EL PUBLIQUE

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¿Cómo ganar dinero en Venezuela demandando a Traki, Unicasa, Farmatodo y a otros comercios y clínicas privadas por sus sinvergüenzuras, discriminación y daños morales?


Por Carlos Pacheco | Opinión

En Venezuela ha surgido desde hace un tiempo una oportunidad de oro para abogados, activistas sociales y para clientes y usuarios comerciales, de obtener ingresos adicionales gracias a supermercados, tiendas de ropa y tiendas por departamento, clínicas privadas, bodegones, mercados de hortalizas y un sinfín de comercios.

¿Pero cómo es esto posible? El tema estriba en que allí, en esos lugares se ha vuelto común la práctica de tratar a la clientela y hasta a sus propios empleados como si fueran unos vulgares delincuentes, sí, señoras y señores “delincuentes”, porque es como ellos los ven, que son precisamente quienes hacen posible que esos comercios sigan en pie y no terminen en la quiebra, como han terminado muchos otros en la frágil economía de Venezuela.

Leemos en las redes sociales de casos reportados en los estados Zulia, Anzoátegui, Bolívar y en Caracas en donde usuarios, tanto hombres como mujeres, sin importar la edad, son obligados por personal de seguridad de comercios y centros de atención privada, personal carente de autoridad estatal alguna, a abrir sus bolsos y carteras y mostrarles su contenido, sin que hubiere razón alguna para pensar que se hubieran apropiado de algún bien, sometiéndolos a situaciones completamente humillantes y discriminatorias.

La falta de capacidad y pericia reduce en algunos comercios a los vigilantes y cuidadores a no menos que guachimanes de botiquines de mala muerte, al no cumplir otra función que revisar las pertenencias de las personas que salen. En otros casos la función de esos guachimanes es revisar que la mercancía se corresponda con la factura.

En comercios como Traki, Unicasa, Farmatodo y en otros se vulnera el principio de la presunción de inocencia consagrado en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano y se invierte la carga de la prueba, pues los sospechosos, es decir clientes y usuarios, son obligados a demostrar que son inocentes, mientras que deberían ser los acusadores, como corresponde por ley, los encargados de demostrar con evidencias que sus “sospechosos habituales” cometieron un delito.

Pero no solos únicos. Conocemos por las redes sociales de casos en el estado Anzoátegui, por ejemplo, en comercios como Limpia Todo, Todo Hogar, ferias de hortalizas de la ciudad de Lechería y hasta en clínicas privadas, como el Centro de Especialidades Anzoátegui, donde están sucediendo ese tipo de situaciones.

Según el abogado zuliano Jesús Vergara, penalista de amplísima y reconocida trayectoria en Venezuela, este acto de revisión «constituye una violación flagrante al derecho a la intimidad de una propiedad privada y por otro lado vulnera el principio de presunción de inocencia; además, ningún vigilante privado puede realizar un cateo de una persona después de haber pagado, porque se supone que el establecimiento debe tener confianza en sus empleados y partir del principio de la buena fe».

Vergara contó al diario zuliano “Qué Pasa” el caso de una señora que no se dejó revisar a la salida de un comercio, mientras los vigilantes le decían que lo tenía que hacer porque ella llevaba algo ahí, entonces la señora buscó unos testigos y llamó a un policía, al revisarla, se dieron cuenta de que la señora no llevaba nada y le pidieron disculpas.

Ella no aceptó las disculpas, dijo que fue sometida al desprecio y al escarnio público y los demandó, el negocio tuvo que llegar a un acuerdo con la señora por el daño moral que le habían causado.

Vergara recomendó a las personas que antes de entrar pregunten si los van a revisar o no y si les dicen que sí, se retiren.

Parece ilógico que si ya los locales comerciales cuentan con cámaras de seguridad, vigilantes en las entradas y en los pasillos, sea necesario revisar las bolsas al salir del negocio.

El viernes 14 de mayo se presentó en una tienda Traki de Puerto Ordaz, estado Bolívar, una situación irregular denunciada por un adolescente que sufrió maltrato y humillaciones. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, se manifestó al respecto indicando que había iniciado una investigación.

Además de ser humillado, desnudado y forzado a pagar por un producto que ya había cancelado, el adolescente narró que «me pusieron a limpiar todo el nivel 2 para dejarme ir. En ese momento eran las 11:00 de la mañana y me pusieron a barrer y coletear hasta las 12:56 pm. Durante dos horas me tuvieron limpiando el piso del nivel 2 de Traki, sometiéndome a los comentarios de los mismos empleados».

En ningún momento le permitieron comunicarse con sus representantes para aclarar el malentendido. Horas después de que se diera a conocer la noticia, Traki compartió a través de sus redes sociales una disculpa al joven, señalando que «haremos todas las averiguaciones pertinentes».

Ahora, si usted amiga o amigo lector ha sido objeto de las prácticas ilícitas de estos comercios simuladores de hechos punibles a los que solo les importa el lucro económico y a los que tiene sin cuidado el malestar o el daño que puedan causar a otras personas, si usted amiga y amigo lector es abogado y está dispuesto a defender la buena condición moral de otra u otras personas, lo invitamos a que difundan este mensaje y se unan y conformen organizaciones con la que seguro tendrán un dinero extra cuando logren demostrar, porque van a poder demostrar ante un tribunal algo que es completamente notorio, eso que está sucediendo.

Estamos seguros que en Venezuela hay muchos abogados con el tiempo y la disposición suficiente para defender a cientos y miles de afectados interponiendo una lluvia de demandas individuales y colectivas contra esos comercios abusadores, sinvergüenzuras y vagabundos. 

También estamos convencidos que la “merma” que muchos de esos comercios dicen tener por los hurtos de su “ladrona” clientela, porque estamos claros, para todos ellos, el cliente no siempre tiene la razón, sino “el cliente siempre es ladrón”, palidecerán cuando sean comparados con los costos que tendrán que enfrentar en abogados y en las indemnizaciones que van a tener que pagar cuando pierdan las demandas, eso si por suerte del destino para esos comercios la demanda no llegue a caer en manos de algún funcionario judicial corrupto al que luego pretendan intentar sobornar para tratar de salir bien librados, como tanto se oye sucede en Venezuela.

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