Como parte de las estrategias para la recuperación de activos de la nación en los países que conforman Petrocaribe, la Asamblea Nacional venezolana dio inicio a una investigación sobre la presunta contratación irregular de la empresa Caribbean Recovery Assets (CRA).
Javier Troconis, comisionado presidencial para la recuperación de activos de la República en el exterior, compareció ante la comisión especial del parlamento encargada de realizar dicha investigación, dirigida por diputados que conforman la comisión de contraloría.
Según el medio Primer Informe, el comisionado aseveró que su despacho le dio la buena pro a CRA el 2 de enero del presente año para ejecutar el proyecto de inventario de los activos en el exterior, pero que al ser informado de que la empresa presentaba juicios y acusaciones de que querer representar al gobierno interino ante diversos países sin haber concretado una contratación, se les solicitó abandonar sus gestiones.
Troconis manifestó que más allá de las irregularidades descubiertas en la empresa, también logró conocer sobre los señalamientos a sus directivos Pedro Antar y Jorge Reyes, donde luego de haber recibido la buena pro, CRA habría modificado el proyecto inicial, generando un mar de dudas en quienes integran la comisión de recuperación de activos, por lo que decidieron prescindir de la contratación.
Asimismo, el comisionado durante la comparecencia intentó despejar las dudas de los diputados de la Comisión de Contraloría, aclarando que luego de lo sucedido con CRA no se han generado nuevas contrataciones por parte de la comisión que preside con otras empresas, ni para el inventario de activos ni su recuperación, destacando que la única contratación cerrada había sido con el bufete de abogados SMGQ, para que Gustavo Lage fuera el representante de la comisión en Estados Unidos.
Sin embargo lo relatado por Troconis encendió las alarmas de los parlamentarios, ya que como punto principal el comisionado habría asegurado que no hubo una contratación sino una buena pro, pero minutos más tarde de su intervención aceptó que la buena pro podía considerarse un acuerdo de servicios, destacando que la selección de dicha empresa se realizó bajo la modalidad de «Licitación cerrada» por lo que al no presentarse más nadie quedó como una adjudicación cerrada.
Por todo esto, el diputado Alfonso Marquina, quien encabeza la Comisión de Finanzas, le pidió a Troconis presentar por escrito toda la documentación del proceso de contratación.
“El concurso, sea cerrado o abierto, tiene que quedar registrado. Le solicito que consigne ante la Comisión de Contraloría las pruebas de que se convocó a un proceso de licitación y que fue declarado desierto. Porque si es un concurso participaron varias empresas”, expresó Marquina.
Asimismo el parlamentario agregó “si es asignación directa, entonces contraviene la ley sobre todo en una materia en la que los montos son tan elevados que no se puede hacer una asignación directa. Y consigne también una copia del acta administrativa que demuestra que luego de haber sido asignada la buena pro, esta fue anulada porque la empresa que había sido seleccionada cambió las condiciones”.
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