Por Julián F. Martínez
lanuevaprensa.com.co
La Justicia Especial para la Paz (JEP) corroboró que el horror y la inhumanidad de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” es aún peor de lo que pudo llegar a imaginar.
La JEP reveló que 6.402 personas fueron asesinadas por el estado colombiano entre los años 2002 y 2008. Este genocidio fue cometido en el marco de una estrategia sin antecedentes a nivel mundial consistente en disfrazar a civiles muertos para presentarlos como guerrilleros caídos en combates contra el Ejército y así se quiso hacerle creer al país que las FARC estaban siendo derrotadas.
Esta práctica criminal y estatal de los “falsos positivos” marcó los dos períodos presidenciales y la política de “seguridad democrática” de Álvaro Uribe.
El escándalo por estos homicidios, en su mayor parte de jóvenes y aún niños inocentes, estalló el 28 de septiembre de 2008, cuando once madres de desaparecidos en enero de ese año en Soacha, Cundinamarca, denunciaron que sus hijos, inicialmente reportados como bajas guerrilleras en combates, fueron asesinados por miembros de las Fuerzas Militares en una zona rural de Ocaña, Norte de Santander, a 635 kilómetros de sus hogares.
El reclutamiento y la desaparición forzada habían sido denunciados en la Presidencia de la República tres meses antes de esta rueda de prensa, a finales de julio de 2008, por el entonces personero de Soacha, Fernando Escobar, quien se reunió con el asesor presidencial José Obdulio Gaviria para explicarle los hechos, pero no sirvió para nada. (Ver El origen)
En 2008, la Fiscalía documentó que 728 miembros de las Fuerzas Militares estaban vinculados a procesos penales por “falsos positivos”, 42 de los cuales ya habían sido condenados. La Procuraduría, por su parte, reportaba que 2.878 militares estaban siendo procesados disciplinariamente por homicidios en persona protegida. Lo que indicaba que la situación de derechos humanos no había mejorado, sino que empeoraba en el marco de esa política de “seguridad democrática”, tal y como lo habían advertido organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la alta comisionada para los derechos humanos.
El acto inaugural de la política de “seguridad democrática” se hizo en el Batallón La Popa, ubicado en Valledupar, capital del departamento del Cesar, el 19 de agosto de 2002 con presencia del presidente Álvaro Uribe y la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez.
En esa unidad militar se planearon, ejecutaron y encubrieron al menos 146 ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 y 2005, que hoy la Justicia Especial para la Paz, JEP, está documentando, y juzgando a los protagonistas de estos escabrosos hechos. (Ver El contexto)
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