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Piden a fiscalía de los Estados Unidos el arresto del exfiscal colombiano Néstor Humberto Martínez y del exsuperintendente de Sociedades de Colombia Francisco Reyes por fraude procesal, lavado de activos y otros delitos


El empresario colombo-francés Guillermo Alberto Londoño Hoyos denunció el pasado 22 de octubre ante el Fiscal General de Estados Unidos (Merrick B. Garland) al ex fiscal general colombiano Néstor Humberto Martínez y al ex superintendente de Sociedades Francisco Reyes y pidió la detención preventiva de ambos.

Según un reporte del medio colombiano La Nueva Prensa, el cargo criminal principal atribuido por Londoño a los denunciados -entre los que también figuran otros ocho funcionarios y ex funcionarios públicos colombianos- es el de “empresa criminal internacional” y en este caso incluye “perjurio, falsedad, fraude procesal, lavado de activos y ceguera voluntaria ante evidencia clara”(willful blindness, en el Código Penal Modelo de EE.UU.).

Londoño alega que el ex superintendente Reyes y el ex Fiscal General Martínez, por lo menos, cometieron delitos contra la administración de justicia de los Estados Unidos y Panamá al haber incurrido virtualmente en fraude procesal cuando declararon bajo juramento hechos falsos en el sentido de que la firma colombiana Estrategias en Valores S.A., Estraval, era una pirámide de esquema Ponzi, cuando en verdad solamente pasaba por una etapa de insolvencia, lo que no implica delito alguno y aún así el gobierno de Colombia ordenó liquidarla. La pirámide sí es una figura delictuosa, debido a que se dedica a captar ilegalmente dineros del público en forma habitual.

De acuerdo con el equipo jurídico del denunciante, Martínez Neira estudio y garantizó la legalidad de las operaciones financieras de Estraval por medio de un concepto jurídico que elaboró como abogado particular especializado y, posteriormente, siendo Fiscal General, en rueda de prensa conceptuó –por el contrario– que se trataba de una operación de captación ilícita de dineros del público.

En los casos de iliquidez, las empresas que no logran evitar la bancarrota y el cierre de sus operaciones después de usar una gama de herramientas legales que existen para intentar solventarse, responden a sus acreedores hasta por el valor de los activos que posean. Estos casos en Colombia se rigen por la ley 1116 del año 2006.

En cuanto hace a las pirámides la justicia colombiana no admite situaciones de quiebra ni de insolvencia y en cualquier etapa de la operación de una de ellas el Estado debe intervenirlas obligatoriamente por ser ilícitas de plano y las liquida con base en el decreto-ley 4334 del año 2008. Este recurso fue creado y promulgado por Álvaro Uribe Vélez para intervenir la famosa pirámide D.M.G. Grupo Holding S.A., del convicto David Murcia Guzmán.

Al ser intervenidas las pirámides y tomar control de ellas para liquidarlas la norma judicial que debe aplicar el gobierno es el ya mencionado decreto 4334, el cual permite expropiar la totalidad de los bienes de todos quienes tengan cualquier tipo de relación con la operación. Esto lo aplica la Superintendencia de Sociedades por medio de liquidadores particulares y las decisiones que se imponen en cada proceso no tienen apelación. Se da el caso de quienes tienen muy poco o nada que ver y de todas maneras pierden la totalidad de sus haberes, además de ir a la cárcel. Los estragos y arbitrariedades estatales que se cometen en estos casos solamente pueden ser demandados por medio de juicios civiles independientes que, por lo general, tardan décadas en llegar a sentencia.

En el caso de Estraval, que era una situación de insolvencia, los denunciados por Londoño la presentaron en Estados Unidos, Panamá, la Unión Europea y Naciones Unidas, como una pirámide, con el único fin –dicen los abogados de Londoño– de apropiarse de los bienes de la empresa así como de los de todos sus socios y funcionarios, lo que hoy vale cerca de siete millones de millones de pesos colombianos.

El denunciante Londoño era miembro de la junta directiva de Estraval y debido a ello le fueron expropiados todos sus bienes y perdió sus derechos a sostener actividades profesionales, comerciales y bancarias.

En su denuncia en Washington ante el Fiscal General, Londoño consignó: “A raíz de la injusta intervención a mi patrimonio, dignidad y buen nombre comercial, social y familiar, y la ausencia de justicia en Colombia, contraje un cáncer incurable que avanza en su camino de destrucción”.

Entre otros funcionarios a quienes Londoño denunció por considerarlos cómplices de Martínez Neira y Francisco Reyes, están el ex superintendente de Sociedades Juan Pablo Liévano Vegalara, el agente liquidador Luis Fernando Alvarado Ortiz; Nicolás Polanía Tello (Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades entre 2016 y 2017) y Andrés Alfonso Parías Garzón (Superintendente Delegado para Procedimientos de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades).

Después de su participación en la intervención y liquidación de los bienes de Estrategias y Valores S.A., los superintendentes delegados Parías Garzón y Polanía Tello dejaron sus cargos oficiales y pasaron a trabajar en la oficina particular de Martínez Neira: DLA Piper Martínez Beltrán.

Entre las empresas que resultaron afectadas por las actuaciones de los denunciados por Londoño figura el prestigioso banco alemán Doutsche Bank AG, el cual acaba de ganarle a Colombia un caso en la Corte de Insolvencias del Distrito Sur de La Florida, relacionado con Estraval. Ahora, se espera que el banco alemán contrademande al estado colombiano por la suma aproximada de 440 millones de dólares. Ese despacho judicial lo preside la magistrada Laurel M. Isicoff.


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