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Empresario Carlos Mattos firmó en Colombia preacuerdos judiciales que encubren al exfiscal Néstor H. Martínez, en un “gana-gana” para todos (3)

De izquierda a derecha y en orden descendente: Fiscal Daniel Hernández; fiscal Álvaro Betancur; Néstor Humberto Martínez, ex Fiscal General de la Nación y el empresario Carlos Mattos

Por Andrea Aldana

lanuevaprensa.com.co

Más que preacuerdos con Mattos, se trata de un acuerdo gana-gana. Gana Martínez Neira, pues se encubre su vínculo con los delitos investigados; por medio de los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur, gana un millón de dólares la Fiscalía, que no debería recibir dinero por hacer su trabajo; y gana Carlos Mattos. Con el caso Hyundai pasará lo mismo que con el de Odebrecht, también de gran interés personal para Néstor Humberto Martínez Neira: nunca se sabrá la verdad.

De todos los artículos que vamos a publicar en este reportaje por entregas, probablemente este es uno de los más importantes, así que recapitulemos: en el pleito legal conocido como “caso Hyundai”, a Carlos Mattos (dueño de Hyundai Colombia) le concedieron unas medidas cautelares que lo favorecieron en dos cosas: uno, le prohibieron a Hyundai Motor Company (empresa de Corea) promocionar, vender o comercializar vehículos en Colombia con alguien diferente a Carlos Mattos; dos, le prohibieron a la empresa del multimillonario ecuatoriano Juan Eljuri (nuevo distribuidor de Hyundai en territorio colombiano) comercializar sus vehículos Hyundai en el país.

El equipo jurídico de Carlos Mattos, dirigido por Néstor Humberto Martínez Neira, interpuso las acciones legales que consiguieron las medidas cautelares y si se conseguían estas medidas, según la oferta de servicios que Marínez Neira le presentó a Mattos (puede verse en el capítulo 1 de esta serie), la firma DLA Piper Martínez Neira (Estudio Jurídico MNA LTDA) se quedaba con el 10 por ciento de cualquier dinero que obtuviera Mattos en este proceso: sobre indemnización, sobre cualquier transacción/conciliación que finalizara el pleito, sobre el valor de la caución que fijara el juez si decretaba la medida cautelar, o sobre el valor de los bienes objeto de la misma.

Dos juzgados distintos decretaron estas medidas cautelares en favor de Carlos Mattos: el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá —en cabeza del juez Reinaldo Huertas— y el Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá —en cabeza de la juez Ligia Hernández Pérez—. Y, como contamos en el capítulo 2 de esta investigación, el juez Huertas fijó una caución de 77 mil millones de pesos como garantía ante posibles daños y perjuicios causados por las medidas cautelares decretadas. La caución —garantía bancaria— se estableció con el Banco GNB Sudameris el 30 de marzo de 2016, y Mattos tuvo que consignar el monto para hacer efectivas las medidas cautelares, ideadas por Martínez Neira, que el juez Reinaldo Huertas decretó siete días después, el 6 de abril de 2016.

Facsímil. Garantía de caución millonaria que fijó el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá y que pagó Carlos Mattos. Fecha: 30 de marzo de 2016.

Poco tiempo después, el juez Reinaldo Huertas, titular del juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, fue señalado de recibir sobornos para que decretara la medida cautelar estructurada por Martínez Neira en favor de Mattos. Pero antes de eso, el 29 de septiembre de 2016, actuando ya como fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Neira dijo en rueda de prensa que había "evidencia documental de que fue manipulado el reparto de asignación de denuncias y demandas y que, en tres casos, según la evidencia documental, fueron enrutadas hacia el Juzgado Sexto Civil de Bogotá".

Según las fuentes cercanas a la defensa de Carlos Mattos que consultó La Nueva PrensaNéstor Humberto Martínez Neira era el “Director del Plan legal y de su estrategia”. Así que, pese a todo su vínculo con el caso, Martínez Neira hizo esta afirmación sin declararse impedido. ​​Y omitió deliberadamente que había otra acción legal —que él mismo solicitó ante los juzgados— en la que también se decretaron medidas cautelares en favor de Mattos. Las decretó la juez Ligia Hernández Pérez, titular en ese entonces del Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá y exalumna de Martínez Neira, según declaraciones del indiciado del “caso Hyundai”, Dagoberto Rodríguez Niño.

Néstor Humberto Martínez y la juez del juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá, el vínculo que Fiscalía y Mattos pretenden encubrir

La estrategia legal del equipo jurídico de Carlos Mattos consistió en presentar demandas por competencia desleal, inducción a ruptura del contrato y uso indebido de la marca Hyundai en Colombia. Y, en noviembre de 2015 y en representación de Mattos, el propio Néstor Humberto Martínez Neira solicitó ante “Juez Civil Municipal Bogotá (Reparto)”, una inspección judicial a la empresa del multimillonario Eljuri como prueba anticipada.

Facsímil. Solicitud de prueba anticipada firmada por Néstor Humberto Martínez. Documento publicado por el periodista Daniel Coronell en columna “Justicia por cuotas”.


Como consta en el acta oficial, Néstor Humberto Martínez Neira fue el representante de la acción y la solicitud se repartió el 1 de diciembre de 2015 al Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá, cuya titular era la juez Ligia del Carmen Hernández Pérez. Y, como lo evidenció el periodista Daniel Corornell en la columna “Justicia por cuotas”, el 9 de diciembre la juez reconoció a Martínez Neira como “apoderado judicial de la parte solicitante”, o sea, de Hyundai Colombia.

Facsímil. Acta de reparto de la solicitud que hizo Néstor Humberto Martínez. Documento publicado por el periodista Daniel Coronell en columna “Justicia por cuotas”.


Facsímil. Reconocimiento a Néstor Humberto Martínez como apoderado judicial de Hyundai Colombia, firma la juez del Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá . Documento publicado por Daniel Coronell  en columna “Justicia por cuotas”.

La diligencia de inspección judicial se hizo el 29 de abril de 2019 y a ella se presentó Sergio Alberto Rojas Quiñones, como abogado de la firma DLA Piper Martínez Neira (Estudio Jurídico MNA LTDA), y con “un poder de sustitución por parte del doctor Néstor Humberto Martínez Neira”, según consta en el acta de la diligencia que también contó con la presencia de la juez, la perito designada y la secretaria Ad-Hoc.

Pantallazo  de la columna “Justicia por cuotas”, escrita y publicada por el periodista Daniel Coronell en Revista Semana.

El mismo día, pocas horas después de terminada la diligencia, en un acto inusual en la justicia colombiana y básicamente casi sin pensárselo, la juez Ligia del Carmen Hernández Pérez, titular en ese entonces del Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá, decretó medidas cautelares en favor de Carlos Mattos, estructuradas por Martínez Neira, prohibiéndole al grupo económico del multimillonario ecuatoriano Juan Eljuri, dos cosas, así:

1. Abstenerse de comercializar vehículos de la marca Hyundai en Colombia.

2. Abstenerse de utilizar signos distintivos de la marca Hyundai en Colombia.

Según lo pactado por Néstor Humberto Martínez Neira en la oferta de servicios que le envió a Carlos Mattos, “en el evento en el que se dicte medida cautelar contra el demandado”, a Martínez Neira le debían pagar una “comisión de éxito equivalente al diez por ciento (10%) del valor de los bienes objeto de la misma o el diez por ciento (10%) de la caución requerida, lo que resulte mayor».

Facsímil. Extracto de  oferta de servicios. La comisión de éxito pactada por Néstor Humberto Martínez. Fecha: 18 de noviembre de 2015.

Y para ese momento, los bienes del grupo económico Eljuri —objeto de las medidas— eran 9.143 carros retenidos en zonas francas que no podían ingresar a Colombia por cuenta de esta medida cautelar. Que valdrían, probablemente, más de 30 millones de dólares de la época.

El 27 de mayo del 2016 la juez Ligia del Carmen Hernández Pérez negó el incidente de nulidad que pidieron los abogados de Eljuri y el 8 de julio del mismo año, resolvió: rechazar todos los recursos interpuestos y, básicamente, no cambiar su decisión frente a las medidas cautelares.

Todas estas decisiones favorecieron a Carlos Mattos y, específicamente, a Néstor Humberto Martínez Neira y su firma. En documentos oficiales quedó demostrado el vínculo entre la juez que decretó las medidas y Martínez Neira, el abogado que las solicitó.

Pero este vínculo es el que quieren encubrir entre la Fiscalía y Carlos Mattos con el preacuerdo que pretenden firmar, un preacuerdo en el que todos ganan: a Mattos se le rebaja la pena y se le concluye el proceso y, de esta forma, no se llega a juicio, que es el escenario en donde —en su etapa probatoria— el nombre de Néstor Humberto Martínez Neira tendría necesariamente que salir a la luz.

Los fiscales que están negociando el preacuerdo con Carlos Mattos son Daniel Ricardo Hernández Martínez y Álvaro Enrique Betancur Martínez, los mismos que fueron denunciados por Leonardo Espinosa, exfiscal general ad hoc designado por la Corte Suprema de Justicia para investigar el caso Odebrecht, por sus actuaciones irregulares en este caso ya que eran los fiscales de apoyo. Casualmente, Hernández y Betancur aterrizan en las investigaciones judiciales más importantes que involucran a Néstor Humberto Martínez Neira y sus intereses.

En uno de los preacuerdo que tienen con Carlos Mattos, el que se arregló  el 18 de febrero de este año (2022), es evidente la intención de los fiscales y del acusado de ocultar el nombre de Martínez Neira.

En el punto 5 del preacuerdo, se lee que “1 de diciembre de 2015 fue radicada una solicitud de prueba anticipada ante el Centro de Servicios Administrativos y Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles y de Familia del Consejo Superior de la Judicatura en la ciudad de Bogotá D.C., consistente en una inspección judicial” y después agrega que “esta solicitud fue repartida ese mismo día al Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá, cuya titular era la señora LIGIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ PÉREZ”.


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