Falko Ernst | Traducción
crisisgroup.org
Octubre 22, 2019
¿Qué pasó en Culiacán?Una serie de incidentes en los últimos cuatro días ha desvelado la verdadera profundidad de la crisis de seguridad y gobernanza de México. El 14 de octubre, hombres armados presuntamente del Cartel de Jalisco mataron a trece policías en una emboscada en el estado de Michoacán. El 16 de octubre, un enfrentamiento entre el ejército y el crimen organizado condujo a la muerte de un soldado y catorce presuntos delincuentes en Guerrero. Luego, el 17 de octubre, las cosas se salieron completamente de control. En Culiacán, capital del estado de Sinaloa y cuna del narcotráfico mexicano, el ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Ovidio Guzmán, hijo del ex jefe de narcotráfico y jefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos. prisión. El cartel reaccionó atacando a los soldados con armamento pesado y enviando tripulaciones de sicarios a vagar por las calles, sembrando el terror entre la población de la ciudad. A los pocos minutos de la embestida, las imágenes de video de los tiroteos en el teléfono celular recorrían Facebook y Twitter, junto con fotos de columnas de humo que se elevaban de la ciudad mientras los hombres del cartel incendiaban vehículos y edificios.
La escala de la violencia no es nueva. Las tasas de homicidios han aumentado constantemente en México, con 2019 en camino de convertirse en el tercer año consecutivo en el que el país registrará su mayor número de homicidios.
Lo nuevo es la fuerza de las imágenes. Durante los últimos trece años, el alcance de la violencia de México a menudo se ha ocultado a la vista del público, y gran parte de los asesinatos se llevan a cabo bajo un manto de silencio o en áreas remotas donde los medios tradicionales no pueden llegar. Pero el caos en Culiacán fue casi transmitido simultáneamente en las redes sociales, lo que permitió que el mundo mirara algo cercano al tiempo real. Parecía algo fuera de una zona de guerra, y para los residentes de Culiacán lo era. Los contactos locales le dijeron a Crisis Group que nunca habían experimentado tanto miedo. La ciudad estaba paralizada, como si estuviera bajo asedio.
El Cártel de Sinaloa pretendía que las imágenes parecieran una guerra, y su estrategia de relaciones públicas parece haber sido efectiva en el sentido de que sacó a Guzmán de la detención. En la noche del 17 de octubre, el gobierno federal mexicano anunció que había liberado al líder del cartel para evitar más violencia. Más tarde agregó que Guzmán nunca fue "formalmente detenido", aunque las fuentes policiales estadounidenses le habían dicho previamente a un periodista que el capo estaba "100 por ciento bajo custodia mexicana". En otras palabras, el giro de los eventos del 17 de octubre ha comenzado, y la verdad completa puede que nunca salga a la luz.
¿Qué significan estos eventos para el conflicto en México?
Independientemente del giro del gobierno, el público está eliminando el mensaje de que una organización criminal obligó al estado mexicano a someterse. Los eventos de Culiacán establecen un precedente muy peligroso.
Hay muchas razones por las cuales el conflicto armado en México se ha vuelto cada vez más letal y difícil de controlar en los últimos quince años. Pero el principal es la impunidad. Las estadísticas de la última versión de la guerra contra las drogas desde finales de 2006 cuentan la historia: aproximadamente 150,000 personas han sido asesinadas como resultado directo, según la mayoría de las fuentes, y más de 40,000 han desaparecido. Pero más del 95 por ciento de estos delitos graves han quedado completamente impunes. No hay disuasión para la violencia severa porque no hay consecuencias. Los eventos en Culiacán amenazan con fortalecer esta lógica perversa, ya que lo que los grupos del crimen organizado probablemente perciben es que pueden chantajear al estado mexicano. Algunos grupos, incluso en regiones donde el conflicto ha sido menos severo, podrían verse tentados a imitar las acciones del Cartel de Sinaloa. Eso ha sucedido en el pasado.
¿Qué significa este incidente para la política de seguridad del nuevo presidente?
Culiacán cuestiona el enfoque de seguridad del gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones del año pasado en parte debido a su promesa de abstenerse de enfrentar el crimen organizado con la fuerza militar letal. Los dos presidentes anteriores confiaron en tal fuerza, y ese enfoque fracasó, profundizó y amplió los conflictos violentos. Las misiones de matar o captura dirigidas a líderes criminales tuvieron éxito en sus propios términos, dividiendo a las grandes organizaciones criminales. Pero el estado no siguió con el restablecimiento de su mandato en las regiones más enfrentadas del país. En cambio, los fragmentos de los grupos criminales se mantuvieron fuertes, y en algunos lugares dominantes, perpetuando e incluso acelerando el ciclo de matar y extraer ingresos directamente de los civiles, por ejemplo a través de la extorsión.
En reacción a este estado de cosas, y en medio de la frustración generalizada con la militarización de la seguridad pública que lo provocó, López Obrador adoptó la postura de que "el fuego no se puede combatir con fuego". Descartó el uso de la fuerza militar para combatir el crimen. Sin embargo, las paradojas de su nuevo enfoque se están volviendo evidentes: López Obrador continúa confiando en las fuerzas armadas para proporcionar seguridad pública, argumentando que la policía es demasiado corrupta para hacer el trabajo. Al mismo tiempo, los grupos criminales fragmentados están explotando la renuncia del gobierno a la fuerza militar para probar cuánto más pueden extender su dominio.
La principal institución de seguridad de López Obrador, la Guardia Nacional, establecida oficialmente en junio, es nominalmente un nuevo organismo de la policía federal, aunque depende casi exclusivamente de personal y recursos militares. El efecto de su despliegue en varias regiones violentas es hasta ahora difícil de detectar. Sus operaciones siguen limitadas a patrullar las calles y permanecer visibles, bajo la rúbrica de la policía no coercitiva. Los eventos de Culiacán profundizarán la confusión del público sobre su papel. El gobierno dice que no tenía la intención de que el arresto de Guzmán fuera una redada de matar o capturar al viejo modelo. Afirma que la operación fue fallida y mal planificada, un incidente aislado que no es indicativo de política.
En efecto, la política de seguridad militarizada está viva y muerta: López Obrador lo ha renunciado pero sus vestigios permanecen. Mientras tanto, no existe una nueva estrategia de seguridad integral para reemplazar los viejos axiomas de la guerra contra las drogas. Hasta el momento, no existe un compromiso claro con la reforma de las fuerzas policiales locales. El presidente no ha tomado medidas para abordar problemas institucionales crónicos, como la falta de supervisión y corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. En cambio, ha insistido en el efecto curativo de su propia integridad personal y en lograr la seguridad a través de la prosperidad: los ambiciosos programas sociales y económicos de su gobierno están destinados a generar suficientes oportunidades educativas y vocacionales para socavar el atractivo del crimen organizado.
Abordar los factores socioeconómicos es una parte necesaria de la solución a los problemas de México. Pero sin medidas de seguridad a corto plazo orientadas a proteger a los civiles y disuadir la agresión criminal, medidas que muy probablemente necesiten presentar una amenaza creíble para usar la fuerza, la estrategia a largo plazo puede no ser muy importante. En los últimos meses, Crisis Group ha hablado con los comandantes de carteles y grupos ilegales más pequeños en Michoacán y Guerrero, quienes claramente declararon sus planes para evaluar hasta dónde pueden llegar. Sorprendente como es, Culiacán no sale de la nada.
¿Qué puede hacer López Obrador ahora?
Para López Obrador no será fácil navegar esta primera crisis de su presidencia. En términos de política de seguridad, deja a México en una encrucijada. Hasta ahora, López Obrador puede sentirse afirmado en su postura de "abrazos, no balas" por las continuas altas calificaciones de aprobación. Pero después de los eventos del 17 de octubre, incluso sus partidarios más firmes podrían comenzar a hacer preguntas. La reacción violenta podría traducirse en una intensa presión sobre la administración para que revise sus políticas de seguridad. La administración podría verse tentada a recurrir a las viejas formas: volver a las operaciones de matar o capturar como una solución rápida. Pero este movimiento haría más daño que bien.
En cambio, López Obrador y su equipo deberían reconocer que su solución socioeconómica actual necesita alguna adaptación. El objetivo debe ser elaborar una estrategia integral que no abandone este componente a largo plazo, sino que lo combine con métodos a corto plazo para salvaguardar a los vulnerables y frenar el comportamiento criminal más agresivo, como desplegar fuerzas de seguridad para separar grupos en guerra y prevenir asaltos a poblaciones civiles en lugares extremadamente violentos como las tierras altas de Guerrero. Los abusos asociados con el uso de la fuerza estatal en el pasado fueron graves, pero las autoridades pueden avanzar para frenarlos con estrictos mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para acabar con la colusión militar y policial con el crimen organizado y otras formas de corrupción, así como abusos contra los derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Los esfuerzos renovados para crear una aplicación efectiva de la ley local también son esenciales. La administración de López Obrador ha puesto en marcha varios esfuerzos destinados a profesionalizar a la policía: mejor capacitación, equipamiento, pago y protección. En cambio, el gobierno debería recuperar esos programas y comprometerse plenamente con ellos.
Las administraciones pasadas tienen gran parte de la culpa de la condición actual de México. Pero ahora le corresponde a López Obrador sentar las bases para una reconstrucción gradual de las capacidades estatales. Mientras tanto, las medidas de aplicación de la ley a corto plazo son importantes para detener la tendencia hacia un conflicto más amplio y profundo en México. Las potencias externas deberían ofrecer asistencia para la reforma institucional, particularmente la de las fuerzas policiales locales ofreciendo asistencia técnica, así como asistencia técnica y financiera para aclarar el destino de las personas desaparecidas en México. El gobierno mexicano debe continuar con los esfuerzos para abordar el lavado de dinero y el flujo ilegal de armas hacia el país, que ayudan a propagar la violencia criminal continua. Mientras tanto, Estados Unidos debería asumir su parte de responsabilidad por la crisis, comenzando por el reconocimiento de que, Al no dejar a México otra opción que actuar como un brazo extendido del control de inmigración de Estados Unidos, ha obligado a su vecino del sur a canalizar recursos cruciales lejos de la seguridad pública. Es un interés central de seguridad nacional de EE. UU. Dejar que México haga lo que necesita con urgencia e invertir todo lo que tenga en una mayor estabilidad.
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