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Caso de corrupción de la 'Rachadinha' pone en aprietos al presidente Jair Bolsonaro en Brasil


Grabaciones de audio filtradas recientemente han desatado una tormenta política en Brasil, pues vinculan al presidente Jair Bolsonaro con un esquema de extorsiones, donde los colaboradores del partido debían renunciar a una parte de sus salarios para mantener sus empleos, una práctica conocida como "rachadinha" (la tajada).

Según un reporte de Chris Dalby para InSight Crime, comenzó el 6 de diciembre de 2018. Hacía apenas 91 días que Jair Bolsonaro, el veterano polarizador de las brutales guerras políticas de Río de Janeiro, había recibido una puñalada en el vientre durante un plantón en su campaña presidencial.

La herida fue profunda, le afectó el hígado, los pulmones e intestinos. Aunque no regresó al trabajo de campaña, ganó ambas vueltas de los comicios presidenciales.

En diciembre, cuando las encuestas indicaban que aparentemente era tan admirado como temido, Bolsonaro se preparaba para su próxima posesión. En un discurso ante el Tribunal Superior Electoral (Tribunal Superior Eleitoral –TSE), declaró de manera solemne que “la construcción de una nación más justa y desarrollada requiere una ruptura con prácticas históricas que han retrasado nuestro progreso, no más corrupción, no más violencia, no más mentiras”.

Pero otra herida se cernía sobre él, no era una herida física que requiriera hospitalización inmediata, sino una herida de efecto lento que volvería de manera regular a desangrar a Bolsonaro, su familia y sus aliados más cercanos.

El 6 de diciembre de 2018, el Consejo de Control de Actividades Financieras de Brasil (Conselho de Controle de Atividades Financeiras —Coaf) publicó un informe irrefutable. Identificó transacciones sospechosas por valor de 1,2 millones de reales (cerca de US$230.000) a nombre de Fabrício José Carlos de Queiroz, exconductor del hijo mayor de Bolsonaro, Flávio.

Muchas de esas transacciones se hicieron por sumas inferiores a $10.000 reales (unos US$1.900), al parecer buscando la manera de hacerlas pasar desapercibidas. Otros $24.000 reales (cerca de US$4.600) se pagaron a la cuenta de la próxima primera dama, Michelle Bolsonaro.

Quizás en su favor hay que decir que el clan Bolsonaro no corrió a echar a Queiroz al agua. Ese hombre había sido un aliado de siempre, chofer, consejero, amigo invitado a parrilladas y partidos de fútbol.

El 7 de diciembre de 2018, Jair Bolsonaro admitió los pagos. De hecho, dijo que Queiroz había pagado a su esposa más de lo que el Coaf había declarado. Los reembolsos fueron por un total de $40.000 reales, en 10 cuotas de $4.000 cada una para saldar una deuda personal.

Pero el cuento no paró ahí. Y una mala palabra que históricamente ha fastidiado la política brasileña se ventiló en la conversación.

Rachadinha. La palabra es compleja. Los corresponsales extranjeros ni siquiera estaban seguros de su traducción. Se deriva de rachar, partir o hacer una hendidura.

Se refiere a un ardid a medio camino entre la extorsión y la coima, que puede efectuarse de diversas formas. Una táctica común en donde funcionarios de gobierno de menor rango o colaboradores políticos se ven obligados a dividir el salario que devengan del Estado, dejando una parte para sí mismos y entregando la otra a sus superiores con el fin de conservar sus puestos. Otra forma es simplemente crear cargos políticos falsos, donde los designados para esos cargos nunca realizan el trabajo. Entonces nuevamente se divide su salario entre estos y sus superiores.

Y tal parece que la práctica es omnipresente en Río. El primer informe del Coaf no se centró solo en Queiroz, nombró a otros 20 colaboradores políticos en la legislatura de Río de Janeiro en ese tiempo como implicados en la rachadinha.

El esquema de Queiroz parecía ser de la primera variedad. Las sumas involucradas pronto aumentaron. Para mediados de diciembre de 2018, una investigación de la Fiscalía General de Brasil halló que Queiroz estaba implicado hasta en US$2.9 millones en transacciones sospechosas, con depósitos de pequeñas cuantías y retiros en efectivo. Al menos 483 depósitos tenían relación con colaboradores políticos o asesores relacionados con Flávio Bolsonaro, por ese tiempo senador por el estado de Rio de Janeiro.

Los fiscales afirmaron que Flávio recibía dinero en transacciones de apariencia legal luego de que se lavaba el dinero por medio de una chocolatería de su propiedad al oeste de Río.

Las sumas vinculadas directamente a la pareja presidencial también siguieron creciendo. En 2020, la revista Crusoé informó que Michelle Bolsonaro había estado recibiendo pagos de Queiroz desde 2011, que sumaban 89.000 reales (cerca de US$17.000). Queiroz incluso pagaba el colegio de las hijas de Flávio.

Y el dinero presuntamente pagado a toda la familia Bolsonaro también iba en aumento: 450.000 reales (unos US$86.000).

Pero aun así, la familia del presidente se las arregló para evadir el problema. Por un tiempo al menos.

En agosto de 2020, Queiroz fue detenido en la residencia de Frederick Wassef, abogado de Flávio Bolsonaro. Pero no por acusaciones relacionadas con la rachadinha. En lugar de eso, uno de los hombres bajo más veeduría en Brasil supuestamente había seguido cometiendo delitos, trabajando para dilatar la investigación, en parte mediante presiones a testigos.

Flávio pasó a la ofensiva. Las denuncias contra Queiroz eran “una pieza más que se movió en el tablero para atacar a Bolsonaro [...] [Esto sucede] justo cuando eligen al presidente Bolsonaro”, escribió en Twitter.

El presidente Bolsonaro también se mostró agresivo. En una conferencia de prensa, una semana después del arresto de Queiroz, un reportero de O Globo le preguntó: “Presidente, ¿por qué su esposa Michelle recibió $89.000 reales de Fabrício Queiroz?”

“Me dan ganas de taparte la boca a puños”, replicó el presidente.

El caso siguió avanzando.

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