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| José Ignacio Hernández |
José Ignacio Hernández, antes de ser “procurador especial” de Venezuela, designado por Juan Guaidó, fungió como asesor legal de compañías transnacionales, como Helsinge, Trafigura, Glencore, Vitol y otras, firmas que se asegura llevaron a la ruina a la Estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), mediante prácticas que causaron graves pérdidas económicas a la petrolera venezolana.
Esa ha sido una de las mayores quejas del experto anticorrupción Alek Boyd, quien ha investigado tramas de corrupción en la industria petrolera de Venezuela, crítica para con el papel de Hernández en el denominado “Gobierno interino” de Juan Guaidó.
Pregúntense lo siguiente: qué hacía el ‘procurador’ de @jguaido antes de ser ‘escogido’ xa ese cargo?— Alek Boyd (@infodi0) April 11, 2020
Actuaba como experto legal de Helsinge (empleador de hijo de @hramosallup), Trafigura, Glencore, Vitol... Es decir, defendía la monumental corrupción q quebró a #Venezuela https://t.co/JYc8IPqRbJ
Fondo para la Liberación de Venezuela
Diputados de la Asamblea Nacional venezolana que apoyan a Juan Guaidó aprobaron el reglamento de un “Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital”, donde están contemplados 7 presupuestos para distintos proyectos.
La ley establece un límite máximo de recursos de $ 80 millones, que estarían disponibles en cuentas venezolanas en el exterior.
Una junta administradora Ad-hoc del Banco Central de Venezuela, designada por Guaidó, podrá transferir recursos a la República para la ejecución de los gastos que contempla la ley.
En el informe sobre el reglamento, presentado por la Comisión de Finanzas del legislativo venezolano, se aprobó un presupuesto de $ 4.529.229 para proyectos de seguridad y defensa de la democracia. $ 35.930.960 millones serán destinados a proyectos de financiamiento de gastos sociales con atención prioritaria para la emergencia humanitaria referida a riesgos vitales.
También fueron aprobados $ 5.547.625 dólares para proyectos de fortalecimiento de las comunicaciones, derecho a la información y lucha contra la censura. $ 8.830.336 para el fortalecimiento de relaciones internacionales y servicios exteriores, con el objeto de ampliar el reconocimiento y apoyo al proceso de restablecimiento de la democracia venezolana, $ 14.000.000 dólares para el fortalecimiento del Poder Legislativo nacional y la protección social de sus integrantes. Asimismo se aprobaron $ 1.986.000 para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría especial y el Poder Judicial.
$ 9.203.540 serán destinados para costos de implementación del presupuesto especial.
En la Ley del Fondo Especial, aprobado el 4 de marzo pasado, se estableció la designación de un Consejo de Administración del Gasto, integrado por Alejandro Plaz Castillo, Yon Goicoechea, Gustavo Marcano, Eva Hurtado y Fernando Javier Blasi.
Desacuerdo
Pero dentro del denominado “Gobierno interino” de Juan Guaidó no todos han estado de acuerdo con el tema del presupuesto y sus topes. El 24 de marzo José Ignacio Hernández G., quien ocupa el cargo de “procurador especial” por designación de Guaidó, envió una carta a Yon Goicoechea, quien además de ser miembro del Consejo de Administración del Gasto, funge como coordinador de asuntos petroleros del “Gobierno interino”. En la carta, que sin atribuirle ningún cargo, Hernández envía simplemente al “ciudadano Yon Goicoechea”, el “procurador especial” se queja de que “el Comité de Presupuesto designado para administrar el financiamiento otorgado por la USAID” había fijado topes salariales al personal de la “Procuraduría Especial”. Según Hernández, la decisión sería contraria al “artículo 15 del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”. El “procurador especial” agregó a esto que la oficina a su cargo tenía autonomía presupuestaria y que la falta de recursos debilitaría sensiblemente la defensa que su oficina realiza del Estado. También sumó que “por cada dólar de financiamiento mensual al equipo de la Oficina, se logra la protección de aproximadamente 300 millones de dólares en activos al mes”.
No obstante, para algunos venezolanos no ha quedado claro porqué José Ignacio Hernández remite su carta en específico a Yon Goicoechea, así como tampoco el significado de la relación entre $1 que recibe y los $300 millones del Estado venezolano, que Hernández asegura protege su oficina. Muchos esperan que se informe acerca de quiénes integran la oficina del “procurador especial”, su experiencia, cómo fueron seleccionados y el trabajo que realizan en las, como Hernández ha dicho, “delicadas funciones a su cargo”.
Aquí la carta.
República Bolivariana de Venezuela
OFICINA DEL PROCURADOR ESPECIAL
PER-386 24 de marzo de 2020
Ciudadano Yon Goicoechea Presente.
Ref.: Financiamiento de la Oficina de la Procuraduría Especial
- He tenido conocimiento que el Comité de Presupuesto designado para administrar el financiamiento otorgado por la USAID por medio de implementadores, fijó topes salariales que aplicarían incluso para el personal de esta Oficina. Aun cuando desconozco los detalles, me permito observar que tal decisión, en caso de ser cierta, viola lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
- La Oficina a mi cargo tiene, por Ley, autonomía presupuestaria. Esto no ha sido el caso. Desde mediados del año pasado, en innumerables comunicaciones, he advertido que la falta de recursos debilita sensiblemente la defensa del Estado y eleva innecesariamente los riesgos frente a las reclamaciones por más de 15 millardos de dólares que mi Oficina atiende, para proteger activos tan valiosos como Citgo. A pesar de no contar con mecanismos para hacer efectiva esa autonomía, hoy se ha logrado una efectiva protección de esos activos y la atención exitosa de los litigios.
- Luego de meses de discusiones internas, se logró la aprobación del fondo de litigio, cuya implementación, sin embargo, ha sufrido lamentables retrasos por razones ajenas a nuestra voluntad, sobrecargando más todavía las tareas a cargo de esta Oficina. En cualquier caso, ahora la situación de la Oficina es significativamente mejor que la situación existente durante todo el 2019. Lamentablemente, justo ahora, parece que nuevos problemas amenazan con el funcionamiento de esta Oficina.
- Desde fines del año pasado expliqué que, por las delicadas funciones a cargo de mi Oficina, prefería mantener un equipo reducido pero muy calificado, y, sobre todo, con sobradas credenciales de honestidad y transparencia. Como he informado, en el presupuesto originalmente señalado, por cada dólar de financiamiento mensual al equipo de la Oficina, se logra la protección de aproximadamente 300 millones de dólares en activos al mes. Esto es consecuencia de mi decisión por apostar por calidad de personal antes que por cantidad de personal.
- Por estas razones, la decisión adoptada, de manera inconsulta con esta Oficina, afecta el cumplimiento de los objetivos a nuestro cargo, precisamente, en el momento en el que el interés debería ser el fortalecimiento de las capacidades de la Oficina para poder atender a cabalidad las exigencias del momento actual. Tampoco se tomó en cuenta la decisión de favorecer un equipo reducido de alta calidad, antes que un equipo más voluminoso. Un dato interesante, en este sentido, es la evolución por resultados de los logros de esta Oficina en función al reducido personal con el que cuenta.
- De allí que resulta imposible aceptar la limitación que, según entiendo, se pretendería ejercer sobre la Oficina. De aceptar ello, estaría violando el mandato que me fue conferido y que, hasta ahora, he defendido en todos los escenarios.
- Quedo a la disposición para conversar y lograr una solución acorde con los mandatos a cargo de mi Oficina. Y que tome en cuenta, de nuevo, la estructura de mi Oficina en consideración con las delicadas funciones a su cargo.
Muy cordialmente,
José Ignacio Hernández G.
Procurador Especial de la República Bolivariana de Venezuela
El experto anticorrupción Alek Boyd supone que las medidas tomadas por el Gobierno estadounidense en limitar los fondos para asuntos políticos en Venezuela, se debe en parte al mal uso dado a la ayuda humanitaria proveída a la oposición en el país petrolero por instituciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).
Hernández: “por cada dólar de financiamiento mensual al equipo de la Oficina, se logra la protección de aproximadamente 300 millones de dólares en activos al mes”
A la declaración del “procurador especial” Hernández, en su carta, acerca de cómo utiliza su oficina los fondos que recibe del “Gobierno interino” de Guaidó para salvaguardar cientos de millones de dólares del Estado venezolano, Boyd comentó.
Sr @ignandez, según su lógica, con $1,2 su oficina protegería los $360 millones q los hampones de #Derwick quieren quitarle a @pdvsa / @EM_Petrozamora
Dígame a donde le envío $10 para q proteja el 50,1% q PDVSA tiene en @NynasBitumen
Sr @ignandez, según su lógica, con $1,2 su oficina protegería los $360 millones q los hampones de #Derwick quieren quitarle a @pdvsa / @EM_Petrozamora— Alek Boyd (@infodi0) April 9, 2020
Dígame a donde le envío $10 para q proteja el 50,1% q PDVSA tiene en @NynasBitumen
El experto se refirió así a una demanda que firmas privadas relacionadas con el multimillonario Alejandro Betancourt, fundador de la compañía Derwick, asociada a escándalos de corrupción en Venezuela, han hecho en Suecia contra la petrolera Nynas, actuando en supuesta representación de PDVSA, socia de Nynas, en reclamo de cerca de $360 millones, que fueron retenidos en cuentas de la empresa sueca tras las sanciones petroleras impuestas por el Gobierno estadounidense a Venezuela.
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