El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación asegura haber tenido acceso a un informe interno que revela que la compañía de telecomunicaciones Ericsson solicitó permiso a la organización terrorista conocido como el Estado Islámico o ISIS para trabajar en una ciudad controlada por este grupo yihadista y pagó para contrabandear equipos a las áreas de ISIS en una ruta conocida como “Speedway”.
Según recoge Servimedia, el Consorcio sostiene que la compañía sueca hizo decenas de millones de dólares en pagos sospechosos durante casi una década para mantener su negocio en Irak, financiando fondos de soborno, viajes al extranjero para funcionarios de defensa y pagos a través de intermediarios a ejecutivos corporativos y posiblemente terroristas.
Según un reporte de El Independiente, la investigación que publica el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que en 2016 publicó la investigación conocida como los ‘Papeles de Panamá’, describe “un patrón de soborno y corrupción tan extendido, y la supervisión de la compañía tan débil, que millones de dólares en pagos no pudieron ser contabilizados, todo mientras Ericsson trabajaba para mantener y expandir redes celulares vitales en uno de los países más corruptos del mundo”.
Relata que el negocio de Ericsson en Irak dependía de personas con conexiones políticas y subcontratistas no investigados. Estaría marcado por contratos falsos, facturas infladas, estados financieros falsificados y pagos a «consultores» con descripciones de trabajo “nebulosas”.
El Consorcio indica que la mayor parte de la conducta corrupta se produjo después de que Ericsson, “un actor clave en la batalla de Occidente con China sobre el futuro de las comunicaciones globales”, reconociera en 2013 que estaba cooperando con las autoridades estadounidenses investigando acusaciones de soborno en otros lugares.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha compartido los documentos filtrados con ‘The Washington Post’, SVT en Suecia y otros 28 medios socios en 22 países como parte de un proyecto conocido como la ‘Lista Ericsson’. El Consorcio y sus socios afirman haber verificado la autenticidad de los registros y haber pasado meses examinando otros documentos y entrevistando a exempleados, funcionarios gubernamentales, contratistas y otros expertos de la industria en Irak, Londres, Washington, Jordania, Líbano y otros lugares.
Los documentos filtrados incluyen 73 páginas de un informe de 79 páginas sobre el negocio de Ericsson en Irak, incluidos resúmenes de 28 entrevistas con testigos y 22,5 millones de correos electrónicos.
El Consorcio y los medios asociados enviaron preguntas detalladas a Ericsson pero sostiene que en lugar de responder la compañía emitió una declaración pública el 15 de febrero reconociendo la «mala conducta relacionada con la corrupción» en Irak y los posibles pagos a ISIS, pero sin citar otros países.
Sin embargo, afirma el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que los análisis que ha realizado muestran que, además de Irak, la compañía examinó presuntas conductas indebidas en el Líbano, España, Portugal y Egipto. Además, relata que una hoja de cálculo enumera las investigaciones de la compañía sobre posibles sobornos, lavado de dinero y malversación de fondos por parte de empleados en Angola, Azerbaiyán, Bahrein, Brasil, China, Croacia, Libia, Marruecos, Estados Unidos y Sudáfrica.
Asimismo, mantiene que mientras ISIS conquistaba ciudades en Irak, “saqueaba casas y decapitaba rehenes”, dos empleados propusieron detener las operaciones en Mosul y en otras partes del país pero los altos ejecutivos regionales rechazaron la recomendación, ya que irse «destruiría nuestro negocio», dice el informe citando a los ejecutivos.
Menos de un mes después, Ericsson le pidió a un socio regional, Asiacell Communications, que buscara «permiso de la ‘autoridad local ISIS'» para continuar trabajando en Mosul, lo que llevó a combatientes de ISIS armados a secuestrar a un jefe de tripulación con un subcontratista de Ericsson, según el informe y la víctima del secuestro. Asiacell no respondió a las repetidas solicitudes de información, según el Consorcio, que agrega que los investigadores de Ericsson dijeron que no podían descartar la posibilidad de que la compañía financiara el terrorismo a través de sus subcontratistas, aunque no pudo identificar a ningún empleado de Ericsson como «directamente involucrado».
Además, explica que el departamento de Ericsson que monitorea las actividades de la compañía preparó “los registros confidenciales” con la ayuda de Simpson Thacher & Bartlett, un bufete de abogados de alto poder de Nueva York, que manejó su defensa en la investigación de sobornos de Estados Unidos.
Asegura que la investigación interna, “aunque condenatoria”, a menudo no llega a conclusiones específicas y sugiere una investigación incompleta de algunas de las acusaciones más explosivas, incluido que se hicieron pagos a terroristas. Asimismo, sosteiene que los investigadores internos no entrevistaron a funcionarios de la principal empresa de transporte que mueve equipos de Ericsson a través del territorio de ISIS o a los subcontratistas en los que la compañía confiaba para trabajar en Mosul, controlada por ISIS.
Las preguntas del Consorcio y sus socios que afirman que Ericsson se ha negado a abordar incluyen por qué un ejecutivo regional fue promocionado durante la investigación de corrupción y por qué las vidas de los trabajadores fueron puestas en riesgo por las operaciones de la compañía en Irak.
También exponen que no está claro cuánto sabían el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores sobre los abusos en Irak o si Ericsson reveló completamente sus hallazgos internos.
Ericsson en Irak durante la expansión del Estado Islámico
Ericsson, el gigante sueco de las telecomunicaciones, pagó millones de dólares en sobornos, creó fondos en negro y esquemas de desvío de dinero para poder operar en territorio iraquí después de 2014, cuando parte del país quedó bajo el dominio del Estado Islámico de Irak y el Levante. La empresa realizó pagos ilegales para seguir transportando sus torres telefónicas por el país o para conseguir la adjudicación de determinados proyectos, mientras la organización terrorista se daba a conocer en todo el mundo con sus vídeos de decapitaciones de rehenes. Y antes de su ascenso, Ericsson ya trabajaba con dudosos intermediarios que conseguían contratos públicos con sobornos y fondos opacos.
Según un reporte de Sydney P. Freedberg (ICIJ) y Maggie Michael (ICIJ) publicado por EL PAÍS, los detalles de esta forma de operar en Irak y en varias zonas del mundo salen hoy a la luz por primera vez gracias a los documentos internos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y rebautizados The Ericsson List. Han sido analizados por 30 medios de 22 países: The Washington Post, en Estados Unidos; la televisión pública SVT, en Suecia, y EL PAÍS en exclusiva para España, entre otros. El equipo ha comprobado la veracidad de los archivos y contrastado los hallazgos con información pública y entrevistas a funcionarios y exempleados en Irak, Londres, Jordania o Líbano.
Los archivos filtrados son 73 de las 79 páginas de una investigación interna que la misma firma Ericsson se vio forzada a abrir por la presión de la autoridad bursátil de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Ericsson hizo público en 2013 que la SEC estaba revisando el comportamiento de la empresa a raíz de las denuncias sobre contratos públicos y adjudicaciones conseguidas con prácticas a menudo ilegales en varios países. El gigante sueco contrató entonces un influyente despacho de abogados de Nueva York que empezó a revisar millones de correos electrónicos de la compañía y a entrevistar a testigos para aclarar lo que estaba pasando.
La revisión interna se centró en el período entre 2011 y 2019 y documenta cómo los sobornos y la corrupción estaban a la orden del día ante el control casi inexistente de la empresa. De esa cooperación con las autoridades surgió en 2019 un acuerdo por el que Ericsson pagó más de mil millones de dólares (950 millones de euros) al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se demostraron casos de malversación y sobornos en Djibouti, China, Vietnam, Indonesia y Kuwait entre 2000 y 2016. Como parte del pacto, no se empezó un proceso penal contra Ericsson ni se imputó a ninguno de sus directivos.
Pero los archivos de esa investigación, que forman parte de The Ericsson List, demuestran que había mucho más.
Los nuevos documentos revelan que, mientras Ericsson negociaba el citado acuerdo con las autoridades para evitar un juicio, seguía manteniendo el mismo modus operandi en varios países, Irak entre ellos. Ericsson trabajó con intermediarios que le consiguieron contratos millonarios sobornando a las autoridades locales; pagó ingentes cantidades de dinero para transportar torres de telefonía móvil a través de los territorios controlados por el Estado Islámico y llegó a exigir a su socio en la región que “pidieran permiso a la autoridad local del Daesh” para seguir trabajando en Mosul, llevando a que la organización terrorista secuestrara a un empleado. Los abogados contratados por Ericsson como investigadores concluyeron en su informe que no pueden excluir que la compañía financiara al grupo terrorista a través de sus subcontratas, aunque no pudieron identificar la “implicación directa” de ningún empleado.
Los papeles también arrojan luz sobre 13 países no incluidos en los términos del acuerdo con las autoridades estadounidenses, pero donde la investigación interna trató casos de mala praxis corporativa: Croacia, Egipto, Sudáfrica, Portugal, Angola, Estados Unidos, Brasil, Azerbaiyán, Marruecos, Bahréin, Libia, Líbano y España, donde un conflicto de intereses interno se acabó resolviendo con un despido.
Ni Ericsson ni el Departamento de Justicia han querido aclarar si las informaciones sobre Irak desveladas por los investigadores no llegaron a las manos de las autoridades o sí lo hicieron pero no parecieron relevantes. El acuerdo entre las partes, como suele ocurrir en este tipo de casos, se realizó a puerta cerrada.
En lugar de contestar a las preguntas del ICIJ, Ericsson emitió un comunicado el pasado 15 de febrero admitiendo “malas prácticas relacionadas con casos de corrupción” en Irak y posibles pagos al ISIS. El consejero delegado de la compañía, Börje Ekholm, ha explicado a un periódico sueco que no tenía acceso a la nueva documentación: “No podemos determinar dónde acaba de verdad el dinero, pero sabemos que ha desaparecido”.
Desde esa revelación, la compañía se ha desplomado en Bolsa más del 10%, perdiendo 4.000 millones de dólares el día después de que Ekholm no pudiera negar la evidencia de los pagos. Uno de los mayores accionistas de la empresa, Cevian Capital, ha afirmado que ese tipo de comportamientos son “inaceptables”. Ericsson ha asegurado en su comunicado que está comprometida con “realizar negocios de una manera responsable, aplicando los mayores estándares en términos de anticorrupción y derechos humanos”.
Los problemas de Ericsson en Irak ilustran el riesgo de corrupción que conlleva la industria de las telecomunicaciones, que mueve 1,6 billones de dólares a nivel global. Las licencias gubernamentales y los contratos para instalar antenas de telefonía pueden generar enormes beneficios —y la regulación anticorrupción es débil—. Trabajar en Irak, en palabras de los investigadores internos de Ericsson, “puede ser un riesgo político, legal y financiero en sí mismo, y requiere un control diligente”.
Pero Irak es un país que Ericsson conoce bien. Trabaja allí desde la década de los sesenta, cuando ayudó a instalar el sistema telefónico de Bagdad. El dictador Saddam Hussein restringió la posesión de teléfonos móviles a una pequeña élite y después de la invasión estadounidense en 2003 Irak emergió como uno de los pocos mercados vírgenes de este tipo de telefonía del mundo.
Entre 2011 y 2018, según el informe interno, las ventas de Ericsson se acercaron a los 2.000 millones de dólares. Ganó importantes contratos posteriores a la guerra de Irak para suministrar nueva tecnología a la compañía estatal de telecomunicaciones del país y también ganó adjudicaciones para instalar torres y actualizar equipos y redes para los tres principales operadores móviles: Asiacell, una empresa de propiedad de Qatar; Zain Irak, parte de un grupo de telecomunicaciones de Kuwait; y Korek, controlado por Sirwan Barzani, de una importante familia local y sobrino del expresidente de la región del Kurdistán de Irak.
Oriente Medio siempre fue un terreno dominado por las grandes compañías de telecomunicaciones occidentales hasta que, tras escándalos de reputación y malas apuestas de negocio, fueron perdiendo espacio frente a empresas chinas como Huawei. Ericsson intentó mantenerse en la carrera subcontratando parte de su trabajo a agentes locales e intermediarios, tomando así distancia del, a menudo, opaco negocio de conseguir contratos públicos en países en vías de desarrollo.
¿Y en qué se traducía este tipo de presencia local? La investigación interna describe formas de trabajar que tienen exactamente el mismo patrón de los casos que llevaron al acuerdo con las autoridades estadounidenses en 2019: fondos en b, facturas infladas o falsas, esquemas de soborno y subcontratas que no habían pasado ningún control. Once personas, entre empleados y exempleados de Ericsson, violaron el código ético de la compañía por lavado de dinero e intentos de obstaculizar la investigación. Además, regalaron a sus clientes obras de arte, ropa, iPads, relojes o bolígrafos Mont Blanc, y pagaron viajes a España y a Suecia a 10 representantes del Ministerio de Defensa de Irak.
Ericsson también confiaba en contactos locales, y Jawhar al-Sourchi ha sido uno de ellos. Este agente de ventas ayudó a la empresa a navegar en la burocracia iraquí durante 15 años. A través de su firma, Al-Awsat Telecommunication Services, consiguió contratos para Ericsson con agencias estatales y operadores de líneas móviles, como Asiacell y Zain. Hasta el punto que, con el tiempo, la compañía de Al-Sourchi se empezó a conocer en Irak directamente como “Ericsson”. Ericsson, la de verdad, había dado poderes a Al-Awsat para firmar contratos en su nombre, y la empresa, destacan los investigadores, consiguió trabajos para compañías de amigos y familiares de su dueño.
En su entrevista con los auditores internos de la compañía, Al-Sourchi dijo que sus “lazos estrechos” con personas con cargos importantes le permitían “mover los hilos” a favor de Ericsson y que hizo “muchos favores” a la compañía, ayudándola a ganar contratos en “tiempos muy difíciles”. Ericsson, asegura Al-Sourchi, no habría podido tener éxito en Irak sin su ayuda.
La empresa de Al-Sourchi se convirtió en una vía para canalizar millones de dólares en pagos sospechosos, según descubrieron los investigadores internos de Ericsson. Entre otros, hallaron 10,5 millones de dólares destinados a empresas cuyo beneficiario final no pudo ser identificado; y de los 90 millones de dólares en trabajos de consultorías facturados encontraron pruebas para justificar solo 27 millones. Una auditoría interna, de hecho, desveló que gran parte de ese dinero fue a una cuenta personal de Al-Sourchi en Jordania. A través de Al-Awsat también se pagaron billetes de avión en clase business para ejecutivos de la compañía estatal de telefonía de Irak.
Los investigadores descubrieron además que los empleados de Ericsson utilizaron Al-Awsat para dirigir 500.000 dólares “en comisiones” al director de Asiacell —una de las tres grandes compañías de telecomunicaciones de Irak— para adjudicarse la actualización de la red telefónica en un importante proyecto en el país, llamado Proyecto Peroza. Consistía en reemplazar y ampliar la red de Asiacell existente, montando las torres de telefonía en una nave industrial donde serían probadas antes de ser enviadas por todo Irak.
En dos entrevistas con The Washington Post, partner del ICIJ en esta investigación, Al-Sourchi admitió que sus amplias conexiones políticas habían ayudado a compañías extranjeras a competir en Irak. “Mi fuerza es que conozco a gente, conocí a todos los primeros ministros”, dijo antes de citarlos uno tras otro por su nombre. Rechazó que ganara contratos gracias a sobornos u otro tipo de corrupción, y aseguró que nunca vio a Ericsson hacerlo: “Alguien está celoso y está intentando desacreditar a la compañía”, comentó sobre las acusaciones.
Entre 2013 y 2014, Ericsson tuvo que tomar una decisión fundamental. Mientras las milicias del Estado Islámico conquistaban ciudades iraquíes, saqueando las casas y decapitando a rehenes ante las cámaras, dos empleados propusieron suspender las operaciones en Mosul y en el resto de Irak. ¿Merecía la pena quedarse?
Es justo el momento en el que Ericsson contrata a Simpson Tacher & Bertlett, el importante despacho de Nueva York, para investigar las posibles prácticas corruptas dentro de la empresa después de hacer público que colaboraría con la SEC para auditar su negocio internacional. El equipo legal lo constituían tres exfuncionarios de Estados Unidos, y uno de ellos, Cheryl Scarboro, había trabajado como jefe de la unidad antisoborno de la misma SEC.
Mientras la investigación de las autoridades estadounidenses avanzaba, Ericsson y sus clientes se encontraban con un nuevo problema: la instauración del califato del Estado Islámico de Irak y el Levante. En junio de 2014, llegó hasta Mosul, la cuarta ciudad del país. En su período de máxima expansión, gobernaba sobre un territorio con ocho millones de habitantes entre Irak y Siria.
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