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"Algunos bancos suizos continúan haciendo lo que quieren"


Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a uno de cada ocho bancos suizos. Este escándalo demuestra el fracaso del sistema que instrumenta Suiza para combatir el blanqueo de capitales, según varios expertos.

Según un reporte de Katy Romy para Swissinfo, otrora considerado como un próspero productor de petróleo, Venezuela se ha convertido en uno de los países más pobres de América Latina: prácticamente la totalidad de la población (96%) vive en la pobreza, según la encuesta nacional sobre las condiciones de vida 2019-2020 (Encovi).

Sin embargo, mientras el pueblo sufre, los llamados boliburgueses viven a lo grande. Cercanos al régimen del antiguo presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, se han enriquecido desviando fondos públicos para asegurarse una vida de ensueño en el extranjero. Y para cometer esos delitos, han enviado enormes sumas de dinero a la plaza financiera suiza.

La policía de Zúrich ha abierto varias investigaciones –reveladas por la Tribune de Genève a mediados de enero –que evidencian el alcance del saqueo del régimen bolivariano. Los investigadores identificaron flujos sospechosos por 9 000 millones de francos suizos. Según las informaciones del diario ginebrino, el dinero se repartió en cientos de cuentas abiertas en unos 30 bancos helvéticos. Significa que uno de cada ocho bancos suizos está involucrado.

De este monto colosal, que sirvió para adquirir una extravagante colección de relojes de lujo, mansiones, yates y caballos de carreras, la justicia ha podido bloquear solamente unos cientos de millones de francos.

Altos funcionarios venezolanos fueron abiertamente sobornados y recibían pagos a través de una cuenta en Suiza que está bajo investigación. Entre ellos el exministro de Finanzas, Alejandro Andrade, condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos, tras haber confesado que recibió más de 1 000 millones de dólares en sobornos.

A pesar de su alcance, este nuevo caso que involucra a bancos suizos no es una sorpresa para los expertos en delitos económicos. El abogado penalista y experto en corrupción internacional Mark Pieth se lamenta: “Es molesto, pero algunos bancos suizos continúan haciendo lo que quieren. Suiza sigue siendo un paraíso para el blanqueo de capitales".

Las instituciones bancarias hubieran tenido que redoblar la prudencia al tratar con Venezuela. "Algunos bancos suizos ya estuvieron implicados en otros casos de malversación de fondos públicos venezolanos en el pasado", recuerda Mark Pieth, antiguo asesor anticorrupción de la FIFA. En particular, los millones de dólares relacionados con el escándalo de corrupción que rodeó a la compañía petrolera venezolana PDVSA transitaron por Suiza. “Aceptar dinero de un Estado en quiebra como Venezuela es una necedad profesional. Es evidente que somos cómplices de un régimen corrupto”, dice el profesor de derecho penal.

Los bancos suizos continúan asumiendo riesgos importantes, afirma Mark Pieth. A su juicio, esto muestra el fracaso de la supervisión bancaria. “La plaza financiera suiza es una de las más poderosas del mundo, pero nuestro sistema de control es ineficaz, a pesar de que existen los medios necesarios para una vigilancia adecuada", lamenta.

El experto identifica un problema en FINMA, el órgano supervisor del sector financiero. FINMA puede advertir a los bancos sobre los riesgos que asumen, pero la decisión de aceptar, o no, a un cliente corresponde al banco. Esto es “como si estuviéramos pidiendo a los casinos que identificaran a los ludópatas. El trabajo de los banqueros es ganar dinero”, explica Mark Pieth.

Los bancos suizos continúan asumiendo riesgos importantes, afirma Mark Pieth. A su juicio, esto muestra el fracaso de la supervisión bancaria. “La plaza financiera suiza es una de las más poderosas del mundo, pero nuestro sistema de control es ineficaz, a pesar de que existen los medios necesarios para una vigilancia adecuada", lamenta.

El experto identifica un problema en FINMA, el órgano supervisor del sector financiero. FINMA puede advertir a los bancos sobre los riesgos que asumen, pero la decisión de aceptar, o no, a un cliente corresponde al banco. Esto es “como si estuviéramos pidiendo a los casinos que identificaran a los ludópatas. El trabajo de los banqueros es ganar dinero”, explica Mark Pieth.

Las organizaciones de cooperación y las oenegés también han denunciado durante varios años la llamada ‘estrategia cebra’ que practica el centro financiero suizo. Es decir, este ahora solo acepta dinero limpio de países industrializados ricos, pero sigue siendo una caja negra para los países en desarrollo, que a menudo no tienen posibilidades de recibir información fiscal en el marco de los procedimientos de asistencia administrativa.

Además, las sanciones no parecen desalentar la asunción de riesgos. La oenegé suiza Public Eye considera que el dispositivo contra el blanqueo de capitales no es suficientemente disuasorio. “La justicia todavía tiene muchos problemas para ascender en la cadena de responsabilidades. Con demasiada frecuencia, los ejecutivos salen impunes argumentando que no sabían nada", afirma Adrià Budry Carbó, investigador de la oenegé de defensa de los derechos humanos.

Para Public Eye, FINMA debería ser más estricta y utilizar las herramientas a su disposición, como prohibir a los banqueros incriminados o retirar la licencia bancaria a las instituciones infractoras.

Para Transparencia Internacional, el arsenal legislativo que existe para combatir el lavado de dinero no es suficiente. "Demasiados bancos no respetan sus obligaciones de diligencia debida y no cumplen con su deber de comunicar sus dudas a las autoridades", señala Martin Hilti, director de la sección anticorrupción de Transparencia Internacional Suiza.

Hilti considera también que la Ley contra el Blanqueo de Capitales tiene lagunas: "Su campo de aplicación es demasiado limitado”, dice. Una crítica que formula también la comunidad internacional a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Actualmente, la ley solo regula las actividades de los intermediarios financieros. Los abogados, por ejemplo, no están sujetos a ella.

Sin embargo, el Parlamento suizo no parece dispuesto a adaptarse a las normas internacionales. En el marco de la revisión en curso de la Ley contra el Blanqueo de Capitales, los parlamentarios se han negado a someter a los abogados a la legislación. El proyecto de revisión de la ley bien podría ser rechazado en la próxima sesión legislativa. “El Gobierno y el Parlamento están usando la táctica del salami. Hacen lo mínimo para evitar las críticas de otros países, de manera que incluso esta modesta revisión es cuestionada”, comenta Martin Hilti.

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