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Nuevas evidencias vinculan al expresidente Álvaro Uribe Vélez con la Masacre del Aro en Colombia


Por: @JuanPoe
elinvestigad0r.com

La masacre del corregimiento del Aro perpetrada el 22 de octubre de 1997 fue uno de los más capítulos más oscuros y terribles de la historia colombiana, un comando de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá conformado por aproximadamente 150 hombres, liderados por Francisco Enrique Villalba, alias “Cristian Barreto”, Isaías Montes Hernández, alias “Junior”, Alexander Mercado Fonseca, alias “Cobra” conocidos en la región como los ‘mochacabezas’, asesinaron a 17 personas, después de haberlas torturado de las formas más crueles posible. Posteriormente quemaron las viviendas que encontraron a su paso, se robaron junto con tropas del Ejército del Batallón de Infantería Girardot, miles de reses y desplazaron a cientos de campesinos que fueron obligados a dejar sus predios, sin que ninguna autoridad militar, policial o civil en Antioquia los protegiera de los mensajeros de la muerte.

¿Qué pasó con el Gobernador de Antioquia de aquella época? ¿Sabía o no que iba a ocurrir esa masacre y por lo tanto es responsable por no haber actuado frente a estos graves crímenes de lesa humanidad?

Hoy gracias a un valioso proceso judicial que llegó a nuestras manos que fue cerrado arbitrariamente por la Fiscalía General de la Nación en un gran acto de indignidad e impunidad con las víctimas, conocido públicamente como el proceso del “Parqueadero de Padilla” donde se encuentra toda la contabilidad de los políticos, empresarios y narcotraficantes que financiaban los bloques de las AUC a nivel nacional y que le costó la vida a muchos investigadores y miembros de la Fiscalía que comenzaron a evidenciar todo el aparato organizativo que había detrás de los grupos de autodefensa, se pudieron encontrar evidencias irrefutables que el Gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez SÍ SABÍA de la ocurrencia de ese masacre y como lo demuestran los hechos no solo no actuó para proteger la población frente a esos horrendos crímenes ejecutados el 22 de octubre de 1997, sino que además no actuó frente a múltiples asesinatos que venían sucediendo en el Aro que ya le habían sido informados.

El 19 de agosto de 1997, aproximadamente 2 meses antes de la masacre, nada más y nada menos que el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Jesús Orlando Gómez López le envió un oficio judicial al entonces Gobernador Álvaro Uribe Vélez donde le señalaba que en el mes de octubre de 1996 y hasta el final del mismo año, habían sido asesinadas 120 personas y desaparecido otras 30 en Ituango, hechos que también fueron puestos en conocimiento de su Secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno el 5 de febrero de 1997, quien respondió ante esta advertencia que no conocía el asesinato de centenares de personas en esa región. Este documento nunca ha sido mostrado a la opinión pública y no figura en ningún proceso judicial.

El Secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno, quien hoy se sabe era un importante colaborador de los paramilitares y un frecuente visitante de la finca 21, que era el cuartel general de las autodefensas donde se mantenían los jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño, respondió que no conocía los centenares de asesinatos y desapariciones de personas que estaban ocurriendo en Ituango y ni siquiera ordenó como era su deber constitucional una investigación o una inspección administrativa para corroborar lo denunciado por el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Jesús Orlando Gómez López.

Sin embargo, esta no es la única prueba que demuestra que el Gobernador Álvaro Uribe Vélez conocía de la amenaza que recaía sobre el Aro, existe un testimonio oculto y contundente que ningún proceso judicial, ni siquiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido en cuenta y que no ha sido revelado a la opinión pública. Se trata del testimonio del Personero de Ituango el señor José Diego Caicedo Restrepo, rendido el 28 de enero de 1998, ante el Fiscal Delegado Jorge Angarita Torres, donde se demuestra la existencia de una reunión confidencial en el piso 12 de la propia Gobernación de Antioquia, solicitada por varios habitantes Corregimiento del Aro que pudieron escapar de los paramilitares, quienes pidieron reserva de identidad y se reunieron secretamente con el Personero de Ituango y el Alcalde de Ituango en la propia Gobernación. ¿Qué pasó? ¿El Gobernador Álvaro Uribe Vélez no se dio cuenta?

En su testimonio el Personero de Ituango deja claro que en esa reunión no estaba el mandatario regional. ¿Por qué no asistió? ¿No era su deber constitucional atender y proteger a estas personas que habían salido huyendo del Aro por temor a ser asesinadas? No hay duda, Uribe siempre supo de la masacre, las víctimas llegaron hasta su propia Gobernación durante los 17 días que se ejecutaron estos horrendos crímenes y ni siquiera se dignó a reunirse con ellos. Aquí está el testimonio que queda como prueba para la historia.

Adicionalmente existe un peritazgo de Bjon Petterson un consultor internacional de derechos humanos de nacionalidad sueca que rindió un dictamen el día 14 de septiembre de 2005 ante la Corte Interamericana, que fue eliminado de todas las redes de internet, pero que pudo ser recuperado mediante un procedimiento de restauración de archivos, donde este perito declara que después de visitar el corregimiento del Aro días después de la masacre, tomó varios testimonios de los habitantes que le narraron los crímenes horrendos y la brutalidad a la que fueron sometidos, a partir de lo cual pudo sacar las siguientes conclusiones:

  • Las autoridades no tomaron medidas preventivas a pesar que habían sido avisadas de la inminencia de la incursión paramilitar.
  • La masacre en Ituango fue realizada entre grupos paramilitares en connivencia con las fuerzas armadas que les dieron apoyo militar y logístico.


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