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Exfiscales y exjueces guatemaltecos que solicitaron asilo político en los Estados Unidos están bajo sospecha de haber incurrido en hechos de corrupción mientras ejercían sus funciones


Un grupo de ex fiscales y ex jueces guatemaltecos que solicitaron asilo político en Estados Unidos alegando persecusión por su trayectoria de combate a la corrupción en Guatemala, están en el centro de una extensa investigación sobre manejo de bienes y fondos en cuentas privadas multimillonarias presuntamente procedente de la corrupción, de acuerdo a testimonios y documentos de la Fiscalía General revisados por Primer Informe.

Los ex funcionarios, que ejercieron cargos claves en el sistema judicial de Guatemala hasta el año pasado, incluyendo la posición de Fiscal General y la poderosa Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), acumularon cantidades de dinero en cuentas personales y secretas, que no hubieran podido con el salario que ganaron mientras ejercieron sus cargos, reveló Casto Ocando en Primer Informe, según Reporte de la Economía.

La fiscalía está poniendo énfasis en varias de las cuentas que tienen balances de millones de dólares, controladas por corporaciones creadas en paraísos fiscales para evitar declararlas en Guatemala, de acuerdo a investigadores de la fiscalía guatemalteca.

De izquierda a derecha: los fiscales Andrei González, Iván Velásquez (ex comisionado de CICIG), Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval, cuando controlaban estrechamente la justicia en Guatemala

Entre los investigados destacan cuatro ex fiscales y una ex jueza, todos exiliados en Washington DC y bajo aparente protección de la Administración Biden y en particular del Departamento de Estado. Estos son, Juan Francisco Sandoval, Thelma Aldana, Erika Aifan, Andrei González y Rudy Herrera, indicaron las fuentes.

La investigación incluye numerosos casos de presuntos malos manejos en la administración de justicia en Guatemala por parte de estos ex funcionarios, muchos de ellos ya conocidos públicamente. Pero abarca información desconocida hasta ahora sobre las cuentas bancarias de este grupo dentro y fuera del país centroamericano, que actualmente se encuentran bajo indagación oficial.

De acuerdo a fuentes familiarizadas con la investigación, entre los casos en desarrollo se encuentran la adquisición de propiedades de lujo, actuaciones cuestionables en Brasil relacionadas con presuntos intentos para encubrir la corrupción de Odebrecht en Guatemala, y la existencia de una presunta red de lavado de dinero procedente de la corrupción, con vínculos en entidades bancarias de Guatemala, Islas Caimán, Suiza y Estados Unidos.

El embajador Todd Robinson, que sirvió en Guatemala entre 2014 y 2017, fue el más poderoso protector de la fiscal Thelma Aldana mientras estuvo en funciones, y ahora que se encuentra asilada en Washington DC.

Este grupo de funcionarios recibieron el apoyo irrestricto de altos funcionarios norteamericanos como Juan González, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para América Latina, y el embajador Todd Robinson, jefe de la Oficina Antidrogas del Departamento de Estado, y el congresista demócrata por New Jersey, Albio Sires, bajo la presunción que se trataba de adalides de la lucha contra la corrupción en Guatemala.

Pero las investigaciones en Ciudad de Guatemala revelan un cariz totalmente distinto.

Juan Francisco Sandoval, ex jefe de FECI y figura clave que servía de enlace entre la Fiscalía General y la ya desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue despedido de su cargo el 23 de julio de 2021, y acusado pocas semanas después de “obstrucción a la justicia” e “incumplimiento del deber”.

Sandoval, quien había sido calificado por el Departamento de Estado como un “campeón anticorrupción”, abandonó el país rumbo a Estados Unidos antes de que un tribunal guatemalteco ejecutara una orden de captura en su contra, acusado de decenas de irregularidades y manejos corruptos.

“El acto de remover a Juan Francisco Sandoval de #FECI es un golpe letal a la lucha contra la corrupción en #Guatemala”, reaccionó el congresista Sires en un tuit posteado a las seis de la tarde del mismo día del despido de Sandoval. El mensaje fue retuiteado tres horas más tarde por Todd Robinson, que fue embajador en Guatemala entre septiembre de 2014 y septiembre de 2017.

Sin embargo, a lo largo de su gestión, Sandoval no sólo acumuló docenas de denuncias en su contra, sino que contó con el apoyo del embajador Robinson, lo cual convirtió al poderoso fiscal en una figura intocable desde el punto de vista judicial.

De acuerdo a la Fiscalía, el apoyo crucial de Washington a Sandoval impidió una indagación a fondo sobre la naturaleza de las acusaciones en su contra, incluyendo la existencia de cuentas privadas en Guatemala con cientos de miles de dólares, que exceden los salarios que recibió mientras ejerció como jefe máximo de FECI.

Los fiscales Juan Francisco Sandoval y Thelma Aldana (en el centro), acompañados del embajador Robinson, personal de la embajada norteamericana en Guatemala y visitantes, durante el día de las elecciones de 2016. A sabiendas o no, los fiscales Sandoval y Aldana llevaban el pin que los identificaba con el partido Demócrata

La ex Fiscal General de Guatemala entre 2014 y 2018, Thelma Aldana, quien llegó a Estados Unidos a principios de 2019 luego de que su sucesora en el cargo, María Consuelo Porras, la acusó de varios delitos y emitió varias órdenes de captura en su contra, también había sido elogiada como una gran luchadora anticorrupción, y llamativamente recibió el Premio Al Sustento Bien Ganado (Right Livelihood Award), considerado desde 1980 como el “Nobel Alternativo”.

Pero los cuestionamientos contra la ex Fiscal General de Guatemala se incrementaron luego que abandonó el cargo, y los fiscales de asuntos internos comenzaron a profundizar en los casos donde ella aparentemente había excedido su autoridad. La investigación tomó un rumbo distinto cuando comenzaron a recolectar información sobre sus finanzas personales, que según las últimas estimaciones acumulan millones de dólares, “una fortuna inexplicable”, según el fiscal del caso.

Hasta ahora, ni Robinson ni cualquier otro alto funcionario en Washington que ha prestado un apoyo irrestricto a los ex fiscales han prestado atención a las denuncias. La respuesta en común ha sido esta: se trata de una venganza por su trabajo de lucha contra la corrupción.

Sin embargo, el número de denuncias son tantas que resulta imposible ignorarlas, argumenta la Fiscalía: Thelma Aldana tiene 33 denuncias actualmente bajo investigación. La ex jueza Erika Aifán tiene 20 denuncias. Juan Francisco Sandoval, enfrenta 58 denuncias. Andrei González, 9 y Rudy Herrera, 9 denuncias de investigación.

Sandoval y Aldana no son los únicos objetivos de la indagación oficial. Están implicados otros ex funcionarios que colaboraron con ambos, y también se encuentran exilados en Estados Unidos. Tal es el caso de la ex jueza Erika Aifan y los ex fiscales Andrei González Arteaga y Rudy Manolo Herrera, que trabajaron bajo la égida de Sandoval y Aldana, y también tienen sus propios récords de numerosas denuncias y acusaciones en su contra.

Erika Aifán, ex jueza plenipotenciaria del Tribunal D de Mayor Riesgo, actualmente exilada en Washington, proyectó una imagen internacional de adalid anticorrupción, pero acumuló numerosas acusaciones en su contra.

Aifán, que renunció a su cargo en marzo de 2022 por temor a ser arrestada debido a numerosas denuncias en su contra, es considerada por el Departamento de Estado como una “aliada” en la lucha contra la corrupción, y fue galardonada en marzo de 2021 con el “International Women of Courage Award”, al lado de otras 13 mujeres de todo el mundo, consideradas por Washington como mujeres con desempeños extraordinarios.

“Pese a la fuerte oposición que ha enfrentado durante ejercicio, la jueza Aifán se ha convertido en un ícono en Guatemala en la lucha contra la corrupción, en los esfuerzos para incrementar la transparencia y en las acciones para mejorar la independencia del sector justicia”, indicó el comunicado del Departamento de Estado cuando le fue otorgada la distinción.

Sin embargo muchas de las decisiones de Aifán mientras tuvo a su cargo el Juzgado D de Mayor Riesgo, que durante años monopolizó los juicios de gran impacto politico en Guatemala, están ahora bajo la lupa de las autoridades, al igual que sus cuentas personales.

Para expresar hasta qué punto la Administración Biden estaba comprometidos en la lucha de los “campeones” anticorrupción de Guatemala, el secretario de Estado Anthony Blinken sancionó dos veces -en septiembre de 2021 y mayo de 2022-, por “socavar la democracia” y “obstruir investigaciones de actos de corrupción”, a la fiscal general María Consuelo Porras, la sucesora en el Ministerio Público que cambió en poco tiempo la estructura del poder judicial que hasta el momento de su llegada había sido dominada por Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval.

Pero este apoyo ha impedido analizar a fondo del papel de estos y otros funcionarios, sobre todo desde la llegada de la CICIG en 2005 a Guatemala, lo que ha contribuido a la situación actual del sistema judicial guatemalteco.

Otra cara de la moneda

Los cinco funcionarios exilados -Sandoval, Aldana, Aifán, González y Herrera- fueron protagonistas de una elocuente historia publicada en abril pasado por la revista The New Yorker, que los elogió como “un grupo de fiscales y jueces que investigaron a los más poderosos del país”, y que por tal motivo fueron “forzados a escapar a Washington DC”.

La historia, promovida por el embajador Robinson en su cuenta de twitter con el hashtag #Crimefighters (luchadores contra el crimen), describió la vicisitudes de los funcionarios guatemaltecos durante el tiempo que les tocó impartir justicia en Guatemala. Relató también sus vidas como exilados en la capital estadounidense, y generó reacciones laudatorias tanto en Estados Unidos como en Centroamérica.

Pero la historia, que no mencionó las acusaciones de presuntos malos manejos judiciales contra los ex funcionarios, generó otras reacciones menos apologéticas.

Casi inmediatamente después de ser publicada, una respuesta fue emitida por la Fiscalía General de Guatemala, a cargo de la actual Fiscal María Consuelo Porras.

Mencionando el nombre de cada uno de los ex funcionarios incluidos en la historia de la revista neoyorquina, el Ministerio Público emitió un duro comunicado que no ahorró tecnicismos en la abundante lista de agravios en contra los exilados “anticorrupción”.


“El Ministerio Público”, indicó el comunicado, “reitera que, en cumplimiento de las funciones constitucionales y legales que regulan su actuar, ha recibido múltiples denuncias en contra de dichas personas en donde distintos denunciantes los señalan de graves delitos”.

El escrito pasó a enumerar la larga lista de delitos, buena parte de ellos de grave naturaleza, por los que el grupo de los 5 estaban siendo acusados:

“Abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, peculado, tráfico de influencias, revelación de información confidencial o reservada, asociación ilícita, falsedad material, encubrimiento propio, lavado de dinero u otros activos, violación a la Constitución, cohecho pasivo, abandono de cargo, prevaricato, detenciones ilegales, omisión de denuncia, obstaculización a la acción penal, obstrucción de justicia, usurpación de funciones, fraude y testaferrato”.

El comunicado de Porras se hacía eco de numerosas denuncias contra los fiscales en el exilio. Muchas de estas denuncias habían sido presentadas a la Fiscalía General incluso cuando estos funcionarios aún permanecían en sus cargos.

“En realidad habían enviado a la cárcel a muchas personas inocentes para fortalecer su poder y obtener beneficio económico”, dijo el activista de origen ruso Igor Bitkov, uno de los principales denunciantes del presunto mal proceder de los ex funcionarios, que ha documentado la odisea que sufrió junto a su familia como consecuencia de las decisiones judiciales sin precedentes en su contra que él atribuye a los fiscales Aldana, Sandoval, González y Herrera, y a la ex jueza Aifán.

La ex fiscal Thelma Aldana, tiene su propio expediente de investigación, tan largo como su trayectoria en el sistema judicial de Guatemala, que inició en 1981.

El primer tropezón serio en su carrera en el sistema judicial ocurrió cuando en octubre de 2009 Aldana encabezó una lista de 20 posibles candidatos a Magistrada de la Corte Suprema de Justicia que la CICIG, entonces presidida por Carlos Castresana, consideraba como “inidóneos”.

En una misiva enviada al entonces presidente guatemalteco Alvaro Colom, Castresana dijo que la Comisión había recibido “información que los califica manifiestamente como inidóneos para ser electos” a este grupo de 20 candidatos, incluyendo a Aldana.

En la carta Castresana agregó que anexaba “carpetas con información relativa a malas actuaciones” de los candidatos, acotando que tal información “corrobora la falta de idoneidad”.

Aldana ocupaba el segundo lugar de la lista de 20 candidatos vetados por CICIG, que había investigado y producido un expediente de cada aspirante, con los detalles de presuntos actos de corrupción en los que aparecían vinculados, y sus lazos con presuntos grupos criminales.

El detalle de lo que contenían esos expedientes permanecen bajo reserva. Pero según fuentes familiarizadas con la información, se trataba de casos en los que los candidatos habían aceptado modificar decisiones a cambio de favores.

La suerte de Aldana mejoró en 2014, cuando el entonces presidente Otto Pérez Molina, a instancias de su vicepresidenta Roxana Baldetti, designó a Aldana como Fiscal General, por encima de una lista de cuatro candidatos, a pesar de haber sido cuestionada por la CICIG. Según algunos observadores de la política guatemalteca, se trataba de una aparente jugada diseñada por Baldetti para protegerse de potenciales futuras acusaciones por parte de la Fiscalía, cuando la administración Pérez-Baldetti saliera del poder en enero de 2016.

Según una investigación posterior ordenada por el presidente Jimmy Morales, Aldana y Baldetti compartían muchos amigos comunes, lo cual abrió las puertas para obtener los votos necesarios para su designación.

Pero el acuerdo no resultó como se esperaba, particularmente para el dueto Pérez-Baldetti, y otras personas que influyeron en el nombramiento de Aldana con la esperanza de que serían protegidos. Poco tiempo después de ser nombrada en el cargo, Aldana inició una ofensiva que terminó en la acusación y posterior encarcelamiento de Pérez Molina y Baldetti, por participar en redes de corrupción.

Otro factor había entrado en juego: la llegada a Guatemala del embajador norteamericano Todd Robinson.

A partir de 2014, Aldana desplegaría una frenética actividad orientada a perseguir notables casos de corrupción, que afectaban las funciones de gobierno, y la operatividad del sistema judicial.

La intervención del embajador Robinson fue decisiva, a juzgar por el testimonio de la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling Dávila, de acuerdo al testimonio que ella presentó ante el Congreso Nacional en octubre de 2019, en el marco de la llamada Comisión de la Verdad, sobre la actuación de la CICIG en Guatemala.

Esta comisión, que sirvió como escenario para ventilar innumerables denuncias contra la CICIG y funcionarios judiciales que actuaron en su apoyo, estableció en un reporte de casi 400 páginas, que el organismo de la ONU no sólo “se arrogó atribuciones de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público”, sino que “realizó persecución política y selectiva a sectores específicos”.

Stalling testificó que en una ocasión acudió a una reunión secreta por invitación de la fiscal Aldana -con quien tenía “una muy buena relación”-, en la que estuvieron presentes el embajador Robinson, “otra persona de la DEA” y una persona que identificó con el apellido Rivas Lara, presumiblemente Francisco Rivas Lara, ex fiscal y ex secretario del Ministerio Público que en 2016 fue Ministro de Gobernación en la administración de Jimmy Morales.

En esta declaración ante la Comisión de la Verdad (en la página 182 del Reporte) que documentó el impacto de CICIG en Guatemala, la ex magistrada Blanca Stalling revela lo que fue su primer encuentro con la entonces fiscal Thelma Aldana y el embajador Robinson, en la que le solicitaron su ayuda «para dirigir las resoluciones de algunos jueces».

La ex magistrada testificó que Aldana y Robinson le solicitaron trabajar “conjuntamente” desde su posición de entonces como magistrada de la Cámara Penal del Tribunal Supremo de Justicia, “para agilizar algunos procesos y para tratar de orientar o de dirigir las resoluciones de algunos jueces, a efecto de que se resolvieran situaciones que a ellos les interesaban”.

Stalling dijo que se negó a tal propuesta por considerarla abiertamente ilegal. En febrero de 2017, fue detenida bajo acusaciones de tráfico de influencias por orden de la CICIG.

“Estoy involucrada en este proceso porque me negué a tomar actitudes contrarias a la ley por Thelma Aldana, el embajador Todd Robinson y Francisco Rivas, a efecto de que manipulara procedimientos cuando presidía la Cámara Penal y no lo hice. Eso me hace correr riesgos en este momento, pero tengo documentos”, declaró Stalling en una entrevista posterior.

De acuerdo a testimonios y documentos de la Fiscalía General revisados para este reporte, desde 2014, cuando fue nombrada Fiscal, Aldana desarrolló una actividad controversial y presuntamente ilegal. Persiguió mafias criminales previamente establecidas y ayudó a encarcelar a muchos criminales, pero al mismo tiempo desarrolló sus propias actividades irregulares, de acuerdo a los investigadores de la Fiscalía General.

Según reveló a Primer Informe uno de los fiscales al tanto de las indagaciones -que pidió no revelar su identidad por temor a represalias-, existen una serie de casos que se encuentran sellados o “bajo reserva”, por la naturaleza de las irregularidades que no han sido previamente reportadas, pero hay por lo menos cuatro que se enfocan en temas de abuso de autoridad, fraude y lavado de dinero, entre otros delitos.

El primero de estos casos, que causó la primera medida de detención en contra de Aldana, es el caso de la llamada “plaza fantasma”, la contratación irregular del académico Gustavo Bonilla, ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad  San Carlos (USC) que fue incluido en la nómina de la Fiscalía con la aprobación de la ex fiscal, sin que llegara a trabajar.

Según estimaciones del MP, Bonilla recibió salarios por un año, entre enero y diciembre de 2015, por un monto de 236,000 quetzales (unos US$30.000).

Tras una investigación de la Fiscalía de Delitos Administrativos, el 19 de marzo de 2019 un tribunal de Guatemala a cargo del juez Víctor Cruz emitió una orden de captura por este delito contra Aldana, que había firmado la contratación de Bonilla para ejercer funciones “fantasmas” en la Unidad de Capacitación del Ministerio Público que nunca ejerció.

La acusación fue atribuida por Aldana a una persecusión política y como una acción para afectar las aspiraciones presidenciales de la ex Fiscal General, que en 2018 se presentó como abanderada del movimiento Semilla, para las elecciones de 2019, pero fue descalificada como candidata por la Corte Constitucional.

El segundo caso se refiere a la adquisición de un edificio para la Fiscalía General con aprobación de Aldana, por medios presuntamente ilegales caracterizados en la acusación como “abuso de autoridad” y “fraude”.

Este edificio fue adquirido por orden de Thelma Aldana mediante un procedimiento altamente irregular, a un precio por encima de su valor real.

De acuerdo a la acusación, Aldana autorizó en 2017 la compra del edificio de cinco pisos ubicado en el bulevar La Asunción, a unos 20 minutos de la sede central de la Fiscalía General, en la zona 5, a un costo de 35 millones de quetzales (unos US$4.5 millones).

Al menos media docena de irregularidades fueron cometidas en esta transacción, de acuerdo al fiscal de Asuntos Internos Marlon Pacheco.

La adquisición del inmueble no estaba presupuestada en el Plan Operativo Anual de Compras del Ministerio Público (MP), como lo establece la ley. Cuando la jefe del Departamento Jurídico objetó la compra y se negó a autorizarla, explicó Pacheco, simplemente fue despedida.

La negociación fue conducida entre la jefa de Administración del MP, que no tenía potestad legal para ello, e intermediarios de la entidad Invermo Corp., “que no eran propietarios ni representantes legales” del inmueble, propiedad de la firma Bertram S.A.

Todo el proceso se realizó sin que mediara licitación ni contratación, una abierta “transgresión” de las normas legales, encontró la indagatoria. Después de un avalúo, el MP determinó que hubo un sobreprecio de al menos 3.5 millones de quetzales (unos US$454.000), aproximadamente el 10 por ciento del valor de la propiedad.

Notablemente, entre los negociadores presuntamente autorizados por Aldana estaba el constructor William Baiz Gallardo, representante de Invermo Corp. que estaba bajo investigación criminal por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la CICIG, en el caso mejor conocido como “Red de poder, corrupción y lavado”.

Una orden de captura fue emitida contra Aldana por esta acusación.

En declaraciones a la prensa, Aldana decidió no responder a las alegaciones sino calificarlas como una venganza “por el trabajo que hicimos con CICIG para liberar a Guatemala de la mafia!!”, en un mensaje divulgado por su cuenta twitter.

El tercer caso contra Aldana se produjo por los delitos de “falsedad en la declaración jurada patrimonial” y “defraudación tributaria”, y está relacionada con una casa de su propiedad por la cual Aldana declaró haber pagado 500,000 quetzales (unos US$78.000).

Esta propiedad, adquirida por Aldana en 2014, tiene según fiscales investigadores un valor mucho mayor al declarado por la ex Fiscal General, razón por la cual le fue abierta una investigación por defraudación tributaria.

La propiedad la había adquirido Aldana al Perito Contador Juan Benjamín Lemus Sagastume, en una operación que de acuerdo al documento de compra-venta, se realizó el 7 de julio de 2014, apenas semanas después de que había sido designada como Fiscal General de Guatemala.

La casa, ubicada en uno de los más lujosos repartos de la capital, en realidad tenía un costo casi cinco veces mayor: 2.3 millones de quetzales (alrededor de US$295.000), según el testimonio del propio vendedor Lemus Sagastume, que testificó para la investigación de la Fiscalía sobre esa transacción.

Según una fuente familiarizada con la investigación, Lemus Sagastume dijo que aunque el contrato declaraba la transacción de compra por 500,000 quetzales, en realidad Aldana le había pagado 2.3 millones a través de su cuenta de banco.



Según la fiscalía, al declarar un valor menor de la propiedad, Aldana presuntamente pagó una cantidad menor en impuestos, por lo cual incurrió en el delito de defraudación tributaria.

La fuente dijo que habían al menos dos otras propiedades bajo control de Aldana que también se encuentran bajo investigación, incluyendo una vendida en 2021 a una persona residente en la ciudad de Lanham, Maryland, en Estados Unidos.

Pero es el cuarto caso el que podría generar más graves inconvenientes para Aldana.

El caso potencialmente más escandaloso que implica a la fiscal, según la investigación de la Fiscalía General, es la presunta fortuna bajo su nombre que Aldana mantiene en bancos de Guatemala, Islas Caimán, Estados Unidos y Suiza.

De acuerdo a detalles de la indagación, a las que tuvo acceso Primer Informe, Aldana posee al menos 6 cuentas en igual cantidad de entidades bancarias de Guatemala, con más de US$1.5 millones en fondos.

Las entidades bancarias incluyen los bancos de Antigua Zacapa, GYT Continental S.A., CHN agencia Zacapa, Promerica, Bantrab Plaza Guadalupe e Interbanco. Todas las cuentas, que abarcan desde cuentas de cheques, de ahorro, CD, IRA y Roth IRA, mantienen sus balances en dólares.

La indagación de la fiscalía encontró que Aldana presuntamente mantiene cuatro cuentas en Islas Cayman, en los bancos Scotia Bank, Cayman National Bank y Butterfield Bank, y otra cuenta controlada por la firma Capital Conservator Group LLC, una corporación registrada en las Islas Marshall, de acuerdo a este arbitraje y a este registro corporativo, cuyos beneficiarios finales son Aldana y su esposo Joaquín López Gutiérrez.

Las cuentas en Islas Cayman, según la investigación de la Fiscalía, controlan más de US$2.5 millones en fondos.

La misma firma Capital Conservator Group LLC, mantiene una segunda cuenta en el banco suizo UBS de Nueva York. Entre dinero en efectivo, commodities y bonos, la cuenta mantiene activos cercanos a los US$1.4 millones. En esa cuenta aparecen como firmantes autorizados tanto Aldana como López Gutiérrez.


La cuenta más jugosa controlada por Aldana, sin embargo, es una administrada por la firma suiza UBS Global Assets Management, que tiene balances combinados de US$4.7 millones.

La indagación busca establecer además de dónde procedieron estos fondos, y si Aldana utilizó esta última cuenta en el banco suizo para depositar los US$250,000 que supuestamente recibió de una fundación de Qatar, según denuncia revelada en agosto de 2020.

En total, según las cuentas de la Fiscalía General, la fortuna de Aldana presuntamente supera los US$10 millones.

Las cifras en estas cuentas no se corresponden con lo que gana una Fiscal General en Guatemala. La actual fiscal Porras tiene un salario de unos 61,000 quetzales mensuales, unos US$7.850, un salario anual de aproximadamente US$94.000, de acuerdo a este reporte. Si Aldana hubiese percibido un salario equivalente durante los 4 años, el salario de la ex fiscal hubiese ascendido a no más de US$370.000 en total.

De acuerdo a la fuente, el gobierno de Guatemala ofició comunicaciones a estas entidades bancarias para obtener más información e iniciar un procedimiento de congelamiento de fondos, de ser necesario.

“La indagación está centrada en establecer el origen de estos fondos, que nunca fueron declarados y que no tienen justificación para una persona que ejerció un alto nivel en la administración de justicia en Guatemala”, indicó la fuente familiarizada con esa indagación.

El caso del ex fiscal Juan Francisco Sandoval es un poco más complejo que el de Thelma Aldana debido al impacto de su actividad no sólo dentro sino fuera de Guatemala. Pero el ex fiscal no sólo aparece implicado en presuntas irregularidades, sino en operaciones financieras a través de cuentas bancarias mantenidas hasta ahora en secreto, según las indagaciones en curso del Ministerio Público guatemalteco.

Designado por Thelma Aldana como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Sandoval ejerció entre 2015 y 2021 en casos de alto perfil que le ganaron notoriedad internacional como el renombrado caso de “La Línea Consolidadores” (corrupción en aduanas), en el que resultó imputado el ex presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Sandoval se ganó una reputación de fiscal de hierro que no tenía miedo de enfrentar a las poderosas mafias de corrupción en Guatemala. Su destitución en julio de 2021 generó una ola de condenas internacional, principalmente de altos oficiales del Departamento de Estado norteamericano.

En una carta enviada al Secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken el 28 de julio, explicando la decisión, Porras había argumentado que la destitución se debió, fundamentalmente, al hecho de que el fiscal Sandoval “se negó de manera abierta, reiterada y por escrito a acatar las instrucciones que el patrono le indicó con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en sus labores”.


Al día siguiente de ser despedido, Sandoval tomó la decisión de salir de Guatemala, alegando que temía por su vida. Su salida recibió una amplia cobertura internacional. Se estableció en El Salvador hasta que, menos de una semana después, el ex fiscal de FECI arribó a Washington DC, donde reside desde entonces.

Pero la faceta menos conocida de Sandoval comenzó a tomar cuerpo después que abandonó su oficina en la capital guatemalteca, explicó la fuente del Ministerio Público.

Incluso antes de ser destituido, el famoso fiscal ya tenía una larga lista de acusaciones en su contra en el Ministerio Público. Un reportaje publicado por el portal Plaza Pública en julio de 2020, un año antes de ser destituido, reveló que Sandoval ya tenía en ese momento 47 acusaciones “penales” y “administrativas” en su contra.

De acuerdo a un resumen ejecutivo de la Fiscalía sobre el ex fiscal Sandoval revisado por Primer Informe, la investigación encontró media docena de irregularidades dentro de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Entre los más notables se encuentran:

Juan Francisco Sandoval, controversial ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, un organismo de la Fiscalía que trabajó estrechamente con la fiscal Aldana y la jueza Aifán, en numerosos casos polémicos.

Cuentas personales de Sandoval. Como en el caso de la ex fiscal Aldana, la Fiscalía General amplió las indagaciones para establecer el estado de las finanzas de Juan Francisco Sandoval. Según documentos revisados por Primer Informe, Sandoval posee dos cuentas en el sistema financiero estadounidense, y al menos ocho cuentas presuntamente no declaradas en Guatemala:

Dos cuentas de Sandoval están manejadas por la firma Fidelity Investments, con sede en Chicago: una cuenta de retiro (Roth Ira) con US$225.000, y otra cuenta de inversión, con unos US$244.000.

El ex fiscal del FICE tiene dos Certificados de Depósitos (CD) en la sucursal del banco Scotiabank en Humacao, Puerto Rico, por valor de US$200.000 el primero y US$100.000 el segundo. También tiene una cuenta de cheques online, con un balance de US$114.000.

En Guatemala, la investigación encontró que en el Banco Inmobiliario San Miguel Petapa mantiene dos cuentas de cheques, con un balance combinado de unos US$80.000.

En la subsidiaria de Banrural, en San Miguel Chicaj, Sandoval mantiene una cuenta corriente y una de ahorros, con un balance combinado de unos US$76.000.

Finalmente, en la sucursal del banco GYT Continental S.A., en San Miguel Petapa, la fiscalía encontró información sobre cuatro cuentas: una cuenta corriente y una de ahorro, con balance combinado de casi US$110.000. También mantiene dos Certificados de Depósito (CD) por un monto de US$50.000 cada uno. En total, los fondos de Sandoval en bancos guatemaltecos asciende a unos US$1.25 millones, una cifra que la Fiscalía asegura que no se corresponde con los salarios devengados por el ex fiscal de FICE mientras ejerció el cargo entre 2015 y 2021.

Casos Multicausa. Los fiscales establecieron la coexistencia de investigaciones dispersas en un mismo número de expediente y una misma causa judicial, un procedimiento al margen de la ley.

Caso Odebrecht y acuerdos ilegales de colaboración. La indagación encontró que el ex fiscal Sandoval firmó convenios de colaboración eficaz con funcionarios del gigante de construcción Odebrecht que cometieron actos de corrupción en Guatemala, pero que se encontraban en Brasil.

Este documento describe algunas de las acciones encabezadas por el fiscal Juan Francisco Sandoval en Brasil, como parte de la investigación sobre la gigantesca corrupción de Odebrecht en Guatemala. El Ministerio Público estimó que Sandoval asumió una responsabilidad que no le competía.

“El caso Odebrecht reveló que el ex fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad abusó de su cargo y usurpó funciones de la Procuraduría General de la Nación, y fijó una reparación digna al estado de Guatemala por un monto de 17.9 millones de dólares, cifra muy por debajo de lo defraudado al estado de Guatemala”, indicó el documento de la investigación.

Acuerdos de colaboración eficaz sin corroborar la información. De acuerdo al expediente, “se ha establecido que se firmaron acuerdos con colaboradores eficaces, sin embargo, la información nunca fue corroborada. La ilegalidad fue de tal magnitud que en un caso que se encuentra en Corte de Constitucionalidad, el colaborador eficaz presenció todo el debate, escuchó lo que narraron todos los testigos, peritos, y como prueba nueva se convierte en colaborador eficaz y es valorado por un tribunal de sentencia, que le otorga beneficios procesales y le exime de pagar más de cien millones de quetzales”.

Amenazas y presiones a testigos en caso Comisiones Paralelas 2020. “Se estableció que en una de las fases que abarca la causa penal 01073-2016-02 se amenazó y presionó a testigos y sindicados para que cambiaran sus declaraciones testimoniales y se señalara e involucrara a otras personas de acuerdo a sus intereses y conveniencias, a efecto de que otras personas que no tenían participación resultaron procesadas”.

Solicitudes de Extradiciones tardías y alertas a Interpol sobre hechos inconsistentes. “Se ha podido establecer que en algunos sindicados en los cuales se conoce el lugar donde se encuentran residiendo, las solicitudes de extradiciones se han realizado tardíamente y sobre hechos notoriamente falsos, toda vez que en los requerimientos efectuados de alerta roja ante Interpol, se han determinado que no corresponden a hechos plasmados en las investigaciones y resoluciones judiciales”.

Erika Aifán es una controversial jueza que entre 2016 y 2022 ejerció máxima autoridad del llamado Juzgado D de Mayor Riesgo, que ha procesado los casos de más alto perfil en Guatemala.

Considerada una jueza implacable, Aifán presidió en varios de los casos de corrupción más notables, entre ellas Odebrecht, “construcción y corrupción”, comisiones paralelas (2013 y 2020), “Asalto al Ministerio de Salud”, “Asesoría Legal: Lavado de Activos”, “Caja de Pandora”, y “Lavado y Política”, entre otros.

Durante seis años, desarrolló una trayectoria que le valió una gran imagen internacional. También le ganó detractores en Guatemala, que presentaron más de 70 denuncias en su contra.

La jueza Erika Aifán recibió reconocimientos internacionales y apoyo en la administración Biden, al mismo tiempo que acumulaba decenas de denuncias en su contra sobre presuntas arbitrariedades cometidas por su oficina.

Su primer caso al llegar al Juzgado D fue el caso “Migraciones”, que implicó a la familia de origen ruso Bitkov.

La historia de la familia Bitkov ha sido el de una saga descrita como un caso de persecusión que llevó a los Bitkovs de una vida empresarial exitosa en Rusia, a escapar de la implacable criminalización y despojo por parte de Vladimir Putin, lo cual llevó a la agraviada familia a Turquía y de allí a Guatemala, donde la persecusión no cesó sino que se incrementó.

Cuando Putin los despojó de sus propiedades en 2007, la familia Bitkov huyó a Turquía. Allí contrataron una firma legal guatemalteca llamada Cutino International, que les ayudó a aplicar para obtener papeles de ciudadanía en Guatemala bajo nuevos nombres, para eludir la persecusión internacional que Putin había montado contra el grupo familiar.

La familia Bitkov, de origen ruso, que llegaron a Guatemala como perseguidos políticos de Vladimir Putin, denunciaron los excesos de las decisiones de la jueza Aifán en su contra. Igor Bitkov, a la derecha, denunció a los fiscales Aldana, Sandoval y a Aifán ante congresistas de Estados Unidos, que suspendieron el financiamiento norteamericano de la aún existente CICIG.

Los Bitkov se establecieron en Guatemala con los nuevos documentos, bajo la presunción de que eran completamente legales. Pero en 2015, la CICIG acusó a Igor Bitkov y a su familia de fraude inmigratorio, una acusación impulsada por representantes en Guatemala del banco ruso VTB, que se convirtió en acusador.

La acusación, según Bitkov era parte una operación ordenada por Putin para continuar con la implacable persecusión de la familia rusa en suelo guatemalteco. Pese a que según las leyes de Guatemala establecen que ese tipo de violación amerita una sanción administrativa, los Bitkov fueron enviados a prisión, y condenados a 19 años, una condena excesiva.

“Fue allí cuando comenzó el calvario”, dijo Bitkov.

El papel de la jueza Aifán en este caso, según Bitkov, fue extenso y ampliamente irregular. Bitkov dijo que Aifán actuó con “malicia” siguiendo instrucciones de la CICIG, en aparente colusión con el gobierno ruso. Incluso, Aifán envió información del caso a Moscú sobre el juicio, pese a que la familia ya había aplicado al estatus de refugiados por persecución política.

Las decisiones condenatorias contra los Bitkov fueron revertidas en apelación y posteriormente por la Corte Suprema de Justicia. El caso resultó tan escandaloso que el congreso norteamericano suspendió un paquete de $6 millones de financiamiento a la CICIG luego de audiencias bajo la comisión Helsinski que destaparon el manejo ilegal del caso por parte de la jueza Aifán, la fiscal Thelma Aldana, el jefe de FECI Juan Francisco Sandoval y la CICIG presidida por Iván Velásquez.

El otro escándalo notable que implica a Aifán es la absolución del llamado “cabecilla del pacto de corruptos” Gustavo Alejos, acusado de ser el artífice de una red que influía en la elección de magistrados, entre una larga lista de delitos.

Según la absolución de Aifán, emitida a mediados de 2021, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que había presentado la acusación, “no aportó los medios de prueba solicitado por la defensa de Alejos”.

La absolución de Alejos provocó reacciones condenatorias, debido al estatus del acusado, que en abril de 2021 fue incluido en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro (OFAC) por favorecer o participar en actos de corrupción.

“Se le da la libertad al actor principal (Alejos) de los hechos señalados, mientras gente acusada de colaborar con él permanece en prisión preventiva”, declaró el abogado penalista Rolando Alvarado, en entrevista con el portal Perspectiva.

En la actualidad, la ex jueza Aifán ha sido acusada por la fiscalía por varios casos de manejo de expedientes, en los que presuntamente cometió corrupción. Dado su estatus de jueza, se han presentado hasta ahora tres solicitudes de antejuicio. Pero Aifán renunció a su cargo en el Juzgado D de Mayor Riesgo antes de que se resolvieran las solicitudes de antejuicio, y abandonó Guatemala en marzo pasado, aduciendo amenazas “de redes políticas y criminales” contra su vida.

Pero la Fiscalía General mantiene un expediente con varios casos en reserva, incluyendo la investigación sobre sus cuentas bancarias en Guatemala.

Según la investigación, Erika Aifán mantiene cuatro cuentas fuera de Guatemala y tres cuentas en bancos guatemaltecos que supuestamente no declaró, que en su conjunto mantienen o han mantenido hasta meses recientes un total de fondos superiores a los US$2 millones.

Tres de las cuentas externas se mantienen en entidades bancarias de las Islas Caymán. La primera es una cuenta Roth Ira -una cuenta de retiro que no paga impuestos- en el Cayman National Bank, en Savannah, Islas Cayman, con un balance cercano a los US$368.000. La segunda entidad es el Butterfield Bank, en la localidad de George Town, Islas Cayman. Allí Aifán tiene dos cuentas a su nombre: una cuenta de cheques con unos US$295.000 y otra cuenta Roth Ira con un monto de US$255.000. En esas cuentas aparece también como beneficiario una persona de nombre Raúl José Dávila, según los registros de investigación.

La tercera entidad es la sucursal del Royal Bank of Canada en Grand Harbour, Islas Cayman, donde mantiene dos cuentas distintas, ambas del tipo Roth Ira o para retirados. La primera tiene fondos de US$200.000 y la segunda US$300.000.

Finalmente, Aifán mantiene dos Certificados de Depósito por un valor de US$250.000 cada uno en Merrill Edge, una plataforma bancaria electrónica subsidiaria de Bank of America. En todas las cuentas mencionadas también está como beneficiario el mencionado Raúl José Dávila.

En Guatemala, la ex jueza mantiene cuatro cuentas. Las primeras dos están en el banco Compartamos Guatemala, en San Miguel Petapa, y tiene cuentas combinadas -de cheques y un certificado de depósito- por unos US$175.000.

La tercera y la cuarta están en el Banco Azteca, sucursal San Miguel Petapa: dos cuentas de cheques, con valor combinado de unos US$60.000.

Según la fuente familiarizada con esta investigación, las cuentas nunca han sido declaradas ni en declaraciones juradas ni ante el fisco de Guatemala.

Consultada por Primer Informe sobre tales acusaciones, Aifán dijo que desconocía los basamentos de tales acusaciones, y declaró que «el Ministerio Público está tratando de deducirme responsabilidades penales y/o administrativas».

«Han existido mas de 100 denuncias en mi contra sin que a la presente fecha haya podido probar alguna, no obstante la sustracción y perdida de mis pruebas de defensa en algunos casos y la fabricación e implantación de pruebas en otros casos como quedo demostrado en los respectivos expedientes, y esto obedece a que mi trabajo como jueza siempre fue responsable, ético, apegado a derecho y transparente».

«En cuanto a mis cuentas bancarias, todas han sido declaradas ante las instancias correspondientes, el Estado de Guatemala tiene pleno conocimiento de todas mis cuentas bancarias, así como  de los montos de dinero que en ellas hay, de mas está decirle que el dinero de mis cuentas bancarias tiene una procedencia licita que es fácilmente verificable dentro de un proceso. Durante toda mi carrera judicial siempre actué con total transparencia y honradez», aseguró.

En las actuaciones de Aldana, Sandoval y Aifán, actuaron también otros dos funcionarios en posiciones claves: Andrei González y Rudy Manolo Herrera.

El ex fiscal González trabajó estrechamente con el jefe del FECI, Juan Francisco Sandoval, y tuvo bajo su responsabilidad casos como el financiamiento electoral irregular del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuya candidata presidencial era Sandra Torres; y el llamado caso Impunidad y Defraudación, una red de tráfico de influencias y corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que tuvo como objetivo desestimar querellas y limpiar el récord a la empresa Aceros de Guatemala.

El ex fiscal Andrei González, que pasó de acusador de la actual fiscal Porras, a acusado por presuntos delitos de filtración de secretos judiciales.

En agosto de 2019, el ex fiscal González renunció inesperadamente aduciendo razones personales. Dos meses después salió del país rumbo a Estados Unidos, desde donde denunció a la fiscal María Consuelo Porras por abuso de autoridad, denegación de justicia y obstrucción a la justicia por supuestas interferencias en su trabajo como fiscal, en referencia al caso del financiamiento ilegal de UNE.

En reacción, la fiscal Porras emitió un comunicado oficial para explicar las motivaciones detrás de las denuncias de González. Indicó que antes de renunciar, González había solicitado “ser ascendido a la plaza de Fiscal de Sección Adjunto de FECI”, petición que no le fue concedida. Agregó además que también le fue denegada una exigencia suya de mantener el esquema de su seguridad -incluyendo vehículo, combustible y escoltas- aún después de haber renunciado, por ilegal.

Porras dijo en el comunicado que el ministerio público solicitó que la denuncia presentada por González fuese conocida por la propia FECI, donde el ex fiscal trabajaba, pero la solicitud fue considerada improcedente por potencial conflicto de interés.

Poco tiempo después de las denuncias del ex fiscal desde Estados Unidos, Porras denunció públicamente a González de presuntamente cometer tres delitos: revelación de información confidencial, revelación de secretos y falsedad material.

Un cuarto caso está relacionado con las cuentas personales de González que presuntamente nunca declaró, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía General de Guatemala.

Andrei tiene dos cuentas de retiro -Roth Ira- en el Banco de St. Croix, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, por montos de US$200.000 la primera y US$100.000 la segunda.  Otras tres cuentas están alojadas en el Commonwealth Bank, de Nassau, Bahamas: la primera es una cuenta de cheques con US$277.000; la segunda es una cuenta de ahorros, con US$311.000 y la tercera es un Certificado de Depósitos con fondos por US$200.000.

En Guatemala tiene otros «ahorros»: Dos cuentas en el Banco Ixil, una de ellas de cheques en la que mantiene un balance de US$14.553, mientras que la otra cuenta, de ahorros, tiene US$66.115.

González tiene otras dos cuentas en el Banco Azteca: una cuenta de cheques con US$8.749, y otra de ahorros con unos US$30.000. En total, González controla fondos presuntamente no declarados por unos US$130.000, de acuerdo a papeles de la investigación revisados por Primer Informe. En total, Andrei González tiene una fortuna estimada en unos US$1.3 millones.

El segundo colaborador del grupo Aldana, Sandoval y Aifán es Rudy Manolo Herrera, un fiscal que ingresó en 2013 a la FECI y tuvo a su cargo notables investigaciones criminales incluidos en el llamado caso de “Multicausa” que llevaba Aifán.

Herrera también participó en el caso “Migración” sobre la familia Bitkov, en los que actuó con falsos testimonios, ocultamiento de evidencias y encubrimiento, entre otros, según las denuncias presentadas por Igor Bitkov.

El ex fiscal Rudy Herrera, acusado de haber presionado a un testigo para que se convirtiera en colaborador eficaz.

En febrero de 2022, Herrera resultó implicado junto a otros tres fiscales, en un caso de arbitrariedad ilegal cometida contra una persona sindicada en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El caso Comisiones Paralelas 2020, presentado por la FECI en julio del 2020, destapó una red de tráfico de influencias en la escogencia de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y la salas de Apelaciones, en la que participaron jueces, magistrados, abogados y particulares.

“Por medio de amenazas, violencia o procedimientos intimidatorios pretendieron obligar al denunciante para que suscribiera un acuerdo de colaboración eficaz. En esa ocasión le indicaron que de no suscribir el acuerdo se solicitaría que fuera revocada la medida sustitutiva de la cual gozaba y en consecuencia sería enviado a prisión preventiva”, explicó un comunicado del Ministerio Público.

Pero estas no son las únicas investigaciones sobre Herrera. Según anuncio que hizo MP en el día 5 de Mayo de 2022 en su contra, el ex fiscal de FECI tiene más de media docena de denuncias penales en proceso de investigación, y una orden de captura por el caso descrito arriba.

Uno de los casos investigados actualmente contra Herrera tienen que ver, al igual que Aldana, Sandoval, Aifán y González, con las cuentas privadas con fondos presuntamente no declarados.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Herrera tiene cinco cuentas en dos bancos de Canadá, y nueve cuentas en cuatro bancos de Guatemala.

El ex fiscal tiene tres cuentas de retiro Roth Ira con balances de US$421.000, US$255.000 y US$188.000 en cada una, en el banco HSBC de Toronto. Otras dos cuentas, una de cheques con US$189.000 y otra cuenta de retiro Roth Ira con US$414.000, están en el RBC Royal Bank de Toronto, Canadá.

En el banco Agromercantil de Guatemala, Herrera tiene una cuenta de cheques con US$38.700, y un Certificado de Depósito (CD) de unos US$108.000. En otra entidad, el Banco INV S.A., una cuenta de cheques con casi US$28.000 y otra de ahorros con unos US$175.000.

En una tercera entidad, Banco Azteca, Herrera tiene una cuenta de cheques con casi US$70.000, y un CD por US$150.000.

En una cuarta entidad, Banrural, existen tres cuentas controladas por el ex fiscal de FICE: una cuenta de cheques con unos US$28.000; una cuenta de ahorros con casi US$90.000, y finalmente un CD con otros US$150.000.

En total, los fondos controlados por Herrera y presuntamente no declarados superan los US$2.3 millones.

Primer Informe recibió un comunicado enviado por un protavoz del Departamento de Estado, para responder preguntas enviadas al embajador Todd Robinson para este reportaje, incluyendo denuncias de supuestas intervenciones del embajador Todd Robinson en asuntos internos de la justicia en Guatemala. Este es texto íntegro del comunicado:

«Estados Unidos está comprometido a combatir la corrupción y la impunidad, que socava la fe del pueblo guatemalteco en sus instituciones democráticas.

La corrupción en Guatemala tiene un impacto significativo en Estados Unidos ya que contribuye a la migración irregular y expande la influencia del crimen organizado en un país importante de la región.

Por esta razón, Estados Unidos está con todos los guatemaltecos en apoyo de la democracia y el estado de derecho y en contra de quienes socavan estos principios.

Las acciones tomadas por el gobierno de los Estados Unidos en apoyo del estado de derecho son consistentes con la práctica diplomática y con nuestro apoyo al pueblo guatemalteco.

El gobierno de los Estados Unidos seguirá expresando su preocupación por la corrupción y la impunidad en Guatemala.

Hemos expresado nuestra profunda preocupación por el enjuiciamiento, encarcelamiento y hostigamiento de jueces independientes y fiscales anticorrupción que han luchado contra la impunidad, así como de periodistas que informan sobre corrupción de alto nivel.

Estados Unidos designó a la Fiscal General de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta de Porres (“Porras”) debido a su presunta participación en importantes (SIC). Durante su mandato, Porras habría obstruido y socavado las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos. El patrón de obstrucción reportado de Porras incluye ordenar a los fiscales del Ministerio Público de Guatemala que ignoren los casos por consideraciones políticas y despedir a los fiscales que investigan casos relacionados con actos de corrupción.

Nos unimos a una amplia gama de otros actores internacionales para expresar su preocupación por el retroceso democrático en Guatemala. El Parlamento Europeo expresó el 7 de abril su preocupación por el deterioro del estado de derecho en Guatemala e instó a las autoridades guatemaltecas a defender el estado de derecho y realizar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las amenazas y hostigamientos contra funcionarios judiciales y actores de la sociedad civil. El Secretario General de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitieron declaraciones de preocupación similares en febrero».

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