Por: Juan Carlos Buitrago Arias | Opinión
Las2Orillas
Es una realidad, por primera vez en la historia reciente del país y en un contexto de nación donde aún tienen vigencia grandes desafíos, preocupaciones y amenazas a la seguridad, iniciaremos un nuevo gobierno cuya fórmula apunta a un cambio categórico en la doctrina de la Fuerza Pública y de la Política Criminal para intervenir las causas estructurales de la violencia y la criminalidad. La misma visión que tímidamente se ha intentado en algunas ciudades en las últimas dos décadas, gobernadas por mandatarios de corte socialista, pero que no logran resultados transformadores, producto de factores como la ineficiencia, limitación de recursos, falta de sostenibilidad de los programas, y el de mayor significado, los protagonismos y las tensiones constantes que colocan entre las cuerdas a las autoridades con serios efectos negativos en los planes territoriales de seguridad.
La mitad de los colombianos y la comunidad internacional en su conjunto reconocen que la Política de Seguridad Democrática salvó a Colombia de las Farc y del ELN en su pretensión de tomarse el poder a través de las armas; el Caguán dejó preparado este escenario, las evidencias del computador de Raúl Reyes lo demostraron. Hay que reconocer, que gracias a la Política de Seguridad Democrática las Farc no tuvieron otro camino que sentarse a negociar, cuando afrontaban el mayor fracaso en sus 50 años en la clandestinidad; también que era el momento apropiado para desarmarlos y reintegrarlos a la vida civil; lo mismo que debió haber ocurrido con el ELN cuando estuvo ad portas de su extinción como consecuencia, precisamente de la Política de Seguridad Democrática. Hay que reconocer que la Política de Seguridad Democrática desactivó las autodefensas, extraditó a sus cabecillas y desmovilizó a más de 30.000 integrantes de los grupos al margen de la ley.
Hay que reconocer que la Política de Seguridad Democrática redujo el secuestro en un 90 %, alcanzó cifras récord de incautación de estupefacientes, ejecutó más de mil extradiciones y estuvo a punto de acabar con los cultivos ilícitos, disminuyendo de 200.000 a 48.000 hectáreas en una década las plantaciones ilegales de coca, amapola y marihuana. Y finalmente se debe reconocer, que en las últimas dos décadas las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los Organismos de Seguridad e Inteligencia del Estado han sido el sostén de la democracia y de la gobernabilidad, y que el acuerdo de La Habana ha sido fundamental en la reducción de la violencia. Y claro, se debe reconocer, la existencia de los “falsos positivos”, conductas violatorias de los derechos humanos, el uso excesivo y arbitrario de la fuerza, y el creciente fenómeno de la corrupción en las instituciones de seguridad y defensa del Estado.
No sabemos si el tránsito de una política de seguridad democrática a una política seguridad humana sea temporal o a largo plazo. Cuatro años son insuficientes para transformar el ADN del Sistema de Seguridad y Defensa de la nación, también para implementar cambios doctrinales, culturales, legislativos y orgánicos en las mentes y corazones de los soldados, policías y agentes de inteligencia del Estado. Y de aquí se desprende el reto superior, tanto para el gobierno de la Colombia Humana, como para los Oganismos de Seguridad.
En los próximos cuatro años será un hecho la creación del Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana, al que pertenecerá la Policía Nacional, de la mano de una reforma profunda en sus estatutos de carrera, que eliminará al Esmad y los niveles jerárquicos dentro de las Fuerzas, creando una escala única de grados y ascensos de soldados y patrulleros al grado de general. El enfoque de los Servicios de Inteligencia tendrá un giro sustancial, donde la Contrainteligencia de Estado deberá reformular su actitud estratégica sobre gobiernos aliados, neutrales y hostiles. El relacionamiento en términos de seguridad y defensa fronteriza pasará de la confrontación, a la reactivación de mecanismos binacionales de cooperación como la Combifron, que deberá traducirse en el control del narcotráfico, el contrabando, el tráfico personas, flora y fauna, y la minería ilegal, especialmente.
Las bases de datos de la Inteligencia Colombiana serán objeto de control y auditoría especial, así como los medios, las fuentes y los recursos que se emplean en el marco de la ley Nacional de Inteligencia. El Plan Anual de Inteligencia que aprueba en octubre el Consejo Superior de Seguridad y Defensa, invertirá significativamente sus prioridades y objetivos. Probablemente desaparezca la política de recompensas y la Inteligencia Policial estará en función de la seguridad humana; su responsabilidad en asuntos de conflictividad social tendrá un cambio diametral, lo que significará mayor concentración en asuntos preventivos para la seguridad ciudadana. Seguramente se reducirán ostensiblemente las capacidades “duras” y estructurales de inteligencia e investigación que se han construido a lo largo del tiempo y que han sido cruciales en la desarticulación de organizaciones criminales, narcotraficantes y terroristas; no obstante, la vigencia de objetivos de alto valor que siguen siendo estratégicos dentro de la cooperación con Estados Unidos y otros países.
No es de poca monta el desafío para la seguridad humana, si se tiene en cuenta que desde el 7 de agosto, le apostará a una propuesta de sometimiento o negociación con los grupos al margen de la ley, lo que nos adentrará en un estado de interinidad y profunda expectativa e incertidumbre, caracterizado por un cese ostensible de la violencia, mientras avanza el diálogo exploratorio, los mensajes de perdón social, los proyectos de reforma de la Fuerza Pública y el restablecimiento de la actividad fronteriza con Venezuela; al tiempo, el crimen organizado, hábilmente se moverá de manera escurridiza y silenciosa para fortalecer sus economías criminales, particularmente en el Catatumbo, Arauca, El Bajo Cauca y Urabá, y Tumaco. El cuatrienio que se aproxima será una verdadera e histórica prueba de fuego para la Social Democracia que el Pacto Histórico nos ha ofrecido.
LPNSN: El interés demostrado por Estados Unidos para acompañar y fortalecer la cooperación con el nuevo gobierno colombiano, es la mayor y más importante garantía, que nos genera confianza en la defensa y protección de nuestra democracia.
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