Nilsen Arias, gerente de Comercio Internacional de Petroecuador
Por Periodismo de Investigación
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El plan de sobornos que ha develado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la comercialización internacional de hidrocarburos, abre el camino para conocer el mayor caso de corrupción petrolera en la historia del Ecuador, gestado durante el gobierno de Rafael Correa Delgado. Altos funcionarios de Finanzas y Petroecuador junto a varios empresarios han sido identificados en una ruta de corrupción que los periodistas de este portal no hemos dejado de gritar en los últimos 8 años. Periodismo de Investigación le pone el cascabel al informe de la justicia norteamericana y revela los hechos con los nombres de los responsables y la dimensión real de la trama que envuelve a la petrolera Vitol, cuyo hilo delictivo conduce a desenredar la madeja de Petrochina.
Fue a las 7:30 de la noche del martes 4 de octubre de 2016. Los miembros del directorio de Petroecuador, José Icaza Romero, ministro de Hidrocarburos; Jorge Wated Reshuan, delegado del presidente Rafael Correa; Adolfo Salcedo Gluckstadt, delegado de la Secretaría Nacional de Planificación y Pedro Merizalde, gerente general de Petroecuador, dieron luz verde a la negociación del contrato de fuel oil con la empresa Oman Trading International Limited (OTI). Aunque en toda la papelería aparece la supuesta firma estatal omaní, este no era sino uno más de los contratos que escondían a poderosas compañías intermediarias privadas (Vitol) y un cartel de lobistas ecuatorianos.
El siguiente paso fue la reunión del 12 de octubre de 2016 en Madrid, España, ocho días después. En la última mesa de negociación estuvieron presentes William Vásconez Rubio, subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, Nilsen Arias (el gordo), gerente de Comercio Internacional de Petroecuador y representantes de OTI.
La reunión de Madrid fue narrada en un informe de Carla Arellano, subgerente de Finanzas de Petroecuador, con fecha 31 de octubre de 2016 y dirigida a William Vásconez. Allí especificó que fue OTI solicitó el Certificado de compromiso de pasivo contingente del Ministerio de Finanzas y pidió a Vásconez entregarlo.
Vásconez fue un operador clave de las líneas de crédito durante el régimen de Alianza País, tras dejar el ministerio de Finanzas en 2017 se vinculó con la firma Hogan Lovells, consultora que asesoró a Rafael Correa Delgado, en los negocios con China.
El Ministerio de Finanzas aceptó el pedido y dio paso a la constitución del compromiso de pasivo contingente (en concreto, una garantía soberana sobre lo que Ecuador iba a vender). El memorando “Análisis legal del Compromiso de Pasivo Contingente”, firmado por el coordinador Jurídico del Ministerio de Finanzas, Marco Almeida Costa, ratificó que el compromiso es un respaldo de la operación comercial entre Petroecuador y Oman.
Finalmente, el memorando MINFIN-SRF-2016-090 dirigido a Juan Hidalgo Andrade, subsecretario de Financiamiento subrogante, en un análisis de solo un párrafo aseguró que Petroecuador contaba con sostenibilidad financiera para soportar el pasivo contingente.
El memorando reservado de la Subsecretaría de Financiamiento Público del 25 de noviembre de 2016, firmado por Juan Hidalgo Andrade, recomendó al ministro de Finanzas, Fausto Herrera Nicolalde y a Madeleine Abarca Runruil, viceministra de esa cartera, suscribir el compromiso de pasivo contingente. Tres días después el Comité de Deuda y Financiamiento integrado por Patricio Rivera, delegado del presidente Rafael Correa, Fausto Herrera, Adolfo Salcedo Gluckstadt, delegado de Senplades y Juan Hidalgo aprobaron los términos y condiciones del compromiso.
El contrato bajo esas condiciones debe entenderse como un crédito internacional contra entrega de hidrocarburos y no como un compromiso de compraventa; de hecho, tiene todas las condiciones de un crédito: establece una garantía soberana llamada “compromiso de pasivo contingente”, un interés anual y además una fórmula discrecional para fijar el precio mensual de cada lote de fuel oil 6.
Este crédito es una copia calcada de todas las denominadas preventas que el Ecuador firmó con Petrochina, Unipec y Petrotailandia y evidencia el sistema de corrupción que benefició a funcionarios y empresarios.
Omán Trading International (OTI) surgió en 2006 como una asociación entre, Oman Oil Company y Vitol Group. Ahora OTI es propiedad del grupo OQ, del Gobierno de Omán.
Lo que hizo el gobierno de Rafael Correa es entregarle a OTI un volumen casi tres veces superior de fuel oil 6 para amortizar el adelanto de 300 millones que recibió. Además, se le entregó una garantía soberana por 17,1 millones de barriles de ese producto para que Vitol y OTI puedan titularizar en cualquier banco internacional un crédito de 300 millones de dólares y entregarlo al país.
Un negocio a futuro y grandes ganancias para los privados porque Vitol vendió ese fuel oil 6 en el mercado internacional a un valor no menor de $720,000.000, según las cifras del mercado en 2017.
El contrato de buena fe
El contrato, firmado el 6 de diciembre de 2016, por Pedro Merizalde Pavón, gerente general de Petroecuador, y Talal Awifi, director ejecutivo de OTI, le permitió a Finanzas acceder a los $ 300 millones mencionados como anticipo por la entrega de 17.100.000 barriles de fuel oil 6 repartidos en 90 cargamentos de 190.000 barriles cada uno, por un período de 36 meses, más una tasa de interés (sobre el anticipo) del 6.85%.
El acuerdo de entrega del combustible a OTI/VITOL, establece la entrega CFR (costo y flete en el puerto de destino) del fuel oil en Balboa, Panamá. Es decir, que Petroecuador asumió la entrega de los lotes de fuel oil en Panamá generando un beneficio de al menos $ 0,85 por barril a Vitol, lo que representa en todo el contrato un perjuicio a Ecuador de $14.5 millones, solo por fletes y aranceles. En ninguno de los informes que autorizó el Ministerio de Finanzas y Petroecuador se discutió las razones de entregar el combustible en un puerto internacional ¿Por qué las autoridades no negociaron con Vitol la entrega de fuel oil en Balao, como lo hicieron en otros contratos?
Se debe considerar cada uno de los ítems que significa entregar el combustible en otro puerto, como: costos portuarios en Esmeraldas, combustible (IFO) viaje Esmeraldas – Balboa, combustible (MDO) durante descarga, costos portuarios en Balboa, combustibles regreso (IFO) Balboa-Esmeraldas. A este valor debe sumarse el costo del transporte (flete), que implica $18.000 por día.
Además, el contrato establece un acuerdo que solo puede explicarse a la luz del informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se trata de una negociación de “buena fe” a la que recurrieron las partes para establecer el valor del diferencial o castigo del fuel oil. No existen antecedentes de una negociación de “buena fe” cuando de por medio un centavo puede hacer la diferencia entre perder o ganar millones en contra o a favor del Estado. Se trata de una cláusula discrecional que sin duda benefició a Vitol.
Bajo similar modalidad, las mismas autoridades vinculadas al caso Vitol, adjudicaron otro contrato de fuel oil, igual para cubrir una línea de crédito, a la empresa china Unipec. Los nombres de los operadores de esta negociación se repiten en todos los contratos de comercialización de hidrocarburos suscritos en los gobiernos de Correa y Moreno, con Petrochina, Unipec, Petrotailandia, Noble América, OTI.
Otro contrato que está en la mira de las investigaciones es el de Noble Américas, gestionado en 2014 bajo la dirección de Nilsen Arias y Alex Bravo (preso por corrupción). La firma extranjera entregó un crédito de $1000 millones de dólares al gobierno de Rafael Correa, para financiar supuestamente la construcción del Poliducto Pascuales Cuenca y la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. El crédito tenía al igual que el contrato con Oman Trading, un colateral de provisión de derivados de petróleo. En 2017 las acciones de Noble Américas pasaron a control de la transnacional Vitol.
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