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El opaco impulso económico venezolano a la exportadora de soya Gravetal en Bolivia


Un diputado del partido de Evo Morales tomó el control de una próspera agroexportadora de soya en 2009, gracias a una inusual transacción con un aporte millonario de fondos públicos de Venezuela. Con su gestión, contribuyó a mantener bajo las sombras la mano de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro sobre la valiosa compañía. Alejado del Parlamento, hoy un proceso judicial por supuesta legitimación de capitales vinculadas al caso.

Según un reporte de Luis Fernando Cantoral para Chavismo INC, un grupo de funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y de Evo Morales han controlado durante 12 años la mayor exportadora de soya de Bolivia, Gravetal. La empresa privada, asentada en el departamento de Santa Cruz, es considerada un gigante agroindustrial en el rubro de las oleaginosas, uno de los más competidos del mercado agrícola internacional. Ha vendido en la última década más de 1.800 millones de dólares, incluidas cuantiosas sumas en materia prima a empresas públicas venezolanas.

En la página web de la exportadora se afirma que en 2008 “empresarios bolivianos” compraron la compañía. Nada se dice sobre el impulso y los recursos millonarios que empresas filiales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), corporación pública que entonces dejaba ganancias siderales al gobierno de Chávez, dieron a una firma con tres semanas de existencia y un capital de menos de 15.000 dólares para adquirir 99 por ciento de las acciones de la principal soyera de Bolivia. Esa compañía recién creada, denominada Inversiones de Capital Inversoja, fue el vehículo que finalmente permitió a un diputado del partido de Evo Morales tomar el control de Gravetal y disimular la mano venezolana.

Juan Valdivia Almanza, presidente y accionista mayoritario de Gravetal, no había concluido en Bolivia el mandato como diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), entre 2006 y 2010, cuando se dio la transacción que formalmente lo puso al frente de Gravetal. Un antiguo colega presentó una denuncia en su contra en el Ministerio Público por delitos que incluyen la legitimación de capitales y la defraudación impositiva en conexión con el manejo de la empresa Inversoja, cuyos balances auditados están llenos de irregularidades, según el denunciante, incluida la no declaración oportuna de la compra de Gravetal y el ocultamiento del dato en la declaración jurada que presentó al terminar su función parlamentaria.

A Valdivia Almanza lo han acompañado en el directorio de Gravetal casi una decena de funcionarios públicos venezolanos que, con nula rendición de cuentas al público, fueron directivos de Gravetal hasta noviembre de 2019. La mayoría han estado relacionados con el Ministerio de Alimentación de Venezuela, entidad que ha sido controlada principalmente por oficiales del Ejército, algunos de los cuales han sido denunciados por sobreprecios en la importación de alimentos o incluso han sido sancionados por Estados Unidos.

El funcionario venezolano que más tiempo ocupó en la directiva de Gravetal fue Juan Moisés Lares González. En 2013 estaba en el directorio de la compañía soyera y se desempeñaba simultáneamente en posiciones gerenciales en la estatal venezolana Lácteos Los Andes, que compraba materia prima a la empresa boliviana. Fue denunciado por trabajadores que por esa razón le atribuyeron un conflicto de interés que debía investigarse. La justicia no se hizo eco de las denuncias. Lares González encabeza en el presente una compañía que produce harina de maíz, ingrediente de las arepas, en Venezuela.

Los anteriores son parte de los hallazgos basados en el examen de documentos públicos y entrevistas en Bolivia como parte de la investigación colaborativa Chavismo INC. realizada en alianza entre Transparencia Venezuela, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS y la Alianza Rebelde Investiga (ARI). En el proyecto participaron periodistas basados en Venezuela, Estados Unidos, España, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Argentina y Uruguay que han contribuido a construir una base de datos que documentó los flujos de dinero asociado a personas de interés relacionadas con los gobiernos de Chávez y Maduro. Los datos se han basado en el procesamiento de investigaciones judiciales, ejecutivas y parlamentarias como las que involucran a Valdivia Almanza.

Los negocios de Gravetal, presentados por la empresa como un tema privado y boliviano, en realidad formaron parte de los esquemas de cooperación entablados por Chávez y Morales y continuados por Maduro en el marco de una alianza estratégica fraguada gracias a la identidad política e ideológica, pero sustentada también con millones de petrodólares venezolanos, más de 5.000 millones, según algunos analistas.

La ayuda no solo incluyó el financiamiento, fuera de los mecanismos de Tesorería, a programas sociales como “Bolivia Cambia, Evo Cumple” u otros planes solidarios canalizados a través de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA). También implicó la compra del fondo financiero privado Prodem, que llegó a ser uno de los mayores bancos de Bolivia con una cartera de créditos de 1.180 millones de dólares, por parte del Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (Bandes), entidad que algunos funcionarios convirtieron en una escala de la corrupción y que ha sido vetada por Estados Unidos. También supusieron proyectos fracasados como la producción de alimentos con la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL) o el intento de convertir a Bolivia en una potencia petroquímica a través de la binacional Petroandina.

Valdivia Almanza no contestó la solicitud de entrevista dirigida a cinco de sus empresas. Las solicitudes también se hicieron llegar por correo electrónico a Gravetal e Inversoja para conocer detalles de la compra de la soyera y del porqué de la participación en el directorio de funcionarios venezolanos. Yimy Montaño, abogado de Valdivia Almanza a quien se pudo contactar para este reportaje, dijo que el caso de su patrocinado se está ventilando en las instancias competentes y que no comentaría más.

Las negociaciones para la compra de la sojera boliviana ocurrieron en 2008 en un contexto en el que Morales enfrentaba una crisis por un abierto desafío a su autoridad por parte de los prefectos departamentales opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, región conocida como “Media Luna”, que impulsaban la constitución de gobiernos autónomos.

El sector empresarial del oriente del país también mantenía una postura contra el gobierno de Morales por la regulación de las exportaciones. La compra de Gravetal resultaba crucial para sofocar la rebelión porque implicaba el control del sector productivo cruceño, el más vigoroso de Bolivia, y en particular de los productores de soya y de las industrias oleaginosas que guardaban una relación casi de dependencia con la empresa.

Para concretar la compra, sin embargo, se debió recurrir a un elaborado esquema de circulación de fondos que disimulara la mano del gobierno de Chávez y evitara cuestionamientos ante la prohibición constitucional que establece que en un rango de 50 kilómetros dentro de las fronteras ningún extranjero puede poseer títulos de propiedad salvo en casos excepcionales. Gravetal está afectada por esa disposición debido a su ubicación en Puerto Quijarro, en los límites con Brasil. Sus antiguos dueños estaban liderados por un empresario que compartía la nacionalidad boliviana, con la colombiana. En ese momento algunos medios se hicieron eco de la posible llegada de capital público venezolano.

Inversoja fue constituida bajo ese clima de confrontación, el 13 de junio de 2008, con un capital de apenas 100.000 bolivianos, equivalentes a 13.927 dólares. Entre sus fundadores, todos bolivianos, figuraban dos accionistas de Gravetal: Jorge Arias Lazcano y Gabriel Pabón Gutiérrez. El otro propietario era Jorge Toyama Urehara, que fungió como subgerente de contabilidad y miembro del directorio de Gravetal. El primero tenía 34 por ciento de las acciones y los restantes poseían dos porciones idénticas de 33 por ciento.

Inversoja con solo 18 días de existencia compró 99 por ciento de las acciones de Gravetal gracias a un préstamo del gobierno de Venezuela. El mismo día que le fueron transferidas las acciones se las otorgó, en calidad de garantía por la deuda, a la empresa Monómeros International LTD, último eslabón de una cadena de propiedad que lleva a la estatal venezolana Pdvsa. La compañía es filial de Monómeros Colombo Venezolanos, una subsidiaria de Pequiven, que a su vez es el brazo petroquímico de la petrolera venezolana.

Monómeros Colombo Venezolanos es una empresa basada en Colombia y es de las más importantes del mercado de fertilizantes en ese país. Fue adquirida por Pdvsa en 2006. Desde mayo del año pasado, se encuentra bajo el control de funcionarios designados por el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y también reconocido por ese órgano y por más de 50 países, incluida Colombia, como presidente interino de Venezuela.

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