Por: Juan Carlos Buitrago Arias | Opinión
Las2Orillas
En sus rigurosos análisis sobre Paz y Seguridad, la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol), llevó a cabo un ejercicio realmente novedoso que les permitió abrir 9 Spaces, invitar a 42 expertos y conectar a 1.034 participantes, en lo que denominaron: Conversaciones Ciudadanas sobre Reforma Policial y cuyo informe fue publicado en Julio de 2022.
La metodología abierta, utilizada para obtener insumos sin censura y someterlos a la discusión y análisis por especialistas en asuntos de policía, seguridad, justicia, convivencia y drogas, arroja un amplio espectro de reflexiones que interpretan asuntos pendientes de reforma policial, unidos al sentimiento ciudadano sobre la Policía, los mismos que se integran en 8 aspectos, considerados los ejes críticos sobre los cuales, según el informe, debería continuar el proceso de transformación profunda de la Policía Nacional.
“El diablo está en los detalles”, plantea el informe al calificar el Plan de Transformación Policial anunciado por el Gobierno el año pasado, mas como un proceso de modernización y actualización, que si bien resuelve asuntos pendientes, no aborda una reforma estructural. Destaca la creación del Viceministerio de Políticas de Defensa y Seguridad Ciudadana en el Ministerio de Defensa, pero cuestiona la existencia de una Policía afincada a una narrativa más de defensa que de prevención; y en esta misma línea se hacen reparos a la política de derechos humanos, Inspectoría y rendición de cuentas. Se indica que las certificaciones y validaciones de idoneidad en derechos humanos y uso de la fuerza, deben revisarse, evaluando su utilidad, independencia y la forma como se incorpora a la ciudadanía en los espacios de diálogo. También se pregunta si en época de crisis económica y plena pandemia, era apropiado invertir en el cambio de uniforme, en vez de atender otras prioridades relacionadas con el bienestar y la salud mental de los uniformados por ejemplo.
Un segundo aspecto tiene que ver con la reforma a la Policía y la lucha contra el narcotráfico. “La lucha contra el narcotráfico ha influido significativamente en cómo opera la policía en varios países de la región (por ejemplo, Colombia, Brasil, México), determinando incluso sus agendas de seguridad”, lo que ha conllevado a una mayor militarización y actitud represiva de las policías, plantea el documento. Igualmente se sugiere extraer a la policía del diálogo político nacional e internacional sobre el problema de las drogas y dejar estos asuntos a otras instituciones. y propone que la policía cese la persecución a la tenencia de dosis personal de estupefacientes, pues según el reporte, se ha convertido en un indicador que desvía la atención del servicio de policía, ocupa bastantes recursos y tiempo, y genera incentivos perversos por resultados nada convenientes.
La reforma a la Policía y Justicia, es otro tópico que el informe desarrolla muy vinculado a la “violencia policial”. Aquí se identifican dos problemas: los subregistros derivados de las bajas tasas de denuncia y la forma errónea como se tipifica la conducta al momento de la denuncia, si fue en actos del servicio o en función del servicio, a fin de remitir el caso a la justicia ordinaria o a la justicia penal militar. Agrega el informe: “Por ejemplo, prácticas como tortura y violencia sexual son con- ductas que no deberían ser juzgadas por la justicia penal militar y a veces son tipificadas como actos del servicio, actos arbitrarios o injustos”.
Un análisis que llama la atención, es la percepción que se tiene de las policías de Argentina, Brasil y Colombia, países donde según el informe, “la policía se asemeja más a policías de regímenes autoritarios: usualmente sirven a los intereses del líder, rara vez son llevadas a debate de control político y pocas veces hay sanciones ante el abuso de la fuerza. Lo anterior puede ocurrir por varias razones. Una es el poder estructural que ostenta la policía al ser una entidad del Estado que tiene el monopolio del ejercicio de la fuerza legítima. Otro factor que se debe considerar es que es una gran herramienta política que puede convertirse en una amenaza política si decide no cooperar con los gobernantes”.
Y un tema sustancial en el debate es la Reforma a la Policía y el Esmad. El más controversial que exacerba el sentimiento de los ciudadanos. El documento recogió cinco razones por las cuales debe reestructurarse este cuerpo especializado: la desconexión evidente entre el Esmad y los jóvenes, se ha convertido en una figura antagónica para los manifestantes y despierta atracción a la violencia, aumenta las tensiones entre la sociedad, la extralimitación en el uso de la fuerza que ha ocasionado muertes, y la desconexión con las autoridades civiles y administrativas. Ante estos argumentos, el informe recomienda revisar la formación que reciben los policías del Esmad y el tipo de armas que utilizan, y definir el rol de los mandatarios regionales que son los “jefes de policía” sobre estas unidades.
En lo referente a la Reforma de la Policía y la Ruralidad, el documento sugiere separar la función Antinarcóticos de la función de seguridad ciudadana en el campo, fortaleciendo la labor que cumple la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural que cuenta con policías especializados en prevención y proyectos comunitarios agrarios. No obstante también se recomienda explorar modelos existentes en otros países, como la Guardia Nacional con rol y misión exclusiva de seguridad rural.
En conclusión, el informe de Fescol, aporta elementos de alto valor que recogen el sentimiento ciudadano sobre la Policía y el análisis de expertos independientes, que no se pueden desconocer y que seguramente serán referencia obligatoria en la reforma policial que ha planteado el gobierno electo. Y si bien, las recomendaciones se formulan en perfecta sintonía con la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Ciudadana y Paz, el cual ha sido considerado un mortal salto al vacío; es clave visualizar y sopesar las consecuencias que acarrearía para la Seguridad del Estado prescindir, dentro del sector Defensa, por un lado de la Inteligencia y capacidad operativa de la Policía Nacional, incluyendo sus 180 aeronaves; y por el otro, proyectar una policía con espíritu de paz en tiempos de violencia y conflictividad; una policía desarmada y sin estructura especializada para enfrentar a un crimen organizado transnacional amenazante y creciente; y una policía esencialmente preventiva, inofensiva e impotente ante convulsionados escenarios de inseguridad y criminalidad, aún latentes, y que demandan el ejercicio firme de la autoridad y el máximo rigor en la aplicación de la ley.
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