Conconcreto y Juan Luis Aristizábal aterrizaron en el mercado inmobiliario de Florida flotando sobre el fondo de inversiones Century Asset Managment, mientras cargan con el fantasma de la quiebra y varios escándalos en Colombia

Por Max Rivera

La crisis le reventó al colombiano Juan Luis Aristizábal Velez, el representante de la segunda generación de la familia Aristizábal Correa, hijo de Darío y quien desde el 2000 es el presidente de la constructora Conconcreto. A principios de los años 60 Darío Aristizabal Correa y otros cinco arquitectos se unieron para producir losas de concreto para soluciones de vivienda unifamiliar en Colombia. No pasó mucho tiempos antes de que Aristizabal se quedara con el control de la empresa y fue entonces cuando invitó a su hermano menor J. Mario, ingeniero civil de la Facultad de Minas, a Luis Jorge Aristizábal quien llegó con experiencia en firmas de Ingeniería y al ingeniero Esteban Restrepo Moreno. Rápidamente vieron el potencial para crear una pequeña constructora, a partir de sus losas que eran una buena alternativa para los edificios con altura que recién empezaban a construirse.

Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto

Darío se dedicó a su empresa de construcción Aristizabal Fajardo Vélez mientras Jota Mario, como se le conoce, asumió el liderazgo de Conconcreto durante 32 años. Las primeras décadas estuvieron concentradas en la construcción de edificaciones y viviendas de donde resultó la filial Industrial Conconcreto, productora de los agregados, prefabricados y estructuras necesarias para la construcción. En los años 80s, Jota Mario entraron en forma al negocio de infraestructura con obras viales en Medellín y para dar el salto a la conquista del mercado nacional se arriesgó con varios consorcios con firmas extranjeras. No faltaron los premios y reconocimientos de la mano de la consolidación empresarial.

Mario, asumió la dirección desde la junta directiva y le entregó el mando en 1995 a Carlos Arturo Ángel, quien después de cinco años le entregó la posta a Juan Luis Aristizábal, el primogénito de Darío, con experiencia en el sector y quien había dirigido la línea de vivienda en la propia Conconcreto. Con él llegó la entrada a la Bolsa de Colombia logrando las capitalizaciones necesarias para los nuevos retos. La primera emisión, después de la renuncia al derecho de preferencia a sus accionistas fue en 2010; la acción se cotizó en $ 1.315. Luego vino una segunda emisión, por el 19,9 % en 2012, para financiar su plan de expansión, a un precio de $ 1.350 por acción. La solidez patrimonial finalmente se consiguió en 2015 cuando la constructora francesa Vinci SA, líder en el mundo en construcción y concesiones, adquirió un 20 % de la compañía, por un valor de $ 1.276 acción ($ 280 mil millones de pesos en total) que le permitió a la empresa participar en los proyectos de alianza públicos privadas – APP, que lanzó el Gobierno de Colombia, según Las2orillas.

El crecimiento empresarial de Conconcreto en los últimos dos años fue notable con ventas en el 2017 por $ 1,6 billones de pesos, gracias a las inversiones en vías, puentes y vivienda, alcanzando una utilidad neta de $ 78.211 millones. El portafolio de proyectos total de la constructora a cierre de junio de 2018 es de $ 2.3 billones, donde un 70 % es en proyectos de infraestructura y el 30 % en proyectos de edificación.

Sin embargo, no todo es motivo celebración. En el 2018 empezaron las dificultades legales con el campanazo de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC que le impuso en el 2017 una multa por $368 millones de pesos por el incumplimiento el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie), específicamente en la construcción del Hotel Estelar Cartagena de Indias. La empresa por el momento interpuso los recursos de Ley.

Otro de los dolores de cabeza del presidente Aristizábal ha sido el proceso licitatorio para el tercer carril de la vía Bogotá-Girardot, donde se ha enfrentado a la posibilidad de una multa por “posible omisión de acatar en debida forma, las solicitudes de información efectuadas por dicha entidad, sus órdenes o instrucciones”, por prácticas restrictivas de la competencia. La investigación surgió de una visita de inspección de la SIC realizada en septiembre del 2016.

El proceso Licitatorio del Tercer Carril Bogotá-Giradot, estuvo en la lupa de la Fiscalía de Colombia, que adelantó una investigación por el delito de colusión, es decir supuestamente haber realizado acuerdos anticompetitivos para direccionar dicha licitación pública, tanto al presidente de Conconcreto Juan Luis Aristizabal, como al expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo (detenido en febrero de 2017 por cargos de interés indebido y peculado por apropiación en el carrusel de la contratación en Bogotá).

La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, entregó en agosto de 2016 la construcción de la obra mediante Asociación Público Privada – APP, al consorcio Estructura Plural Vías a Girardot, conformado por las empresas Constructora Conconcreto (75 %) e Industrial Conconcreto (25 %), por un monto $ 2.4 billones de pesos. La Fiscalía investigó si Estructura Plural se alió con su competidor, Concesionaria Vías del Desarrollo (conformada por Benton SAS y China Gezhouba Group Company) para quedarse con el contrato.

Fue el entonces vicepresidente German Vargas Lleras quien prendió las alarmas. Según su denuncia, el consorcio chino presentó una oferta el 68,8% más baja del valor propuesto: “Esta propuesta generó una presión a la baja sobre el valor medio, lo cual pudo resultar ser determinante para favorecer a Estructura Plural Vías a Girardot”. Mediante una reconfiguración societaria, la concesión a 30 años, ha estado a cargo del contratista Vía 40 Express, conformado en un 25 % de Constructora Conconcreto, un 25 % de Industrial Conconcreto y un 50 % de la francesa Vinci Highways.

En la Bolsa las cosas no les fueron tan bien. En 2018 la acción se había desvalorizado más de un 33 % en un año, golpeada en buena medida por la crisis de Hidroituango, que tenía un retraso de casi tres años y un muy posible sobrecosto. Conconcreto formó parte del Consorcio CCC con un 35 % (los brasileños Camargo Correa con el 55 %, y Coninsa Ramón H con el 10%). Aunque los ingresos disminuyeron un 30 % en el primer semestre de 2018 vs 2017, el presidente Juan Luis Aristizábal dio un parte de tranquilidad en la presentación de los resultados del primer semestre del 2018.

Miami como salida a la crisis de Conconcreto en Colombia 

La crisis de Hidroituango ha terminado por hacer mella en el emporio de los Aristizábal, mismo que a la par de los negocios, se ha encargado del financiamiento de políticos en Colombia. Esto aparte de sus desencuentros con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. El holding adquirió acciones de El Colombiano, conocido diario de la ciudad de Medellín, localidad donde los Aristizábal fungen como una suerte de “caciques”. 

En un intento por frenar su debacle, el consorcio se aventuró a participar en un fondo de inversiones en Miami, en donde constituyó sociedades. El emporio tiene como su principal pilar la empresa Conconcreto, misma que desde hace algunos años y hasta la actualidad, ha presentado problemas. La compañía cotiza en la bolsa de valores colombiana. El descenso económico del grupo ha tratado de ser evitado mediante distintas estrategias, incluidas contratos del Estado colombiano y mediante la conformación de su fondo de inversiones en los Estados Unidos, basándose en su experiencia en Colombia, en donde han captado inversiones, aun cuando algunos sigan creyendo que se trata de un “cascarón vacío” con aparentes visos de fraude. 

Pero Juan Luis Aristizábal, presidente de una de las tres empresas del consorcio de Hidroituango, ha intentado mostrar un rostro diferente de la situación, como lo hiciera en 2021 en una entrevista ofrecida a El Colombiano, diario del que, como ya se ha dicho, es socio.

Juan Luis Aristizábal

2021 fue uno de los años más tormentosos en Colombia para el proyecto Hidroituango. Un Tribunal anuló el nombramiento de Jorge Carrillo como gerente de EPM; dos de las empresas del Consorcio constructor, Coninsa Ramon H y Conconcreto, se acogieron al decreto de reorganización; el contralor Felipe Córdoba convocó a una cumbre en Casa de Nariño para tratar de salvar el proyecto y el presidente Iván Duque le jaló las orejas -sin mencionarlo- al alcalde de Medellín por andar “improvisando” y “generando incertidumbre”. El diario El Colombiano entrevistó a Juan Luis Aristizábal, el presidente de Conconcreto, una de las tres empresas del consorcio que construye la hidroeléctrica. Aristizábal fue también presidente de la Junta Directiva de El Colombiano.

Estas fueron las respuestas del empresario a la servicial entrevista que le realizó el diario en el mes de octubre de 2021.

¿Por qué decidieron la reorganización?

“Nosotros acudimos al Decreto 560 del 2020 porque un fallo del monto del de la Contraloría nos llevaría a la insolvencia. Lo que estamos haciendo es proteger a los acreedores, a nuestros clientes y darnos el tiempo necesario para defendernos del fallo de la Contraloría en otras instancias”.

¿Eso significa que si la Contraloría llegara a fallar en segunda instancia, no podría embargarlos?

“Se pagaría después de pagar las otras acreencias de la compañía. Pero sobre todo esto nos permite recurrir a otras instancias para defendernos. Porque en la Contraloría todavía no se nos ha permitido el debido proceso”.

¿Si se ratifica el fallo acabaría a Conconcreto?

“Para nada. Hoy la compañía es supremamente sólida. A julio de 2021 tuvimos una utilidad neta de casi el doble de la utilidad del 2020. Tenemos cerca de $3 billones en contratos en ejecución. No recurrimos al Decreto 560 por insolvencia. Lo hicimos porque queremos defendernos del fallo de la Contraloría y cumplir los compromisos. Lo que sí no podemos es pagar un fallo que es injusto, porque no nos han dejado defendernos, y es por una cifra exorbitante para cualquier compañía de este país”.

¿Esas mejores cifras se deben a qué?

“A que la compañía ha iniciado, muchos años atrás, unos procesos de transformación digital del sector de la construcción y de expansión. Hoy tenemos cerca de 140 millones de dólares de contratos en ejecución en Estados Unidos, estamos consolidándonos como una empresa líder en el sur de la Florida. Pero además en Colombia tenemos contratos en ejecución tan importantes como Transmilenio en Bogotá, la doble calzada Oriente, el inicio de las obras de Bogotá-Girardot y otros con el sector privado”.

¿Qué pasaría con esas obras, como el Transmilenio de Bogotá o la doble calzada a Oriente si se ratifica el fallo adverso?

“La ratificación en segunda instancia nos inhabilitaría para seguir con contratos con el Estado, incluido Hidroituango”.

¿Por qué dice que el fallo es injusto?

“Por muchas razones. Nos imputan cargos por el retraso en los dos túneles de desvío iniciales del proyecto y ese contrato ni siquiera era nuestro. Era de otros dos contratistas, uno de ellos, internacional. Y la segunda causal que nos imputan es el retraso en las obras y eso no es competencia de la Contraloría. Esas diferencias entre las partes, que son contractuales, se llevan a otras instancias como lo estamos haciendo hoy nosotros, en un tribunal de arbitramento internacional en la Cámara de Comercio de Medellín, donde vamos a resolver nuestras diferencias con nuestro contratante EPM”.

¿El problema de diseño no es de ustedes? ¿Quién es entonces el responsable?

“Aquí hay que entender algo que tal vez no todos lo tienen claro. Nosotros somos subcontratistas de EPM, porque EPM es el constructor contratista. EPM viene a ser lo que se conoce en el mundo como el epecista, que es el contratista responsable del diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento del contrato. No somos responsables ni del diseño, ni de la selección de los materiales, ni de las decisiones que se toman en torno a todas estas actividades. Nosotros ejecutamos la construcción, con directrices del diseñador, nos la aprueba el interventor y nos la recibe nuestro contratante EPM. Todas las obras que ejecutamos, las supervisó el interventor, las aprobó el diseñador, las recibió EPM y nos las pagó”.

¿Según dice usted entonces el responsable es EPM?

“El responsable es EPM como contratista epecista bajo una modalidad BOOMT”.

¿En otro país al que habría condenado la Contraloría debería ser EPM?

“Absolutamente. Deberían estar investigando a EPM. Además los recursos que maneja EPM, son recursos públicos. Nosotros no somos agentes fiscales porque no nos dieron anticipo y porque el dinero que recibimos de EPM era un pago por servicios. Y eso no nos hace agentes fiscales, simplemente estamos recibiendo el pago por un servicio prestado”.

¿Y por qué la Contraloría no investigó a EPM ni la incluyó entre los responsables fiscales?

“No sabemos y hemos insistido en todas las instancias que debería estar EPM involucrado en este proceso”.

¿En qué va la apelación del fallo de la Contraloría?

“Están decidiendo. Nosotros estamos intentando que en la apelación nos permitan aportar testimonios y pruebas”.

¿Y es que no los dejaron aportarlos?

“No nos han permitido ni presentar testimonios, ni entregar peritazgos que ya tenemos hechos sobre la causa raíz del colapso del túnel...”.

¿Y que argumento da la Contraloría para no recibirles los testimonios y pruebas?

“Simplemente nos niegan la posibilidad de entregarlos”.

El alcalde Daniel Quintero está culpándolos de haber rebajado la calidad de los materiales. ¿Eso está en el fallo de la Contraloría?

“No está en el proceso de la Contraloría. Es una argumentación del señor alcalde. Pero yo quisiera aclararle que el tipo de materiales que se usan están en los diseños. Nosotros ejecutamos conforme a lo que nos piden. Y tenemos la supervisión del interventor que vigila que los materiales y la construcción se ajusten a los diseños, el diseñador también valida la ejecución que hacemos. Y luego está EPM que recibe y paga. Si hubo algún error fue omisión del interventor, del diseñador y del mismo EPM que es el contratante y el constructor”.

¿Ustedes, el consorcio constructor, qué tuvieron que ver con el diseño del túnel que generó el problema?

“Nosotros no diseñamos ninguna de las obras de Hidroituango. Ni podemos hacer ajustes a los diseños, ni cambiarlos. Solamente ejecutamos la construcción de acuerdo a las instrucciones impartidas por el contratista general que es EPM”.

¿Y que culpa les cabe en lo de la rebaja de la calidad de los materiales de la que está hablando el alcalde?

“Nosotros no tenemos ninguna reclamación, sanción o proceso de parte de EPM que es nuestro contratante, que alegue que hubo ese tipo de cambios. Durante toda la vigencia de este contrato, jamás EPM ha evidenciado que hubo un cambio en la calidad de los materiales. No sé de dónde saca el alcalde esa información”.

Pero a ver... se supone que la emergencia se dio por el problema de diseño que llevó al colapso del tercer túnel de desviación...

“Nosotros nunca hemos participado en ninguna reunión donde se tomen decisiones o de cambio o de ajuste de los diseños. Cuando hoy se dice que hubo cambio en los diseños y se construyó un tercer túnel, esa decisión la tomó EPM con todos sus asesores expertos, pero nosotros no participamos en ninguna de esas decisiones”.

En dónde estuvo el problema... hay quienes dicen que por acelerar las obras fue que se dio la contingencia. ¿Es cierto?

“Hasta ahora, ningún estudio que sea vinculante ha detectado la causa-raíz exacta de lo que pasó allá. Pero le aclaro que cuando se habla de acelerar en construcción no quiere decir trabajar a las carreras. Acelerar quiere decir abrir más frentes de trabajo con más recursos o más turnos. Y en Hidroituango lo hicimos así: se trabaja 24/7 con 3 turnos de trabajo 8 horas en cada turno, trabajando 363 días al año. Solamente descansábamos dos días al año”.

Usted que conoce la obra y que ha conocido en detalle lo que pasa y lo que falta, ¿qué riesgos le ve a que eventualmente se cambie de contratistas?

“En el mundo de la construcción, cambiar un contratista sobre todo en una obra que está tan avanzada, y que además tuvo un siniestro como este, que es de gran magnitud, es muy riesgoso y es la última opción de todos los contratantes”.

EPM ha dicho que les correspondería a ustedes ceder el contrato. ¿Están dispuestos a hacerlo?

“Eso no lo dice EPM. Eso lo dice la ley colombiana. En caso de que a una compañía le sobrevenga una inhabilidad, tiene que ceder el contrato”.

¿Qué tan cerca está ese fallo de segunda instancia?

“No sabemos. Somos 26 investigados y todos estamos solicitando testimonios. Si nos dan la posibilidad de aportar testimonios, va a tomar tiempo. Pero si no nos la dan, como lo han hecho en el pasado, pues será un proceso más ágil”.

El otro escenario es que EPM les diga: señores contratistas ustedes están en una situación como endeble, por qué no ceden el contrato. ¿Ustedes aceptarían?

“Nuestro contrato se vence el 31 de diciembre. Es decisión de EPM si lo amplía o no”.

¿Y en caso de que sí cambien contratistas existe alguna posibilidad de que se haga un empalme en el que no se pierda tiempo?

“Nosotros no podemos continuar ejecutando contrato una vez sobreviene la inhabilidad. Ya lo único que podemos hacer es iniciar un proceso de cesión”.

Ustedes tienen más de 4 mil personas en este proyecto y muchos equipos... ¿estarían dispuestos a ceder todo o a negociarlo con el nuevo constructor para que no se detenga la obra?

“Si nos tocase hacer una negociación de campamentos, equipos, fuentes de materiales, botaderos y miles de cosas más que hay en Hidroituango, estamos dispuestos a sentarnos con EPM a negociar. No queremos perjudicar el proyecto”.

Usted dice que el fallo es injusto... ¿han pensado en demandar?

“Esta investigación ha generado perjuicios a la compañía. Somos una empresa inscrita en la Bolsa de Valores y las salidas en medios comunicación del Alcalde producen un impacto. Nuestro mayor accionista es Vinci, de Francia, es inversión extranjera que está en Colombia que asusta a otros potenciales inversionistas. Pero además gran parte de nuestros accionistas son los fondos privados de pensiones. En Conconcreto está invertida parte de las pensiones de los colombianos. Cada vez que se emite un concepto aceleradamente en medios de comunicación se está impactando la inversión extranjera y el ahorro de los colombianos”.

¿Eso podría llevar a una demanda por daños y perjuicios contra el Alcalde?

“En dos días, el precio de la acción de Conconcreto cayó un 25%. Realmente se notan los impactos. Entonces eso lo decidirá un juez”.

¿Pero hasta ahora no hay demanda?

“No. Ahora nuestra prioridad es la capacidad operativa de la compañía, cumplir con nuestros acreedores, terminar los proyectos de nuestros clientes y obviamente apoyar hasta donde sea posible a EPM para sacar adelante Hidroituango”.

¿Todo este problema se resolvería si el seguro termina de pagar la póliza de la que ya ha pagado 350 millones de dólares?

“En todas las actividades de los seres humanos, incluida la construcción, los riesgos se mitigan o se trasladan con pólizas. La póliza todo riesgo en construcción y la póliza lucro cesante que tomó EPM para Hidroituango es quizá una de las mejores que Conconcreto haya visto en su historia. La Contraloría debería esperar a que pague la aseguradora y lo que no pague por alguna razón y exceda la cifra que ellos pretenden, sería detrimento patrimonial. Mientras el seguro pague no hay detrimento patrimonial”.

¿Cuál es la diferencia entre que pague el seguro la póliza o que el consorcio constructor sea el que pague?

“Si nosotros pagamos a la Contraloría el dinero se va para la entidad pública que tuvo el detrimento patrimonial, que en este caso es la Alcaldía de Medellín como dueña de EPM.Y si la que paga es la póliza de Mafre ese dinero va para EPM para pagar daños y compensar el lucro cesante”.

¿Es decir si paga el seguro, va para la obra. Y si paga el consorcio, va para la Alcaldía de Medellín?

“Es correcto. O sea habría un doble pago del mismo siniestro y eso no es permitido obviamente bajo la ley colombiana porque hay enriquecimiento ilícito de alguno de los dos.Entonces después habría que pedir la devolución del dinero...”

En 2022, cuando Conconcreto ha cumplido 60 años de operación, la compañía ha reportado un crecimiento de sus ingresos en un 70,5% en el primer trimestre, que habrían llegado a $237.128 millones. En una nueva entrevista ofrecida en mayo de 2022 al diario colombiano La República, Juan Luis Aristizábal, presidente del consorcio, expuso sus planes de inversión en los Estados Unidos, los avances en Higroituango y su incursión en el metaverso. 

¿Cómo les fue en el primer trimestre del año?

Tuvimos ingresos por $237.128 millones, 70,5% más que en el mismo periodo de 2021, un ebitda de $30.000 millones y una utilidad neta de $22.000 millones. En EE.UU. hicimos la apertura de una sede donde tenemos US$230 millones en contratos; también estamos en el negocio de vivienda, a través de un fondo de capital privado, y contamos con 935 viviendas en venta, de las cuales 50% ya se vendieron.

¿Cuándo empiezan a funcionar las turbinas de Hidroituango?

Tenemos un compromiso con EPM y es terminar las obras civiles en la casa de máquinas para poner en marcha las dos primeras turbinas; cumplimos el cronograma que nos van entregando y esperamos lograr las metas de EPM, que a la fecha son a finales de este año. Las obras civiles van avanzando de acuerdo a las solicitudes y requerimientos de EPM. El montaje de las turbinas es un poco más lento y allí es donde está el detalle para cumplir el cronograma, estamos comprometidos con EPM y sabemos que los anuncios de fecha se han modificado, pero con seguridad la entrega será en el último trimestre 2022. La aceleración del proyecto de Hidroituango generó un importante volumen de facturación para el consorcio.

¿Cómo ven el mercado en EE.UU.?

Miami se está volviendo un hub de transformación digital, atrayendo emprendedores de todo el mundo. Esto ha generando una alta demanda en vivienda. Estamos capitalizando ese movimiento. En EE.UU. tenemos US$3,7 millones en proyectos contratados y logramos el cierre financiero para la construcción de primer proyecto de Century Real Estate Fund.

¿Cuándo salen del proceso de reorganización con la SIC?

En este momento, hicimos la solicitud a la Superintendencia de Sociedades y son trámites complejos porque nosotros solicitamos entrar a la reestructuración, y ahora estamos pidiendo salir . Internamente se está haciendo el trámite. Esperamos salir en las próximas semanas. Ya no requerimos el apoyo, ya que tenemos acuerdos con el sector financiero para cumplir con nuestras obligaciones.

¿Qué trabajan en innovación?

Tenemos proyectos digitales que están apoyando la industria de la construcción. Para el fondo de capital privado Pactia hicimos cerca de US$500 millones en proyectos, también queremos brindar nuevas experiencias para el sector y los clientes a través del metaverso, donde se podría adquirir una casa en Colombia desde cualquier parte del mundo.

¿Qué proyectos nuevos tienen para este año?

En este momento el proyecto más importante para la compañía es la doble calzada de Oriente, donde estamos terminando la etapa de pre-construcción, esperamos tenerlo operando a final de este año. Otro proyecto importante que es una iniciativa privada, es la ruta del agua que es la continuación de la doble calzada desde Santuario hasta Caño Alegre, para conectar con la Ruta del Sol. Ese es quizás el último tramo de doble calzada de mayor importancia que hay en Colombia.

¿Cómo les ha afectado el incremento del precio de los insumos y que hacen para mitigarlo?

Es un riesgo para el sector, por eso lanzamos en Colombia hace dos años Bimbau, plataforma que mejora la cadena de abastecimiento de la industria de la construcción. Hemos rebajado los tiempos de entrega de 23 a cuatro días, ampliando la red de abastecimiento. Vamos a volver a usar más proveedores locales y simplificar la utilización de materiales.

¿Para cuándo habrá construcción masiva con impresiones 3D en vivienda?

Estamos imprimiendo en este momento la segunda casa con manufactura aditiva utilizando el cemento premezclado; pensamos que este material no es el idóneo para hacer casas masivamente, estamos explorando nuevos materiales.

Enfrentamiento con el alcalde de Medellín

En octubre de 2021, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, arremetió contra algunos medios colombianos, particularmente contra periodistas y directivos del diario antioqueño El Colombiano.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín

Quintero dijo que respeta a la prensa, sin embargo, se refirió indirectamente al diario paisa, señalando que algunos de los miembros de su mesa directiva están envueltos en un escándalo nacional, según Infobae.

“Respetamos la prensa libre e incluso la que se ha vendido. Son los ciudadanos los que castigan a un medio con la irrelevancia ante la evidencia de que en su junta directiva estaban constructores sancionados por Hidroituango. Cientos de noticias sin mostrar qué intereses defendían”, escribió en su cuenta de Twitter.

Uno de los seguidores del alcalde le pidió a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) que se pronunciara sobre un supuesto conflicto de intereses que tenía el medio con el proyecto antioqueño y el alcalde Quintero. “Es de conocimiento público que presidente de su junta directiva es dueño de Conconcreto, responsables discalmente por desastre de Hidroituango”, refiriéndose a Juan Luis Aristizábal Vélez, presidente del periódico.

En 2021 la FLIP emitió un pronunciamiento en el que señaló a Quintero Calle de hostigar a El Colombiano directamente. “La FLIP conoce que en las últimas semanas Daniel Quintero y su equipo de gobierno han realizado comentarios que configuran hostigamiento hacia el medio”, expresó la entidad mediante un hilo de su cuenta de Twitter.

El Century Asset Managment (CAM) en Miami carga a cuestas los escándalos de Conconcreto en Colombia

En el año 2015, dos hombres estrecharon las manos para construir una obra de 9.290 metros cuadrados en Miami, en los Estados Unidos. El proyecto fue nombrado 850 Le Jeune y se convirtió en el primero que levantó el consorcio colombiano Conconcreto en territorio estadounidense.

En sus apariciones públicas en los Estados Unidos, los ejecutivos de Conconcreto han obviado mencionar los escándalos en los que han estado envueltos en Colombia, entre otros motivos, por el incumplimiento en los plazos de culminación de obras. 

Para materializar los proyectos en carpeta, a principios de 2021, los socios crearon una firma de inversión llamada Century Asset Managment (CAM), para que fuera gestora de fondos de inversión en el segmento inmobiliario. 

De acuerdo con los responsables ejecutivos, CAM ya había creado el Century Real State Fund I, que cerró su primera ronda por US$100 millones con cerca de 40 inversionistas.

Cristian Ruiz, director de CAM

Cristian Ruiz, director de CAM, detalló que, en mayo de 2022, en poco más de un año, ya contaban con cerca de 40 inversionistas y señaló que la rentabilidad en dólares de la inversión estaba por encima del 12%. 

“Nosotros lanzamos este fondo para brindarles la oportunidad a los interesados de invertir desde US$100.000 para que así sigan creciendo con nosotros”, comentó Ruiz en un diálogo con el medio El Colombiano. 

Quienes decidan invertir, tal como lo sostienen los voceros, podrán hacerlo en un portafolio con proyectos maduros que ya tienen terreno adquirido, diseños y permiso de construcción para comenzar su desarrollo en el corto plazo. 

Con los recursos del fondo va marchando la construcción de la primera etapa de Century Town Place, una infraestructura pensada para albergar 700 oficinas en la ciudad de El Doral, una de las más importantes en La Florida. 

Century Homebuilders Group lleva 26 años operando en La Florida y se disputa el mercado con varias compañías del mismo segmento, dos de ellas son las más grandes de Estados Unidos. 

Para el Century Asset Managment, la Florida es un mercado estratégico por la constante llegada de migrantes que necesitan soluciones de vivienda. 

Puede resultar poco comprensible que el estadounidense Century Homebuilders Group se haya asociado en los Estados Unidos con Conconcreto, compañía que ha gozado de diferentes concesiones y contratos del Estado colombiano y que está siendo investigada por las autoridades de Colombia. Como se ha visto, los negocios de Conconcreto han encendido las alarmas de funcionarios colombianos nacionales y locales. Las investigaciones han causado un fuerte impacto en la actividad económica de la compañía en Colombia. De una u otra forma, el Century Asset Managment (CAM) representa un auxilio frente a los reveses financieros de los Aristizábal, que les ha podido permitir reflotar su holding y trasladar capitales desde Colombia a los Estados Unidos, mediante transacciones que quedaría por verificar si han estado sujetas a las leyes contra el lavado y la legitimación de capitales y si han cumplido debidamente con el fisco colombiano.

Apuesta al mercado estadounidense

Constructora Conconcreto y Century Homebuilders Group sellaron en 2021 una alianza estratégica para crear una compañía de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos. Se trató de una empresa enfocada en el desarrollo de proyectos en zonas urbanas con alto potencial de crecimiento, para la construcción de proyectos de vivienda y locales comerciales.

La firma que se conformó opera bajo el nombre de Century Real Estate Fund I. Empezó con un capital de US$150 millones, ofreciendo una rentabilidad objetivo del 12%. “Es la incursión en el negocio inmobiliario de renta en el mercado de Estados Unidos para capitalizar seis años de experiencia y diseño y construcción en el sur de la Florida”, dijo en 2021 Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto.

De acuerdo con la empresa, los proyectos se ubican en el Sur de la Florida. Midtown Doral Multifamily ha sido el primer desarrollo y está ubicado en Doral que, según Forbes, ocupa el segundo puesto entre las 25 ciudades más importantes para vivir en los Estados Unidos, según Forbes Colombia.

Una ventaja competitiva y real que ofrece el fondo a los inversionistas es un portafolio de proyectos que cuenta con terrenos adquiridos, con los diseños y permisos de construcción para comenzar su desarrollo en el corto plazo, según Century HomeBuilders Group.

El proyecto tiene dos etapas: la primera con 197 apartamentos y locales comerciales, y la segunda fase con 129 unidades con las mismas características. La inversión mínima para que los inversionistas colombianos puedan participar en el fondo es de US$100.000.

Más del 35% de la población estadounidense prefiere rentar una casa en lugar de comprarla. La vivienda en arriendo, que representa un activo seguro por encima de otras alternativas de inversión inmobiliaria, ha crecido en los Estados Unidos 9% anual en los últimos 15 años.

Century Real Estate Fund I se ofrece como una oportunidad de inversión en un entorno de bajas tasas de interés, gran demanda de vivienda en el condado de Miami Dade y escasez de terrenos con permisos en ubicaciones estratégicas.

La migración masiva desde el norte de Estados Unidos y desde los países Latinoamericanos hacia el sur de la Florida ha incrementado la demanda de la clase media y la población joven por viviendas en arriendo en el condado de Miami Dade.

Los proyectos del Century Real Estate Fund I se ubican en zonas con alta demanda de vivienda, baja oferta de tierra y con cercanía a focos de desarrollo económico y urbano.

Incumplimientos en Hidroituango

La hidroeléctrica colombiana Hidroituango, en cuya construcción ha participado el consorcio de Juan Luis Aristizábal Velez, Conconcreto, debe empezar a funcionar el 26 de julio de 2022, a poco de que el saliente mandatario Iván Duque entregue las riendas de la presidencia de Colombia a Gustavo Petro.

La participación del consorcio de los Aristizábal en las obras de Hidroituango, ha estado marcada por la apertura de procesos en su contra y multas millonarias en Colombia, por incumplimientos en los plazos de ejecución, por lo que en la mente de muchos colombianos hay dudas sobre si todavía quedan por verse más infracciones en lo referente a los tiempos de entrega y la calidad de las obras, según EFE.

La central eléctrica de Hidroituango, un megaproyecto situado en el departamento colombiano de Antioquia (noroeste), se ha previsto inaugurarse el 26 de julio, después de los problemas con su construcción y la contingencia que provocó una gran crecida del río y la evacuación de miles de personas de la zona en 2018.

Así lo anunció en febrero de 2022 el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, presidente de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM), conglomerado encargado de la obra, y quien aseguró que "es un momento muy importante para Colombia entera".

La inauguración se producirá "después de marzo de 2018, después de una de las tragedias más grandes que haya vivido la ingeniería, pero también después de más de 7.700 hombres y mujeres trabajando día y noche", añadió el alcalde.

"Hoy podemos decirle al país que la unidad 1 está a punto de ser terminada, que los controles acaban de llegar, que ya tenemos los transformadores, los cables de potencia", alegó el alcalde.

"Vamos a pasar de la etapa de continuidad del proyecto Ituango a la etapa de culminación. Ahí estamos hoy. Esto es como si fuera un edificio que está en obra gris; ya nos faltan los acabados, probarlo y encenderlo", aseguró el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, en su visita al megaproyecto, ubicado en Antioquia.

La primera unidad, la que será inaugurada en julio, tendrá capacidad de generar 300 megavatios de energía con la circulación de 270 metros cúbicos de agua por segundo. La totalidad del proyecto tendrá capacidad de cubrir cerca del 20 % de la demanda eléctrica del país.

Carrillo precisó que, tras la puesta en marcha de la primera turbina, tienen previsto que la segunda unidad inicie su funcionamiento en noviembre.

La central eléctrica, la obra de generación continua de electricidad más importante del país, fue declarada en emergencia en abril de 2018 por problemas técnicos al parecer consecuencia de supuestas irregularidades en los procesos de contratación.

La emergencia en la planta comenzó con un derrumbe que taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, el segundo de mayor cauce del país, que quedaron represadas por el embalse en construcción.

De acuerdo con Quintero, el megaproyecto entró en su fase final de terminación con un avance de 87,03 % en las obras y lograron definir la fecha de entrada en operación en un consenso con los contratistas que participan en la construcción de la hidroeléctrica.

Antes de la emergencia que puso en jaque al proyecto, la inauguración de la central eléctrica estaba estimada para noviembre de 2018.

En contraste con el positivo anuncio realizado desde el municipio de Ituango, en febrero de 2022 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia confirmó la sanción impuesta a Empresas Públicas de Medellín (EPM) por 1.817 millones de pesos (unos 462.000 dólares) en noviembre de 2021, por no poner en operación comercial el proyecto hidroeléctrico el 1 de diciembre de 2018.

¿Holding quebrado?

En octubre de 2021, el presidente de Conconcreto, Juan Luis Aristizábal, se vio obligado a tratar de ofrecer explicaciones sobre el escándalo de Hidroituango y las consecuencias derivadas de los incumplimientos de su consorcio respecto a la obra, situación que le provocó un duro impacto financiero, aunado a rumores sobre la supuesta quiebra del holding.

Fue así que, ante los crecientes rumores de insolvencia, Juan Luis Aristizábal respondió en una entrevista a preguntas del diario colombiano La República.

“Hidroituango es importante, pero no estratégico para Conconcreto”. Con esa frase Juan Luis Aristizábal, presidente de la constructora, resumió cuál es el impacto real que según él, ha tenido este complejo hidroeléctrico en sus operaciones. Si bien, es una obra clave para Colombia, pues garantizará el suministro de un 17% del total de la energía necesaria en el país; en Conconcreto, es solo un proyecto más de los cientos que han hecho en más de seis décadas de existencia.

Según Aristizábal, haberse acogido a la figura de la reorganización no es porque estén quebrados, es más bien una jugada estratégica que les permitirá varias cosas, pero dos de ellas serán clave: tiempo para defenderse y un salvoconducto financiero con acreedores y clientes.

¿Por qué se ampararon bajo la reorganización si tienen salud financiera por tres años?

El Decreto 560 de 2020 permite a las empresas que evidencien un riesgo de insolvencia acogerse a esta ley para que planificada y organizadamente se pueda enfrentar el riesgo de insolvencia. Para nosotros, un fallo solidario por $4,3 billones, que supera el patrimonio de la compañía, es un riesgo sobre el que debemos analizar la manera planificada de atenderlo. La decisión es muy clara porque el Decreto 560 es de reorganización y no de insolvencia.

Si se llega a ratificar el fallo en segunda instancia de la Contraloría, estamos protegiendo a los acreedores de la compañía y a los clientes y estamos buscando el tiempo necesario para recurrir a instancias superiores para que ese fallo lo podamos seguir disputando en instancias judiciales.

¿Entonces Conconcreto no está en la quiebra?

Nuestro patrimonio es de $1,6 billones. Hoy, tenemos un backlog superior a $3 billones y tenemos garantizados tres años de facturación de la compañía. En el primer semestre de 2021 tuvimos una utilidad superior a $40.000 millones, eso es casi el doble de la totalidad de la inversión hecha en 2020. Eso se debe a una estrategia de consolidación comercial para ver cómo nos enfrentábamos al reto de la pandemia. Además de eso, expandimos nuestro mercado hacia el sur de la Florida, hoy tenemos US$140 millones en contratos para ejecutar en el sur de la Florida y estamos exportando conocimiento a través de diseño de arquitectura e ingeniería a muchas compañías en EE.UU. Con la pandemia abrimos un nuevo mercado, pero además de eso comercialmente fuimos muy agresivos y fuimos capaces de duplicar el backlog de la compañía.

¿Qué mensaje les da a los inversionistas?

Este tipo de decisiones siempre genera temor, pero quiero decirles que la compañía está muy sólida, acudimos a esta ley, que es un mecanismo legal que permite garantizar que sigamos operando, que podamos cubrir nuestros compromisos. Esto es un ruido en el mercado, es una crisis coyuntural, pero tenemos los mejores abogados, confiamos en que podemos salir de los cuestionamientos de los entes de control y de nuestro cliente EPM. Cerrando este capítulo, seguiremos siendo una compañía líder en la construcción.

¿Si no existiera el fallo de la Contraloría, no hubiesen entrado en reorganización?

Para nada. Nos estamos reorganizando para enfrentar un riesgo de insolvencia si se ratifica el fallo. Hicimos nuestra tarea, solicitamos testimonios y tenemos la esperanza de que la justicia actúe y que el fallo no se ratifique o que por lo menos nos den la oportunidad de defendernos y de presentar todas nuestras pruebas ante la Contraloría.

¿En cuánto tiempo pueden superar esta crisis?

Somos subcontratistas del constructor de Hidroituango que es EPM. Hacemos parte del consorcio CCC Ituango teniendo un 35%, pero el volumen de nuestro backlog es solo 1,5% de lo que le estoy mencionando. Hidrotiuango es importante, pero no es estratégico para Conconcreto. Lo que queremos es ayudar a EPM a terminar de construir un proyecto que sí es muy importante para el país, pero la decisión de Hidroituango es de EPM y no nuestra. Es un reto terminar ese proyecto. Para nosotros, es claro que con o sin Hidroituango, la compañía tiene que sobrevivir, tenemos que cumplir todas nuestras acreencias y por eso nos acogimos al Decreto 560. Hoy, la compañía, tiene que cumplir retos comerciales y nos estamos concentrando en eso a pesar de que tenemos también a EPM y a Hidroituango como uno de nuestros clientes, que también son muy importantes, pero insisto que Hidroituango es de EPM.

¿Cree que EPM no les ha dado el apoyo suficiente a los contratistas de Hidroituango?

Lo único que le puede pedir el contratante al contratista es que cumpla con sus responsabilidades contractuales y a la fecha no tenemos ninguna sanción o reclamo de parte de nuestro cliente EPM sobre la ejecución del proyecto, o sea que tiene que estar satisfecho.

Lo más importante es que el decreto nos permitirá salir de la crisis organizadamente para mirar hacia el futuro de Conconcreto. Este año, estamos cumpliendo 60 años de existencia y somos una compañía líder en el mercado de la construcción y a nivel latinoamericano en la digitalización de la construcción. Estamos trabajando activamente en eso y tenemos muchas cosas en camino, entre ellas, participar en cuatro startups que estaban consiguiendo fondos de capital con éxito en Colombia y EE.UU.

Todo apunta a que el Contralor confirmará el fallo ¿De dónde saldrá el dinero?

Si se ratifica el fallo, tendremos que buscar el escenario jurídico ideal para seguir peleando nuestra defensa. Las diferencias contractuales de las constructoras las dirimimos en escenarios contractuales. No somos agentes fiscales, las empresas son agentes fiscales cuando reciben anticipos y se les puede imputar un fallo fiscal solo cuando hace un mal manejo de ese dinero. Ejecutamos un acta de obra y la entregamos a satisfacción del cliente. Vamos a seguir defendiéndonos en dos puntos: primero, que no somos agentes fiscales; y segundo, que las causales que nos imputan en esta investigación son contractuales y que la calidad de los materiales o el proceso constructivo o la responsabilidad de los diseños no es nuestra, por lo tanto, no nos pueden llamar por esto. Todas nuestras responsabilidades contractuales se dirimen normalmente en un Tribunal de Arbitramento o en la justicia ordinaria o a través de un amigable componedor. Ante la Contraloría, seguiremos defendiéndonos jurídicamente. Lastimosamente, en el país estos procesos son largos, pero esperamos cerrarlo en algún momento en la historia de la compañía y continuar liderando el negocio de la construcción en Colombia y la región.

¿Creen que para 2022 o 2023 ya va a estar superado el tema?

Creemos que nos tendremos que concentrar varios meses o quizás un par de años en la defensa aquí y en el Tribunal de Arbitramento Internacional en el cual estamos defendiéndonos de EPM en temas contractuales o por lo menos solicitando que se busquen las causales y los responsables del siniestro, nos estamos defendiendo diciendo que no tenemos responsabilidad allí.

Cerrados todos esos procesos, obviamente tendremos un panorama más claro para Conconcreto, pero independiente de eso la compañía se concentrará en ejecutar los proyectos que ya tiene. El área jurídica de la empresa y yo, como responsable y representante legal, vamos a trabajar en defendernos en este proceso. Pero lo más importante es que la compañía está activa, seguimos licitando y seguimos promoviendo negocios, estamos trabajando en la digitalización, expandiendo nuestro negocio en EE.UU., vamos a entrar también en infraestructura en EE.UU., tenemos oportunidades de negocios en la reactivación pospandemia.

¿Cuál es el papel de las pólizas de seguros?

El proyecto está amparado con una póliza de todo riesgo, la cual nos cubre a nosotros. Esperamos que la aseguradora pague y con eso se terminaría este proceso, que es uno de los caminos que se han trazado: que la compañía de seguros pague, y va a pagar porque ya ha dicho que el siniestro está amparado, ya con eso se terminaría el problema.

¿Hidroituango es lo más grande construido hasta ahora?

Hidroituango es un proyecto importante para Conconcreto, pero hemos tenido otros retos importantes en el país como todos los puertos, el túnel de La Línea, el túnel Misael Pastrana Borrero, hemos hecho edificios complejos como el de la Fiscalía, en general, hemos participado en los grandes retos de la actividad económica del país. 55% de nuestra operación es contrato de obra pública de infraestructura. Hemos participado en carreteras, obras, terminales.

¿Qué pasará con los otros proyectos de Conconcreto?

El Decreto 560 lo que permite es reorganizar a la compañía, este es un recurso para garantizar la operación. Conconcreto está al día con todas sus acreencias, se les ha pagado a los proveedores, estamos al día con los compromisos financieros, tenemos recursos de caja para operar, todos nuestros proyectos están operando normalmente. Acogernos a este decreto está generando algún ruido en el mercado, pero estamos atendiendo a todos los stakeholders. Lo que pretendemos es garantizar la operabilidad de la compañía a todos nuestros clientes, incluyendo EPM.

Visto lo anterior, vuelve a surgir la duda de cómo es que la estadounidense Century Homebuilders Group ha podido asociarse en el estado de Florida, en los Estados Unidos, con una empresa que ha dado muestras, puertas adentro, de su aparente insolvencia en Colombia, muy a pesar de la solidez que Conconcreto ha tratado, puertas afuera, de poner de manifiesto. 

En próximas ediciones ahondaremos en más detalles de este caso, que plantea serias dudas en los Estados Unidos, tanto para potenciales inversionistas del Century Asset Managment (CAM), como para quienes optan por los bienes raíces que conjuntamente desarrollan en Florida Century Homebuilders Group y Conconcreto.

---