El empresario español que intentó vender a la Comunidad de Madrid la vacuna rusa Sputnik V, Pedro Mouriño, actuó de administrador de la estructura offshore de una de las familias más ricas de Guinea Ecuatorial. Así consta en los Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que han participado laSexta y El País.
Mouriño intermedió para Antonio Oburu, el director de la petrolera estatal guineana GEPetrol, de cara a la compra de una lujosa villa en Belice. Según las pesquisas de los socios de ICIJ en el país africano, Diario Rombe, Mouriño habría recibido un poder para, en calidad de abogado, liberar fondos de una sociedad que se utilizaron después para pagar el más de medio millón de euros que costó la mansión.
Oburu es una de las personas más ricas de Guinea Ecuatorial y ya ha sido vinculado en investigaciones anteriores a estructuras offshore con propiedades lujosas en España, Reino Unido, Estados Unidos o Chipre.
De acuerdo con la documentación obtenida en los Pandora Papers, Mouriño aparece ligado a la sociedad Rodexkia Investments Ltd., registrada en Islas Vírgenes Británicas en febrero de 2009, y de la que la hermana de Oburu, Asunción Mba Fernández, es administradora.
Mouriño recibió una serie de poderes firmados por Mba Fernández a fecha de 20 de febrero de 2017 para que éste, a través de su despacho Lupicinio International Law Firm Atlantic, liberase los fondos de una cuenta en el banco búlgaro UniCredit BullBank, cuyo beneficiario era el bufete CitiTrust. Este es uno de los 14 despachos de abogados en el centro de esta investigación y está especializado en la creación de estructuras offshore en Belice.
La administradora de Rodexkia Investments también autorizó a Mouriño a transferir el más de medio millón de euros a la cuenta de la empresa S.W. Limited de las Islas Caimán “con el fin de comprar una propiedad inmobiliaria identificada como E2 Coco Beach Suites (Belice)”.
El nombre de Mouriño saltó a los medios cuando se conoció su intervención ante el Gobierno de la Comunidad de Madrid para mediar en la compra de la vacuna rusa Sputnik V, en un momento preelectoral cuando el Ejecutivo regional presionaba para conseguir una vacuna que, seis meses después, todavía no ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento.
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