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Puerto Leguízamo de Colombia: ¿operación militar o ejecuciones extrajudiciales?


Por Gimena Sánchez-Garzoli 

wola.org | Traducción

En Colombia, las masacres y ataques contra líderes sociales entre enero de 2022 y marzo de 2022 ocurrieron a un ritmo mayor que en el mismo lapso de 2021, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz . INDEPAZ ). En 2022 fueron asesinados 48 líderes sociales mientras que en 2021 fueron 42. En 2021 se produjeron 23 masacres con 84 víctimas mientras que en 2021 se han producido 27 masacres con 94 víctimas. En cuanto a los excombatientes de las FARC, 14 fueron asesinados en 2021 y 11 en 2022. Estas tendencias son preocupantes y requieren que los legisladores estadounidenses den prioridad a abordar la situación de los derechos humanos en Colombia y ayuden a fomentar un contexto para el diálogo.

En esta edición de abusos denunciados a WOLA que requieren acción internacional, le solicitamos que se comunique de inmediato con las autoridades colombianas sobre el incidente ocurrido el 28 de marzo en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo. Ese día, 11 personas fueron asesinadas por las fuerzas armadas colombianas. El ministro de Defensa y el presidente Duque afirmaron en prensa y redes sociales que los “neutralizados” fueron asesinados en el marco de un operativo armado y pertenecían a grupos armados ilegales. Sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes y de las víctimas de los familiares afirman que las personas muertas eran civiles.

Según la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana ( OPIAC) , lo que el gobierno ha calificado como un presunto enfrentamiento entre fuerzas estatales y disidentes de las FARC resultó en el asesinato de nueve personas y la captura de otros cuatro. Informan que el ejército nacional llegó a un mercado local donde los particulares estaban recaudando fondos para las necesidades del barrio. Una vez allí, el ejército abrió fuego de forma indiscriminada contra los asistentes a la recaudación de fondos, matando a nueve personas. Entre los asesinados se encontraba Pablo Panduro Coquinche, Autoridad Indígena y Gobernador del pueblo Kitcwhwa.

Instamos encarecidamente a los políticos estadounidenses a que exijan que la oficina del presidente de Colombia y el embajador de Colombia, Juan Carlos Pinzón, aclaren de inmediato este incidente. Una investigación independiente y transparente en la que participen las autoridades judiciales debe determinar exactamente qué sucedió, si se cometieron ejecuciones extrajudiciales y tomar las medidas apropiadas para sancionar a los responsables, de ser el caso. Hasta que ocurran estas investigaciones y acciones, el Congreso de los EE. UU. debería congelar la asistencia militar de los EE. UU. a Colombia, ya que hay indicios de que, de probarse la verdad, se trata de una violación importante de las condiciones de derechos humanos vinculadas a la asistencia de seguridad de los EE. UU.

Ataques contra la sociedad civil Asesinan
a dos destacados líderes sociales (Bolívar)
El 22 de febrero, actores armados asesinaron los líderes sociales Teófilo Manuel Acuña Ribón y Jorge Tafur en el municipio de San Martín, departamento de Bolívar. Según la Coordinadora Nacional Agraria (Asociación Nacional Campesino, CNA), los líderes sociales habían denunciado recientemente amenazas y hostigamientos por parte del alcalde y policías del municipio de San Martín contra víctimas de la violencia estatal. Teófilo Acuña fue un destacado líder campesino, vocero del Congreso del Pueblo y presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol). Jorge Tafur participó en la incidencia de laAsociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC), Fedeagromisbol, y el directorio de la Coordinadora Nacional Agraria. WOLA y otras 19 organizaciones internacionales de la sociedad civil  pidieron  al gobierno colombiano que investigue con prontitud los asesinatos y exigieron medidas reales y de protección a la administración de Iván Duque.

Líder Indígena Desaparecido Hallado Muerto de Múltiples Heridas de Arma de Fuego (Nariño )
El 22 de febrero, luego de estar 24 horas desaparecido,   informó El Contraste  Bolívar Lavin Delgado, indígena de 34 años, muerto por disparos de arma de fuego de actores no identificados. Delgado pertenecía al Resguardo Piguambí Palangala de la comunidad Awá en la zona rural de Tumaco y era parte de la Guardia Indígena. Actores no identificados lo secuestraron después de que salió de su casa para pescar el domingo por la noche. La Guardia Indígena encabezó un comité de búsqueda y encontró su cuerpo sin vida con disparos y su motocicleta robada. Según los líderes indígenas de la comunidad Awá, siete miembros de la comunidad fueron asesinados en los últimos dos años. Los grupos armados ilegales y las fuerzas de seguridad también han cometido violencia contra la comunidad Awá y otras comunidades indígenas marginadas a través del desplazamiento interno, el confinamiento y el secuestro.

Guerrilleros del ELN matan a líder afrocolombiano (Chocó)
El 23 de febrero, según  Análisis Urbano , guerrilleros del ELN  mataron a balazos  al líder social Julio Victoria Cárdenas, presidente del Consejo Comunitario y miembro de la Cimarrona Guardia del Litoral San Juán en el departamento de Chocó. En esta fecha, Cardenás era el trigésimo primer líder social asesinado en 2022.

Agreden a líder campesino, defensor de derechos humanos (Santander)
El 27 de febrero, hombres armados en motocicletas en Barrancabermeja, departamento de Santander,  balearon al defensor de derechos humanos y líder campesino Carlos Arturo Morales Mallorga, su esposa y su hijo de cinco años. Tanto él como su esposa resultaron heridos, pero ahora se encuentran estables. Morales Mallorga es el presidente de la Corporación de Acción Humanitaria para la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), una organización de 150 miembros que ha denunciado sistemáticamente las violaciones de derechos humanos en la región desde 2004. Morales Mallorga enfrentó anteriormente cargos falsos e incluso es un beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cahucopana denunció el ataque y pidió al gobierno colombiano que lleve a cabo investigaciones rápidas sobre el incidente y brinde la protección adecuada a Morales Mallorga y su familia.

Líder social asesinado (Bolívar)
El 5 de marzo, hombres armados  asesinaron a  Eduardo Emilio Vanegas Mendoza en el municipio de Barranco de Loba, departamento de Bolívar. Mendoza fue un líder reconocido, presidente de la Junta de Acción Comunal Minera de Pueblito Mejía  y víctima del desplazamiento interno. Los dos hombres lo interceptaron y atacaron cuando se dirigía a La Riqueza con otras tres personas. Mendoza murió al llegar al hospital y las otras tres personas resultaron heridas. La Defensoría del Pueblo había publicado previamente la Alerta Temprana 020/2020 para los municipios de Altos del Rosario, Barranco de Loba, Norosí y Tiquisio en el departamento de Bolívar.

Agreden a dirigente sindical (Valle del Cauca)
El 9 de marzo, la Central Unitaria de Trabajadores Subdirectiva  y el Comité de Solidaridad de La Cut  denunciaron  una agresión a Néstor Fabio Viafara Olaya, Presidente de Sintrapub y Vicepresidente de la Federación Suroeste de Funtramiexco, y todas las instancias de desplazamiento interno, persecuciones y asesinatos de líderes sociales. Llamaron a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse contra las violaciones a los derechos humanos de los integrantes de Sintrapub.

Destacado líder indígena asesinado (Cauca)
El 14 de marzo, según el Consejo Regional Indígena del Cauca (  CRIC), comuneros de Popayán, departamento de Cauca,  encontraron  el cuerpo sin vida del líder indígena Miller Correa, concejal de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN) y defensora de derechos humanos. Su cuerpo sin vida con heridas de bala fue encontrado abandonado en la vía a Tambo. Las autoridades indígenas dirigieron investigaciones que rastrearon el asesinato hasta grupos armados ilegales. El CRIC condenó con vehemencia el magnicidio, y según su Observatorio de Derechos Humanos y Defensa de la Vida, se registraron 314 asesinatos de autoridades indígenas y comuneros entre 2019 y 2022. INDEPAZ también ha documentado que los actores armados han asesinado a 1.286 líderes sociales desde la acuerdo de paz de 2016: 339 de ellos eran defensores de los derechos humanos y 162 de ellos eran líderes indígenas. El CRIC denunció el exterminio sistemático de los pueblos indígenas de Colombia y llamó a la comunidad internacional, al gobierno nacional, y organizaciones de la sociedad civil para solidarizarse con quienes luchan por los derechos humanos. También exigieron la salida inmediata de los actores armados legales e ilegales de los territorios indígenas ocupados.

El 17 de marzo, WOLA y otras 27 organizaciones de la sociedad civil internacional denunciaron el asesinato de Correa. Las organizaciones exigen al Estado colombiano realizar investigaciones que identifiquen y lleven ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de este atroz crimen. En medio de la creciente violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, las entidades estatales deben atender debidamente los constantes mensajes de preocupación y pedidos de protección de las comunidades indígenas.

Asesinan a Raizal Cantante (San Andrés, Providencia y Santa Catalina)
El 15 de marzo, según INFOBAE, el cantante y celebridad colombiano Fabián “Hety” Pérez fue  baleado  en su casa en la isla de San Andrés. Hety debía ser atendido por un daño vascular causado por una de las balas; sin embargo, el traslado fue suspendido por su estado crítico y falleció poco después. Hety fue integrante del popular dúo musical colombiano “Zambo” y embajadora de las culturas raizal y criolla. La autora Camila Rivera González  consideró Hety como pacifista, un “titán de agua salada”, como describió los tres infartos que sufrió durante su traslado inicial al hospital. La muerte de Hety provocó que estallaran protestas masivas dirigidas por jóvenes en toda la ciudad cuando los miembros de la diáspora raizal sintieron la pérdida de uno de los miembros y líderes de su comunidad.

Medio de comunicación y periodistas bajo graves amenazas
El 17 de marzo,  La Nueva Prensa —medio de investigación— denunció  continuos ataques y amenazas contra su personal como resultado de investigaciones periodísticas que presuntamente vinculan tramas de narcotráfico al expresidente Álvaro Uribe Vélez, actual el presidente Iván Duque, y la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Estos ataques han incluido amenazas de muerte recurrentes contra el director del medio de comunicación Gonzalo Guillén, el abogado Miguel del Río, el ex policía Wadith Velásquez y el periodista Julián Martínez. Son blanco de planes de asesinato por parte de sicarios de la organización criminal Oficina de Envigado . La Nueva Prensaresponsabiliza al gobierno de Duque por hechos posteriores que amenacen o vulneren la integridad física y psíquica de sus periodistas e instó a organismos nacionales e internacionales a vigilar la libertad de prensa en Colombia.

Exterminio Cultural de Comunidades Indígenas (Valle del Cauca)
El 19 de marzo, Comunidades Construyendo Paz en Colombia (CONPAZ COL)  denunció el exterminio cultural y físico de la comunidad indígena Wounaan en el departamento del Valle del Cauca. El exterminio del pueblo Wounaan comenzó con el desplazamiento de los Wounaan en el municipio de Bajo San Juan en 2009, a pesar de la protección ordenada por la corte constitucional. En el municipio de Buenaventura existen dos asentamientos del pueblo Wounaan, los Wounaan Phobor y los Wounaan Nonam, que forman parte del gran resguardo de Santa Rosa de Guayacán; estas comunidades sufren constantemente amenazas de desplazamiento sin que el Estado colombiano actúe. El comunicado recordó un acuerdo realizado el 19 y 20 de marzo de este año que reubicaría a las comunidades en un lugar más seguro; sin embargo, las demoras continúan impidiendo el progreso.

Líder social asesinado por actores armados (Cauca)
El 20 de marzo, según INDEPAZ, hombres armados  mataron a tiros a  Richard Betancourt, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal de Santa Clara en el municipio de Argelia, departamento del Cauca. Betancourt adelantó iniciativas para ayudar a las víctimas del desplazamiento interno. Ocho días antes del ataque, hubo reportes de enfrentamientos entre disidentes de las FARC y el ELN. La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana 010/2020 para los municipios de Argelia y El Tambo que alertaba sobre enfrentamientos armados, lo que generó zozobra entre la población civil. El interés en regiones geográficas cercanas al Pacífico ha provocado una escalada del conflicto contra civiles por parte de grupos armados ilegales. A esta fecha, Betancourt era el líder número 43 asesinado en 2022.

Autoridades indígenas condenan agresiones contra líderes indígenas y sociales (Valle del Cauca)
El 21 de marzo, la Consejería de Gobierno Propio de la Organización Regional Indígena Valle del Cauca (  ORIVAC)  condenó públicamente el ataque contra líderes indígenas y sociales en el departamento del Valle del Cauca. Según ORIVAC, los ataques siguieron a la circulación de un panfleto en WhatsApp que acusaba falsamente a los líderes como “izquierdistas guerrilleros” y nombraba a personas específicas por el ataque. La organización responsabiliza al gobierno de Duque por el abandono de líderes indígenas, la violación de derechos humanos cometida en su contra y el asesinato sistémico de comunidades indígenas. ORIVAC también pidió el apoyo de varias organizaciones nacionales e internacionales y la Misión de Verificación de la ONU para abordar la crisis humanitaria de los pueblos indígenas en el departamento del Valle del Cauca.

Líder comunitario asesinado (Valle del Cauca)
El 22 de marzo, según la Acción Comunal de Colombia , disidentes de las FARC  asesinaron  al líder social Richard Nilson Betancourth Rengifo, de 48 años, en el municipio de Argelia, departamento del Valle del Cauca. Nilson fue presidente de la Junta de Acción Comunal (Community Action Board ) y estaba a cargo de liderar las investigaciones sobre las familias desplazadas como resultado de los conflictos paramilitares. Recibió múltiples disparos y su cuerpo fue encontrado cerca de su domicilio con un cartel que decía “Para el colaborador de los patiños: atentamente, el frente Diomer Cortés Segunda Marquetalia de las FARC”. A esta fecha, Nilson era el líder social número 43 asesinado este año.

Líderes indígenas y niños asesinados
El 24 de marzo, los Procedimientos Especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas  emitieron comunicado oficial en rechazo a los asesinatos, ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos y líderes indígenas. En los últimos meses hubo diversas amenazas contra el Pueblo Indígena Nasa, sus líderes y autoridades. El 24 de enero, José Albeiro Camayo Güetio fue asesinado en presencia de su hijo de 13 años, y otros dos niños de 14 años fueron asesinados y secuestrados. Se cree que los actores armados forman parte de un grupo armado no estatal que ha ocupado el resguardo indígena Las Delicias, en el municipio de Buenos Aires, departamento de Cauca. El grupo también mató a Guillermo Chicame Ipia y a Breiner David Cucuñame López, de 14 años, el 14 de enero, y a Marcos Fidel Camayo Güetio el 21 de noviembre de 2021. El comunicado llamó al gobierno local y nacional a investigar estos casos.

Presidente de Junta de Acción Comunal amenazado (Valle del Cauca)
El 24 de marzo, la Asociación para la Investigación y la Acción Social (  NOMADESC)  publicó  una alerta sobre la amenaza contra el presidente de la Junta de Acción Comunal en el Barrio Isla de la Paz en el municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. La alerta discutió los diversos ataques contra el presidente y líder social, John Janer Panameño, a lo largo de marzo. NOMADESC hizo un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos para ayudar a proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Informe de Violencia y Ataques a Comunidades Étnicas (Cauca)
El 26 de marzo, la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca, COCOCAUCA )  liberado un informe sobre la violencia instigada por grupos armados durante las elecciones legislativas en la costa pacífica del departamento del Cauca. El informe detalló varios casos de muerte, asesinatos y abusos a los derechos humanos contra líderes indígenas, miembros de la comunidad y líderes sociales afrocolombianos. El 13 de marzo, actores no identificados asesinaron a David Colorado, de 37 años. El 20 de marzo, disidentes de las FARC asesinaron a Domingo Cundumí. El informe también menciona bombas explosivas colocadas en lugares públicos como el municipio de Guapi en Cauca el 17 de marzo, lo que provocó pánico entre la población, debiendo estudiantes, docentes, personal, funcionarios de salud y pacientes evacuar la zona hasta el siguiente día. día. También hubo declaraciones sobre un joven desaparecido de 21 años, el asesinato de Federico Torres Perlaza el 11 de marzo y de Jaime Hurtado Viveros el 7 de marzo. COCOCAUCA exigió la protección de los actuales líderes sociales, solicitar a la disidencia de las FARC y al ELN el cese de operaciones y ataques violentos, y que los organismos estatales, nacionales e internacionales se alineen con COCOCAUCA para atender la crisis humanitaria que se vive y proteger los derechos fundamentales y territoriales derechos humanos de los Pueblos Indígenas.

Continúan amenazas de muerte contra líder social (Putumayo)
El 27 de marzo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)  reveló  dos nuevas fuentes que alertan sobre graves amenazas contra la vida de Jani Silva. Durante las últimas tres semanas, Silva y su Unidad Nacional de Protección asignada ( Unidad Nacional de Protección, UNP) los guardias han sido seguidos y fotografiados mientras completaban sus rutinas diarias, una continuación de los planes criminales, la elaboración de perfiles ilegales y las amenazas contra Silva durante los últimos dos años. Los Comandantes de la Frontera, un grupo paramilitar, tomó el control territorial y permaneció presente en Puerto Asís, departamento de Putumayo en 2018, lo que obligó al desplazamiento interno de Silva durante los últimos cuatro años. Silva es vocera de  Somos Génesis : una organización que propone un acuerdo humanitario global y una paz territorial global para todos. Las amenazas contra ella y otros defensores de derechos humanos y los conflictos armados continúan siendo ignoradas por la administración Duque.

Grupos indígenas denuncian amenazas contra líderes (Cauca)
El 27 de marzo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas  rechazó  nuevas amenazas contra la integridad física y cultural de las comunidades indígenas del departamento del Cauca, junto con los cientos de casos de violencia contra los Pueblos Indígenas en la región. El 24 de marzo, un panfleto firmado por los paramilitares del Bloque Suroeste de las Águilas Negras ( Águilas Negras ) fue enviado a las autoridades indígenas; apuntó a destacados líderes sociales como el senador Feliciano Valencia, la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez y la senadora electa Aida Quilcué, además de miembros de ACIN, la Asociación de Comerciantes de Colombia (Asociación De Comerciantes De Colombia , ASOCOMC), la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca ( ACONC), e INDEPAZ. Adicionalmente, el concejal Miller Correa fue asesinado este mes, su muerte mencionada y premeditada en panfletos anteriores; esto solo aumenta el riesgo para aquellos mencionados en la edición más reciente. La Comisión, unida a líderes, autoridades y comunidades indígenas, continúa denunciando los abusos contra los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, haciendo un llamado al Ministerio del Interior y otros actores estatales para proteger a estos pueblos y defender su derecho a la vida.

Candidata afrocolombiana a la vicepresidencia recibe amenazas de muerte
El 27 de marzo, Francia Márquez, líder social afrocolombiana y candidata a la vicepresidencia de Petro Gustavo,  tuiteó  sobre recibir otra carta de los paramilitares Águilas Negras amenazando su vida y la de de otros líderes sociales. La candidata pidió al presidente Duque que garantice su seguridad, la de su familia y la de los demás mandatarios.

Autoridades Indígenas Rechazan Asesinato de Gobernador (Chocó)
El 30 de marzo, las autoridades de la Mesa Indígena del Chocó  emitieron comunicado público en rechazo al asesinato del gobernador indígena Sercelino Lana en el municipio Medio Atrato, departamento del Chocó. El 25 de marzo, el gobernador Lana fue rodeado por paramilitares armados del Clan del Golfo que lo llevaron adentro, lo mataron y dejaron su cuerpo en el agua. Su cuerpo sin vida fue encontrado flotando en la superficie el lunes siguiente. Lana era gobernadora de la comunidad de Tamando y su muerte dejó huérfanos a la fuerza a sus tres hijos. El Movimiento Indígena del Chocó pidió a los grupos armados que respeten los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, y que estos grupos sean expulsados ​​de sus territorios. La declaración también responsabilizó al gobierno nacional por el exterminio sistemático de líderes indígenas y su incapacidad para proteger a estas poblaciones vulnerables.

Masacres
Masacre en la Costa Caribe de Colombia (La Guajira)
El 1 de marzo, según INDEPAZ, sicarios armados  masacraron a  tres personas, una de ellas identificada como Alex Chacin, en un tiro abierto disparando contra una vivienda en el municipio de Maicao, departamento de La Guajira. De las tres víctimas, dos fallecieron en el impacto y la tercera falleció camino al hospital. La Defensoría del Pueblo emitió un informe advirtiendo a la ciudadanía sobre los grupos armados ilegales y los grupos armados transnacionales. La presencia de estos grupos en la zona es especialmente amenazante para la población civil que vive en la periferia y en las zonas rurales, principalmente por su control sobre los cruces fronterizos irregulares y los asentamientos humanos. El incidente marcó la vigésima masacre documentada de 2022 en Colombia.

Masacran a dos niñas y jóvenes (Antioquia)
El 16 de marzo, hombres armados ingresaron a una vivienda en el municipio Venecia, departamento de Antioquia y  abrieron  fuego, matando instantáneamente a tres venezolanos no identificados: dos niñas de 14 y 15 años y un joven de 24 años. hombre. El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció públicamente el ataque y aseguró que los organismos de seguridad investigan los asesinatos.

Masacre de actores armados (Valle del Cauca)
El 28 de marzo, actores armados  masacraron a  tres personas en el municipio de Buga, departamento del Valle del Cauca. Los tres individuos fueron asesinados por fuego abierto e identificados como Gabriel Gaudy León Castillo de 38 años, Jesús Rafael Merentes Castillo de 20 años y Darwin Yonaique Portales de 25 años. Las economías ilícitas en estos municipios ayudan a los actores ilegales y legales a financiar el conflicto armado a través del narcotráfico. Los principales actores armados que están presentes en la región son miembros del ELN y el Clan del Golfo.

Conflicto Armado/Grupos Armados Ilegales/Femicidios
Situación Humanitaria Sin Resolver (Santander)
El 14 de febrero, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS)  circuló una acción pública urgente que pide la protección y garantía de los derechos humanos de líderes sociales, políticos, comunidad LGBTQ+, defensores de derechos humanos, ambientalistas y sindicatos. El informe condenaba seis crímenes cometidos contra estas personas por el grupo paramilitar Clan del Golfo y contextualizaba la crisis humanitaria en la región del Magdalena Medio. Según la acción urgente, el conflicto armado, los grupos guerrilleros como el ELN, las disidencias de las FARC y los grupos paramilitares, y la minería y el fracking han causado escasez de agua limpia, energía y otras necesidades básicas para las comunidades afro e indígenas desplazadas. CREDHOS hizo un llamado al Ministerio del Interior, al Ministerio Público ya otras autoridades para implementar planes de protección para estas comunidades bajo acuerdos específicos de derechos humanos preestablecidos.

Conflicto armado en la Costa Pacífica (Cauca)
El 22 de febrero, COCOCAUCA informó  sobre enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC. Estos enfrentamientos resultaron en una joven estudiante herida por una bala perdida, entre muchas otras víctimas. Varios estudiantes tuvieron que ser trasladados al hospital más cercano ya que quedaron atrapados en el fuego cruzado durante su período de receso. COCOCAUCA también reportó varios asesinatos producto del conflicto, entre ellos el del policía Anderson Darío Montenegro en la zona de López de Micay el 20 de febrero. Los enfrentamientos resultaron en un total de cuatro asesinatos de civiles. COCOCAUCA aboga por la paz y la justicia mientras continúa el resurgimiento del conflicto armado interno en la costa del Pacífico del Cauca.

Niña de 22 años encontrada muerta en vertedero por feminicidio (Valle del Cauca)
El 1 de marzo, según informó la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico (CIVP), miembros de la comunidad de Buenaventura, Valle delDepartamento del Cauca  encontró  el cuerpo de Lina Liceth Rivas Caicedo, de 22 años, en un vertedero. La CIVP condenó duramente el feminicidio de Rivas Caicedo y alertó a la comunidad internacional sobre la persistencia de la violencia contra las mujeres en el departamento del Valle del Cauca. La CIVP denunció violencia sexual, amenazas y persecución contra las mujeres, además de un mandato que silencia a las mujeres que enfrentan estas formas de acoso en muchos puntos del departamento.

Tribunal de Justicia Transicional insta al gobierno a desmantelar los grupos armados ilegales
El 1 de marzo, según INDEPAZ, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)  instó  al gobierno central a tomar medidas para desmantelar los grupos armados ilegales mediante la creación e implementación de un plan para la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad ( Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, CNGS). La JEP solicitó a la Fiscalía que inicie las investigaciones disciplinarias necesarias ya que, después de cinco años, aún no existe una política concertada de combate a los grupos armados organizados. Luego del 28 de febrero, los magistrados concluyeron que no hay claridad sobre cómo la CNGS planea enfrentar estos temas, a pesar del asesinato de 306 excombatientes de las FARC, entre ellos diez mujeres y una de ellas indígena del departamento del Cauca.

Consejo Afrocolombiano de Paz apoya esfuerzos humanitarios de la Iglesia Católica (Chocó)
El 3 de marzo, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA)  expresó su apoyo a los esfuerzos humanitarios de la iglesia católica en el departamento del Chocó. La iglesia ha trabajado para crear conciencia sobre la crisis humanitaria en curso que afecta a los afrocolombianos en todo el país en medio de la escalada de conflictos armados internos. CONPA aplaudió a la iglesia por la creación de diálogos abiertos en diferentes municipios, por abogar por la implementación del Capítulo Étnico del acuerdo de paz de 2016 y por pedir acuerdos humanitarios. También emitieron un agradecimiento formal al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, al secretario general y a otros obispos que han mostrado y continúan mostrando solidaridad con los afrocolombianos que enfrentan crisis humanitarias.

Grupos armados ilegales intentan apoderarse de economías mineras (Magdalena Medio)
El 7 de marzo CREDHOS  advirtió de las actuales crisis humanitarias y crímenes contra defensores de derechos humanos en la región del Magdalena Medio. CREDHOS publicó anteriormente declaraciones similares en diciembre de 2021 y febrero de 2022. En esta última declaración, CREDHOS condenó la expansión de los grupos armados ilegales, a saber, el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC, que han intentado continuamente tomar el control de las economías mineras locales. Las operaciones de estos grupos armados ilegales han resultado en graves violaciones de derechos humanos, incluido el desplazamiento interno de líderes ambientales y el asesinato de líderes campesinos que se han opuesto públicamente a los proyectos mineros extractivistas, particularmente en el municipio de Puerto Wilches. CREDHOS mencionó específicamente el asesinato de Teófilo Acuña y Jorge Tafur el 22 de febrero ocurrido en el municipio de San Martín, Cesar y el atentado contra Luis Acevedo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Yanacué en el municipio de Cantagallo, departamento de Bolívar el mismo día. CREDHOS denunció todos los secuestros, persecuciones y ataques a comunidades y líderes campesinos  y expresaron su solidaridad al exigir investigaciones por estos ataques.

Grupo paramilitar infiltra aldea indígena (Chocó)
El 10 de marzo, la CIJP informó diez hombres armados vestidos de camuflaje con la insignia del Clan del Golfo ingresando a la Reserva Humanitaria Alto Guayabal en el municipio Carmen del Darién, departamento del Chocó. El guardia ambiental vio a los hombres caminando por el río Jiguamiando y les impidió el ingreso a la aldea, y los paramilitares se replegaron hacia el río. El guardia se mantuvo atento a cualquier movilidad y avance del grupo y desarrolló estrategias de seguridad en caso de su avance. La expansión de los negocios mineros crea amenazas para el pueblo indígena Embera que vive en la reserva. La CIJP informó que estas comunidades viven con ansiedad y temor debido a que el negocio de la minería extractiva continúa violando los derechos de las poblaciones indígenas y afrocolombianas en las áreas de Jiguamiandó y Murindó.

Hallan cuerpo sin vida de mujer en cajuela de auto, muerte por feminicidio (Magdalena Medio)
El 22 de marzo CREDHOS  denunció el feminicidio de Johana Paola Chávez Guzmán, de 41 años, dueña del local bar “La Tertulia” y madre de una niña de 10 años en Barrancabermeja. El cuerpo sin vida de Guzmán fue encontrado desmembrado y en descomposición en la cajuela de un automóvil el 21 de marzo. En su declaración, CREDHOS expresa su solidaridad con los amigos y familiares de Guzmán mientras continúan la investigación de su muerte para encontrar al actor o actores responsables. También rechazaron otros feminicidios ocurridos en Colombia a lo largo del año, a saber, Sedigne, María Angélica, Maylen y María Esneda. El comunicado condenó la violencia institucional contra las mujeres que borra estos casos en el ineficaz sistema de justicia, y pidió a la Fiscalía General de la Nación que acelere la investigación de estas mujeres bajo la ley de feminicidios 1761 establecida en julio de 2015.

Derechos laborales y afrocolombianos
Comunidades afrocolombianas exigen aportes para catastro de reforma rural
El 24 de febrero, el Proceso de Comunidades Negras (  PCN) de Colombia y CONPA, quienes forman parte de la Instancia Especial de Alto Nivel para Pueblos Étnicos de Alto Nivel para Pueblos Étnicos,  IEANPE),  publicó  un comunicado con recomendaciones de política sugeridas para el Catastro Multipropósito y de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (  OSPR). La OSPR, creada en la Reforma Rural Integral ( Reforma Rural Integral) capítulo del acuerdo de paz de 2016, está diseñado para priorizar el uso sostenible de la tierra rural a través de la administración adecuada de la titulación de la tierra en los procesos agrarios y judiciales.

PCN y CONPA explican que las comunidades étnicas tienen un derecho histórico de contribuir al progreso económico y social de Colombia, especialmente para garantizar la seguridad y los derechos colectivos de las comunidades afrodescendientes. Su marco llama a la participación activa de las comunidades afrodescendientes, la transparencia, la creación de foros y espacios de diálogo, y la adhesión a las leyes de protección ambiental y al Capítulo Étnico del acuerdo de paz de 2016. También pidieron el apoyo de organismos multilaterales, incluidos el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para exigir la participación de las comunidades afrodescendientes, para activar políticas de salvaguardia social y ambiental, y para que los financiadores impulsen la participación de los afrocolombianos en cualquier diálogo sobre el proyecto.

Comité Local de Solidaridad protesta por violaciones laborales de multinacional (Valle del Cauca)
El 17 de marzo, el Comité de Solidaridad y Sindicato de Trabajadores de Colgate Palmolive ( Sindicato De Trabajadores De Colgate Palmolive Y Cia ., Sintracolpa)  organizó  una protesta contra la empresa Colgate Palmolive y sus presuntas violaciones de las leyes laborales y de los derechos de los trabajadores. La empresa aumentó los niveles de tercerización de los trabajos de producción y contrató a terceros, lo que ha llevado a la reducción de puestos de trabajo en la planta local. Este proceso ha vulnerado los derechos fundamentales de los trabajadores y aumentado las tasas de desempleo. El Comité y Sintracolpa llamaron a delegados y organismos multilaterales a estar presentes en la protesta como muestra de solidaridad por la causa.

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