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Senador pide auditar contratos estatales en Bolivia con firmas del empresario Carlos Gill Ramírez


El senador Óscar Ortiz, de Unidad Demócrata (UD), pidió auditar tres contratos estatales firmados con la empresa del empresario venezolano-paraguayo Carlos Gill.

«He presentado solicitudes de auditoría a las unidades de Transparencia de tres ministerios: Obras Públicas, de Hidrocarburos y de Defensa», manifestó ayer el asambleísta cruceño.

Según el medio Página Siete, el monto al que ascienden los tres contratos firmados entre los ministerios y la empresa del magnate extranjero supera los 1.000 millones de dólares.

«El monto que estamos fiscalizando es de 1.113 millones de dólares o 7.749 millones de bolivianos», sostuvo el senador.

La investigación que llevó a cabo Ortiz da cuenta que los tres contratos fueron adjudicados bajo la modalidad directa e involucran la adquisición de radares, la construcción de estaciones de regasificación y la prestación de servicios para Mi Teleférico.

«Nos referimos a un contrato de adquisición de radares adjudicados a Thales Air System, por la suma de 227 millones de dólares; un contrato por la instalación 22 estaciones satelitales de regasificación, por un costo de 137 millones de dólares; y un contrato de Mi Teleférico, por más de 5.000 millones de bolivianos. El monto total de fiscalización es de más de 1.113 millones de dólares», precisó la autoridad.

El senador aseguró que los contratos observados fueron adjudicados de forma directa durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), y en todos participó la empresa Cotienne SA, de propiedad del empresario Carlos Gill Ramírez.

«Lo curioso es que el empresario declaró a los medios de comunicación en Paraguay que era propietario de Cotienne SA, aunque cuando investigamos en los papeles de Fundempresa (en Bolivia) no figura como propietario. Es casi una confesión de partes que se administra con testaferros en Bolivia», manifestó.

El asambleísta pidió al Gobierno llevar a cabo las auditorías a los tres contratos a la brevedad posible y revisar los procedimientos de las adjudicaciones directas, invitación a empresas y montos acordados por pagar.

En septiembre del año pasado, el senador de UD presentó los resultados de una investigación que inició para demostrar que el gobierno de Evo Morales favorecía a las empresas de Gill.

Entonces presentó una denuncia sobre el «modelo de protección, favorecimiento y corrupción» del gobierno del MAS con el empresario extranjero.

«Carlos Gill Ramírez hace cuantiosos negocios (en Bolivia) gracias a las adjudicaciones directas con las cuales lo favorece este Gobierno (del MAS). Por un lado, él trae empresas extranjeras, les hace las gestiones para que se adjudiquen contratos muy grandes y después estas empresas lo subcontratan a él o a sus empresas para que puedan hacer todas las obras civiles», denunció Ortiz. El empresario negó esa vez cualquier vínculo ilegal.

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