Cuestión Pública y La Liga contra el Silencio unieron fuerzas con OCCRP, The Miami Herald y El Nuevo Herald para investigar una mafia de minería ilegal que operó en Chocó durante siete años (2011-2018). Según un expediente judicial, las actividades mineras fueron iniciadas por dos estadounidenses de origen iraní que viven cómodamente en Miami. Su defensa en Colombia ha estado liderada por la firma de Diego Cadena, conocido por representar al expresidente Álvaro Uribe y a narcotraficantes.Aunque algunos de los integrantes de la red fueron condenados por delitos contra el medio ambiente, la sentencia no se compara con la devastación ecológica y humana ocasionada.Esta investigación se realizó durante más de ocho meses en cinco ciudades colombianas y una estadounidense. Atravesó una retención breve del equipo periodístico por parte de paramilitares que controlan la zona donde operó la red en Chocó, la renuencia de las autoridades colombianas a la entrega de información, el silencio de las víctimas y el anonimato de las fuentes. Al final, el caso revelaría la negligencia estatal y la impunidad frente a los crímenes ambientales en Colombia, cuyos impactos no se penalizan ni se reparan proporcionalmente en estrados judiciales.
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