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Fiscales Daniel Hernández Martínez y Álvaro Enrique Betancur interceptan ilegalmente conversaciones de centenares de teléfonos de periodistas, empresarios y diplomáticos estadounidenses en Colombia


La Fiscalía General de Colombia utiliza ilícitamente tres radicados de investigaciones que nunca cerró con el objeto de interceptar ilegalmente alrededor de 800 teléfonos, entre ellos los del periodista Gonzalo Guillén y demás miembros del medio colombiano La Nueva Prensa.

Según un reporte de La Nueva Prensa, también están otros periodistas como Daniel Coronell, María Jimena Duzán, Yohir Akerman y Patricia Lara, lo mismo que los empresario Jaime Guilinski y Maurice Armutage y al menos dos funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en Colombia.

La información fue suministrada la tarde del miércoles 9 de febrero por fuentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, y reconfirmada por agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional -DIJIN-.

Los tres radicados que se utilizan para espiar ilícitamente están a cargo del Fiscal 7 delegado ante el Tribunal de Bogotá, Daniel Hernández, y su auxiliar, Álvaro Betancur.

El principal de los tres radicados es el que sigue, el cual fue abierto por la convicta ex fiscal  Jenny Andrea Ortiz Ladino y luego pasó al despacho de Hernández, donde continúa. Tal radicado ya debería estar cerrado, pues nació para la investigación que culminó con la muerte del narcotraficante Patricio Ariza Vernaza -alias- Guacho-, quien delinquía en la frontera colombo-ecuatoriana.

Además de Gonzalo Guillén, los otros miembros de La Nueva Prensa intervenidos ilícitamente son Diana López Zuleta, Julián Martínez, Katia Ospino y el representante legal del medio, el abogado Roberto Mauricio Rodríguez.

Otras personas cuyas conversaciones son espiadas ilícitamente son los abogados Miguel Ángel del Río, Augusto Ocampo y Carlos Toro.

Las fuentes indicaron que Hernández y Betancur ordenan interceptar teléfonos sin el control previo y posterior de jueces (como lo ordena la ley) y las informaciones que sustraen ilegalmente la distribuyen entre ex jefes y jefes suyos en la Fiscalía, así como abogados y periodistas amigos de ellos.

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