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Fiscalía de Colombia acusa al exembajador Fernando Sanclemente Alzate de ordenar destruir pruebas tras investigación sobre laboratorio de droga hallado en su finca


Ante el Juzgado 31 de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación de Colombia imputó al exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Augusto Sanclemente Alzate, el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio, por hechos relacionados con el laboratorio de coca que se encontró el 12 de febrero 2020 en una finca de su propiedad en Guasca, Cundinamarca.

Un reporte de EL TIEMPO señala que según la Fiscalía, en septiembre de ese año, Sanclemente le ordenó a los trabajadores de la finca quemar material probatorio para evitar que fuera usado en los procesos penales que avanzan por ese caso.

"Usted reunió a varios de los trabajadores de la finca Haras de San Fernando y les ordenó quemar todos los bienes muebles y enseres pertenecientes a la familia del señor Laureano Martínez Cortés, exempleado suyo en la calidad de mayordomo. Entre ellos se encontraban elementos probatorios importantes para las diferentes investigaciones que se adelantan", dijo el fiscal del caso, Daniel Hernández.

Se trata, dijo el fiscal, de un computador portátil, uno de escritorio, una caja con cuadernos usados que según Martínez tenían información respecto del manejo de la finca y sobre el laboratorio para la producción de droga que se encontró en el lugar. Martínez, cabe recordar, se acogió a un proceso de negociación con la Fiscalía.

Según el fiscal el caso, también se habrían destruido dos celulares, una tableta, tres memorias USB y un disco duro. "Se ordenó su quema con el fin de evitar que se usaran como elementos cognoscitivos en las indagaciones que se vienen adelantando por parte de la Fiscalía y como medio de prueba en los juicios que se vienen desarrollado por los hechos acaecidos el 12 de febrero", dijo.

"Según Martínez, esos elementos tenían información útil para probar la posible autoría y participación de otros en lo que se ha denominado públicamente como el caso de la narcofinca y, adicional a eso, para entregar el sustento de su versión frente al proceso de colaboración que se ha desempeñado con la Fiscalía. Al destruirse estos elementos por orden suya se ha generado, frente a la colaboración de Laureano Martínez, ausencia de elementos de corroboración", agregó el fiscal Hernández.

De acuerdo con la Fiscalía, con la supuesta orden de destrucción de pruebas de Sanclemente, el exembajador habría afectado la administración de justicia.  "Ordenó que se quemaran dichos elementos materiales probatorios y enseres de propiedad de la familia de Martínez", dijo el fiscal al enfatizar en que no se trataba de cosas de Sanclemente, sino de Martínez, sabiendo que eran parte de una investigación.

"Usted como abogado, como profesional, como exembajador y exdirector de la Aeronáutica Civil sabía y conocía que este hecho estaba prohibido por la ley", agregó el fiscal, quien explicó que el delito que se le imputó a Sanclemente, de comprobarse responsabilidad, daría una pena entre los 4 y los 12 años de prisión.

Esta imputación nace de las declaraciones brindadas por los mayordomos de la finca propiedad de Sanclemente -donde se encontró un laboratorio para el procesamiento de cocaína- y quienes se acogieron al principio de oportunidad.

En febrero, Laureano Martínez y Gustavo Enrique Bejarano, dos mayordomos de la finca Haras de San Fernando, propiedad de Sanclemente, negociaron con la Fiscalía decir toda la verdad a cambio de una reducción de su condena.


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