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La historia de la presunta huida de Venezuela del exministro chavista Miguel Pérez Abad, sus pugnas y controversias por fraudes

julio 28, 2020

Miguel Ángel Pérez Abad es un político y empresario venezolano, quien se ha desempeñado en Venezuela como presidente del estatal Banco Bicentenario.​ Ha fungido como Ministro para el Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Venezuela. Fue presidente de la organización gremial empresarial Fedeindustria, y fue también Ministro de Industrias y Comercio. Sus cargos en el ámbito público venezolano han sido durante los gobiernos del expresidente Hugo Chávez y del actual mandatario Nicolás Maduro.

En 2015 fue nombrado por Maduro como Comisionado del Estado Mayor Económico. El 6 de enero de 2016, Maduro lo designa como nuevo Ministro de Industrias y Comercio de Venezuela. El 15 de febrero de 2016, es nombrado como el nuevo vicepresidente de Economía Productiva. El 7 de junio de 2017 es designado ministro del Poder Popular para el Comercio Exterior, cargo en el que fue sustituido el 26 de noviembre de 2017 por José Gregorio Vielma Mora.

Según expresa.se, en la actualidad, en algunas reseñas Pérez es presentado como presidente del Banco Bicentenario. No obstante, algunos testimonios que aún no han podido verificarse, sostienen que el exministro huyó supuestamente de Venezuela a los Estados Unidos, en donde prestaría colaboración a las autoridades que investigan tramas de corrupción en el Gobierno chavista.

Presunta huida

Luego de haber autorizado un incremento en las tarjetas de crédito del Banco Bicentenario, por una suma cercana a los 1.000 millones de bolívares, en tan solo tres horas lograron desaparecer supuestamente cerca de 35.000 millones de bolívares, suma que representaría una estafa al patrimonio público venezolano cercana a los 200.000 dólares estadounidenses.

Según un reporte de “Notiexpress” aparecido en la web globedia.com el 23 de julio pasado, la respuesta del actual presidente encargado de la entidad financiera perteneciente al Estado venezolano, Alejandro Essis, fue la de proceder contra humildes trabajadores que hicieron uso del llamado "extra crédito". Allí mismo se asegura que el paradero del ingeniero Miguel Pérez Abad es desconocido pese a que existen pruebas de sus numerosos viajes privados a los Estados Unidos e islas del Caribe junto a Enrique Romero, a quien identifica como un supuesto testaferro.

La web también relata que
“Una ola de atropellos sin precedentes en las empresas del Estado está desarrollándose en el gubernamental Banco Bicentenario, a raíz de un fallo humano en el sistema central de computación de esa institución financiera.

Desde Barquisimeto, capital del estado Lara, surgió por las redes sociales la primera denuncia firmada por dos empleadas coaccionadas bajo amenazas insólitas, que relataron en la siguiente comunicación:

Estimados amigos, conocidos, clientes y beneficiarios. Por medio de la presente, yo Yarabit Piña, titular de la C.I. V-14.269.587 declaro que hoy día 15 de julio de 2020 fui coaccionada a firmar mi renuncia como trabajadora del Banco Bicentenario del Pueblo bajo amenaza de ser arrestada por el SEBIN si no firmaba la misma antes de salir de la oficina donde ocurrieron los hechos, por la simple razón de haber sobregirado mi tarjeta de crédito.

A las 11 de la mañana del día de hoy fuimos convocadas mi persona y mi compañera Juelith Leonela Mejía Gonzalez, V-17.036.316 a una reunión en la oficina de la gerencia regional del Estado Lara donde nos esperaban, Zuly Mendoza, Gerente Regional del Banco, Katy Caceres, Gerente de recursos humanos, María Durán, Coordinadora de Socialización Bancaria, además de Ivette Sogovia, Gerente del Fondo Único de Financiamiento Productivo (FONFIP) de la Gobernación del Estado Lara, de la cual no encontramos explicación de su presencia ya que se encuentra en comisión de servicio en la institución regional ya descrita.

Extraoficialmente se afirma que Pérez Abad y su testaferro Enrique Romero habrian huido a una isla del Caribe o los EEUU donde poseen grandes propiedades

Allí la gerente regional nos explica que “debemos” firmar nuestra renuncia por haber sobregirado nuestras tarjetas de crédito con la institución, ya que el aumento del límite de crédito del que hicimos el uso legal fue un "error malintencionado", cosa de la cual nosotras no teníamos conocimiento para el momento del uso del instrumento financiero. Por nuestra parte se le preguntó a la gerente regional si se podía subsanar el “Error” pagando el sobregiro, también se le pregunto si cancelando la tarjeta de crédito se podía arreglar el error, pero para ellos lo único que lo arreglaba era firmar la “renuncia voluntaria e irrevocable”.  Y fue muy clara al decirnos que si no firmábamos dicha carta ya tenía contactado y listo al SEBIN para realizar el aprehendimiento de nosotras por estafa agravada al Banco Bicentenario.

Es de hacer notar como una gerente regional de un “banco del pueblo” tenga el poder y la autoridad para tener “a tiro” al SEBIN para arrestar y “sacar esposado” (en sus propias palabras) a un personal que ha dado lo mejor de sus habilidades laborales para el correcto funcionamiento de la institución solamente por haber hecho uso de la tarjeta de crédito que la misma institución les emitió y aumentó “por error” su límite de crédito. Ojalá alguien del SEBIN, Banco Bicentenario o la Gobernación del Estado Lara, pueda dar una explicación de semejante atropello contra nosotras como trabajadoras.

El 15 de marzo de 2019 el periodista de investigación Casto Ocando señaló que Miguel Pérez Abad se encontraba supuestamente en Miami cooperando con las autoridades. No obstante, el Banco Bicentenario señaló a través de Twitter en la misma fecha que Pérez estaba participando en reuniones con la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), ente regulador de la actividad bancaria en Venezuela, “para garantizar la operatividad de las instituciones financieras”.


Pese a la publicación del periodista, algunos medios venezolanos informaron también que Pérez había estado participando durante tres días consecutivos en supuestas reuniones con la Sudeban.

Nuevamente en julio de 2020 han vuelto a surgir rumores en las redes acerca de la huida de Venezuela de Miguel Pérez Abad por el llamado escándalo del “Tarjeta-gate”. Es sí que se ha dicho que Pérez habría salido de Venezuela, con rumbo a República Dominicana, para luego pisar suelo estadounidense, como llegando al estado de la Florida.








En contra de todo pronóstico, una cuenta en Twitter identificada como @mapaproductivo y atribuida a Miguel Pérez Abad continúa promocionando las actividades del Banco Bicentenario y del Gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, algunos tuiteros han señalado que el ex ministro continuaría ejerciendo sus funciones al frente del banco estatal en Venezuela


Pugnas

Informaciones sugieren que en el terreno político Miguel Pérez Abad ha mantenido pugnas con otras figuras de chavismo, como Tarek William Saab y Diosdado Cabello. En el caso de Saab, actual fiscal general de Venezuela designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, estribaría en una rivalidad por el cargo de gobernador de la provincia de Anzoátegui, otrora ocupado por Saab y que le fuera disputado por Pérez Abad en unas elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el que ambos han militado y por el que Pérez aspiraba ser candidato en sustitución de Saab. Para algunos, sería motivo suficiente para que el hoy fiscal ordenase una investigación por hechos de corrupción contra el exministro, en pos de saldar indirectamente viejas rencillas.

En cuando a su pugna supuestamente con Diosdado Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y segundo hombre fuerte del chavismo en Venezuela, el motivo sería la muerte en un accidente en misteriosas circunstancias de un hijo de Pérez Abad. El19 de agosto de 2017, en aguas cercanas a las costas de Venezuela se precipitó a tierra una aeronave siglas Lear Jet YV3191 en el que iban como pasajeros el empresario Luis Napoleón Picardi Flores y el hijo de Pérez. En el suceso también falleció el piloto Nelson Bejarano, el copiloto Joan Marrero y Juvencio Carvajal, jefe de seguridad de Picardi. Nunca se conoció con exactitud si las autoridades lograron rescatar los cadáveres ni se supo la razón del accidente, aunque trascendieron rumores acerca de que el siniestro pudo haber sido provocado. Fue allí donde se mencionó la figura de Cabello y se habló de un pleito que sostenía supuestamente con Picardi por motivos pasionales, pues se aseguró que el empresario habría estado flirteando con la esposa del líder chavista. No obstante, la historia no ha podido ser verificada mediante fuentes confiables.

Disidencia

Consultada, una persona familiarizada con el asunto ha expresado que si Miguel Pérez Abad llegase a convertirse en disidente del chavismo y en testigo protegido de la justicia estadounidense, no tardaría en iniciarse una investigación en su contra en Venezuela, que pudiera derivar en una solicitud internacional de captura a través de Interpol, partiendo en gran medida de su enemistad con el fiscal general chavista.

Familiares denunciados

Una denuncia contra el artífice del Petro, Gabriel Jiménez Marrón, y de los familiares del presidente del Banco Bicentenario Miguel Pérez Abad, fue presentado ante la ANC y a la representación diplomática estadounidense con objetivo de que se les investigue por diversos delitos que van desde la traición a la patria a la legitimación de capitales provenientes de la corrupción. He aquí la historia.

Según un reporte de la periodista Maibort Petit, de fecha 24 de agosto de 2018, para el medio El Tiempo Latino, dentro de un amplio expediente figuraron dos denuncias consignada ante la Asamblea Nacional Constituyente y ante la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, relativas a irregularidades cometidas con el Petro, la criptomoneda diseñada por el Gobierno de Nicolás Maduro, así como por lavado de dinero.

En fecha no determinada, pero que suponemos cercana al evento próximo a reseñar, el abogado Marcos Alberto Ascanio Salinas de afiliación chavista consignó ante el presidente de la ANC, Diosdado Cabello Rondón, y con atención a María Alejandra Díaz, una acusación acompañada de la solicitud de que se investigue penal, civil y administrativamente a la que considera como una presunta organización criminal que ha causado, según él, efectos devastadores al país, “generados por la comisión de los múltiples hechos punibles (…) cuyo propósito fundamental no fue otro que a nuestro criterio enriquecerse y Traicionar a la Patria”.

En fecha no determinada, el abogado Marcos Alberto Ascanio Salinas de afiliación chavista, consignó ante el presidente de la ANC, Diosdado Cabello Rondón, y con atención a María Alejandra Díaz, una acusación acompañada de la solicitud de que se investigue penal, civil y administrativamente a la que considera como una presunta organización criminal que ha causado, según él, efectos devastadores al país, “generados por la comisión de los múltiples hechos punibles (…) cuyo propósito fundamental no fue otro que a nuestro criterio enriquecerse y Traicionar a la Patria”.

Consideró que las personas a quienes señaló son responsables de dirigir y actuar en contra de los intereses de Venezuela con el amparo de algunos funcionarios públicos.

Específicamente señala a los ciudadanos Gabriel Simón Jiménez Marrón, titular de la C.I. V-19.562.628 —para mayores señas, el artífice del Petro— y a Carlos Eduardo Vargas Urbina, con C.I. V-15.221.017, por la presunta comisión de los delitos de instigación pública; zozobra en la colectividad; instigación a delinquir; asociación para delinquir; conspiración; traición a la patria; atentado contra el espacio geográfico; contratación ilícita por funcionario público; expedición ilegal, forjamiento y/o alteración de certificaciones que perjudican el patrimonio del estado; obtención se lucro ilegal en acto de la administración pública; tráfico de influencias; y uso indebido de información reservada.

Junto a ellos, también señaló a José Millán Borrome, con C.I. V-15.678.807; a Carolina Bouzas, C.I. V-15.664.418; a Rafael Cordero, C.I. V-18.003.445; a Johnnathan Gorsira, C.I. V-11.680.228; y a Tobías Carrero.

Entre los argumentos esgrimidos por Marcos Ascanio está el haber instrumentado acciones con el objetivo de infiltrar el Petro, así como casas de cambio, la data de mineros de Venezuela, al igual que el cien por ciento de las operaciones que se realizan con la criptomoneda venezolana y los cripto activos han sido infiltradas.

Entretanto, el 6 de agosto de 2018, ante la representación diplomática estadounidense, en la persona del encargado de negocios, James Story, Ascanio Salinas denunció a familiares del exministro para el Comercio Exterior e Inversión Extranjera y actual presidente del Banco Bicentenario Miguel Pérez Abad, a saber, Juan Carlos y Teodoro Santiago Pérez Abad, titulares de las cédulas de identidad V-8338794 y V-8327536, respectivamente, representantes legales de empresas en Venezuela las cuales han sido beneficiarias de un conjunto de contratos de adjudicación tanto de procura como de obras, en bolívares y en dólares por parte de Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA.

La denuncia dice que estas personas “se han constituido para presuntamente aprovecharse fraudulentamente de la adjudicación y liquidación de divisas preferenciales, sin haber cumplido con el correcto uso de las mismas para lo que fueron solicitadas, por lo cual se presume están incursos en delitos de ilícitos cambiarios, fraude fiscal, obtención fraudulenta de divisas, asociación para delinquir, legitimación de capitales, entre otros. Este grupo de personas lograron estafar a la Nación y por supuesto a los venezolanos”. Un conjunto de personas y empresas actuarían con colusión con los Pérez Abad.

Asimismo, cree Ascanio Salinas que los Pérez Abad estarían violando la Ley Patriota de los Estados Unidos al estar usando el sistema financiero para el lavado de dinero proveniente de las contrataciones petroleras señaladas como fraudulentas.

Refiere también que Manoly Giunonna Ramíres Navarro y Nelson Rafael Bustamante Abidar, estarían conectados e interrelacionados con los Pérez Abad, quienes a su vez son accionistas de las siguientes empresas con sede en los Estados Unidos: JMC International Solutions LLC, Big Bus Constructions LLC, TPY USA LLC, Aventuras OPH LLC, Boynton OPH LLC, Delray OPH LLC, FT. Laurderdale OPH LLC, Jensen OPH LLC, OPH Global LLC, PH Gardens OPH LLC, Royal Palm OPH LLC, Artesanos LLC, Doral OPH LLC, Eluh Management Solutions LLC, Metagames Interactive Entertainment and Marketing Solutions INC, Metagames Interactive Marketing Solutions LLC, Plantation OPH LLC, SWR OPH LLC, TPS Outsourcing and Services Coral Springs LLC, TPS Outsourcing and Services LLC.

En Panamá operarían a través de las empresas Metals Businnes Corporation INC, International Harvester Tractors INC y Strong Investment House INC.

Manoly Giunonna Ramíres Navarro y Nelson Rafael Bustamante Abidar aparecen como empleados de Empire Oriente C.A., JMCMOTO C.A., JJPérez Alemán y CIA, C.A. y Mayor La Algaida C.A. con sede en Venezuela, representadas por los Pérez Abad.

Ascanio Salinas indica además que los Pérez Abad estarían incursos en la violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero (Fcpa por su sigla en inglés).

Estarían incurriendo los Pérez Abad en el delito de legitimación de capitales provenientes de la corrupción.

El abogado instó a la Fiscalía General de la República en Venezuela a investigar cuántas divisas se han otorgado al clan Pérez Abad.

En Estados Unidos, Ascanio Salinas planteó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y todos los organismos internacionales encargados de investigar la legitimación de capitales, abrieran una averiguación a estas personas con el objetivo de determinar el origen de los dólares invertidos en las empresas que poseen.

Deudas

Otras controversias en las que también ha estado inmiscuido el ex ministro Miguel Pérez Abad tienen que ver con la emisión irregular de tarjetas de crédito del Banco Bicentenario de Venezuela, que fueron utilizadas para compras en divisas en el exterior, sin que supuestamente los tarjetahabientes hubieran pagado su deuda con la entidad financiera. Se señala que a pesar de las denuncias, el caso no fue debidamente investigado.

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