Enrique Toledo | Opinión
El cierre de casinos en Venezuela ha dejado lamentablemente a muchos padres y madres de familia desempleados en los últimos años. Peor es el hecho que cuando esos lugares son clausurados por diferentes motivos, los más perjudicados son precisamente los empleados, a quienes los propietarios no les cumplen sus compromisos contractuales.
Puede citarse de ejemplo nuevamente a un casino en el centro comercial Caribbean Mall en la ciudad de Puerto La Cruz, cuyos gerentes, de nombres Robinson Cordero y Ángel Tovar, incompetentemente dejaron en la calle e incumplieron compromisos con sus empleados.
Casi ninguna autoridad,incluso las más corruptas, se atrevería a permitir que el casino reabra sus puertas, después de las deudas dejadas por Tovar y Cordero, quienes algunos cuentan se acusarían mutuamente de tener amantes y despilfarrar dinero en éstas, pero también en vicios y frivolidades.
Para poder reabrir el casino, para lo cual necesitan el concurso de las autoridades municipales, regionales y nacionales, tendrían inevitablemente que recurrir a la corrupción y a la ilegalidad, toda vez que casi nadie se atrevería a concederle una buena pro legalmente a unos comerciantes con tan malos precedentes.
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