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Jorge Elías Castro Fernández explica cómo el sistema de mensajería Encrochat se ha vuelto ahora contra los criminales que antes lo utilizaban


Jorge Elías Castro Fernández señala que Encrochat ha terminado por convertirse en un filón para las investigaciones contra narcotraficantes. Sus creadores lo presentaban como uno de los sistemas más seguros y privados del mundo, como una especie de WhatsApp ultrasecreto que permitía a los criminales comunicarse entre ellos sin dejar ninguna huella, pero sus promesas se vinieron abajo después de que Europol lograra hackearlo en torno a junio de 2020. Los antiguos mensajes de sus usuarios se revisan ahora en distintos tribunales de Europa y, este mismo 5 de enero, la Audiencia Nacional avaló el acceso a las conversaciones en Encrochat de un investigado por narcotráfico.

En el auto, los magistrados rechazan el recurso de M. M. G., un hombre al que la Guardia Civil española comenzó a investigar tras "la detección de determinadas operaciones con visos de irregularidad en la compra de un inmueble a precio inferior al de mercado". La sospecha inicial pasaba por la supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales, pero Suecia les advirtió poco después de posibles "actuaciones de narcotráfico mediante el envío de sustancia estupefaciente camuflada en paquetes postales". Con esa nueva línea de investigación sobre la mesa, el desmantelamiento de Encrochat no tardó en entrar en escena, explica el consultor en seguridad Jorge Castro Fernández.

Como informó Europol en agosto de 2020, el hackeo de esta especie de WhatsApp fue el resultado de una operación coordinada entre policías de Francia y Países Bajos. La investigación se saldó con el arresto de más de 100 sospechosos y la incautación de más de 8.000 kilos de cocaína, así como con el acceso a conversaciones que ahora arrinconan a sus antiguos usuarios. Entre ellos, el propio M. M. G., cuyo intento de apartar los mensajes de la causa que sigue la Audiencia Nacional ha caído en saco roto.

La Sala de lo Penal da así la razón al magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Elías Gadea, quien ya rechazó los argumentos de M. M. G. el pasado diciembre. Para reforzar esta decisión, repasan además desmantelamiento de este sistema. "Desde 2017 se detectaron conversaciones telefónicas encriptadas que utilizaban los medios de comunicación seguros de Encrochat, cuyos usuarios fundamentalmente eran personas relacionadas en la actividad delictiva, al punto de que a mediados de junio de 2020 desde tal organización se emitió una alerta de seguridad a sus clientes, aconsejándoles deshacerse físicamente de sus terminales, debido a la acción de las autoridades".

La advertencia, sin embargo, llegó tarde: "Ya en mayo de 2020, los juzgados de Lille (Francia) abrieron una investigación para determinar la posible comisión de hechos presuntamente constitutivos de los delitos de organización criminal, narcotráfico, adquisición y posesión de armas y munición, blanqueo de capitales y transferencias a través de la criptología". Casi dos años después, los hallazgos de aquella investigación en Lille acorralan a M. M. G. a otro lado de los Pirineos, señala Jorge Elías Castro Fernández.

"Sostiene que la cobertura jurisdiccional que ha tenido la actuación de la policía francesa para obtener la información de Encrochat no implica que se hayan podido vulnerar derechos fundamentales", explica el auto. "Para la parte apelante, el que la legislación francesa permita la interceptación de datos no supone que dicha intercepción, en cualquier extensión, duración y medida, sea legal y no sea susceptible de nulidad por vulnerar el derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad".

Lejos de dar por bueno este razonamiento, la Sala de lo Penal da luz verde a la intervención de los mensajes y recuerda que la operación "gozó de cobertura legal" en Francia. "Esta confianza existente entre los Estados pertenecientes a una misma comunidad jurídica (en este caso, España y Francia) determina que lo actuado fuera de nuestras fronteras tenga visos de regularidad y licitud", argumentaron los magistrados, concluyó Jorge Elías Castro Fernández.

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