Maibort Petit
Venezuela Política
Desde que Crystallex International Corp, con la bandera de la tesis del alter ego, logró que los tribunales de Estados Unidos reconocieran que es posible cobrarse acreencias de Venezuela con bienes de la petrolera, se ha desatado una ola de acciones legales encaminadas a conseguir el cobro de deudas transitando la misma vía. Es el caso de OI European Group B.V., filial holandesa de la Owens Illinois que, como otras, ha solicitado una orden de embargo contra las acciones de la corporación PDV Holding Inc., propiedad nominal de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
La empresa estadounidense Owens-Illinois Inc. fue expropiada de sus activos en Venezuela por el gobierno del entonces presidente, Hugo Chávez, y desde esa fecha mantiene una batalla legal para lograr el resarcimiento de la inversión a consecuencia de la decisión del ejecutivo venezolano.
El 25 de julio de 2019 la empresa le pidió a un juez del Distrito de Columbia que le permitiera cobrarse un laudo con que la favoreció el tribunal de arbitraje del CIADI por USD 400 millones, a través de los activos venezolanos. Previamente, el 21 de mayo, la jueza de distrito de Washington DC, Amy Berman Jackson, confirmó el laudo de unos USD 500 millones, sin considerar la solicitud de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, de retrasar el procedimiento por 120 días.
Fue también en 2019 cuando OI European Group B.V. presentó una moción que perseguía lograr el cobro de la sentencia del laudo con activos venezolanos en razón de la incapacidad para hacer que el gobierno de Venezuela cumpla con la decisión.
Ante el Tribunal de Delaware, Owens-Illinois demandó el 11 de febrero de 2019 a cuatro empresas propiedad de Venezuela, entre ellas Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y CITGO, con el objetivo de cobrar el laudo.
El memorando suplementario
En el Tribunal del Distrito de Delaware, OI European Group BV (OIEG) se presentó un Memorando suplementario en apoyo a su moción de reconsideración dirigida a modificar su orden anterior y así otorgar a la demandante un auto de embargo sobre acciones propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), pues sostiene que esta última es controlada por la República Bolivariana de Venezuela, su deudora, es decir, la primera es un alter ego de la segunda.
El pedimento agrega que, en caso de que la moción no sea concedida como cuestión de derecho, la Corte debe programar una audiencia lo antes posible “para abordar la abrumadora evidencia que muestra que PDVSA sigue siendo un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela”.
La argumentación
Sostiene OIEG que la República Bolivariana de Venezuela sigue manteniendo el control y dominio de PDVSA y se remite, en primer lugar, a lo expuesto en la decisión de la Corte del 9 de agosto de 2018 del caso Crystallex contra Venezuela, en la que citó que “en noviembre de 2017, PDVSA anunció: 'A partir de hoy, el mando de la industria petrolera pasa a manos del primer trabajador del país, Nicolás Maduro' (…). La Corte también señaló que uno de los objetivos declarados de PDVSA era 'garantizar el control del Estado sobre [PDVSA]' (…)”.
Advierte que, para agosto de 2020, nada de esta situación ha cambiado y Nicolás Maduro continúa “comandando” PDVSA y controlando todos sus activos y operaciones, y desplegándolos con fines políticos, como activos del estado. “PDVSA, la entidad tal como existe y funciona hoy en día, continúa cediendo el control sobre sí misma al estado venezolano”.
Refiere que la argumentación de Venezuela referente a que los hechos relevantes cambiaron después de 2018 porque en 2019 Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, así como el señalamiento de que el gobierno en el exilio de Guaidó pretendía nombrar nuevos directores de PDVSA, ratifica la doctrina del alter ego.
OIEG se remite a la jurisprudencia que advierte que “los hechos son primordiales para determinar cuándo el control es tan extenso que la separación entre entidades se desvanece como una distinción legal”. En este sentido, indica que, aunque EE. UU. reconoció a Juan Guaidó como representante de Venezuela, otorgándole legitimación ante la Corte, los hechos demuestran que Guaidó no tiene poder real ni influencia sobre el estado venezolano o sus asuntos, como tampoco lo tiene el directorio nombrado por éste en PDVSA. Asegura que la petrolera estatal venezolana sigue sujeta a las sanciones de Estados Unidos y el régimen de Maduro manipula, domina y controla sus operaciones y activos no menos que en 2018. “PDVSA sigue siendo hoy lo que era entonces, un brazo del estado, totalmente bajo el control del estado”.
Continúa sujeción de PDVSA a las sanciones
OI European Group BV refiere que, incluso, Estados Unidos reconoce que PDVSA es indistinguible de Venezuela BROV.
Recuerda que desde 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro viene administrando sanciones contra Venezuela. Agrega que el reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela no estuvo acompañado de una relajación de dichas sanciones y, de hecho, con dictamen Crystallex I emitido en agosto de 2018, se amplió el alcance de la propiedad bloqueada por el régimen de sanciones y se reconoció explícitamente la superposición entre Venezuela y PDVSA.
OIEG se remite a la Orden Ejecutiva 13857, emitida el 25 de enero de 2019, en la cual se modifica la definición de “Gobierno de Venezuela” para incluir explícitamente a PDVSA, mientras que la Orden Ejecutiva 13884, del 5 de agosto de 2019, establece que la propiedad de Venezuela, incluida la propiedad de PDVSA, está "bloqueado y no puede ser transferida, pagada, exportada, retirada o negociada de otra manera" sin una licencia.
El endurecimiento de las sanciones, por tanto, deja en claro que, aunque Estados Unidos reconozca a Guaidó como representante de Venezuela en los tribunales estadounidenses, PDVSA sigue bajo el control del estado venezolano.
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