EL PUBLIQUE

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Mauro Libi Crestani, un empresario controversial acusado en Venezuela de beneficiarse de esquemas corruptos


Así explicó Freddy Guevara la decisión de la Comisión de Contraloría de cerrar la denuncia de corrupción contra Mauro Libi

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La documentación que sobre la averiguación parlamentaria se conoció, hace presumir que esa instancia del ente legislativo obvió su obligación de actuar como organismo de control y se limitó a redactar un informe conforme a los datos suministrados por el investigado, sin que se produjera un cotejo y verificación de la autenticidad de los mismos. Al parecer, tampoco se llevó a cabo ninguna otra actividad indagatoria para establecer la comisión o no de irregularidades. Freddy Guevara niega que haya ocurrido así y nos ofrece su versión de los hechos, mientras Mauro Libi asegura que la investigación demostró la falsedad de las denuncias en su contra.

El informe que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional en torno a la investigación que llevó a cabo sobre Mauro Libi Crestani, se habría limitado, según todo deja ver, a publicar los documentos que este le entregó y la exposición que le formuló, sin que se produjera por parte del ente parlamentario el cotejo de la documentación recibida con los datos de las fuentes oficiales, ni tampoco se llevaran a cabo otras indagatorias o averiguaciones que permitieran establecer con certeza si el empresario hizo uso indebido o no de los divisas entregadas por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) —después Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y hoy extinto— para la compra de alimentos. Esta presunción es negada por el diputado Freddy Guevara, ex-vicepresidente de la Asamblea Nacional y presidente de la referida comisión para la fecha en que la investigación tuvo lugar. Entretanto, el empresario Libi sostiene que quedó fehacientemente demostrada la falsedad de las acusaciones y denunció una campaña de desprestigio en su contra.

Sin embargo, al revisar el expediente elaborado por la comisión legislativa se observa que el mismo consta, en efecto, de algunos de documentos y solvencias, pero no se hace mención en ninguna parte de que tales datos hubieran sido cotejados con las fuentes oficiales para comprobar su autenticidad y veracidad. La revisión de los papeles no ofrece información sobre algún procedimiento o metodología —salvo la comparecencia de Libi— que dejara constancia de diligencias emprendidas para constatar si los señalamientos formulados sobre supuestas irregularidades cometidas por el empresario en desmedro del patrimonio público, eran ciertas o no.

Tal circunstancia toma especial relevancia a raíz de un trabajo de investigación publicado por el portal Armando.info el 1° de diciembre de 2019, en el que se denunció que, supuestamente, “desde comienzos de 2018 se venía tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negociados para suministro de importaciones para los combos CLAP. El esquema incluye a varios diputados de oposición, algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del parlamento nacional, en la práctica, la única instancia anticorrupción que opera en Venezuela con autonomía respecto al chavismo gobernante”.

Además, la nota de Armando.Info refiere que algunos diputados diputados opositores a quienes, por cierto, se les expulsó de sus partidos, “conformaron una comisión oficiosa para hacer gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como parte de esas gestiones, emitían cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP”[1], desatando esto una ola de acusaciones entre los adversarios del gobierno de Nicolás Maduro.

El anuncio formulado por el presidente de la Asamblea Nacional reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, Juan Guaidó, de aplicar medidas disciplinarias a los parlamentarios implicados y la conformación de una Comisión Especial que investigara los hechos, desencadenó el contrapunteo de inculpaciones. “El primer vicepresidente del Parlamento Edgar Zambrano informó que los miembros de la Comisión Permanente de Contraloría estarán compareciendo de manera voluntaria o a través de citatorios (…) Asimismo, reiteró que la orden del presidente encargado Juan Guaidó es que sea intervenida la Comisión, al tiempo, que aseguró que ‘mientras no se presente el informe de la investigación, la Comisión estará inhabilitada’”[2], se lee en una nota del Diario Las Américas publicada el 4 de diciembre de 2019.

José Brito, uno de los diputados presuntamente implicados en la denuncia del portal informativo y sancionado por Guaidó, acusó a este último de encubrir a Mauro Libi y sus empresas, a los cuales se señalaba de estafar el patrimonio público mediante el uso irregular de las divisas preferenciales otorgadas por el gobierno nacional para la adquisición de alimentos. “El diputado a la Asamblea Nacional, José Brito aseguró este lunes que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó encubrió al empresario, Mauro Libi, propietario de la empresa Avelina y señalado de presunta estafa en el Cencoex. Con documento en mano, Brito mostró la carta que aseguró es ‘parecida’ a la entregada a Alex Saab, donde se cierra la investigación contra el empresario Libi”.

La pesquisa periodística refirió que Brito y otros ocho diputados hicieron giras para lavar la reputación del empresario vinculado a Alex Saab, colombiano afiliado al oficialismo, que habría obtenido grandes ganancias a expensas de los recursos del programa alimentario. Agregó que “70 diputados firmaron una carta dirigida a Guaidó en la que piden explicación sobre los recursos manejados este año por la Asamblea Nacional”[3].

Brito también aseguró en una entrevista en el programa “Vladimir a la 1” que transmite Globovisión y que reseñó El Nacional el 3 de diciembre de 2019, “acusó al ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, de ser el origen de las denuncias en su contra, las cuales están relacionadas con la corrupción. Indicó que es él quien financia al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y a Voluntad Popular”. La nota agrega que “Guaidó emitió una carta en la que pidió la detención de las investigaciones contra el empresario Mauro Libi”[4].


Ante estos hechos, desde las filas del gobierno no se perdió la oportunidad de atacar con todas las baterías a la oposición y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, se sumó a las acusaciones y aseguró que Juan Guaidó, supuestamente, al señalar al parlamentario de VP “de extorsionar a empresarios venezolanos desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional”, recoge en la misma fecha (3 de diciembre de 2019) otra nota de El Nacional donde el alto funcionario gubernamental refiere que para tal acción Guaidó se habría valido de la que catalogó como “carta de buena conducta” emitida en 2016 en favor de Libi. Se refería Rodríguez a la comunicación que José Brito mostró recientemente cuando se vio señalado en escándalo por el CLAP.

Rodríguez explicó lo que, según él, sería el modus operandi de la operación, indicando que cuando “Guaidó era presidente de la Comisión de Contraloría. Él enviaba a Roberto Marrero o a alguno de sus lugartenientes a hablar con los empresarios venezolanos y les decía: o me das tanto o te investigamos. Recibía la plata y entonces tapaba cualquier investigación”, refiere la publicación señalada[5].

A la comparsa de acusadores se sumó también el diputado por Primero Justicia, Luis Parra —expulsado de su partido y ahora proclamado presidente del parlamento por el oficialismo y un grupo de disidentes de la oposición—, quien “retó al presidente del parlamento, Juan Guaidó a mostrar las ‘pruebas’’ que lo incriminan con estos hechos” de corrupción. “¿Qué dinero manejo yo para que tú digas que yo soy corrupto? (…) Están actuando con premeditación y alevosía para aniquilarnos políticamente”. Instó al presidente del parlamento nacional a hablarle claro al país acerca del curso de la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. “Están en el derecho de señalarme, pero siempre que se me respete el derecho a la defensa y la presunción de inocencia (…) Estoy presto a que se realice la investigación. Tampoco tengo problemas para pedir disculpas. Todos en la vida a veces cometemos excesos”[6], manifestó el parlamentario en reseña del portal Punto de Corte, el 4 de diciembre de 2019.

Desde la Asamblea Nacional se remitió el expediente identificado con el número 1651 correspondiente a la investigación que la Comisión Permanente de Contraloría desarrolló con relación a las denuncias formuladas contra el empresario Mauro Libi y sus empresas, acusadas de supuestamente manejar irregularmente divisas otorgadas por Cadivi, Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) para el momento de la investigación, hoy extinto.

La pieza suministrada por el ente parlamentario incluye documentos varios, tales como comunicaciones del investigado y sus representantes legales con la comisión legislativa y viceversa, así como los documentos con los que Libi daba respuesta a las interrogantes de los diputados investigadores, los cuales sirvieron para llegar a las conclusiones vertidas en el informe final emitido por la subcomisión sectorial encargada de la averiguación.

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