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Corte de los Estados Unidos impide que viuda del empresario venezolano Fernando Valero recupere propiedades confiscadas en la Operación Money Flight


La viuda del fallecido empresario Fernando Valero Gutiérrez, —fallecido en un accidente de paracaidismo en agosto de 2018 en Higuerote— intentó recuperar las propiedades que confiscó en gobierno de los Estados Unidos por haber sido presuntamente adquiridas por dinero proveniente de la industria criminal.

Según un reporte del Maibort Petit para el medio El Tiempo Latino, el difunto Valero Gutiérrez se encontraba bajo investigación federal por su presunta vinculación con Raúl Gorrín, uno de los prófugos más buscados de la justicia estadounidense, tenido además como socio de Mario Bonilla Vallera, también prófugo al estar acusado de participar en un enorme esquema de lavado de dinero y extorsión, conocido como Operación Money Flight.

Ingrid Silva realizó una serie de diligencias ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, dirigidas a tratar de establecer que las propiedades confiscadas por el gobierno, pertenecen a tres empresas de las que era socio su esposo, Fernando Valero Gutiérrez, quien igualmente estuvo vinculado con los hijos que la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, tuvo con su exesposo, Walter Gavidia.

Esta relación entre los familiares de la primera dama venezolana encuentra aún mayor refuerzo en los datos que Investigative Dashboard (ID), Mario Enrique Bonilla Vallero registró en el año 2014 una compañía en Islas Mauricio denominada World Wide Wealth Management PCC, en sociedad con Jenifer Karina Fuentes Gómez, quien es pareja del hijo mayor de Cilia Flores, Walter Jacob Gavidia Flores. El otro socio era Fernando Valero Gutiérrez, quien habría aportado la mayor parte del capital. El aporte de Bonilla habría sido de 200.000 euros y el de Fuentes de 3.000 euros. Una empresa de igual nombre está registrada en Panamá, según lo revela el portal Open Corporates, pero no se da a conocer la identidad de sus directivos y propietarios.

Luego de las revisiones de rigor, el juez estadounidense negó una petición que buscaba recuperar una propiedad confiscada en el estado de la Florida por ser parte de los bienes comprados con dinero criminal proveniente de un enorme esquema de corrupción conocido como la Operación Money Flight en la cual estaban involucrados Francisco Convit, Raúl Gorrín, Mario Bonilla Vallera, entre otros. Una tercera parte sometió a consideración del tribunal una moción para que se liberara la propiedad ubicada en Isla Dorada en el Doral, por haber sido comprada por una empresa, de la cual uno de los propietarios murió y su viuda heredera quería desvincularse del grupo criminal.

Los abogados de Ingrid Silva argumentaron que las propiedades no tenían conexión con los acusados nombrados en el caso Operación Money Flight. La fiscalía había informado a la corte que estaba dispuesta a liberar voluntariamente los avisos de litigio pendiente, si los peticionarios terceros se comunicaban directamente con el gobierno de Estados Unidos pero ese hecho no ocurrió, por lo cual la corte negó la petición de hecho.

El juez, Edwin G. Torres, dijo en su orden que la petición de remover la propiedad del listado de bienes confiscados formulada por los terceros, queda denegada. Esta decisión del juez se dio a conocer el 14 de febrero de 2020.

Bonilla Vallera no está bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fue declarado prófugo en agosto de 2019, desconociéndose su paradero.

Las propiedades reclamadas por Ingrid Silva fueron confiscadas por estar vinculadas al socio del fallecido Fernando Valero Gutiérrez, el ya citado Mario Bonilla Vallera, en un procedimiento que ocurrió cuando el gran jurado aprobó la acusación en su contra por su participación en el enorme esquema de lavado de dinero proveniente del erario público venezolano.

El juez dijo que la petición podría ser considerada en un procedimiento auxiliar cuando concluya el caso en el que Bonilla Vallare está involucrado. Ese final podría durar años.

Ingrid Silva pidió a la corte que el gobierno le entregara una parte del descubrimiento (evidencias) para verificar la razón por la cual las propiedades están bajo la restricción de las autoridades.

La respuesta del gobierno arroja poca luz sobre la base de restringir la enajenación de las propiedades. La respuesta afirma que el inmueble de Isla Dorada era la residencia del acusado Mario Enrique Bonilla. Esta afirmación de la fiscalía deriva de la declaración del agente del gobierno de apellido Vega, quien aseguró que Bonilla enumeró la propiedad como su dirección personal y como el domicilio de ciertas compañías de responsabilidad limitada. Los abogados de Silva advierten que no se ha establecido que dicha propiedad haya sido comprada por Bonilla a través de Fernando Valero Gutiérrez.

El agente Vega reconoce que Fernando Valero Gutiérrez y su esposa, Ingrid Silva, eran dueños de la empresa Britestar (la compañía dueña de la propiedad). Tras la muerte de Valero, su viuda queda como dueña de los inmuebles.

Los abogados de Ingrid Silva alegan que no hay conexión entre Silva y Bonilla. No hay evidencia de que Silva tuviera conocimiento de las afirmaciones del gobierno relacionadas con Bonilla, subrayan. Por lo tanto, le queda la responsabilidad de financiar y cuidar la propiedad sin tener el derecho de recuperar su compromiso financiero.

La evidencia citada por el gobierno relacionada con Bonilla es circunstancial y concluyente, y por lo tanto no es una base para gravar indefinidamente los derechos de propiedad de Silva, aseguran los abogados de la viuda.

El argumento equivale a un esfuerzo por justificar una privación injusta de la apropiación de la propiedad que ahora pertenece a Silva. El verdadero problema ante el tribunal es la naturaleza indefinida del gravamen de las propiedades por parte del gobierno.

La fiscalía reconoce que están gravando las propiedades como activos "sustitutos" relacionados con los cargos pendientes contra Bonilla Vallera, quien "aún no ha sido detenido y condenado".

Debido a que el gobierno desconoce el paradero de Bonilla, "las propiedades sujetas aún no se han perdido y el caso penal no se ha llevado a cabo en razón al procedimiento auxiliar de decomiso".

El gobierno dijo que Silva puede "continuar disfrutando de las propiedades" hasta que se resuelva este caso, pero los abogados de la mujer sostienen que esa premisa es falsa, puesto que los peticionarios deben continuar pagando hipotecas e impuestos sobre las propiedades o corren el riesgo de ejecución hipotecaria mientras las propiedades están gravadas indefinidamente.

El objetivo de la acusación del gobierno, Mario Bonilla Vallera, es un fugitivo. En caso de que fuera detenido en el futuro, lo cual no está garantizado, los peticionarios corren el riesgo de perder los pagos realizados para financiar las propiedades y pagar los impuestos de Florida.

Los abogados dicen que los derechos de los peticionarios están en espera indefinidamente. Ingrid Silva enfrenta consecuencias financieras reales basadas en la decisión del gobierno de clasificar estas propiedades como activos sustitutos (y no directos) de una supuesta conspiración que involucra al fugitivo Bonilla. La notificación del gobierno de las hipotecas pendientes, es similar a tomar palos del paquete de peticionarios de derechos de propiedad.

Los abogados se quejan que Ingrid Silva no ha tenido conocimiento de ningún descubrimiento más allá de lo que el gobierno ha proporcionado en su respuesta. Acotan que las conclusiones en las declaraciones juradas presentadas por la fiscalía, se basan principalmente en pruebas circunstanciales. En consecuencia, los peticionarios solicitan acceso al archivo de descubrimiento completo del gobierno, de modo de poder determinar si existe una base para impugnar la intención de gravar indefinidamente las propiedades mientras se desconoce el paradero del acusado objetivo.

Los representantes de Silva dicen que se reservan el derecho de complementar su petición a medida que los hechos salgan a la luz y realicen su propia investigación relacionada con las transacciones comerciales del fallecido Fernando Valero.

Igualmente, los peticionarios reafirman su derecho a una adjudicación de honorarios de abogados porque el gravamen de las propiedades por parte del gobierno no está sustancialmente justificado.

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