Por Julián F. Martínez
lanuevaprensa.com.co
Jaime Lombana Villalba –abogado del senador Álvaro Uribe Vélez– reconoció ante un juez de control de garantías que sí existe una denuncia en su contra por lavado de activos a través de cuentas bancarias en el paraíso fiscal de la isla de Curazao. Admitió que la denuncia fue hecha por un testigo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Lombana Villalba hizo tal reconocimiento el 16 de marzo pasado, en un escrito de impugnación de tutela, ante el Juez 52 del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento, al que le solicita echar por tierra una sentencia del 10 de marzo de 2020, emitida por el Juzgado 25 Penal con Funciones de Control de Garantías. Esta última falló en favor del periodista Gonzalo Guillén respecto de publicaciones que ha hecho indicando que el abogado mencionado está incurso en el delito de lavado de activos, tanto en Colombia como en Estados Unidos.
En un intento por negar que haya cuestionamientos en su contra en ese sentido, Lombana optó –al contrario– por revelar y reconocer que la Corte Suprema de Justicia interrogó bajo juramento a un testigo que lo señala de manera clara y precisa de tener 14 cuentas bancarias espurias en un banco de Curazao.
Esta versión coincide con una investigación periodística de Guillén con la que el periodista elevó una denuncia penal ante autoridades federales de Estados Unidos por el delito de lavado de activos a través de siete cuentas bancarias en Curazao, abiertas por Internet a nombre de terceros y cuyo beneficiario principal es Lombana Villalba. Tales cuentas se nutren con el envío de pequeñas y constantes cantidades de dinero (la mayor parte de las veces procedente de Bancolombia), modalidad conocida en los bajos fondos como “pitufeo”.
Los dineros acumulados en esas siete cuentas han sido transferidos –entre otros destinos– a una empresa inmobiliaria de Miami que Guillén identifica plenamente en su denuncia contra Lombana ante autoridades federales.
En una columna de su autoría, publicada en La Nueva Prensa, Guillén expuso sobre aquellas cuentas:
“Fueron abiertas por Internet a nombre de terceros que, con excepción de un solo caso, ignoran que figuran en ellas y de las cuales él es el primer beneficiario y único operador. Se nutren con giros constantes de dinero que salen de Colombia, por lo menos, y terminan preferencialmente en Estados Unidos mediante traslados bancarios en muchos casos a una empresa inmobiliaria perfectamente identificada por mí. No suministro los detalles de la operación debido a que hacen parte de una investigación judicial federal con reserva penal. Tardé algo más de un año investigando el caso y opté por elevar el denuncio cuando descubrí que la Corte Suprema de Justicia había recibido un testimonio bajo la gravedad del juramento de un testigo de primera mano que dijo haber encontrado no siete sino 14 cuentas de Lombana en Curazao, según información que –agrega el testigo– le fue entregada a la Fiscalía General de Colombia, entidad que la engavetó de entrada”.
Guillén agrega:
“Nuestra denuncia fue instaurada en Estados Unidos por dos razones básicas: la corrupción absoluta de la Fiscalía General de Colombia, donde los delitos de Lombana tienen inmunidad (todos los casos en su contra cumplen la misma función que el papel higiénico de los baños del llamado “búnker” o sede central de ese organismo) y porque el delito se cometió en ese país”.
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