EL PUBLIQUE

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Advierten acerca de irregularidades en evidencia presentada contra el periodista José Rubén Zamora, a quien el Gobierno guatemalteco acusa de lavado de dinero


El presidente del diario guatemalteco El Periódico, José Rubén Zamora Marroquín, y la auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez Díaz, pasarán un mínimo de tres meses en prisión preventiva con base en un testimonio y supuestas evidencias que, según reveló el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala (FECI), Rafael Curruchiche, el Ministerio Público (MP) recabó en solo 72 horas, entre el 26 y el 29 de julio.

Según un reporte de Julie López para El Faro, el jefe fiscal afirma que antes del martes 26 del mes pasado no conocía “en persona” a su testigo clave, Ronald Giovanni García Navarijo, exgerente del Banco de los Trabajadores (Bantrab). Tres días después, la palabra del exbanquero y la documentación que éste entregó habían sido supuestamente verificadas por las autoridades y bastaron para que el MP allanara la vivienda de Zamora y las instalaciones de El Periódico, donde los fiscales retuvieron y mantuvieron incomunicados durante 16 horas a ocho empleados del medio.

El Ministerio Público también embargó en ese momento las cuentas bancarias del diario, para liberarlas días después porque no tenían más que el equivalente a $500. Curruchiche ha afirmado que la detención de Zamora obedece a “su actividad como empresario, y no a su labor periodística”.

El martes 9 de agosto, el juez Freddy Orellana decretó prisión provisional contra Zamora por cargos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, y contra Gómez por filtración de información confidencial. Toda la evidencia contra ellos presentada por la FECI ante el juez en las audiencias públicas del 8 y el 9 de agosto (grabaciones, mensajes de texto y dinero en efectivo) les fue proporcionada por García Navarijo. Los abogados defensores, Christian Ulate y Armando Mendoza, insisten en que no hay pruebas de sustento para la acusación y todo el caso de la Fiscalía se basa solo en el testimonio de alguien que está acusado desde 2016 y 2017 por lavado de dinero y otros delitos. Reclaman, además, posible alteración de la evidencia por parte del MP.

Ronald García Navarijo presentó una denuncia contra Zamora el 26 de julio pasado. Según afirmó el Ministerio Público durante las audiencias, el denunciante dijo a la FECI que el periodista le pidió que lavara Q300,000 ($40,000) que le entregó en efectivo, bajo amenaza de publicar en su periódico la vinculación del exbanquero con diversos hechos delictivos. Afirmó también que el dinero “probablemente” provenía de otros chantajes cometidos por Zamora. Según García Navarijo, José Rubén Zamora había obtenido la información en su contra a través del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde el 23 de julio de 2021, tras ser despedido ilegalmente por la fiscal general Consuelo Porras.

El 8 de agosto, Zamora aceptó ante el juez haber entregado esa cantidad de dinero a García Navarijo, pero en un intermedio de la audiencia, en uno de los pocos momentos en los que no estuvo esposado y rodeado de guardias penitenciarios, aseguró a la prensa que recibió ese dinero en efectivo de “dos empresarios que querían apoyar a El Periódico” y luego lo envió a García Navarijo para que éste lo depositara en una cuenta del diario. El abogado de Zamora, Christian Ulate, aseguró a El Faro que esa triangulación tenía como fin proteger la identidad de esos empresarios donantes.

Zamora dijo a la prensa que se conoce con García Navarijo desde hace casi 20 años. “Nunca habíamos tenido problemas”, aseguró.

Según dijo Ulate en la audiencia, Zamora vio que los billetes originalmente estaban sujetos con cintas de un banco, lo que en teoría indicaba su origen lícito. Esas cintas no aparecen, sin embargo, en las fotografías presentadas por el MP ni en los billetes que los fiscales mostraron como evidencia ante el juez. Según dijo Ulate, también el abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) Raúl Falla, que es querellante adhesivo en el caso y representa a García Navarijo, vio esas cintas de banco sujetando el dinero.

Ninguna de las grabaciones que la FECI reprodujo ante el juez muestran a Zamora pidiendo a García Navarijo que lave el dinero, o recogen amenaza alguna contra el exbanquero. Los fiscales tampoco han mostrado hasta el momento evidencia de que el dinero incautado sea producto de chantajes de Zamora.

“Esto es un montaje político fabricado con eficacia por el presidente (Alejandro Giammattei), la fiscal general, y otras personas”, ha dicho Zamora sobre las acusaciones en su contra. En un editorial del 4 de agosto, el diario estadounidense The Washington Post dijo que Zamora “fue espuriamente acusado”. La Sociedad Interamericana de Prensa ha dicho en un comunicado que la “espectacularidad y desproporcionalidad” de los operativos de cateo y las capturas en este caso “aparentan” que la intención es intimidar a los periodistas y los medios que fiscalizan el poder en Guatemala.

El día de los allanamientos, los policías que actuaban bajo las órdenes de la FECI treparon por el techo de la casa de Zamora y descendieron por un patio interior, en lugar de tocar el timbre, a pesar de que llevaban una órden de allanamiento del juez Orellana. Gómez fue detenida ese mismo día en las oficinas de la FECI. Ambos permanecen encarcelados en la Brigada Militar Mariscal Zavala, en la capital guatemalteca, donde también guardan prisión exfuncionarios acerca de los cuales ha escrito Zamora y a los que la fiscal auxiliar ha investigado en los últimos años.

García Navarijo no llegó a la audiencia de los días 8 y 9, supuestamente por haber recibido amenazas. Lo representó el abogado Raúl Falla, que al igual que el fiscal Rafael Curruchiche ha sido incluido en la Lista Engel y sancionado por Estados Unidos bajo acusaciones de obstrucción a la justicia. La Fundación Contra el Terrorismo, de la que forma parte Falla, es querellante adhesiva o ha promovido en el último año numerosos procesos penales contra operadores de justicia independientes en Guatemala. En su mayoría se trata de jueces de Mayor Riesgo o exfiscales de la FECI que en la última década investigaron casos de corrupción de alto impacto. La FCT también ha apoyado públicamente a militares guatemaltecos acusados de violaciones de derechos humanos, y condenó que se acusara y juzgara por genocidio al exgeneral Efraín Ríos Montt.

Cuando el 26 de julio García Navarijo puso su denuncia frente a la FECI, Zamora aún no le había entregado el dinero. Los Q300,000 (US$40,000), que García Navarijo debía depositar en una cuenta de la empresa Aldea Global, dueña del diario, los recibiría dos días después. El 28, efectivamente, el chófer de Zamora llevó el dinero en efectivo a la oficina de García Navarijo en la zona 10 de Ciudad de Guatemala. Según la Fiscalía, el trato era que éste depositara los fondos en una cuenta de una de sus propias empresas y luego emitiera un cheque para Aldea Global.

Zamora insiste en que para sostener su medio recibía donaciones de personas que no querían ser públicamente vinculadas a El Periódico por temor a ser blanco de críticas, y eso explica el mecanismo ideado con García Navarijo, pero asegura que espera que los dos empresarios que le dieron el dinero lo confirmen públicamente a lo largo de este proceso, con lo que se disiparía la acusación de lavado.

Su abogado defensor acusa además al Ministerio Público de haber manipulado la forma en la se presentó el dinero. “Desde un principio, mi cliente dijo que el dinero tenía los cintillos de papel del Banco Industrial, porque el dinero había sido retirado en efectivo de ese banco”, explicó Ulate. Sin embargo, cuando en la audiencia de primera declaración el 8 de agosto la fiscal acusadora, Cynthia Monterroso, exhibió los billetes tras sacarlos sin guantes de sobres manila con sellos del MP, estos estaban en fajos sueltos, sin cintillos que los sujetaran.

El detalle puede ser clave. De tratarse de dinero previamente bancarizado, como indicaría la existencia de cintillos del Banco Industrial, no se sostendría la acusación de que Zamora pretendía lavar los Q300,000. “No se lava dinero que ya estaba en el sistema bancario”, afirma Ulate. “Qué extraño que, en todas fotos que presenta el MP, el dinero no lleva cintillos”, dijo. Ulate también pidió el análisis de los billetes con luz ultravioleta para comprobar si los mostrados como evidencia eran los mismos que Zamora recibió de los empresarios.

Fuentes del sistema bancario aseguraron a El Faro que otra posible vía de verificación sería el registró que el Banco Industrial debería tener del número de serie de los billetes en el caso de haberse producido un retiro tan voluminoso de dinero.

Según la FECI, García Navarijo recibió los Q300,000 en su oficina, supuestamente bajo vigilancia policial, pero Ulate ahora duda de si el denunciante llegó a tener en algún momento el dinero en su poder. “Fue entregado a las 3:30 de la tarde y la inspección (de la FECI) se hace hasta las 5:30 de la tarde, y en todas las fotos (los fajos de billetes) no tienen cintillos”, dijo el abogado de Zamora. “¿Qué pasó en esas dos horas? ¿Sabe (la FECI) dónde están los cintillos? ¿No los quiso incorporar?”. La FECI no ha hecho comentarios al respecto. El juez no se refirió al asunto durante la audiencia.

Llama la atención que, aunque en la audiencia y en las fotografías del expediente de la FECI los billetes aparecen sueltos, el 31 de julio y el 1 de agosto varias cuentas de net centers tuitearon una fotografía del dinero con cintas bancarias y sellos de banco. Ulate asegura que en esa imagen los fajos de billetes están sobre el mismo escritorio en el que la FECI los fotografió sin cintas, supuestamente en la oficina de García Navarijo. Según el abogado de Gómez, Armando Mendoza, pese a la reserva del caso también algunos de los audios presentados por el MP circularon en redes sociales.

Ulate también observó que ninguna de las conversaciones que García Navarijo grabó y entregó al MP incluían intervenciones en las que Zamora le pedía que lavara el dinero ni revelaba que el dinero era producto de chantajes ni amenazaba a García Navarijo. El abogado señaló que la acusación de la FECI se sustenta sólo en lo dicho por García Navarijo, algo comprobable al escuchar las grabaciones que la Fiscalía reprodujo en la audiencia de primera declaración y que la prensa, a pesar de la mala calidad del audio, también pudo grabar.

El abogado de Zamora también cuestionó la legalidad de las grabaciones citando diversos artículos en el Código Procesal Penal, en la Constitución de la República, y legislación internacional, que establecen que la grabación es ilegal sin el consentimiento de terceros participantes, y que una vez presentada la denuncia, como ocurrió el 26 de julio, respecto a dinero que sería recibido el 28, el MP debió investigar los hechos y reunir la evidencia, interviniendo las líneas telefónicas del denunciante y los denunciados, y no pedir al denunciante que él se hiciera cargo de las grabaciones. “Lo dice la Corte de Constitucionalidad”, afirmó Ulate. “Sólo cuando no hay intervención del Estado, se graba cuando se es víctima de un delito”.

Al menos la última grabación ocurrió cuando ya estaba involucrado el MP, después de la denuncia del 26 de julio. “Aquí el MP podía actuar inmediatamente”, dijo Ulate. “Están los artículos 24 y 48 de la Constitución, cuando es necesario investigar comunicaciones telefónicas; el MP tenía todas las armas para intervenir, y todo eso hubiera sido legal, pero no siguió los medios de prueba que da la ley para obtener pruebas legalmente”.

El abogado de Zamora dijo que todas las grabaciones son ilegales porque se hicieron sin la autorización de los titulares de la conversación: Zamora, Sandoval, Gómez y los abogados de Zamora. Es decir, el denunciante no convocó a las reuniones, ni grabó desde su residencia u oficina. A la auxiliar fiscal Gómez, por ejemplo, dijo que la grabó en la FECI en febrero de 2022.

El abogado Mendoza, defensor de Gómez, destacó que la grabación (reproducida en la audiencia) por la que implican a la auxiliar fiscal en la filtración de información antecede la denuncia de García Navarijo. Además, Gómez sí aparece en la grabación, pero lo que dice no tiene relación con los hechos ocurridos desde el 26 de julio en adelante, ni revela información que sustente la acusación. No obstante, la FECI la usó como evidencia contra la auxiliar fiscal.

García Navarijo salió libre con medidas sustitutivas en el caso vinculado al Bantrab. Después, cuando inició su proceso de colaboración con la Fiscalía en 2020, ofreció información útil en varias investigaciones de la FECI, según Sandoval dijo a El Faro. En declaraciones a la prensa el 3 de agosto pasado, Zamora dijo que a García Navarijo le preocupaba que en 2021 cambiaran las condiciones en que había colaborado con la FECI y confesado sus actividades delictivas. Se supone que García Navarijo temía que, con un cambio en la Fiscalía, él quedara expuesto como un informante incómodo al poder.

Por ejemplo, el presidente de El Periódico dijo que el denunciante había contado a la Fiscalía que se reunió en el sótano de un edificio, en Guatemala, con el expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), para ayudarlo a lavar dinero. El presidente de El Periódico agregó que, en 2015, antes de las elecciones de ese año, “(García Navarijo) afirmó que (...) estuvo en una reunión en la que (el presidenciable) Jimmy Morales  (2016-2020) y (su hermano) Sammy recibieron cuatro millones de dólares, que él (García Navarijo) procedió a lavar en cuatro casas de cambio; tenía fechas y nombres”. El exfiscal Sandoval dijo a El Faro el 13 de agosto que García Navarijo declaró a la FECI acerca de actividades de lavado de dinero de exfuncionarios, y que la información debería estar registrada en la Fiscalía. No reveló más detalles.

La supuesta vinculación entre el denunciante y los expresidentes se hizo pública en agosto de 2022, cuando Zamora lo dijo ante los medios luego de su captura. Es información llamativa porque, durante la administración de Morales, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la FECI llevaban cinco casos contra allegados del presidente. Tres casos tenían relación con el financiamiento electoral ilícito que permitió montar la campaña de Morales con el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Como secretario del partido, Morales era responsable de su financiamiento y, por eso, la Comisión y la Fiscalía solicitaron en agosto de 2017 que se le retirara la inmunidad al mandatario para investigarlo. Nunca sucedió.

Por eso, García Navarijo era tan importante para la CICIG y la FECI, aunque en 2016, el denunciante tenía otros problemas: enfrentaba cargos por lavado de dinero y cohecho pasivo en el caso “Bantrab: Negocio de Familia”, que también llevó la CICIG y luego la FECI. De ese caso, se desprendió el caso ARCA, que toma el nombre de Estrategias e Inversiones ARCA, S.A., una sociedad anónima creada por ejecutivos del Bantrab supuestamente con fines de mercadeo. García Navarijo fue capturado hasta en 2018 y salió de la cárcel con medidas sustitutivas en 2019, después de que el entonces presidente Morales (para quien García Navarijo lavó dinero, según Zamora) sacó a la CICIG del país. En septiembre de ese año, el exjefe de la Comisión, Iván Velásquez, escribía en The Washington Post que el “miedo [de Morales] a la CICIG” era un “reconocimiento a la eficacia de la comisión”.

En 2021 era de conocimiento general que la FECI de Sandoval estaba bajo más presión después de que debía llevar sola los casos que antes llevaba con la CICIG. Además, Sandoval era uno de los operadores de justicia en la mira, como los jueces de Mayor Riesgo, y otros fiscales que llevaban casos de alto perfil de corrupción.

La primera conversación que García Navarijo grabó está fechada el 15 de febrero de 2021. En la audiencia se presentó como un intercambio entre él, Zamora y Sandoval, en el cual, según el MP, Sandoval dice a Zamora que recomiende a García Navarijo colaborar con la auxiliar fiscal Gómez.También era evidencia de que, según el MP, Sandoval filtraba información a Zamora, que este después usaría para chantajear al denunciante. Cuatro meses después de la citada grabación, Sandoval estaba fuera de la FECI. Para entonces, todavía no se había suscrito ningún convenio de colaboración con García Navarijo, porque no había aportado ningún documento para sustentar su testimonio, según dijo Sandoval a El Faro el pasado 13 de agosto.

Sandoval aclara que nunca hubo una reunión entre los tres, sino que Zamora lo llamó por teléfono (en febrero 2021), como cualquier otro periodista le llamaba, y activó la llamada en altavoz para preguntarle algo. No recuerda si Zamora le dijo que lo acompañaba García Navarijo u otra persona. “Rubén me preguntó si había hablado con alguien, y le dije: ‘no me dijo nada’, pero ya no recuerdo de quién me preguntó, ni acerca de qué”. Se presume, por lo acontecido en la audiencia, que Zamora desconocía que García Navarijo grababa la reunión, incluyendo la llamada a Sandoval.

Luego, el 9 de agosto de 2021, sólo seis días después de que Curruchiche fue nombrado jefe de la FECI, el denunciante grabó una reunión a la que Zamora convocó en su casa, con sus abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya, para discutir cómo registrar en papel el destino de un cheque por Q200,000 que recibió de ARCA en 2013. En una declaración de 2018 ante la FECI, Zamora lo atribuyó a un préstamo de Eduardo José Liú Yon, entonces miembro de la junta directiva del Bantrab, y procesado en ese caso. Curruchiche es uno de los guatemaltecos incluidos en la lista Engel presentada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en julio de este año, y que incluye a los funcionarios que según aquel país son actores corruptos o antidemocráticos.

Zamora explicó (después de la audiencia del 3 de agosto pasado) que en ocasiones recibía pagos adelantados de los bancos y/o anunciantes, y después definía el uso del dinero según la necesidad del momento (pago de planillas del diario, gastos familiares, etc.). En la conversación grabada en agosto de 2021, debido al caso Bantrab y al cambio de fiscal, acordaron que era necesario justificar el propósito del cheque de 2013 en papel. Una posibilidad era registrarlo como venta de publicidad por adelantado, pues el banco era uno de los anunciantes en El Periódico.

La fiscal Monterroso sostiene que la ausencia del exfiscal Sandoval en la FECI también asustaba a Zamora “porque podía ser involucrado en un caso de lavado de dinero”. Agregó que a él “jamás se le investigó por su relación estrecha con Sandoval”. Según Sandoval dijo a El Faro el 5 de agosto pasado, si hubiera querido proteger a Zamora, “no hubiera investigado lo relacionado con ese cheque, o lo hubiera ocultado”.

Para octubre de 2021, Zamora dijo públicamente sus sospechas de que el Gobierno intentaba “armarle un caso para encerrarlo”. Antes de que acabara el año, la FECI había obtenido dos órdenes de captura contra Sandoval, acusándolo de cometer irregularidades como fiscal. El juez Orellana autorizó la primera orden.

Mientras tanto, García Navarijo guardó la grabación del 9 de agosto de 2021 durante casi un año. La entregó a la FECI hasta el 2 de agosto de 2022. Al día siguiente, en la audiencia, Monterroso dijo que la grabación revelaba la comisión de otro delito: Zamora y sus entonces abogados defensores, Castañeda y Montoya, conspiraron para obstruir la justicia. Eso provocó que los abogados debieran retirarse del caso por conflicto de interés, que Zamora tuviera que buscar otro abogado, y la audiencia se aplazara por segunda vez, ahora para el 8 de agosto. No se explica por qué García Navarijo no entregó esta grabación a la FECI cuando hizo la denuncia el 26 de julio.

Monterroso dijo que la grabación de agosto de 2021 demostraba que Zamora y los abogados conspiraron para disfrazar el origen del cheque de 2013, pero es a García Navarijo a quien se escuchó proponer cómo podrían justificar el cheque, cuando la grabación fue reproducida en la audiencia. Decía cosas como “yo tengo los sellos”, para asegurar que podía oficializar cualquier documento. “Aquí la persona activa fue García Navarijo”, explicó Ulate. “Él propone: ‘yo pienso que esto debemos hacerlo así’; él dice (a Zamora), ‘estás apareciendo en un informe de la CICIG’. Él le da la información a José Rubén Zamora”. Según el abogado, el denunciante fue “el agente provocador”.

“Conspiración es un delito autónomo entre dos o tres personas, que saben que están conspirando para cometer un delito”, explicó en la audiencia del 9 de agosto pasado Ulate, también exmandatario de la CICIG. “¿Dónde está la prueba [aquí]? Yo sé que la fiscal abre los ojos y me vuelve a ver, pero ¿sólo porque ella lo dice hay que creerlo?”.

El 11 de febrero de 2022, García Navarijo grabó una conversación entre él y la auxiliar fiscal Gómez. Hablaban de “la reparación digna para los querellantes, y parte de las negociaciones de la colaboración es lo que (ella) le explica”, señala Ulate. “En ningún momento Samari Gómez comete un hecho delictivo, ni da información. El nombre de mi representado no es mencionado”. El abogado argumentó que no hubo tráfico de influencias ni hay evidencia en las grabaciones, como denunció García Navarijo, de que Zamora hubiera influido en Sandoval para que éste pidiera a la fiscal auxiliar Gómez benevolencia hacia García Navarijo.

La grabación sí revela, según Ulate, que García Navarijo quería posponer su colaboración con la FECI hasta ver qué ocurría al interior de esa oficina.

La defensa expuso que García Navarijo grabó las conversaciones para usarlas cuando la ocasión lo ameritara. Y la ocasión lo ameritó este año.

Zamora dijo que en la última semana de junio, García Navarijo llegó a su casa, a quejarse de que el MP no descongelaba Q33 millones ($4.4 millones) en una cuenta a su nombre. “(García Navarijo) literalmente me dijo, y Manfredo Marroquín fue testigo, que el señor Curruchiche le pedía el 15% (del dinero) y que quemara a otros personajes molestos para el Ministerio Público y el régimen de turno”, continuó Zamora. El presidente de El Periódico declaró a la prensa que le recomendó a García Navarijo no ceder ante la demanda del fiscal.

Marroquín, quien es director de Acción Ciudadana, una ONG que investiga cuentadancia pública y denuncia corrupción, confirmó a El Faro el 4 de agosto que estaba en la casa de Zamora cuando llegó García Navarijo en junio, y escuchó sus señalamientos contra Curruchiche. Según Marroquín, García Navarijo sentía que “lo querían joder” por lo que había declarado ante la FECI dirigida por el exfiscal Sandoval (que lavó dinero para expresidentes, entre otros temas), y decía cosas como, “No me voy a prestar”, y no quería pagar.

El pasado 5 de agosto, el fiscal Curruchiche dijo a El Faro que era imposible que él hubiera pedido un porcentaje de los Q33 millones a García Navarijo porque el dinero está en cuentas “embargadas desde 2016 y llevan un proceso de extinción de dominio”. Agregó que son cuentas en el Bantrab también a nombre de cuatro personas más (según Sandoval, hasta que él estuvo en la FECI –23 de julio de 2021– esas cuentas tenían medidas cautelares).

“Hace dos semanas que (García Navarijo) solicitó que se levantara el embargo”, dijo Curruchiche. “La FECI se opuso porque es dinero de dietas y salarios, que es una forma de ilicitud para sustraer fondos del Banco de los Trabajadores, y el caso lo lleva la Fiscalía de Extinción de Dominio” (el 5 de agosto, Soy502 publicó que, según el juez de Extinción de Dominio, Marco Villeda, su judicatura aún no tiene ningún caso de García Navarijo).

Según lo dicho por Curruchiche, la FECI rechazó la solicitud de levantamiento del embargo la semana del 18 de julio (aunque Plaza Pública reportó que un juez levantó el embargo justo en esa fecha). Más adelante, la Fiscalía afirmó que el 19 de julio García Navarijo entabló una comunicación telefónica con Zamora, en la que éste supuestamente el denunciante propone al periodista entregarle los Q300,000 en efectivo, para que lo ingrese en una de sus cuentas, y emita un cheque para depositar en la cuenta de Aldea Global.

Ulate explicó que estos eran hechos tentativos, imposibles de consumarse (incluyendo el lavado de dinero), porque García Navarijo tenía cuentas inactivas que le impedían depositar el dinero para emitir un cheque.

El abogado también habló de un mensaje de texto que su cliente envió al denunciante. “José Rubén Zamora le comenta (a García Navarijo) que tiene problemas financieros; (le dice) ‘estoy consiguiendo dinero’; no dice ‘laváme dinero’. Luego, Ronald García Navarijo dice [a la FECI] ‘creo que ese dinero proviene de chantajes’”, señala el abogado.

Plaza Pública divulgó que García Navarijo tenía una audiencia de primera declaración en el caso ARCA el 25 de julio, pero que se reportó con Covid para ausentarse. Sin embargo, el 26 de julio, todavía con los Q33 millones congelados (según Curruchiche), García Navarijo llegó a la FECI a las 22:00 horas y denunció a Zamora. El jefe de la Fiscalía aseguró a El Faro que conoció personalmente al denunciante hasta ese día, cuando lo recibió junto a “dos o tres” agentes fiscales. En esa reunión arrancan las 72 horas durante las cuales el fiscal asegura que reunieron suficiente información para justificar las capturas y allanamientos del 29 de julio.

“Se verificó (todo)”, dijo Curruchiche. “Nos tomamos el tiempo de verificar, incluso el viernes (29) se verificó”. El jefe de la FECI dijo que las evidencias contra el presidente de El Periódico incluyen correos electrónicos, llamadas telefónicas y “elementos de investigación obtenidos conforme a la ley”, aunque Ulate señala que las grabaciones son ilegales.

Curruchiche aclaró que García Navarijo no es colaborador ni testigo protegido. “Solicitó ser colaborador eficaz, y analicé junto con la agente fiscal (Monterroso) si la información que ofrecía era útil y cumplía con lo que determina la Ley de Delincuencia Organizada (2006), y no cumplía los parámetros”, explicó el fiscal. No descartó que sea testigo o colaborador más adelante, “porque ha proporcionado información”. Zamora afirma ahora que, con García Navarijo, “lo que están haciendo es exonerarlo”.

“Usted se va a sorprender de la evidencia que tenemos”, dijo el fiscal Curruchiche a El Faro, tres días antes de la audiencia de primera declaración, a pesar de que ninguno de los audios comprueba la denuncia de García Navarijo. Hay un signo de interrogación sobre cómo, en tres meses de investigación fijados por el juez Orellana, la FECI convertirá esas evidencias en pruebas.

Ulate se quejó de que el MP haya actuado primero, haciendo capturas y allanamientos, para después ver qué se puede probar.


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