Un hombre colombiano, que fue extraditado de Colombia después de una acusación, fue sentenciado el 7 de septiembre pasado en un tribunal federal de Boston por su papel en tres cargos relacionados con la obstrucción de la justicia.
Orlando López Parra, de 48 años, fue sentenciado a 57 meses de prisión y tres años de libertad supervisada. El 12 de mayo de 2022, López Parra se declaró culpable de un cargo de conspiración para obstruir la justicia y dos cargos de obstrucción de la justicia.
Desde al menos agosto de 2017, López Parra obtuvo información de una investigación criminal en curso en los Estados Unidos sobre las actividades internacionales de narcotráfico de Henry Carrillo-Ramírez, así como la presencia de agentes de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos en Colombia para el arresto de Carrillo-Ramírez. López Parra solicitó la ayuda de otra persona para ponerse en contacto con Carrillo-Ramírez con el fin de concertar una reunión con él.
En una reunión el 4 de agosto de 2017, López Parra le dijo a Carrillo-Ramírez que había agentes de la ley de los Estados Unidos en Colombia para su arresto y que los contactos de López Parra podrían proporcionar información adicional a Carrillo-Ramírez para evitar el arresto a cambio del pago de 500 millones de pesos colombianos.
Varios días después, el 7 de agosto de 2017, López Parra se reunió nuevamente con Carrillo Ramírez para ofrecerle información a cambio del pago de 500 millones de pesos colombianos, le aconsejó que saliera de su residencia y le recordó lo difícil que sería para su familia si fuera extraditado a los Estados Unidos.
“Este caso demuestra los recursos y la dedicación del Departamento de Justicia y la DEA para erradicar el narcotráfico y responsabilizar a quienes obstruyen las investigaciones sobre estas actividades peligrosas e ilegales”, dijo la fiscal federal Rachael S. Rollins. “Aquellos que interfieren o impiden nuestras investigaciones corren el riesgo de ser acusados penalmente. Así que no lo hagas.
“La mala conducta en este caso es descarada y estos cargos dejan muy claro que la DEA está profundamente comprometida con investigar cualquier intento de obstaculizar una investigación criminal”, dijo Brian D. Boyle, agente especial a cargo de la Administración de Control de Drogas, División de Nueva Inglaterra. . “La DEA y sus socios locales, estatales y federales están dedicados a llevar ante la justicia a quienes cometen este tipo de delitos”.
Carrillo-Ramírez fue acusado en junio de 2018 y extraditado de Colombia en abril de 2019. En noviembre de 2019, se declaró culpable de un cargo de conspiración para poseer con la intención de distribuir y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos y cuatro cargos de posesión con intención de distribuir y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína a bordo de un buque sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos. Está programado para ser sentenciado el 21 de septiembre de 2022.
El Fiscal Federal Rollins y la DEA SAC Boyle hicieron el anuncio hoy. La Policía Nacional de Colombia, la Guardia Civil española y la Fuerza Aérea Portuguesa brindaron una valiosa asistencia. El fiscal federal adjunto Craig Estes de la Unidad de Narcóticos y Lavado de Dinero de Rollins estuvo a cargo de la acusación en el caso.
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