Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida, en los Estados Unidos, emitió una acusación formal en contra de tres ciudadanos colombianos y dos ciudadanos venezolanos por presuntamente participar en una trama de lavado de las ganancias de los contratos para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela que fueron obtenido a través de sobornos.
El Departamento de Justicia estadounidense informó que según documentos judiciales, Álvaro Pulido Vargas, de 57 años, de Colombia; José Gregorio Vielma-Mora, 55, de Venezuela; Emmanuel Enrique Rubio González, 32, de Colombia; Carlos Rolando Lizcano Manrique, 50, de Colombia; y Ana Guillermo Luis, de 49 años, de Venezuela, fueron acusados por su presunto papel en el lavado de las ganancias de un esquema de soborno para obtener y retener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Álvaro Pulido Vargas, su hijo Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano Manrique, formaron parte de la estructura de sociedades conformadas por Alex Saab para sus negocios como proveedor de los CLAP en Venezuela.
La nueva acusación contra Saab y Pulido se suma a la que condujo a la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos y por la que ambos ya habían sido acusados en 2019, relacionada con el blanqueo de ganancias corruptas por exportaciones ficticias de materiales de construcción y casas prefabricadas de Ecuador a Venezuela.
De ser hallado culpable, el nuevo caso alargaría la condena que pudiera dictársele a Saab. No se descarta que tanto contra Saab, Pulido y otros de sus socios, pudieran ser presentadas nuevas acusaciones por otros casos de blanqueo.
No obstante, si Saab negocia con las autoridades estadounidenses y entrega información valiosa contra sus socios, pudiera ayudar a reducir su condena.
La acusación formal alega que a partir de julio de 2015 y hasta al menos 2020 conspiraron con otros para blanquear el producto de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares hacia y a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos.
Según los fiscales, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo y otros obtuvieron contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas en Venezuela a través del CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, incluido Vielma-Mora cuando se desempeñó como gobernador del estado Táchira.
Los acusados inflaron los costos de los contratos para pagar los sobornos y enriquecerse injustamente, señala la Justicia estadounidense.
La acusación también alega que ordenaron que se transfirieran fondos para promover el esquema de soborno mientras estaban en los Estados Unidos, y transfirieron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Como resultado del plan, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano, Guillermo y sus co-conspiradores recibieron aproximadamente 1.6 mil millones de dólares de Venezuela y transfirieron aproximadamente 180 millones de dólares a través o hacia los Estados Unidos.
Cada uno de los acusados está acusado en una acusación formal de cinco cargos con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos de lavado de dinero.
Si son declarados culpables, cada uno de ellos enfrenta una pena máxima total de 100 años de prisión.
El Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Interino Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida y el Agente Especial Interino a Cargo La Verne J. Hibbert de la Oficina de Campo de la DEA en Miami hicieron el anuncio.
Este caso fue investigado por la DEA Miami con la ayuda de la Oficina de Campo de Miami del FBI y la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional.
El abogado litigante Alexander J. Kramer de la Sección de Fraudes de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Kurt K. Lunkenheimer del Distrito Sur de Florida están procesando el caso.
Una acusación es simplemente una acusación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
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