El 8 de noviembre pasado, el juez 22 Administrativo de la Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá falló a favor de una tutela que interpuso el periodista Gonzalo Guillén para lograr que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares le entreguen unos documentos que necesita para culminar una investigación periodística.
“El Juzgado 22 Administrativo de la Oralidad ordenó al MinDefensa y Ejército entregarme unas resoluciones públicas que se niega sistemáticamente a darme. Las necesito para culminar una investigación periodística”, celebró ese día el periodista.
Según un reporte de Infobae, el juez le dio 48 horas tanto al ministerio que lidera Diego Molano, como al general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, y al comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, para que le hicieran llegar Guillén los documentos.
“Ordenar al doctor Diego Molano Aponte en calidad de ministro de Defensa Nacional que en el término impostergable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir la notificación de esta providencia, expida y notifique los actos administrativos suficientes y necesarios para resolver de fondo y de la manera que en derecho corresponda la petición con radicado del 12 de agosto de 2021″, se lee en el fallo.
Pues tras el paso de las 48 horas, el 10 de noviembre, el periodista envió una carta al juez que profirió este fallo para pedir sanciones, como el arresto contra Molano, Navarro y Zapateiro por desobedecer la orden judicial.
“Me dirijo a usted para informarle que se ha superado el término concedido por usted para que se de cumplimiento en mi favor a la orden de su despacho impartida en el proceso. En detrimento de mis derechos, la parte accionada ha hecho caso omiso de su mandato, impartido dentro del proceso de la referencia”, expuso el periodista.
Así mismo, solicitó que se inicie de inmediato un proceso de desacato contra el ministro de Defensa y los generales por el incumplimiento del fallo. “Se obligue a los accionados por todos los medios legales pertinentes para que acaten su decisión y se les apliquen las sanciones establecidas por la ley, incluido el arresto”, sostuvo Guillén.
El pasado 10 de diciembre, cuando el ministro de Defensa era el fallecido Carlos Holmes Trujillo, un juez de Chinchiná, Caldas, ordenó su arresto por tres días junto al director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, por incumplir un fallo judicial.
El documento sentenció que, “por incumplimiento a un fallo de tutela proferido el 26 de agosto de 2019 que ordenaba la promoción de ascenso al mayor Moreno Salazar”, se impartía el arresto.
El documento presenta las causas del incidente contra el señor Moreno Salazar, quien cumplió con los requisitos para ser ascendido, pero su nombre como tal no fue recomendado para los cursos de capacitación al grado de teniente coronel, hechos que ocurrieron en febrero de 2020.
Esta fue la razón que motivó al juez imponer el arresto de tres días al ministro Trujillo y al general Atehortúa. Además, impuso una multa pecuniaria para ambos altos funcionarios de dos salarios mínimos para cada uno.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Manizales resolvió revocar la decisión del Juzgado Promiscuo de Chinchiná en segunda instancia y aclaró que “no hay lugar a señalar ningún tipo de sanción por cumplimiento de la sentencia”.
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