La Asamblea Nacional de Venezuela abrió una investigación sobre la presunta contratación irregular de la empresa Caribbean Recovery Assets (CRA) por parte del gobierno interino para la recuperación de activos de la República en los países que integran Petrocaribe.
Según un reporte del medio cronica.uno, el comisionado presidencial para la recuperación de activos de la República en el exterior, Javier Troconis, compareció este viernes ante la comisión especial designada para la averiguación, integrada por diputados de la Comisión de Contraloría. Allí respondió a los señalamientos realizados en su contra por el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, sobre los cuales el partido Primero Justicia exigió una investigación el pasado 22 de septiembre.
Troconis admitió que su oficina le dio la buena pro a CRA el 2 de enero de este año para llevar adelante el proyecto de inventario de los activos en el exterior; pero que tras detectar juicios y acusaciones contra CRA, y ser notificados de que la empresa estaba intentando representar al gobierno interino ante terceros países, sin que se cerrara la contratación, se les pidió cesar sus gestiones.
El comisionado agregó que además de las irregularidades detectadas en la actuación de la empresa así como los señalamientos contra sus directivos (Pedro Antar Jorge Reyes), una vez recibida la buena pro, CRA habría cambiado el proyecto inicial de inventario de activos por uno de recuperación de activos, lo cual aumentó las dudas de la comisión de recuperación de activos y terminó con la suspensión de la contratación.
El funcionario del gobierno interino aclaró, a solicitud tanto de los diputados de la Comisión de Contraloría como posteriormente en una rueda de prensa, que luego de lo ocurrido con CRA, no ha habido nuevas contrataciones de parte de la comisión que encabeza con otras empresas ni para inventariar activos ni para recuperar activos. Lo que sí se concretó, dijo, fue la contratación del bufete de abogados SMGQ, representado por Gustavo Lage, para que represente a la comisión en Estados Unidos.
El punto más confuso de la exposición de Troconis ante la comisión investigadora, y que generó varias preguntas y repreguntas tanto de diputados como de los periodistas en una rueda de prensa posterior a la comparecencia, fue el relativo a la modalidad de la contratación de CRA.
Inicialmente, el funcionario dijo que no hubo un contrato sino una buena pro, pero posteriormente reconoció que la buena pro en sí misma podía considerarse un acuerdo de servicio. Seguidamente, señaló que la selección de CRA se hizo bajo la modalidad de licitación cerrada, pero que por no haberse presentado nadie más terminó como una adjudicación directa.
El diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas, le solicitó a Troconis remitir toda la documentación del proceso de contratación por escrito.
“El concurso, sea cerrado o abierto, tiene que quedar registrado. Le solicito que consigne ante la Comisión de Contraloría las pruebas de que se convocó a un proceso de licitación y que fue declarado desierto. Porque si es un concurso participaron varias empresas”, dijo Marquina.
El diputado agregó: “Si es asignación directa, entonces contraviene la ley sobre todo en una materia en la que los montos son tan elevados que no se puede hacer una asignación directa. Y consigne también una copia del acta administrativa que demuestra que luego de haber sido asignada la buena pro, esta fue anulada porque la empresa que había sido seleccionada cambió las condiciones”.
Con respecto a los señalamientos de una supuesta negociación turbia para el cobro de una deuda pendiente de Petropar (Paraguay) a Pdvsa por 268 millones de dólares más 30 millones de dólares en intereses, Troconis explicó que el plan de pago de esa deuda data del año 2016, antes de que se conformara el gobierno interino.
Reconoció que entre octubre y noviembre de 2019 su oficina fue contactada por Petropar para presentar nuevamente el plan de pago y luego de evaluar las condiciones y términos, incluso en una reunión realizada en el Palacio de Gobierno de Paraguay, el gobierno interino declinó, en enero de este año, por considerarlo desventajoso.
“La propuesta no nos gustó desde el primer día. Estaba muy en contra nuestra porque nos quitaban los intereses, nos pagaban la mitad del capital y nosotros teníamos que pagar los abogados. La segunda razón es que esa propuesta la había hecho Petropar a la Pdvsa chavista en 2016, mucho antes de que naciera el gobierno interino. Esa deuda está en arbitraje en París y de allí nació la propuesta, esa que nos presentaron a nosotros”, dijo Troconis.
Asimismo, informó que en la actualidad la comisión de recuperación de activos ha realizado un amplio inventario de los bienes de la República que abarca cerca de 30 países.
Aunque declinó informar a cuánto asciende el monto global de activos inventariados en todo el mundo porque se trata de cifras “que están en verificación”, dijo que se han ubicado bienes del país en Estados Unidos, España, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, El Salvador, Italia, México, Paraguay, Portugal, Reino Unido, Uruguay, Curazao, Aruba, Bonaire y “en todas las Islas del Caribe”.
Y precisó: “En Estados Unidos tenemos varias cosas, todo con bastante complicación legal: un banco el Easter National Bank, varios aviones de Conviasa y de Pdvsa, las sedes diplomáticas y Citgo que es el activo más grande. En España tenemos una serie de activos y muebles y dinero en banco”.
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