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Rafael Reiter, Raúl Gorrín y Moris Beracha entre venezolanos que recurrieron a red policial corrupta en busca de protección en España


Un grupo de antiguos cargos del Gobierno de Hugo Chávez, acusados de blanquear capitales en España, tuvo un papel relevante en las andanzas de la 'cloaca policial' del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Unos y otros se conocieron a través de terceros: los integrantes de una trama -capitaneada por el lobista estadounidense Martín Rodil y en la que participaba el abogado José Aliste-, que trató de chantajear a los venezolanos, a los que exigieron importantes sumas de dinero a cambio de facilitarles ayuda extraoficial de la policía española para tapar el blanqueo. Esa policía resultó ser la del comisario José Manuel Villarejo, que presuntamente se prestó a hacer determinados favores a los chavistas, gracias a la mediación de la red extorsionadora, reclamando a su vez a cambio el suministro de información contra Podemos.

Estas conclusiones se desprenden del sumario de la Operación Caranjuez, de las anotaciones de las agendas del propio Villarejo y de las declaraciones de los perjudicados, a las que ha tenido acceso El Periódico de España.

Según un Reporte de Tono Calleja para el medio Levante, El Mercantil Valenciano, entre los excargos del gobierno de Venezuela que recurrieron a los servicios de la trama de Rodil y Aliste y, de rebote, a los de la policía de Villarejo, se encontraban el exviceministro de Energía Nervis Villalobos; el exdirector de la Dirección de Servicios de Inteligencia Carlos Aguilera, el exviceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa; el exjefe de Seguridad de la petrolera venezolana Rafael Reiter; el presidente del canal de televisión Globovisión, Raúl Gorrín; el exasesor del Ministerio de Petróleo y Minas Carmelo Urdaneta; y el empresario Moris Beracha, considerado muy cercano a Hugo Chávez. Estos datos constan en un informe policial de diciembre de 2020.

El fallecimiento del expresidente venezolano precedió a la salida del país de la mayoría de estos expolíticos o personajes de la vida económica o institucional, que tuvieron que afrontar acusaciones de blanqueo de capitales en España, pero también en Estados Unidos y Venezuela. En este contexto, la trama u organización de "conseguidores", cuyo cabecilla era el ciudadano estadounidense y lobista Martín Rodil, -quien aseguraba tener relevantes contactos con el Departamento Antidroga de Estados Unidos (DEA)- se puso en contacto con los excargos venezolanos, a quienes prometió distintos favores policiales, que en algunos casos sí llegaron a ejecutarse. Actuó como abogado de algunos de ellos Aliste, un gran conocido de Villarejo, como se demuestra a lo largo de esta información.

Según el relato del exviceministro Javier Alvarado Ochoa, mantuvo reuniones con varios miembros de la cúpula de la Policía Nacional, en las que supuestamente se abordó su protección a cambio de información (contra la organización de Pablo Iglesias), así como su inclusión en un fichero de informadores. El Periódico de España ha confirmado de fuentes del caso que este exviceministro aludió en una declaración, tal y como adelantó La Razón, a la implicación entre otros del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, quién por su lado rechaza haber tenido cualquier participación en esta operativa parapolicial.

Por su lado Carlos Aguilera, otro de los excargos venezolanos que llegaron a denunciar la presunta extorsión, se mostró convencido en su declaración de que los problemas judiciales que él había tenido en España habían sido "creados" por la red lobista a la que pertenecía José Aliste, con el fin de solicitarle posteriormente una retribución económica (en concreto dos millones de euros) si pretendía resolverla, por lo que decidió cortar su relación con el letrado vinculado a Villarejo y su cloaca policial y buscarse otro abogado.

Una de las contrapartidas que se les exigía a estas élites del entorno chavista a cambio de ayuda eran informaciones contra Podemos. Así consta en un correo electrónico incluido en el mencionado oficio policial, en el que el empresario hispanoisraelí Alberto Galán Fereres, uno de los dueños de la firma Hiperion Advisors, que comunicó a Carlos Aguilera que durante su visita a España tendría un contacto con la Policía española.

"Esta misma mañana o por la tarde te reúno con la unidad de inteligencia española para que te conozcan y puedas intercambiar información. Ellos monitorizarán, junto con mi gente, cualquier cosa que venga de Venezuela, Interpol, y la situación en los juzgados de Madrid respecto a tu caso. Son buenos amigos, puedes hablar en confianza con ellos, verás que su información es muy limitada, les interesa sobre todo temas de política española relacionada con Venezuela, personas de enlace con Podemos etc..., puedes mantener una vía constante con ellos, eso como tú quieras", especifica un correo electrónico enviado, el 1 de junio de 2015, por Alberto Galán Fereres al exdirector de la Dirección de Servicios de Inteligencia de Venezuela, Carlos Aguilera.

Aguilera, como se ha explicado antes, denunció haber sufrido extorsión por parte de agentes de la Policía, que fueron arrestados en el seno de la operación Caranjuez.

Es resaltable que al margen de esta operación policial que afecta a excargos venezolanos, el exjefe de la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela Hugo Armando Carvajal, conocido con el alias de El Pollo, también aparece vinculado con Villarejo, quien en declaraciones a la prensa aseguró que el abogado Aliste también mantuvo una reunión con este excargo del Gobierno venezolano.

Carvajal, quien permanece preso en España, ha logrado frenar su extradición a Estados Unidos tras iniciar una colaboración con el Juzgado Central de Instrucción número 6 cuyo titular, Manuel García Castellón, mantiene una investigación secreta precisamente sobre la financiación de Podemos, basándose en información suministrada por el propio Pollo Carvajal.

Quien fue Director General Sectorial de Información Militar en Venezuela entregó a García Castellón una copia de una resolución del Gobierno venezolano, fechada en 2013, en la que el Ejecutivo de Caracas ordenaba un pago de 142.000 euros a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (Ceps).

El abono, supuestamente, tendría como destinataria a Carolina Bescansa, una de las personas que fundó Podemos en enero de 2014. En este sentido, la UDEF descubrió en el caso Neurona la existencia de una cuenta corriente sin fondos, aunque permanecía abierta, en la que tanto Pablo Iglesias como Bescansa aparecerían como autorizados desde los orígenes de la formación morada. De forma reciente, el juez ha apoyado la petición de la UDEF de que se rastreen las cuentas de Bescansa y Juan Carlos Monedero, entre otros.

Más allá de lo que puedan determinar la UDEF y los tribunales sobre las aportaciones del Pollo Carvajal, resulta evidente que en la recolección de otras informaciones contra Podemos sí ha estado involucrada la 'policía política' de la que formaba parte Villarejo. Los diarios del comisario, una vez más, se convierten en una herramienta fundamental para entender cómo llegó la relación de la 'cloaca' policial con el grupo de exmandos venezolanos a los que se les reclamó información sobre el partido de Iglesias, a cambio de hipotéticos favores para tapar su blanqueo.

En esas agendas queda en evidencia que, desde abril de 2013 (año en que estaba inmerso también en la operación Kitchen y la operación Cataluña), Villarejo conocía aspectos importantes de la red de blanqueo de exdirigentes venezolanos. ¿Cómo? A través del letrado José Aliste Martín.

"José Aliste (abogado). Hiperion Arbaises [Advisors]. Amigo de Javier Iglesias. ¿Fue socio? Muy relacionado con servicios secretos (?)", se puede leer en las anotaciones del 3 de abril de 2013 en uno de los cuadernos de Villarejo, quien dejó por escrito que había conocido a dicho letrado a través del también comisario Enrique García Castaño: "José Alige [en alusión a Aliste]. Abogado que quiere montar una firma de inteligencia".

Pero cuando esas anotaciones de Villarejo cobran una especial relevancia es al cruzarse con el contenido del informe policial de la 'operación Caranjuez' contra el blanqueo de capitales procedentes de Venezuela, elaborado en diciembre de 2020. En ese informe se puede comprobar que el letrado Aliste recibe dos transferencias de 200.000 euros cada una [por un total de 400.000 euros] de la citada empresa Hiperion Advisors, una de las sociedades que utilizaron para introducir dinero negro en España los componentes de la trama del lobista Martín Rodil (y que colaboraba con los citados excargos venezolanos) destapada por la Fiscalía Anticorrupción.

Además, Villarejo recopila en sus diarios los supuestos contactos que algunos de sus compañeros de 'cloaca', alto mandos policiales procesados en España en el 'caso Tándem', habrían mantenido con Aliste (quien a su vez habría cobrado hasta 1,1 millones de los excargos venezolanos ya mencionados y que prevenían de la Administración y las élites chavistas). Entre los policías españoles que frecuentaban a Aliste estarían el excomisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, el excomisario jefe de la UDEF José Luis Olivera y el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano. Sobre éste último, apunta: "Me pregunta por Aliste. Dice que no se fía de una carta que le ha traído de Chávez para Podemos. Alega [Aliste] que tiene dos clientes venezolanos por blanqueo".

De hecho, esa carta terminó publicándose en prensa española. Se aludía a una supuesta misiva del expresidente de Venezuela en la que se ordenaba el pago de 7 millones de euros a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), el embrión de Podemos. Pero ese documento no sirvió como prueba para iniciar ninguna pesquisa contra la formación morada.

El 13 de diciembre de 2016 Villarejo vuelve a escribir sobre sus relaciones con Aliste. "José Aliste. Contactos con Diego Salazar. PDVSA. 400 m. Banco Cierco. Archivo venezolano. Javier Alvarado Ochoa". Y el 9 de mayo de 2017, tras una comida en un restaurante vasco ubicado en Madrid, apunta esto sobre Aliste, dejando claro el nivel de relación que mantenía con él: "Decidido a montar un despacho conmigo". Además, durante un viaje del comisario a Colombia, en el que asegura haberse reunido con importantes autoridades judiciales de este país, Villarejo dice en sus diarios que iba a mantener una reunión con el mencionado letrado.

El interés que muestra Villarejo por otros problemas judiciales en los que están implicados excargos venezolanos es notable. Dos anotaciones de septiembre de 2016 se refieren al caso de la empresa asturiana Duro Felguera: "Ángel Antonio del Valle [expresidente de] Duro Felguera. Problemática Venezuela. Viceministro de Energía. BPA". "Pendiente de conocer detalles para organizar el tema".

La Audiencia Nacional aceptó la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas mordidas pagadas por Duro Felguera en Venezuela. En la causa permanece imputado el que fuera viceministro de Energía en este país, Nervis Villalobos. Se da la circunstancia de que Villalobos fue también cliente del letrado Aliste.

¿Y quién puso en contacto a Villalobos, protagonista del caso que atañe a la empresa de Duro Felguera, con la cúpula policial española considerada ahora 'cloaca'? El ciudadano de EE UU Martín Rodil, según recogen varias publicaciones en España, que también puso en esa senda al exministro Rafael Isea.

En el caso de Isea, estas informaciones ponen de manifiesto que tres agentes de la Policía Nacional se reunieron en el Consulado de España en Nueva York con él, que fue el ministro de Finanzas del Gobierno de Hugo Chávez, a fin de ofrecerle las medidas de protección personal que solicitara a cambio de su ayuda para rastrear los fondos pagados en 2008 por Venezuela a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS).

La propuesta fue formulada, según El Confidencial, por el inspector José Ángel Fuentes Gago, procesado en el caso Kitchen, y que había sido jefe de gabinete del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, a la vez implicado en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

De forma más reciente, ha sido condenado a un año de cárcel por revelación de secretos al entregar a la Audiencia Nacional un 'pendrive' con información de la familia Pujol sin advertir de su "origen ilícito".

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