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Multan a las empresas Intec de la Costa, ICM Ingenieros y Omega Buildings por el escándalo de Centros Poblados en Colombia


La Superintendencia de Sociedades informó el martes 28 de diciembre que impuso multas contra los administradores de la Unión Temporal Centros Poblados por presuntas irregularidades en trámites contables y societarios.

Según un reporte de Carlos López para El Colombiano, las labores de dicha entidad tienen como base que las tres empresas que están en el ojo del huracán por el contrato con el Ministerio de las TIC no suministraron la información y los documentos requeridos en su momento.

Por eso, en total, los administradores de Intec de la Costa, ICM Ingenieros y Omega Buildings deben responder por $272.310.000 de multa, cada una, sacando de sus cuentas $90.770.000.

Estos trámites administrativos empezaron entre el 13 y 17 de septiembre de este año con el propósito de determinar el cumplimiento de sus obligaciones en materia societaria y contable, las cuales –advierte la Superintendencia de Sociedades– a la fecha han sido obstruidas por la poca disposición de los sancionados de avanzar en estos procedimientos.

La entidad expresó que seguirá trabajando en las actuaciones que den lugar a sus competencias y adoptará las decisiones a las que haya lugar en este escándalo nacional.

El anuncio se da días después de que la Fiscalía revelara los nombres de las personas que va a imputar el próximo 23 de febrero. Entre ellas están el empresario Juan Carlos Cáceres, de Novotic, la cuarta empresa que compone Centros Poblados, la cual no aparece en la multa que el martes 28 de diciembre impuso la SuperSociedades.

Aparte a Cáceres también están el empresario Juan José Laverde; el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque; y Ottomar Lascarro Torres, un contratista amigo del condenado Emilio Tapia, con quien incluso planeó vivir en Llanogrande, Oriente antioqueño.

Todas estas personas serán las que tendrán su audiencia de imputación de cargos en 2022, año con el que el fiscal general Francisco Barbsosa, espera seguir adelantando junto a su equipo investigaciones que lleven al paradero de los $70.000 millones que se perdieron del anticipo de MinTIC, suma que ya aumentó por los intereses que han corrido.

Unión Temporal Centro Poblados Colombia 2020


La cuestionada y polémica Unión Temporal Centro Poblados Colombia 2020, que integran cuatro empresas, y que se alzó con la licitación del Ministerio de las TIC por un valor de 1,7 billones de pesos para dotar de internet a unos 7.000 colegios en zonas remotas de Colombia, se encuentra desde el mismo momento de su escogencia, en el ojo del huracán.

El diario La Libertad se dio a la tarea de esculcar acerca de los personajes que se encuentran o estaban detrás de estas empresas, esto por el presunto incumplimiento del contrato por parte de este consorcio, a quienes MinTic les autorizó de buena fe un anticipo de 70.000 millones de pesos sin que hasta ahora se conozca el beneficio de ese trabajo.

Pues bien lo que se ha logrado establecer es que al parecer este consorcio usó algunas artimañas non sanctas para ocultar sus verdaderas intenciones, y mostrarse como la gran opción ante el Ministerios de las Nuevas Tecnologías, por encima de contendientes tan importantes como la Hughes, China Great Wall Industry, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Skynet.

Ahora se denuncia que antes de comenzar el actual Gobierno dos de esas empresas tenían capital de apenas $500 mil.

Se dijo también que de hacer canchas sintéticas de fútbol y de repavimentar calles o vías, entre el 11 y el 22 de octubre de 2020, tres de las compañías cambiaron su objeto social a internet.

Y con el propósito de realizar los trámites y de preparar los papeles de las empresas para la licitación, se conoció que estuvo el barranquillero Rafael Arturo Cepeda Peña.

Indagando y recabando información acerca de los personajes importantes que aparecían en cada consorcio se supo que detrás de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 aparecía como representante legal, Luis Fernando Duque Torres, ingeniero electrónico de la Santo Tomás, trabajó en la Contaduría, en Cajanal, fue consultor para la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), fue consultor de Computadores para Educar, trabajó en el Ministerio de Educación, e hizo parte de Openet E.U. para la Gobernación de Cundinamarca en 2003.

Hay que advertir que el Consorcio Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 está integrado por la *Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (35%) y de esta fundación hace parte Carlos Enrique Páramo Samper, abogado que estuvo encargado del Registro de Depositarios de la Sociedad de Activos Especiales; trabajó desde 2018 para la Alcaldía de Barranquilla, hizo parte de la UTL de un representante a la Cámara. Fue nombrado liquidador de la firma Inversiones Villa Rosita Ltda, que tenía como socios a Carlos Zuleta e Inversiones del Prado Abdala Saieh, involucrada en la Lista Clinton por el caso casa Estrella y los negocios con Beto Rentería y los Grajales.

También se encuentra a Juan Carlos Cáceres Bayona, santandereano, tras otra Fundación, Funtics, que cobró $ 22,873 millones de más en cinco contratos servicios de conexión a Internet no prestados a los colegios públicos en La Guajira, Magdalena y Norte de Santander.

También apareció con Carlos Enrique Páramo Samper en la Empresa de Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones, Niu Telco S.A.S., famosa por los contratos por $11.400 millones para dictar cursos de Inglés en La Guajira y Norte de Santander (el entuerto se cayó). Un contrato aseguraba desarrollar clases en 38 municipios, cuando La Guajira solo tiene 15, con dineros de las regalías.

La segunda empresa es ICM Ingenieros S.A.S. (35%). Se destaca en informes conocidos, que en el 2009 la firma ICM Ingenieros, que manejaba Álvaro Cruz junto con Luis Guillermo Mesa Sanabria y la empresa Incoasfaltos conformaron la Unión Temporal Asfaltos 2009, con la que participaron en la licitación del contrato 192 de ese año, cuyo objeto era el suministro de asfalto y emulsiones asfálticas para restaurar la malla vial de Bogotá, por un valor de casi $24.000 millones. La Fiscalía tiene evidencias de que Cruz pagó $800 millones para quedarse con ese negocio.

También se dijo que Jorge Rozo, su cuñado, era accionista indirecto de ICM a través de la firma Inversiones en Infraestructura S.A.S.

Se conoció que Cruz fue condenado a seis años de prisión por los delitos que aceptó de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y abuso de confianza calificado.
La tercera empresa de la Unión Temporal es Intec de la Costa S.A.S. (15%). Se advierte que tras bambalinas estuvo Hugo Armando Canabal Hoyos, nacido en Montería, Córdoba, y quien funge como el nuevo dueño de la empresa, de la que fueron socios también Dunia Andrea Sánchez Villadiego y Tatiana Zenith Lascarro Torres.

Tatiana Zenith, nacida en El Carmen de Bolívar, trabajó en la Regional Bolívar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde consta una investigación disciplinaria.
El hermano de Tatiana Lascarro, Ottomar Lascarro Torres aparecía como representante legal de OLT Logistics, una empresa que manejaba un conjunto musical llamado Gustavo Fontalvo y su banda, que animaba fiestas y eventos culturales. A OLT en el 2012 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá le otorgó cuatro contratos para construir ciclorrutas por $4.000 millones, que obviamente incumplió.

También se conoció que Intec de la Costa SAS de Barranquilla fue creada por José Fernando Lorduy Fernández, cartagenero, pero quien realiza sus negocios en Barranquilla.
Se indicó que se movía en la construcción de canchas sintéticas de fútbol y obras de mitigación en Sucre, y el mantenimiento de carreteras en Córdoba.
Hay que decir que Intec de la Costa, con el 20% e ICM Ingenieros SAS (la del caso Cruz) con el 50% recibieron un contrato de $117 millones del Invías para mejoramiento de la Transversal Quibdó-Medellín.

La cuarta empresa es Omega Buildings Constructura SAS (15%). Se advierte que el personaje tras bambalinas es el empresario Jalim de Jesús Rebaje García, cuyo nombre salió a luz pública en septiembre pasado tras la brutal agresión a la pediatra Dalila Peñaranda y su empleada Carmencita Pérez.

Se reveló que Rebaje García figura como uno de los subcontratistas en el escándalo de corrupción en los escenarios deportivos para los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales 2015, en Ibagué.

Precon P y R S.A.S. representada por Eding Asis Palis L’ Hoeste y Jalim de Jesús Rebaje García fueron contratados para obras de redes eléctricas por $6.551 millones.
También hay que anotar que Jalim de Jesús Rebaje García apareció como de la firma OLT Logistic, cuestionada en un contrato para construcción de tres ciclorrutas en Medellín en contrato por $4.000 millones.

Se supo que la firma Omega Buildings Constructora pasó después a manos de Juan Sebastián Vergara Ortega, nacido en Montería, Córdoba, pero quien opera desde Barranquilla.

Finalmente se conoció que Rafael Arturo Cepeda Peña reapareció tramitando el cambio del objeto de la compañía Omega Buildings Constructora S.A.S. Sigla O.B. Constructora S.A.S. como aconteció con otras empresas del consorcio que aparecieron ganadoras.
Para ir concluyendo hay que decir que la ministra de las Tic, Karen Abudinen, una vez conoció sobre la presuntas irregularidades sobre la cual transitaba la Unión Temporal, se comprometió a declarar la caducidad del contrato, y detuvo un nuevo desembolso por más de 25 mil millones de pesos, debido a que el consorcio no mostró claridad sobre la obras a ejecutar.

La MinTic fue contundente al advertir que no le temblará la mano para buscar la extinción de dominio para salvar cada peso de los recursos girados al consorcio ante su incumplimiento.

No obstante el abogado de la Unión Temporal, Jorge Pino Ricci explicó a medios de comunicación que el anticipo recibido del Ministerio se invirtió en la compra de equipos, baterías y todo lo relacionado con la instalación de los centros según el objeto del proceso.

Agregó el jurista que ellos esperan poder revocar la orden de caducidad que ya dio el Gobierno y, después de eso, ceder el contrato a la firma holandesa New Skies Satellites.
Para el abogado Pino Ricci el consorcio a la fecha está al día con la ejecución del contrato y el pago del anticipo por $70.000 millones está amortizado.

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