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Cómo operó una red internacional que ofrecía en España a corruptos exfuncionarios venezolanos protección y documentos falsos

Alejandro Andrade, Claudia Díaz, Raúl Gorrín

La enfermera de Hugo Chávez (Claudia Díaz), su jefe de seguridad (Adrián Velásquez Figueroa), su guardaespaldas (Carlos Aguilera), su tesorero (Alejandro Andrade el Tuerto) y un exministro de Energía (Nervis Villalobos) son algunos de los antiguos altos cargos del Gobierno de Venezuela que fueron extorsionados en España, por una red internacional con vínculos en EEUU.

Según un reporte de M.A. Ruiz Coll para El Español, a raíz de la denuncia presentada por dos de los afectados, la Policía Nacional inició una investigación que instruye el Juzgado número 29 de Madrid. Es la denominada operación Caranjuez. La titular de este Juzgado, Cristina Díaz, ordenó el pasado 25 de febrero la detención de varios implicados, acusados de los presuntos delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo.

La red reclamaba a los antiguos jerarcas del régimen chavista residentes en España sumas millonarias por un "pack completo" de servicios, que incluía asesoramiento jurídico, protección para ocultarse de las autoridades españolas y un entramado de sociedades para blanquear y ocultar su fortuna en paraísos fiscales.

La organización presumía de tener contactos en la Policía para acceder a bases de datos oficiales e incluso para suministrar a sus clientes, previo pago, documentación oficial con una identidad falsa, con el fin de burlar a la Justicia.

Entre los detenidos por orden de la juez se encuentra un inspector de Policía Nacional, un abogado y un exmilitar israelí, conocido como Avi, que está considerado como el cabecilla de la red en España.

Todos ellos actuarían bajo las órdenes de un ciudadano venezolano, Martín Rodil, que además prometía a los afectados intermediar ante la Justicia de EEUU para reducir los cargos de corrupción que allí se les imputan, mediante un pacto con la Fiscalía norteamericana.

Martín Rodil

A medida que pasaba el tiempo, la red reclamaba a sus clientes crecientes sumas de dinero, bajo la amenaza de que podían ser descubiertos por la Justicia española. 

Los pagos (que en el caso del exministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos alcanzaron los 6 millones de euros) se efectuaban en la cuenta de un banco de Hong Kong, cuyo titular es la sociedad ATC Engineering and Consulting Limited Corp, con sede en Panamá. 

Escritura de constitución de la sociedad ATC Engineering and Consulting Limited Corp, con sede en Panamá.

Esta sociedad fue constituida el 15 de marzo de 2013 con un capital de 10.000 dólares en la Notaría Octava del Circuito de la Ciudad de Panamá, mediante una escritura elaborada por la firma de abogados Morgan y Morgan. Los representantes legales de la compañía son el ciudadano panameño José Eugenio Silva Ritter (en calidad de presidente) y Marta de Saavedra (como tesorera).

Pero a pesar del elevado precio pagado, la "protección" que ofrecía la organización era papel mojado. La Audiencia Nacional acordó el pasado mes de noviembre extraditar a EEUU a Claudia Díaz Guillén (conocida como la enfermera de Hugo Chávez) y su marido, Adrián Velásquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores.

La sociedad ATC Engineering and Consulting Limited Corp, con sede en Panamá

Ambos habrían contratado los servicios de esta red para conseguir "protección" en España, según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, pese a lo cual fueron detenidos en diciembre de 2020. El Tribunal Federal de Distrito Sur de Florida les acusa de organización criminal, blanqueo de capitales y fraude en el canje de divisas, en connivencia con el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, propietario de la cadena de televisión Globovisión.

Según la demanda de extradición, para poder beneficiarse del mecanismo cambiario de divisas, Raúl Gorrín sobornó con varios cientos de millones de dólares (incluyendo servicios de aviones privados, yates, mansiones y relojes de lujo) a Claudia Díaz, que fue directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela en 2011 y 2013.

También contrató los servicios de la red encabezada por Martín Rodil otro ex alto cargo de Venezuela, Alejandro Andrade (conocido como el Tuerto Andrade en el régimen chavista), que fue guardaespaldas de Hugo Chávez en su campaña presidencial de 1998 y luego actuó como su secretario privado.

El Tuerto Andrade ha sido alcalde de Caracas (en 1999), presidente de la Oficina de la Tesorería de la Nación (entre 2007 y 2010) y viceministro de Gestión Financiera de Venezuela. Fue condenado a 10 años de cárcel por la Corte del Distrito Sur de Florida el 27 de noviembre de 2018, tras confesar que recibió 1.000 millones de dólares en sobornos del empresario Raúl Gorrín.

No obstante, el pasado mes de febrero quedó en libertad, por colaborar con la Justicia, tras cumplir sólo una parte de su condena en el Instituto Correccional Federal de Loretto en (Pensilvania).

La red de extorsión encabezada por Martín Rodil ha sido desmantelada por la Policía gracias a la denuncia que presentó en España uno de sus clientes, Carlos Aguilera (que fue director de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela, el actual Sebin). Posteriormente también ratificó estos hechos ante la Policía Javier Alvarado, que ha sido viceministro de Electricidad de Venezuela y ha ocupado distintos cargos en la petrolera estatal PDVSA.

La organización reclamó a Aguilera pagos por importe de 2 millones de euros por sus servicios, y también pretendía cobrar 1,5 millones de Alvarado. Martín Rodil presumía de sus contactos en la Justicia norteamericana, a través del oficial de la Agencia antidroga DEA Sandalio González y de varios fiscales.

Por mediación suya, Javier Alvarado remitió desde España el 19 de julio de 2018 a través de sus abogados a los fiscales de EEUU Sara E. Edwards (destinada en Washington), Robert S. Johnson y John. P. Pearson (destinados en Miami) un dossier sobre la corrupción de PDVSA.

En él exponía que, durante su etapa como presidente de la central de compras de PDVSA, Bariven, encargó una auditoría interna ante la sospecha de que dos de los directivos de la petrolera estatal, Silvestre Molero (hoy comisario principal de PDVSA) y César Rincón Godoy (gerente de Planificación, Presupuestos y Gestión), amañaban concursos a cambio de mordidas millonarias.

Sin embargo, los fiscales norteamericanos ocultaron estos datos al Gran Jurado que preparó el escrito de acusación contra exaltos cargos de PDVSA por corrupción. 

La Policía española investiga ahora los vínculos de Martín Rodil con el entramado de sociedades que, en torno al grupo Columbus One Properties SL, varios exaltos cargos chavistas habrían utilizado en España para blanquear fondos.


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