services Ltd. (SPS) en julio de 2016. SPS fue registrada en 2011 en el Reino Unido, luego en la Islas Marshall y en Belice. La empresa —presidida por Manuel Chinchilla Silva— recibió asignaciones de PDVSA para operar en los muelles Alí Primera y Pedro Lucas Urribarrí, ubicados en el Campo Urdaneta lago y Centro Sur Lago, en el estado Zulia. A través de esta alianza cívico-militar, SPS y CAMIMPEG, asumieron la operatividad y el financiamiento de los campos y los servicios integrales de tres empresas mixtas: Petrourdaneta, Petroquiriquire y Petrozamora.

Manuel Chinchilla


Irregularidades

La Auditoría hecha por Nava Negrette (y el equipo que le acompañó) determinó irregularidades en estaciones de PDVSA en la Costa Occidental del Lago. Las pérdidas, por diferencia entre la producción transferida por la empresa mixta y la producción recibida en el patio de tanque, se estima en $22,43 millones.

Sostiene Nava Negrette que "hay un saboteo interno para la adjudicación de contratos donde están involucrados Luis Caldera, alcalde de Mara, el gobernador del Zulia, y empresas propiedad de varios políticos. Afirma que las mafias que operan en la industria, cortaron el flujo de petróleo "hay un acuerdo ilegal para sacar por gandolas el crudo, ellos llenan los tanques de petróleo y como las líneas están malas, contratan a terceros para sacar el producto".

Las tres investigaciones muestran que la situación de Petrourdaneta sigue en deterioro.

Navas Negrette también denunció a la empresa mixta Petrowayu asociada con la argentina Pampa Energía. "Desde hace dos años la empresa está abandonada, sólo permanece el personal y han habido robos de materiales que han sido reportados", agrega.

El auditor afirma que tuvo que salir huyendo con su familia de su país y que por ello se le quieren tildar "de traidor a la patria".

Nava Negrete denuncia que es perseguido del régimen de Nicolás Maduro, y sus agentes en el estado Zulia, "por haber hecho su trabajo con ética, compromiso y apegado a las normas y valores institucionales de PDVSA".

En esta comunicación se puede comprobar la citación de la fiscalía 77 al denunciante, a través del abogado de PDVSA, Alexis Chirinos.

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