La existencia de pistas de aterrizaje clandestinas en las provincias fronterizas de Venezuela, que funcionan para el narcotráfico, son conocidas usualmente por organismos como la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), gracias a datos aportados por informantes como el venezolano Franco Di Gennaro Aristizábal, que se infiltran en las organizaciones narcotraficantes o pertenecen a grupos rivales, según ha dicho una persona familiarizada con el asunto.
Según expresa.me,comúnmente el Ministerio Público venezolano es instado a abrir investigaciones sobre este tema, y a frenar los enfrentamientos y la operatividad de grupos en conflicto en zonas fronterizas de Venezuela, como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que buscan controlar zonas del territorio venezolano para la extracción minera y el desarrollo de actividades ilícitas.
Los informes, producto de investigaciones y de informantes como Di Gennaro, han permitido a las autoridades ubicar pistas clandestinas en sectores como La Macanilla, Achaguas, Rómulo Gallegos, la zona norte de la provincia de Táchira, en la frontera con Mérida y Zulia; en los municipios Catatumbo y Jesús María Semprún de la provincia de Zulia, y en la de Falcón. El propósito de algunas de las infraestructuras es, según personas al tanto, que las FARC y el ELN continúen teniendo como caja chica a Venezuela.
Durante el año 2019 fueron descubiertas por el Estado venezolano 36 pistas clandestinas y 23 aeronaves involucradas en narcotráfico. No obstante, todavía continuarían habiendo decenas de pistas clandestinas que operan para la actividad del narcotráfico en territorio venezolano, ante la mirada silenciosa y en muchos casos hasta la participación de funcionarios del Estado.
A diario, en pistas clandestinas ubicadas en la zona norte de Táchira, se movilizan avionetas, cada una con al menos una tonelada de droga, cantidad que evidencia los grandes niveles de actuación existentes en esa materia en la región fronteriza de Venezuela.
Aunado a toda esta operatividad de pistas clandestinas, permanece una pugna por el territorio por parte de la disidencia de las FARC, algo que quedó demostrado con el homicidio de uno de sus jefes, como es el caso de Iván Merchán alias “El Loco”, comandante de uno de los frentes disidentes de las FARC, asesinado en la provincia de Bolívar, específicamente en el sector La Cochinera, finca La Paturria, del municipio Angostura del Orinoco, donde precisamente había una pista clandestina y ha operado uno de los campamentos de la disidencia de las FARC que tiene una declaratoria de guerra por parte del Gobierno de Venezuela.
También existen entre 5 mil y 10 mil hombres venezolanos que operan en las minas, específicamente en el parque Yapacana de la provincia de Amazonas, quienes tienen en su haber el control de alcabalas fluviales, en los ríos de la zona que son utilizados también para la extracción ilegal de minerales y para la movilización de droga.
Una disputa en Amazonas entre el ELN y el frente Acacio Medina de las FARC, ha provocado pérdidas humanas de indígenas venezolanos y la conformación de nuevos campamentos en San Fernando de Atabapo y Puerto Ayacucho, permitiendo el avance y expansión de estas organizaciones ilegales.
Un comunicado ha evidenciado la confrontación existente en Amazonas, donde la disidencia de las FARC y el ELN se enfrentan por el control de la explotación minera venezolana, que se ha convertido para éstos en un importante sustento económico.
Esto ha llevado a que se solicite al Ministerio Público venezolano investigar la existencia de más de 70 pistas clandestinas, solo en provincias fronterizas, aunque han sido detectadas infraestructuras similares, para un total de 15 provincias, sin que los órganos de seguridad hayan podido ponerle coto a los negocios ilegales que alimentan a los grupos criminales.
Movimientos sociales han presentado denuncias para que el Ministerio Público venezolano ofrezca una respuesta efectiva contra la proliferación de pistas de aterrizaje clandestinas y grupos armados irregulares.
Esto debería ser suficiente para que la fiscalía de Venezuela cite a declarar a testigos como Franco Di Gennaro Aristizábal, quien desde el año 2009 ha sido investigado y acusado de tráfico de armas de guerra, siendo a su vez informante de órganos de seguridad, que como la DEA, libran una feroz batalla contra el narcotráfico, señaló una persona consultada.
Arrestado por tráfico de armas
En el mes de abril del año 2009 tres hombres fueron arrestados en Venezuela después de varios operativos en los que se halló un arsenal de guerra.
Entre los aprehendidos estaban Franco Di Gennaro Aristizábal, entonces de 26 años de edad; Gerfán Datica y Claudio Coruzzi, todos venezolanos de padres extranjeros.
Entre las armas incautadas en un operativo policial desarrollado por la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) se encontraban seis escopetas calibre 12; un rifle calibre 3030; dos fusiles R15 calibre 556; un rifle calibre 308; un visor nocturno; dos pistolas calibre 9 mm; una pistola calibre 765; un revólver calibre 44; una recargadora de cartuchos de escopeta calibre 42; 1.417 cartuchos calibre 12; treinta cartuchos calibre 762 y otras municiones.
Los operativos fueron efectuados en el barrio Ezequiel Zamora, sector Amparo, de la ciudad de Maracaibo y en la urbanización La Coromoto, municipio San Francisco de la provincia de Zulia.
Datica Ruiz fue arrestado en el barrio Ezequiel Zamora, donde le fueron hallados dos fusiles R15 y otro 308 con mira telescópica. Tras un interrogatorio la policía acudió a la residencia de Claudio Coruzzi, en el municipio San Francisco de Zulia. Allí localizaron dos pistolas 765, un revólver y una armería clandestina.
Tras el arresto de Datica Ruiz y Coruzzi, fue ubicado Franco Di Genaro, quien según la policía, tiene conexiones con un sujeto aprehendido en los Estados Unidos por tráfico de armas. La policía suponía que los hombres podían formar parte de una banda con planes de perpetrar algún atentado con el arsenal de guerra, pues en su poder había un fusil con mira telescópica de largo alcance. Acerca del arma, uno de los responsables del operativo policial declaró: “Es un fusil de calibre .308 que equivale al 762 utilizado anteriormente por nuestras Fuerzas Armadas Nacionales. Está equipado con una mira telescópica de alto poder para aumentar los objetos. “Este fusil es principalmente utilizado por elementos entrenados en acciones de francotiradores, si hace un tiro preciso a una figura humana lo puede alcanzar hasta a una distancia de cuatrocientos metros. Fácilmente puede impactar a un blanco. Y si la persona es “excelente” tirador “puede hacer disparos hasta los 1.000 metros”.
Según la policía, una de las armas —de calibre 5.56— era similar a un fusil M16 utilizadas por las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero en una versión fabricada por otra empresa. El arma formaba parte de una familia de fusiles de asalto utilizados por fuerzas especiales.
Los hombres manejaban una importadora de línea blanca proveniente de los Estados Unidos, algo que les habría facilitado el ingreso del arma a Venezuela.
La policía sospechaba de por lo menos 10 personas involucradas con la armería clandestina. El caso fue del conocimiento del la fiscalía en Venezuela.
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