General Henry Armando Sanabria Cely, nuevo director de la Policía Nacional de Colombia
Por: Juan Carlos Buitrago Arias | Opinión
Las2Orillas
Aunque el escepticismo sigue siendo grande, la conformación de la nueva línea de mando de la Policía Nacional ha sido clave para mantener la confianza en la Institución. La crítica ha sido fuerte, pero es necesario entender la compleja encrucijada, las tensiones y los dilemas que enfrenta la nueva cúpula no solo policial, también de las Fuerzas Militares, el discurso cambió, las prioridades se invirtieron y hay que asimilarlo. Los generales y coroneles asignados a las más importantes direcciones y comandos del país, fueron rigurosamente seleccionados por su perfil, integridad y experiencia, y sin mediar influencias indebidas. La mayoría están altamente calificados para dirigir los destinos de las unidades que les ha confiado el director general de la Policía Nacional, y claro, los colombianos esperan del nuevo mando policial, suficiente carácter y firmeza para NO negociar sus principios. Por sus acciones los conocerán.
Es necesario precisar que la seguridad humana no es responsabilidad, ni misión esencial de la Policía Nacional; formulada por la ONU desde 1994, su enfoque compromete al Estado y a la sociedad en su conjunto, por lo tanto, la Policía no puede arrastrar con esta carga, tan solo es un actor que contribuye en la generación de las condiciones de convivencia y tranquilidad pública, privilegiando la prevención, combatiendo el delito y ejerciendo el principio de autoridad.
No es sano para la democracia que aún existan voces azuzando brotes de inconformismo o desobediencia al interior de las Fuerzas, también cuestionando al director general por cumplir con su deber. La Policía Nacional ha hecho una demostración histórica de respeto y acatamiento al gobierno legítimamente electo, y hay que reconocer la actitud y el talante democrático asumido por los 23 generales que fueron llamados a calificar servicios. En otras circunstancias el ruido de sables hubiera sido inminente. Es lógico y comprensible, además de constitucional y legal, el deber que le corresponde a la Policía Nacional de acatar las directrices de la política del Gobierno en el marco de la Seguridad Humana, tal como sucedió en los períodos de la Seguridad Democrática y del proceso de Paz con las Farc, lo que ahora, lo más conveniente para el país, es que las autoridades se sincronicen con la “seguridad humana”, por supuesto, con agudo olfato, antenas bien activadas y leyendo con fina atención el curso de los acontecimientos.
El cambio de doctrina en seguridad, como es natural, crea incertidumbre, genera resistencias y demanda de un proceso de aprendizaje y adaptación, más aún cuando los policías y soldados de la patria de las últimas generaciones, no están acostumbrados a recibir mensajes “blandos” contra la delincuencia por parte del primer mandatario, ni siquiera ocurrió durante los acuerdos de La Habana. Los comandantes tienen una tarea urgente por cumplir, y es la de instruir a nuestros policías sobre el alcance de los mensajes que ha impartido el presidente; por ejemplo, como serán en adelante los procedimientos de control en parques contra los jíbaros, la erradicación de expendios de estupefacientes, la invasión del espacio público por vendedores ambulantes, la toma de fincas agropecuarias por parte de comunidades indígenas, el control del delito en las fronteras, las operaciones contra las economías criminales del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando; y prontamente cómo actuará el “nuevo Esmad”, La Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la manifestación pública con su componente especial de intervención durante la protesta nacional programada para el 26 de septiembre por parte de la oposición.
Las autoridades de la república deben obedecer y cumplir las órdenes del presidente de la República como comandante y jefe de las Fuerza Pública, pero por encima de este mandato están la Constitución y la Ley. En consecuencia, perseguir el delito en cumplimiento del Código Penal es deber inquebrantable, actuar sobre contraventores en cumplimiento del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana es obligación legal, proceder contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos es mandato legal, intervenir a los contrabandistas lo ordena la Ley anti contrabando, neutralizar el terrorismo internacional y el espionaje está en la Ley Nacional de Inteligencia, y contrarrestar las amenazas externas para preservar la seguridad del Estado es mandato Constitucional; solo por enunciar algunos ejemplos.
Los anuncios de cese de la violencia y las aproximaciones de diálogo, no significan ausencia de criminalidad. El microtráfico y la extorsión no paran de mover millones de dólares en parques, barrios, colegios, universidades y zonas comerciales, precisamente donde operan los jíbaros; el comercio ilícito es cada vez mas rentable y mafioso, generando ganancias por más de 6 mil millones de dólares anuales y parte del combustible es el comercio informal; las economías ilegales representan el 2,5 % del PIB y seguimos produciendo 1500 toneladas de cocaína cada año; fenómenos que obligan el ejercicio proactivo de las autoridades, de mano dura, sin dilación alguna y por encima de cualquier criterio o directriz de origen político. Muy desafortunado sería para el país y para la cúpula actual, que pasara a la historia, con el sello, de haber permitido en la era de la “seguridad humana”, la agudización de los más graves engendros de la violencia y la criminalidad en nuestro territorio.
Que el país comprenda la encrucijada que afrontan las autoridades, no es tarea fácil. La mitad son escépticos y la otra tiene profunda esperanza del cambio; mientras tanto la tensión aumenta, la desinformación es malintencionada, la comunicación es difusa, se publican imágenes fuera de contexto y se anuncian decisiones que preocupan. La cúpula designada demanda del voto de confianza de los ciudadanos, del apoyo de la reserva activa y del respaldo de la comunidad internacional; los argumentos que acompañan su trayectoria, integridad, experiencia y sabiduría son poderosos e irrefutables. La ideología no puede estar por encima de las instituciones.
LPNSN: Se ha reactivado el proceso de negociación con el ELN, un buen comienzo que nos debe llenar de esperanza hacia La Paz total que se ha propuesto el gobierno. Ojalá se construya en el marco del Gran Acuerdo Nacional y no se repitan algunas de las experiencias nefastas del pasado.
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