El comercio ilícito alcanza cada día cifras exorbitantes, se ha convertido en un verdadero fenómeno criminal; y lo más grave no es su impacto económico, sino el incalculable daño que causa a la salud y a la vida del consumidor; claro, fundamentalmente cuando se trata de la adquisición de productos para el uso y consumo humano, y cuyo origen es ilegal, falsificado, adulterado, o de contrabando, como ocurre frecuentemente con medicamentos, suplementos alimenticios, perecederos, licores, cigarrillos, juguetería etc.
La Organización Mundial del Comercio, estimó en su último estudio que el comercio ilícito supera los 350.000 millones de dólares anuales. Y aquí, el boom de las tecnologías de información y comunicación ha sido factor dinamizador, como era de esperarse; no contábamos con el advenimiento de la pandemia, que disparó las alarmas del mercado informal e ilegal a través de las plataformas digitales, además del surgimiento de un modus operandi electrónico sin precedentes, manifestado en conductas asociadas al cibercrimen. Claramente lo expresó el director general de la Policía Nacional, “no es un mundo virtual, es el mundo real”.
El desafío es complejo y los controles se difuminan en unas fronteras virtuales inexistentes, mientras la sobreexposición humana es bocado de cardenal, cuando podemos interactuar con 4.600 millones de personas conectadas en el ciberespacio, utilizando 25.000 millones de dispositivos, a través de los cuales transitan el 27 % del comercio ilícito global. Esta razón, y el inusitado incremento de la desinformación, el fraude y los ataques cibernéticos, llevaron al Consejo de Seguridad de la ONU a reunirse en 2021 y por primera vez en su historia, alrededor de “la paz y la seguridad en el ciberespacio”, en la que se analizaron las principales preocupaciones para la humanidad derivadas del uso criminal e irresponsable de las tecnologías de información.
El comercio ilegal físico y electrónico, está monopolizado por el crimen organizado, que en Colombia representa el 3.5 % del PIB y que mueve volúmenes vertiginosos de bienes y servicios en una cadena delictiva sofisticada que permea la economía, el sistema financiero, las instituciones, y a la que se le pierde el rastro cuando realiza transacciones en criptomoneda, pues su objetivo final, es monetizar el dinero producto del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la falsificación y adulteración, la explotación sexual, la trata de personas y el tráfico de armas y tecnología, entre otras conductas criminales.
Los estudios de la Dian concluyen que el contrabando en el país mueve 6.000 millones de dólares anuales, también muestran una reducción paulatina de hasta el 30 % del comercio ilícito en los últimos años; no obstante el mercado negro de productos con origen ilegal o falsificados y adulterados, es transversal y dinámico, y se agita en diciembre, a todo nivel y en todo el territorio, y con especial convulsión en zonas de comercio popular, fronteras y en casas boutique, afectando seriamente al sector de las confecciones, los textiles, el calzado, la perfumería, la bisutería, la juguetería, las farmacéuticas, los electrodomésticos y las industrias de licor y cigarrillos.
Las mafias del contrabando destinan el 30 % de su inversión criminal para pagar sobornos, y acuden a la extorsión, la amenaza y la violencia para someter a servidores incorrompibles, incluso a sus familias; también financian campañas de desprestigio, blogs informativos y falsas denuncias para sacar del camino a las cabezas de las instituciones fiscales, aduaneras, judiciales y policiales que los combaten con carácter y firmeza. Este es el poder de sus tentáculos.
En el inframundo del comercio ilegal, las principales víctimas son productores y consumidores. Los primeros se enfrentan constantemente en el océano rojo de la competencia desleal, afectando la reputación y confianza en sus productos siempre expuestos a una inminente desaparición del mercado. Los segundos pueden perder sus vidas y lesionar su integridad física y mental. Ya son conocidas las nefastas consecuencias del consumo de alcohol adulterado, medicamentos falsificados, juguetes con alta dosis de plomo y químicos etc. Pero también se registra una significativa afectación a la industria y al comercio formal, conllevando al cierre de empresas y establecimientos comerciales, a la pérdida de empleos y a crisis económica en muchas familias.
En esta Navidad los colombianos deben apostarle al comercio legal, y más aún cuando el riesgo aumenta en época de pandemia y ante los buenos síntomas de mejoramiento de la economía. Pero la solución es colectiva, entre autoridades, empresa privada y ciudadanos. Una de cada 5 botellas de licor disponible en el marcado es de contrabando o falsificada, miles de juguetes procedentes de Asia especialmente ingresan al país ilegalmente, y cantidades de contenedores de cigarrillos de contrabando invaden el mercado popular, callejero y fronterizo. Cerciórese de comprar en lugares apropiados, no se deje cautivar por precios bajos y aplique extrema precaución en redes sociales y plataformas digitales, para no ser engañado.
Las autoridades despliegan importantes esfuerzos para garantizar una Navidad segura y tranquila. La empresa privada moviliza toda su capacidad para ofrecer el mejor producto y servicio al cliente y cómo no, en procura de una Navidad feliz; y el consumidor contribuye al crecimiento de la economía y del empleo, comprando legal. Las autoridades no podrían cumplir con la tarea, sin la confianza, la solidaridad y el deber de los ciudadanos para denunciar actos de contrabando, falsificación y adulteración de productos, prioritariamente aquellos que amenazan la vida humana. Colombia ha evolucionado en mentalidad y actitud a favor de la legalidad, pero aún falta más en el siguiente paso: denunciar, denunciar y denunciar.
LPNSN: utilizar intencionalmente, los temas de corrupción e inseguridad para alcanzar conquistas políticas, hace enorme daño a la inversión, al turismo y a la imagen del país, afectando seriamente los indicadores globales de medición y calificación. No somos, los segundos más corruptos del planeta y tampoco los segundos con mayor criminalidad del mundo. ¿Por qué nos ubicarían en esas deshonrosas posiciones?
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