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Medio colombiano La Nueva Prensa emite comunicado sobre graves amenazas contra la vida de su director y su equipo de trabajo


Por LA NUEVA PRENSA

Tras un ataque armado reciente contra nuestro periodista Julián F. Martínez, dos fiscales de la Unidad de Crimen Organizado acaban de recibir pruebas y testimonios de un plan dirigido a asesinar al director de La Nueva Prensa, al abogado Miguel Ángel del Río y al ex oficial de la Policía Nacional Wadith Velásquez.

El equipo de La Nueva Prensa rechaza y denuncia ante la comunidad nacional e internacional las amenazas graves, recurrentes y sistemáticas contra su director, el periodista Gonzalo Guillén, así como contra varios integrantes de este medio de comunicación, respecto de hechos que han sido denunciados y a los que no se les ha dado trámite efectivo por parte de la Fiscalía General de la Nación, ni de las entidades del Estado encargadas de garantizar su seguridad.

De acuerdo con la información entregada al Estado por varias fuentes, especialmente la de un testigo que declaró ante los fiscales 21 y 147 de Crimen Organizado, existe actualmente un plan criminal para asesinar al periodista Gonzalo Guillén, al abogado Miguel del Río y al ex suboficial de la Policía Nacional Wadith Velásquez (de la DIJIN y descubridor de la llamada Ñeñe-política), para lo cual fue, según declaró, contratada la tenebrosa organización criminal conocida como Oficina de Envigado.

El plan criminal, de acuerdo con los denunciantes, se encuentra en marcha y es financiado por delincuentes de Cesar y La Guajira, entre ellos el convicto y prófugo Paul Corrales.  Los fiscales 21 y 147 poseen información detallada sobre las camionetas, los fusiles y los 800 millones que fueron destinados para cometer los homicidios.

Las primeras amenazas comenzaron con motivo de investigaciones que han hecho periodistas y abogados de La Nueva Prensa. Una de ellas, de Guillén, involucra al ex fiscal general Néstor Humberto Martínez con el delito de lavado de activos internacional, entre otros.

La situación de amenaza se recrudeció con posterioridad a la publicación de una veintena de reportajes investigativos que, en exclusiva, puso al descubierto la compra de votos en cinco departamentos para la elección del actual presidente de la República, Iván Duque, con dineros del narcotráfico, conocida como Ñeñe-política.

Este medio también revelado las relaciones entre pilotos del Cartel de Sinaloa con el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y varios miembros del gobierno nacional, incluyendo al actual presidente.

La Nueva Prensa investigó y publicó la historia secreta del hermano de la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, condenado en Estados Unidos por tráfico de heroína.

De la misma manera, este medio reveló en exclusiva que un tío carnal del actual embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, purga pena de cadena perpetua en ese país por tráfico de cocaína.

Por otra parte, investigaciones de Guillén sirvieron como principal insumo para que el ex gobernador del departamento de La Guajira y asesino en serie Juan Francisco Gómez Cerchar, alias Kiko Gómez, fuera condenado por la justicia colombiana, al igual que su lugarteniente, alias Marquitos Figueroa.

Cabe recordar el atentado con armas de fuego sufrido por el periodista Julián F. Martínez, el pasado 22 de febrero, en Bogotá, cuando se retiraba de un encuentro con una fuente de información vital en una investigación que está realizando. Este se suma a otros hechos recientes que han amenazado la vida e integridad de los periodistas, así como a ataques de tipo digital y la violación a nuestras comunicaciones a través de interceptaciones ilegales ejecutadas por la Fiscalía General de la Nación, utilizando viejos radicados de investigaciones que, aunque no vinculan a ninguno de los miembros del equipo de La Nueva Prensa, se utilizan para espiarnos, lo mismo que a otras personas que se encuentran relacionadas en un listado que reposa en poder de este medio.

Adicionalmente, La Nueva Prensa ha sido objeto de una campaña de guerra sucia y profusos ataques cibernéticos, contratados por el Gobierno Nacional con el delincuente Carlos Escobar Marín, condenado en Estados Unidos por defraudar al Bank of America. Una investigación de Julián F. Martínez mostró que Escobar posee un apartamento en Medellín que le entregó Iván Duque de varios que le fueron expropiados a la multinacional del crimen Oficina de Envigado.

Hacemos responsable al Estado colombiano, en cabeza del gobierno de Iván Duque, de la vida, la integridad y la seguridad personal de todo el equipo de La Nueva Prensa, e instamos a las entidades competentes a adelantar los procesos de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, así como de tomar las medidas necesarias para proteger nuestras vidas y garantizar el libre ejercicio del periodismo, de acuerdo con lo establecido en las normas internacionales de protección de derechos humanos y en lo relativo al deber de protección especial del Estado para los periodistas. Asimismo, solicitamos el apoyo de las organizaciones internacionales que propenden por la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa y de expresión, para que rodeen este proceso de exigencia de garantías al Estado colombiano y se nos permita ejercer nuestra labor sin que nos cueste la vida ni la tranquilidad.


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