Roberto Deniz
Anticipando la tormenta que asomaba en el horizonte, algunos directivos de Monómeros Colombo Venezolanos S.A buscaron resguardo en beneficio propio, pero en desmedro de la empresa. Sólo eso explica que el exgerente general de esa filial de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), se convirtiera en accionista de una compañía privada a la que benefició con un contrato cuando estaba por dejar su puesto y meses antes de que la junta ad hoc, nombrada por el Gobierno interino de Juan Guaidó, tomara control de ese activo en Colombia.
Todo comenzó en diciembre de 2018, cuando ni siquiera la oposición venezolana pensaba que podría pasar a administrar los bienes de la República en el exterior, pero continuó durante 2019 en medio de la disputa política que golpeó a Monómeros y que también alcanza a actores políticos y económicos de Barranquilla, donde tiene su sede principal la empresa.
Como si fuese una partida de ajedrez, Pedro José Lugo Gómez, un empleado de carrera en Pequivén y quien dirigía a Monómeros desde finales de 2013, fue moviendo fichas para garantizar su futuro. El 10 de diciembre de 2018, Pedro Lugo, en su condición de gerente general de Monómeros, firmó un contrato por tres años para la “maquila de yeso agrícola” con Insapro S.A.S. Casi un año después, Lugo y otros dos exdirectivos de la estatal venezolana figuraban como dueños de Insapro, en lo que ahora parece una retirada estratégica.
Al momento de suscribir el acuerdo con Insapro, los rumores sobre la salida de Pedro Lugo eran incesantes dentro de la compañía. Ese ruido se confirmó sólo diez días después, el 20 de diciembre de 2018, con un decreto de Nicolás Maduro publicado en la Gaceta Oficial 41.550, que anunció la designación de Ronald Alexander Ramírez Mendoza como presidente de Monómeros.
Ronald Ramírez, quien posee vínculos comerciales con Alex Saab Morán, el principal contratista de Maduro, a través de la sociedad Adon Trading FZE, nunca asumió el cargo al ser “inadmitido” el 30 de enero de 2019 por las autoridades migratorias colombianas, lo que prorrogó unos meses la estadía de Pedro Lugo en la productora y comercializadora de fertilizantes en Barranquilla, pese a haber firmado el “acta de entrega” de su cargo el 8 de enero de 2019.
Pedro Lugo finalmente permaneció en el cargo hasta el mes de junio, conviviendo un par de meses con la primera junta administradora nombrada por Guaidó y que tomó posesión el 11 de abril de 2019, como consecuencia del reconocimiento del Gobierno colombiano al interinato de Juan Guaidó y el desconocimiento a la figura de Nicolás Maduro. Con su renuncia, Lugo escapó a la tormenta administrativa que dejó en el segundo activo más importante de Venezuela en el exterior, sólo por detrás de Citgo, y huyó también del posterior sacudón que provocó a finales de 2019 Humberto Calderón Berti, ex embajador del Gobierno interino en Bogotá, al denunciar una politización en la compañía.
Beneficios desde antes
El expediente mercantil de Insapro muestra que Pedro Lugo no estuvo solo en la mudanza desde Monómeros. A Lugo lo acompañan como accionistas otros dos exdirectivos de la estatal venezolana: Ricardo Cera Corrales y Eduardo Rodríguez González. Este último, también venezolano y con carrera en Pequiven, fue gerente comercial de Monómeros hasta noviembre de 2019, cuando fue removido por la junta administradora designada por Guaidó.
Un cuarto accionista, según consta en el acta número 10 de asamblea extraordinaria, es otro empresario venezolano de nombre George Komander Gómez, propietario además de Sophia Chemical Trading Group y de Sunder Holding Group, las cuales usan la misma dirección de Insapro en Barranquilla. Komander Gómez explicó que Insapro es un “emprendimiento propio” y que es el accionista mayoritario. Negó que Pedro Lugo y Eduardo Rodríguez fueran propietarios, como demuestra el acta de accionistas que reposa en el expediente de la empresa en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Indicó que los exgerentes de Monómeros solo son “asesores sin sueldo de parte de Insapro”, pero nunca aportó los documentos para respaldar su versión.
El acuerdo sellado en diciembre de 2018 con Insapro obligaba a Monómeros a pagar 145.220 pesos colombianos, unos 41 dólares americanos, por cada tonelada de yeso producida. Entre 2019 y 2020 los pagos de la estatal venezolana a Monómeros rondan los 600 millones de pesos, unos 170.000 dólares, de acuerdo a documentos a los que tuvo acceso Armando.Info. Esos mismos papeles revelan que entre 2017 y 2018 hubo pagos de Monómeros a Insapro por otros 1.900 millones de pesos colombianos, poco más de 500.000 dólares, por contratos previos a los que no se tuvo acceso al cierre de esta edición.
Pero el contrato otorgado a Insapro en diciembre de 2018, cuando estaba a punto de salir de Monómeros, no es el único lunar en esta historia. Insapro fue fundada en marzo de 2016 por María Claudia Pérez Sarabia, hija de Reginaldo Pérez Pérez, un renombrado empresario de Barranquilla, dueño del holding Grupo Merco, ampliamente beneficiado por la gestión de Lugo en Monómeros.
De la estrecha relación en los últimos años entre Monómeros y Grupo Merco hay testimonios en la prensa de Barranquilla, así como de proyectos conjuntos o encuentros en eventos de las directivas de ambas empresas.
Los directivos de Monómeros -ahora propietarios de Insapro-, y los de Grupo Merco aparecían con frecuencia en eventos públicos.
A Consorcio Merco Logistic Group, Opermec, Ingeopro y Servitransa, todas bajo el paraguas de Grupo Merco, el entonces gerente general de Monómeros, Pedro Lugo, le otorgó contratos que suman el equivalente a unos 30 millones de dólares por la prestación de servicios logísticos, de mantenimiento, operaciones portuarias o alquiler de equipos, entre otros conceptos, según los documentos obtenidos para este reportaje.
“Se observa una clara concentración en un solo grupo económico de operaciones medulares del proceso productivo de Monómeros. Esto representa un riesgo para la organización, ya que cualquier problema económico y/o legal que pudiera presentarse en esas empresas, afectaría significativamente las operaciones de Monómeros”, concluye un informe preparado por la junta ad hoc de Monómeros.
Fuentes, que prefirieron el anonimato, explicaron que desde hace semanas abogados de ambas partes, Monómeros y Grupo Merco, están en negociaciones para saldar esa relación comercial heredada de la administración de Pedro Lugo. Aunque se trata de un asunto legal entre las partes, los efectos han trascendido los muros de la empresa en Barranquilla.
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