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La CIDH admite caso presentado contra Colombia por negativa a ofrecer declaraciones de bienes y rentas del expresidente Álvaro Uribe


Por CAROLINA SÁCHICA MORENO - @carosachica

Mediante decisión comunicada el 13 de enero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo pública su decisión de admitir la petición 1361-10, mediante la cual el periodista Gonzalo Guillén denunció al Estado colombiano por negarse a suministrarle copia de declaraciones de impuesto sobre la renta del ex-presidente Uribe.

Guillén acudió a la CIDH alegando la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el desconocimiento de su derecho de acceso a la información, en la medida en que no ha podido obtener copia de las declaraciones tributarias personales del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, pese a haber interpuesto derechos de petición para obtenerlas, y de haber recurrido a la acción de tutela.

Los hechos se originaron en una declaración pública hecha por Uribe, cuando era presidente, anunciando que revelaría al país todas todas sus declaraciones personales de renta, así como las de sus hijos. Ante ello, Guillén solicitó tanto a la Presidencia de la República como a la Procuraduría General de la Nación las copias de tales declaraciones, y no le fueron entregadas. Interpuso luego una tutela, y tampoco logró obtener la información.

En su denuncia ante la CIDH, Guillén solicitó que se ordene al Estado, a manera de reparación, que haga pública las declaraciones de renta de Uribe.

Aunque el Estado alegó en su defensa internacional que la petición era inadmisible, la CIDH dio la razón a Guillén.

El caso pasa ahora a la etapa de fondo, en donde se determinará si Colombia violó el derecho humano de Guillén al acceso a la información, y en caso afirmativo, la CIDH dictará las reparaciones que estime pertinentes.

Este es un precedente muy importante para Colombia y para la región. Tiene que ver con un aspecto fundamental del derecho a la libertad de expresión, que es acceder a información en poder del Estado. En este caso, sera muy interesante la decisión de la CIDH respecto a si ese derecho incluye información que altos funcionarios públicos expresan que estará disponible para otros funcionarios públicos.

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