Un empresario venezolano cercano al gobierno del presidente Nicolás Maduro demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, alegando que es víctima de una campaña falsa que lo identifica como un capo internacional de los narcóticos.
Según un reporte de Joshua Goodman para AP, la demanda presentada por Samark López en la corte federal de Washington dijo que las sanciones en 2017 que lo designaron como un "capo de la droga" habían devastado su riqueza, reputación y sustento económico.
La demanda aumenta los riesgos en uno de los casos de sanciones de mayor alcance de los decenas de casos presentados contra personas con información privilegiada venezolana en los últimos años, un factor clave en los intentos furtivos del gobierno de Biden para apoyar una solución negociada al estancamiento político de larga data del país.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, o OFAC, acusó en 2017 a López de servir como "testaferro" de su amigo y entonces vicepresidente Tareck El Aissami, quien fue sancionado ese mismo día.
Posteriormente, los dos fueron acusados penalmente en un tribunal federal de Nueva York por supuestamente violar esas sanciones cuando utilizaron a varios proveedores con sede en Miami para organizar vuelos fletados a Rusia y otros lugares. En 2019, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Los agregó a su lista de los fugitivos más buscados.
López, de 46 años, quien también tiene ciudadanía italiana, ha mantenido su inocencia en todo momento y, de hecho, ni él ni El Aissami han sido acusados de tráfico de estupefacientes o lavado de dinero, un inquilino de la demanda que alega que estaba siendo atacado injustamente.
No obstante, López ha visto más de $ 160 millones en activos estadounidenses, incluido un jet Gulfstream 200, dos yates y una mansión de $ 12.5 millones en Miami, incautados por tribunales estadounidenses y entregados a estadounidenses que persiguen demandas legales separadas contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Estados Unidos, financiadas por drogas. Colombia. Las sanciones de 2017 contra López y El Aissami no mencionan al grupo rebelde colombiano incluso cuando vinculan a El Aissami con los cargamentos de cocaína llevados a cabo por los cárteles mexicanos, así como por los narcotraficantes colombianos y venezolanos previamente atacados.
"Las acusaciones de la OFAC y sus pruebas de apoyo son falsas, si no totalmente fabricadas", según la denuncia. López es "un hombre de negocios internacional cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales y las denuncias difamatorias de los Demandados".
La denuncia también argumenta que López no pudo haber actuado en nombre de un narcotraficante, como alega Hacienda, porque El Aissami no era un traficante sancionado en el momento de sus supuestos negocios juntos.
Russ Dallen, quien rastrea los litigios que involucran a Venezuela como jefe de Caracas Capital Markets, con sede en Miami, dice que la demanda de López puede tener más que ver con el acceso a la inteligencia clasificada que el gobierno de los EE. UU. Tiene sobre su supuesta participación y la de El Aissami en el tráfico de drogas que con la eliminación de las sanciones. .
Señaló que una demanda que buscaba la exclusión de otro objetivo de las sanciones estadounidenses, el oligarca ruso Oleg Deripaska, fue desestimada recientemente por un juez federal que dictaminó que los funcionarios estadounidenses habían actuado legalmente. López está representado por el mismo abogado, el experto en sanciones con sede en Washington Erich Ferrari.
A diferencia de los procesos penales, los objetivos de las sanciones no tienen los mismos derechos de debido proceso a las pruebas y la información. Sin embargo, las designaciones que se consideren arbitrarias o un abuso de discreción se consideran ilegales.
Gran parte de la evidencia recopilada contra López provino de informes e informes noticiosos muy redactados, según la denuncia. Entre las reparaciones solicitadas por la demanda se encuentra una orden judicial que busca revelar partes de los memorandos muy redactados utilizados por la OFAC para respaldar su designación.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos se negó a comentar.
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