Fiscales federales en la ciudad estadounidense de San Luis confiscaron en el año 2017 un avión, dos yates de lujo y más de 1,8 millones de dólares a dos hombres vinculados con acusaciones de lavado de dinero en Venezuela.
Hjalmar Gibelli Gómez y Fabrizio Della Polla De-Simone accedieron a la incautación y reconocieron haber lavado dinero, según un documento judicial presentado el 22 de diciembre de 2017 en una corte federal de distrito en San Luis. En el texto se afirma que los individuos adquirieron los activos con las ganancias de un plan ilegal para intercambiar moneda venezolana por dólares estadounidenses en el mercado negro, reportó el periódico St. Louis Post-Dispatch.
Según un reporte de AP en 2018, los fiscales dijeron que Della Polla, propietario mayoritario de una granja de pollo, presentó facturas falsas y con precios inflados por un valor superior a los 11 millones de dólares a través de la aseguradora de la que Gibelli es presidente, con el fin de obtener dólares estadounidenses a una tasa preferencial.
El Gobierno venezolano puso en vigencia un control de cambio con el fin de impedir la fuga de capitales por parte de personas que trataban de evitar la inestabilidad económica, política y social, según el documento presentado ante la corte.
En el texto se afirma que más de 170 millones de dólares fueron transferidos entre octubre de 2011 y abril de 2015 a una cuenta en Wells Fargo Advisors, con sede en San Luis. Los fiscales dicen que Gibelli adquirió una aeronave Raytheon Hawker 800 valiéndose de fondos en la cuenta de Wells Fargo. Dijeron también que utilizó 2,8 millones de dólares de la cuenta y 4,5 millones de otra cuenta para adquirir un yate Ferretti llamado “Navegante”, y Della Polla gastó 6,8 millones de dólares en un yate Pershing de nombre “Panacea”.
Casos de confiscación como el de San Luis se volvieron frecuentes desde que se desató la crisis financiera en Venezuela y el país puso en marcha medidas para controlar la inflación con estrategias para mantener la divisa en territorio venezolano, dijo Lilly Ann Sanchez, abogada de Miami y exfiscal federal.
Sanchez dijo en 2018 que en algunos casos los fiscales pedirían el arresto de alguien acusado de lavar dinero si esa persona viaja a Estados Unidos o a un país que la extraditará a territorio estadounidense. Otra opción es que los fiscales pueden acceder a no enjuiciar si alguien da su consentimiento para que los activos sean confiscados.
En los registros de la corte no se mencionaron abogados de los hombres.
El fiscal federal adjunto Stephen Casey se negó a comentar sobre los detalles del caso, pero dijo: «Este fue un gran trabajo para la Administración de Control de Drogas y los investigadores del IRS que trabajaron en el caso».
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