El pasado 14 de junio fueron juramentados los siete miembros del gabinete del nuevo primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, quien también actuará provisionalmente como ministro de Justicia en la isla. Lo mismo hará Cecilia Ruhtmilda Larmonie, lideresa política del partido PNP que junto con el mayoritario MFK de Pisas forman la coalición de gobierno. Larmonie asumirá los ministerios de Desarrollo Social, Labor y Bienestar y de Desarrollo Económico.
Según un reporte Yakary Prado Romero para Crónicas del Caribe, los ministros que juraron recientemente en sus cargos fueron Javier Silvania
en el despacho de Finanzas; Charles Cooper como titular de Tráfico, Transporte
y Planificación Urbana; Dorothy Pietersz Janga en la cartera de Salud Pública,
Medio Ambiente y Naturaleza y Ornelio Martina dirigirá el Ministerio de Manejo
de Gobierno, Planificación y Servicio Público. Cierran Sithree Van Heydoorn
como máximo funcionario de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte y el
ministro plenipotenciario, Manuel Carlson.
Estos nombres son conocidos en la arena política de la isla y han abrazado
la bandera de oponerse a la influencia holandesa en los asuntos internos de
Curazao.
Hace un mes, el nuevo ministro de Transporte –quien funge también como
segundo al mando del partido MFK– indicaba a medios holandeses que el nuevo
gobierno no necesitaría la ayuda económica de los Países Bajos y que
presentarían un “plan B” con el que conseguirán unos 1.400 millones de
dólares para invertir en la economía local.
“Si quieren meternos el COHO en la garganta, pueden quedarse con su dinero”,
declaraba enfáticamente Cooper. Al mismo tiempo, el ministro neerlandés de
Interior y Relaciones del Reino, Raymond Knops, les advertía que si no
cumplían con los requisitos exigidos, los Países Bajos cancelarían todo el
apoyo financiero y Curazao deberá comenzar a pagar el préstamo en 2022.
El COHO (Agencia del Caribe para la Reforma y el Desarrollo) se trata de una
serie de acuerdos a los que llegó el Reino holandés con las islas para
monitorear cómo se gasta el dinero que les asignaron para enfrentar la
crisis del coronavirus.
Pero el nuevo gobierno, con Pisas a la cabeza, ve las condiciones del
COHO como una “violación a la autonomía”. El 18 de junio pasado, el Consejo
de Ministros del Reino decidió posponer la asignación del sexto tramo de
apoyo de liquidez a Willemstad, debido a que no han cumplido con las
condiciones para recibir el aporte financiero.
Países Bajos exige la reducción del 25% en el paquete de remuneración para
miembros del Parlamento y ministros (lo único que se ha implementado hasta
ahora, pero sin base legal), una maximización de los beneficios para los
altos funcionarios del gobierno y de las entidades de propiedad del
gobierno, y reducir en 12,5% los beneficios totales para los funcionarios y
empleados del sector semipúblico.
En el acuerdo de Gobierno 2021-2025 suscrito en abril entre el Movimiento
Futuro Curazao (MFK, por sus siglas en papiamento) y el Partido Nacional del
Pueblo (PNP), la relación con el Reino figura como el tercer punto de
atención.
De entrada, afirman que la intención “no será pedir ayuda para cada
situación o necesidad que se presente”, pero que “buscarán formas de
trabajar junto con el Reino con el fin de generar beneficios para los
ciudadanos”.
“El gobierno hará todo lo posible para crear y mantener una buena relación
con el Reino basada en el respeto mutuo y la protección de nuestra economía,
y explorará una cooperación estrecha en el Reino en áreas como la economía,
la lucha contra el atraso social, el trabajo por las personas, la salud y el
saneamiento”, se lee textualmente en el documento.
Aunque Pisas ha intentado matizar esta postura, afirmando recientemente ante
el centro de gobierno de Fort Amsterdam que no ha venido a pelear con
Holanda, sino a “buscar soluciones para Curazao con respeto mutuo”, en la
isla hay preocupación por el rumbo político que tomará el nuevo gobierno y
las implicaciones que eso tendría económicamente para una isla que está en
una situación “precaria”, según el propio primer ministro.
El abogado constitucionalista George Lichtveld llamó la atención el pasado
27 de mayo sobre el papel de los también juristas Chester Peterson y Rutsel
Martha, quienes fungieron como formadores del nuevo gobierno curazoleño. Los
formadores son quienes compilan todos los requisitos de los postulados a
ministros, los organizan y los consignan formalmente al gobernador para que
esas credenciales sean finalmente aprobadas.
En un artículo de opinión, Lichtveld destacaba que un grupo de políticos
“que aún no están bien equipados para su tarea” y que son “controlados y
manipulados desde el exterior por influencers con su propia agenda oscura”,
mantendrían en el nuevo gobierno una agenda de presión para lograr la
“alienación y el rechazo del vínculo con el Reino”.
Sobre Peterson, recordó que fue uno de los cofundadores de Curazao Fuerte y
Autónomo (KFO, fundación que lucha por la “independencia de Curazao”), y
acerca de Martha comentó que ha pasado casi toda su carrera profesional “en
pie de guerra contra La Haya”.
“Poner a estos rebeldes al timón ya puede considerarse en sí mismo como una
declaración de guerra encubierta contra los Países Bajos, las semillas del
antagonismo ya se han sembrado. Me parece incomprensible cómo precisamente
dos de los odiadores holandeses más recalcitrantes y rebeldes, a saber,
Chester Peterson y Rutsel Martha, han sido contactados para formar nuestro
nuevo gobierno. Peterson se ha ganado la reputación de ser el abogado del
hampa más notorio, además de ser cofundador del movimiento KFO, que busca la
independencia”, resaltó Lichtveld.
Abogado polémico
Lichtveld denunció, además, los nexos de Martha con el régimen venezolano,
que está a las puertas de una investigación criminal ante la Corte Penal
Internacional.
En agosto del año pasado, el diario colombiano El Tiempo reveló que Rutsel
Silvestre Jacinto Martha, antiguo asesor jurídico de la Interpol y exfiscal
de las Antillas Holandesas, asumiría la defensa del empresario Álex Saab,
detenido en Cabo Verde y pedido en extradición por Estados Unidos por lavado
de dinero, servir de testaferro de Nicolás Maduro y por formar parte de una
amplia red de narcotráfico, lavado de dólares y adjudicación fraudulenta de
millonarios contratos oficiales.
Martha también defendió en el pasado a George Jamaloodin, un exministro de Hacienda de Curazao procesado por el crimen de un miembro de su Parlamento, y al empresario nigeriano Kola Aluko, cuyos bienes fueron congelados por un caso de corrupción.
“Tanto Peterson como Martha están en contra de los ‘entrometidos y cautelosos’ Países Bajos y mantienen al menos contactos latentes con el régimen narcovenezolano de Maduro (…) Ahora existe el peligro de que el nuevo grupo de políticos sin experiencia sea envenenado temprano con la aversión profundamente arraigada que estos influencers albergan contra cualquier cosa holandesa. Además, es de esperar que pongan mucha energía en estrechar lazos con Venezuela, siendo precisamente el país que representa la mayor amenaza para la democracia latinoamericana”, advierte Lichtveld.
Lea completo aquí
0 Comentarios