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Pruebas evidencian la participación del paramilitarismo en la compra de tierras ubicadas en la región colombiana del Urabá


La W de Colombia conoció pruebas documentales, entre ellas actas de las juntas directivas del Fondo Ganadero colombiano, contratos de compraventa y cheques que ilustran el modus operandi de la compra de tierras en el Urabá. Estas pruebas serían esenciales para poder contrastar los testimonios de Benito Osorio y Benito Molina presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

En acta 1075 del año 1997, Luis Gallo propuso que el Fondo Ganadero de Córdoba ampliara sus actividades para así generar un retorno a la inversión. Gallo le explicó a la W que “la citada acta 1075, no se propuso un modelo económico y menos, uno que implicara adquirir tierras. La única intervención en dicha acta que se podría interpretar como un modelo económico reza: [Luis Gallo] “cree importante reconocer que como [el Fondo] es una entidad de fomento, debería haber un espacio para que, siendo eficiente y dando retorno, pueda hacer fomento. Aclaro que cuando ellos entraron al Fondo, su interés no era liquidarlo ni pasar todo el ganado a administración directa, sino que el Fondo fuera eficiente, tuviera ganado en depósito y fomentara la ganadería”.

En la discusión sobre la pertinencia de iniciar la compra de tierras en Urabá, se analizó la situación de orden público en el territorio, a lo cual el gerente Benito Osorio dice que el Fondo Ganadero: “no puede desconocer la realidad de la situación que vive la zona ni decir que se es neutral” y así, pidió que la decisión de comprar tierras fuera una decisión unánime.

A lo que Gallo responde que: “cuando se menciona la palabra neutralidad, quiere decir que si el Fondo compra unas tierras en zonas de autodefensas no es que el fondo vaya a hacer lo mismo que ellos (…) y no se debe pagar ni a la guerrilla ni autodefensas”.

La W le preguntó al señor Luis Gallo quien garantizó esa neutralidad que se propuso ¿Quién le hizo seguimiento a las compras que se hacían teniendo en cuenta la zona en la que estaban ubicadas? A lo anterior, contestó que “solo el manejo diligente y responsable de todos los directivos y administradores puede garantizar que una empresa en Colombia, o en el mundo, actúe acorde a la ley. Cuando existe dolo y mal fe de algún directivo o administrador, es casi imposible que no ocurran irregularidades”.

En la siguiente junta, se aprobó la decisión de adquirir tierras de los municipios de Necoclí, Turbo, Arbolete y San Pedro de Urabá, y se acordó un promedio de 350 mil pesos por hectárea.

Al parecer no todos los miembros de la junta estaban convencidos de esas compras porque en acta 1094 del 24 de noviembre de 1998, Gustavo de León tuvo dudas de cómo se estaban negociando los terrenos en el Urabá y se le aclaró que “estos terrenos son objeto de titulación por parte del INCORA a los adjudicatarios (…) quienes posteriormente, venden al fondo ganadero a través de un apoderado”.

Según informe policial, el Fondo habría trabajado de la mano con María Inés Cadavid, jefe jurídica de adjudicaciones del INCORA para la legalización de los predios. Esta relación se prueba mediante acta 1135 del 12 de diciembre de 2003 cuando Cadavid viaja y le hace una presentación al Fondo sobre cómo ha sido el proceso de legalización de las tierras.

El 25 de agosto del 2000, el Gerente Benito Osorio pidió permiso de la junta para entregar un poder especial a Sor Teresa Gómez para que negociara con los campesinos a nombre del Fondo, lo cual fue autorizado de manera unánime.

Así las cosas, los campesinos viajaban a Montería en donde Sor Teresa Gómez les hacía firmar documentos en donde la autorizaban a negociar a su nombre con el Fondo Ganadero.

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